¿Hacia dónde va la Suprema Corte?
11 agosto 2010
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Sección: Debate

¿Cuáles deben ser las funciones de nuestro Máximo Tribunal? ¿Está cumpliendo con ellas? ¿Qué retos tiene por delante esta institución? ¿Cuál es el perfil que deben tener los ministros y cómo deben elegirse? Cinco distinguidos académicos —Gerardo Laveaga, Pedro Salazar, Ana Laura Magaloni, Enrique Ochoa y Mara Gómez— someten a juicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 Gerardo Laveaga: Una de las críticas más severas que hace el Banco Mundial a los países en vías de desarrollo es la ambigüedad de sus instituciones. ¿Es éste el caso de nuestra Suprema Corte de Justicia? ¿Es un tribunal de casación que sirve para revisar algunos asuntos en tercera instancia o es, más bien, el órgano del Estado que vela para que ninguna ley vaya más allá del pacto constitucional?

Pedro Salazar: Tiene ambas funciones. La Corte opera como última instancia en algunos asuntos judiciales pero se encarga, también, de dirimir conflictos entre los poderes del Estado.

Enrique Ochoa: En una democracia se espera que la Suprema Corte sea el garante de la estructura federal y republicana. A mí me parece que nuestra Suprema Corte cumple con esta exigencia. Hay que decir, sin embargo, que la cumple, apenas, desde 1995. Esto lo podemos medir por el número creciente de controversias constitucionales que resuelve, indicador de que las autoridades municipales, estatales y federales confían en sus resoluciones.

Ana Laura Magaloni: Esta ambigüedad, sin embargo, provoca que se olvide del papel más importante que debe tener una Suprema Corte: el de una instancia educadora. Se espera que la Corte dote de contenido aquellos valores, principios y reglas que distinguen a una democracia de un régimen autoritario. El principal producto de la Suprema Corte debe ser su jurisprudencia. Y ésta debe definir el modo en que los jueces ordinarios resuelvan las controversias que se les presenten. El diseño de la Corte cada vez la separa más de la jurisdicción ordinaria, con lo cual se debilita su capacidad para impactar en la renovación de los criterios jurídicos con los que se imparte justicia en México.

 

Gerardo Laveaga: ¿Valdría la pena, entonces, dividir sus funciones? Hay quienes piensan que es urgente hacerlo y hay otros a los que la sola idea los pone a temblar.

Mara Gómez: No lo creo. Si observamos las experiencias en otros países, encontraremos una enorme gama de posibilidades. En Costa Rica, por ejemplo, es una sala de la Corte Suprema —la famosa “Cuarta Sala”— la que se encarga de resolver las controversias de orden constitucional. En Chile, el tribunal constitucional es más bien un órgano que se encarga de revisar la constitucionalidad de las iniciativas aprobadas por el Poder Legislativo antes de que se sancionen y publiquen. En Colombia, la Suprema Corte es la que se encarga de resolver los conflictos constitucionales y, así, ad infinitum… En la actualidad, no creo que exista algún país que siga en puridad los modelos americano y europeo de control de constitucionalidad, y si tengo que pronunciarme en este sentido, me parecería delicado crear dos cabezas judiciales en México. En España, por ejemplo, esto ha dado lugar a muchos problemas de orden práctico y político: siempre se está debatiendo cuál de los dos tiene la última palabra. En realidad, no conozco un solo país con sistema dual en el que no se dé la denominada “guerra de cortes”.

 

Pedro Salazar: Yo no comparto esa opinión. Estoy convencido de que es necesario que existan dos instituciones distintas, en el estilo del modelo tradicional europeo. Basta pensar en los perfiles de nuestros más altos jueces: no se requiere el mismo perfil para ser juez en un tribunal constitucional que en un tribunal de casación. El primero requiere personas con formación teórica sí, pero, sobre todo, con gran sensibilidad política y hasta con experiencia internacional. En el caso de un tribunal de casación, basta que los jueces tengan una carrera judicial y una formación técnica impecable.

 

Gerardo Laveaga: ¿Puedo complicar la ecuación preguntando si a ésta hay que añadir al tribunal electoral?

 

Enrique Ochoa: Ése es un buen punto. En mi opinión, el tribunal electoral debería atender todo lo electoral. Esto incluye dos aspectos: por un lado, establecer con claridad que no proceden los amparos en materia electoral. Desafortunadamente, hoy en día se dan casos en que algunos juzgados resuelven equivocadamente amparos en materia electoral. Por otro lado, si el tribunal electoral ha demostrado que puede hacer bien su tarea, ¿por qué no asignarle, también, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral?

 

Pedro Salazar: Honestamente, no considero que el tribunal electoral realice tan bien su tarea. Más de una vez hemos visto cómo se deja influir por consideraciones de carácter político. Aún así, no me opondría a que éste revisara asuntos de inconstitucionalidad en materia electoral. La especialización judicial permite que cada institución se dedique a lo suyo.

 

Ana Laura Magaloni: La doble función de la Corte no es el problema principal. En Estados Unidos y en Europa lo que más importa a la ciudadanía es la jurisdicción ordinaria. Los criterios generales se obtienen de casos comunes y corrientes. Aquí en México nuestra Corte tiene cada vez menos injerencia en la justicia ordinaria. Ese papel lo desempeñan los tribunales colegiados. Por ello, no hemos visto una Corte que pueda desarrollar en forma sistemática los grandes temas de la justicia constitucional como son la igualdad y la no discriminación o la protección a los derechos de debido proceso. La Corte no está haciendo lo que le toca hacer.

 

Mara Gómez: Bueno, la Corte no sólo atiende amparos fiscales… De un tiempo para acá hay una tendencia creciente a ejercer la facultad de atracción y atender lo que Ana Laura llama “casos comunes y corrientes”. Basta con leer los periódicos de estos días.

 

Ana Laura Magaloni: Entiendo que 70 por ciento de sus actividades —por lo menos las de la primera sala— son los amparos fiscales.

 

Mara Gómez: Sí, puede ser cierto… No tengo conmigo las cifras, pero sin duda es fundamental contar con datos estadísticos confiables. Y es cierto, también, que hay que descongestionar la agenda de la Corte. Esto, no obstante, es algo que quizá haya que realizar paulatinamente.

 

Gerardo Laveaga: ¿Por qué, entonces, no pensar en algún mecanismo para que la Corte pueda elegir lo que le llega? En Estados Unidos existe el wit of certiorari, que permite al Máximo Tribunal desechar cientos de casos.

Pedro Salazar: Y lo que llega en México a la Corte no lo elige la Corte. Sin ir más lejos, la agenda de los derechos humanos no se está construyendo jurisdiccionalmente.

 

Mara Gómez: ¿Tú crees que sólo descargando la agenda de la Suprema Corte vamos a mejorar?

 

Pedro Salazar: Al menos vamos a especializarnos y a saber qué le toca a cada órgano.

 

Ana Laura Magaloni: En este caso, lo grave es que la Corte no pueda detectar lo que llega a los tribunales locales, con lo que, en la práctica, se desatienden temas importantísimos para el desarrollo jurisprudencial de los derechos fundamentales.

 

Mara Gómez: La Corte, sin embargo, cuenta con la facultad de atracción…

 

Ana Laura Magaloni: Una facultad que la Corte debería utilizar estratégicamente. Para ello, antes tendría que dejar de concentrar su carga de trabajo en asuntos de carácter electoral o fiscal. Si no tuviera tantas distracciones, la Corte podría ejercer esta facultad y determinar qué casos atraer para que éstos sirvieran para desarrollar un nuevo tipo de argumentación jurídica en todos los juzgados y tribunales del país.

 

Gerardo Laveaga: Esto se dice fácil, pero ¿cómo dejar de atender los 4,000 asuntos que resuelve al año? La Corte estadounidense atiende poco más de 100 asuntos y, como apunta Ana Laura, casi todos envían una señal importante al resto de los tribunales. ¿Cómo combatir esta saturación?

 

Mara Gómez: No es que la Corte esté saturada. Es que está llena de asuntos menores, muchos de ellos de carácter administrativo. Debo admitir que la Corte debe ser más proactiva y dejar de atender un buen número de los asuntos que actualmente atiende. Debe verse más como lo que es, y en esto coincido con mis compañeros: el principal órgano de protección jurisdiccional de los derechos humanos en México.

 

Gerardo Laveaga: ¿Y esto como se consigue? ¿Depende de la Corte o de una reforma constitucional? ¿Es tarea del Poder Judicial o del Poder Legislativo?

 

Pedro Salazar: Del Poder Legislativo, naturalmente. Los asuntos que ve la Corte no son menores per se: porque cuando se conceden amparos —y hay que recordar que 90 por ciento del trabajo de la Corte implica amparos— sólo se conceden a los quejosos. Estas decisiones no tienen efecto para terceros. Mientras el trabajo de la Corte únicamente beneficie a un quejoso, ésta no podrá ser el Máximo Tribunal que todos queremos ver en ella. Sus decisiones no tienen el impacto nacional que sería de esperar.

 

Enrique Ochoa: Así es. Si los amparos que concede la Corte tuvieran efectos erga omnes, otra cosa sería. Cada asunto tendría mayor relevancia. A lo que dice Pedro, yo añadiría las reformas necesarias desde el ámbito legislativo para consolidar al tribunal electoral como órgano constitucional en la materia electoral.

 

Ana Laura Magaloni: Aunque debemos admitir que el grueso del problema no está en el Poder Legislativo. El problema central está en la forma en que se elabora, hoy día, la jurisprudencia constitucional. Son tesis que se extraen de la sentencia. Nadie conoce los hechos ni los razonamientos del tribunal que las emite. Con ello, la jurisprudencia, más que ser un mecanismo de razonamiento judicial colectivo, se convierte en una serie de reglas fijas que poco ayudan a la calidad de la justicia.

 

Gerardo Laveaga: ¿Qué habría que reformar en este caso, Ana Laura?

 

Ana Laura Magaloni: La mente de los jueces. El mayor impedimento para que la Corte sea lo que debiera ser está en la retórica jurídica y veo, con tristeza, que no hay cabezas que miren a la Corte desde una perspectiva crítica. Tiene que haber jueces dispuestos a construir un nuevo paradigma jurídico, el paradigma de la democracia constitucional.

 

Gerardo Laveaga: ¿La transparencia ayudaría a lograr esta reforma en la mente de los jueces? ¿Qué tan útil es que la ciudadanía pueda dar puntual seguimiento al trabajo de un juez o de un ministro?

 

Pedro Salazar: La transparencia es una buena idea con malos resultados. Estoy pensando, en concreto, en la transmisión en vivo de las sesiones de la Corte, más que en la transparencia como política pública. Desde mi punto de vista, el resultado por transparentar los debates en la Suprema Corte ha sido nocivo. Los tribunales deben hablar por sus sentencias y, hoy por hoy, los ministros están más preocupados por el modo en que los mira la opinión pública que por el fondo del asunto que estudian. No puede haber un trabajo fundamental si uno está más preocupado por la imagen que transmite al público que por el sentido de una sentencia. Por eso no creo que esta transparencia ayude a cambiar el “chip” de la mente judicial. Si una sentencia no está fundada y motivada, como insiste la Constitución, por más debate que se organice, no puede existir justicia.

 

Enrique Ochoa: Difiero completamente. La deliberación pública es esencial dentro de un Estado Democrático de Derecho. Los ciudadanos tenemos el derecho de saber cómo piensan y cómo actúan nuestros máximos juzgadores.

 

Ana Laura Magaloni: Yo coincido con Pedro. Ningún alto tribunal del mundo desarrollado delibera en público. La idea de la liberación es obtener una voz del tribunal. Subrayo: una voz del tribunal y no la voz de cada uno de sus miembros. Si éstos debaten públicamente, se reporta lo que dice cada ministro y ellos no tienen incentivos para rectificar su posición en caso de que se hayan equivocado. Cuando yo sigo los debates a través del Canal Judicial, me horroriza pensar en cómo se traducirá todo ello en una sentencia coherente.

 

Enrique Ochoa: ¿Suprimirías, entonces, el debate público?

 

Ana Laura Magaloni: Sí. La deliberación no debe ser pública. A cambio se puede hacer pública una audiencia con las partes interesadas, donde cada una expone sus argumentos jurídicos centrales y los ministros les formulan preguntas. Me gustó mucho, por ejemplo, cómo se manejó en la Corte el caso del aborto. La ciudadanía quiere oír la voz de la Corte y no la voz del ministro tal o cual. Por ello, me parece que el debate debe ser privado.

 

Gerardo Laveaga: ¿Suprimirías el Canal Judicial?

 

Ana Laura Magaloni: Es lo primero que habría que hacer. En ningún país civilizado existe una cosa así.

 

Mara Gómez: Me extraña que digas eso, Ana Laura. México no es el único país que cuenta con un Canal Judicial. Brasil tiene el suyo. En cuanto a las políticas de transparencia de la Suprema Corte de Justicia —y me parece que hacia allá iba orientada la pregunta de Gerardo—, considero que no las podemos reducir sólo a la transmisión de las sesiones del pleno a través del Canal Judicial. La Corte ha implementado muchas otras políticas en esta materia. Ha creado micrositios para ciertos casos que ameritaban el conocimiento público. El caso del aborto es un buen ejemplo. Asimismo, ha dado oportunidad a representantes sociales, académicos y diversos funcionarios públicos para que comparezcan ante el pleno a exponer sus argumentos. El caso de la ley de medios, por citar uno. También ha entregado a las partes los proyectos de sentencia antes de que se resuelvan los asuntos e incluso los ha puesto a disposición pública a través de internet, y además ha creado un Portal de Estadística Judicial denominado @lex que contiene gran cantidad de información de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales resueltas por la Suprema Corte en toda la novena época. A mí me parece que si los ciudadanos están enterados de lo que hacen sus máximos jueces, pueden comprender mejor cómo resuelven y, en general, cómo opera el sistema judicial. Es bueno que las instituciones públicas hagan esfuerzos por explicar a los ciudadanos su quehacer cotidiano.

 

Enrique Ochoa: Electores y contribuyentes deben saber cómo piensan y cómo trabajan los servidores públicos. Eso les da armas a la hora de votar y de opinar.

 

Gerardo Laveaga: ¿No cancelarían, pues, las transmisiones de las sesiones públicas?

 

Mara Gómez: Yo no lo haría.

 

Pedro Salazar: Yo sí. Tener un debate accesible y sentencias inaccesibles me parece ridículo. Lo que tiene buenos resultados en el mundo jurídico son las sentencias, no el show.

 

Gerardo Laveaga: Paso ahora a otro aspecto relevante: el perfil de los ministros. ¿Qué se requiere para serlo? No aludo al texto constitucional sino a las expectativas de la sociedad civil.

 

Pedro Salazar: Presumiendo la sólida formación jurídica de cada ministro, yo añadiría otras virtudes: que sea sensible a la realidad social; que esté en estrecho contacto con el país; que tenga vocación para defender los derechos fundamentales; que sea un protector natural de los más débiles; que sepa renunciar a la tentación de alianzas con los poderosos —como no ocurre a menudo con nuestros ministros y magistrados— y que, por supuesto, sea valiente.

 

Ana Laura Magaloni: Yo añadiría el temperamento. Destacaría, asimismo, la empatía. Es decir, la capacidad de ver un punto de vista desde la posición de un contrario. Insistiría, también, en que tenga la capacidad de trabajar en equipo. Si carece de la destreza para ser parte de un equipo —en este caso el Máximo Tribunal— no es apto para ser ministro.

 

Gerardo Laveaga: ¿Desechamos a los protagonistas?

 

Ana Laura Magaloni: Absolutamente. Los protagonistas no sirven para ser ministros de la Suprema Corte. Ésta requiere hombres críticos y conciliadores —por paradójicas que estas virtudes puedan parecer— antes que protagonistas.

 

Pedro Salazar: Redondeando: juristas que se guíen por la ética de la responsabilidad y no por la ética de la convicción, en términos weberianos.

 

Enrique Ochoa: Me parece que, en efecto, se requiere una gran capacidad de trabajar en equipo y que, en materia de formación profesional, sean expertos en derechos fundamentales, equidad de género y otros de los desafíos que en este momento enfrenta nuestro país. Esto resulta tan trascendente como su formación en materia de procesos.

 

Mara Gómez: A mí me gustaría hacer hincapié en que, actualmente, nuestro Máximo Tribunal no está del todo bien integrado. Dada la conformación de la población de México, me parece que hacen falta mujeres.

 

Gerardo Laveaga: ¿Señalarías una acción afirmativa en la Constitución para lograr cierta cuota de género?

 

Mara Gómez: No estoy segura de que ésa sea la mejor forma de aterrizar esta idea en la Constitución, pero me queda claro que el Máximo Tribunal requiere una conformación más paritaria.

 

Gerardo Laveaga: ¿Les parece adecuada la forma de seleccionar a los ministros que actualmente prevé nuestra Constitución?

 

Ana Laura Magaloni: No. El hecho que el presidente presente una terna sólo promueve la politización del cargo. Si una persona aparece en una terna, tiene que competir con las otras dos propuestas y, para ganar, debe hacer múltiples compromisos. Un ministro que llega a su cargo con tantos compromisos no resulta confiable.

 

Pedro Salazar: A mí tampoco. Yo creo que debemos adoptar el modelo estadounidense, en el que el presidente propone un solo candidato y el Senado lo examina, exhaustivamente, para aprobar sus conocimientos y su probidad.

 

Mara Gómez: Por donde se le mire, a mí me parece mejor que haya tres a que haya uno. Esto permite que exista una mayor independencia frente al titular del Poder Ejecutivo. Veamos, por ejemplo, el caso del procurador general de la República.

 

Enrique Ochoa: Sin embargo, Mara, los procedimientos para nombrar a un ministro y al procurador son distintos. Para elegir al procurador se exige una mayoría absoluta. Para elegir al ministro se exige una mayoría calificada. El procurador puede ser removido por el presidente de la República en cualquier momento. Los ministros duran en su cargo 15 años…

 

Gerardo Laveaga: Doy un nuevo salto sobre otro elemento que vale la pena examinar: la facultad de investigación que nuestra Carta Magna otorga a la Suprema Corte. ¿Ustedes están de acuerdo en que subsista?

 

Enrique Ochoa: Sí, siempre y cuando tenga elementos vinculatorios. A mí me parece que es fundamental que la Corte pueda conocer los casos más graves en materia de violación de garantías, pero ejercer esta facultad tendría mayor relevancia si sus conclusiones tuvieran efectos obligatorios para otras autoridades del país.

 

Pedro Salazar: ¿No crees que mantener esta facultad con elementos vinculatorios implicaría una sentencia? Tal como hoy está prevista en nuestra Constitución, yo suprimiría esa facultad. Quien debe investigar los atentados graves contra los derechos humanos es la CNDH. Si esto lo realiza la Corte, volvemos al tema que Gerardo planteaba al principio: la duplicidad de funciones. Aquí, la que lleva las de perder es la CNDH. La facultad de investigación, por otra parte, genera muchos problemas para nuestro Máximo Tribunal.

 

Mara Gómez: A mí también me parece que es una facultad de diseño muy complejo y que, en efecto, desgasta mucho a la Corte. Pensemos en el caso de Aguas Blancas: la Corte emitió una opinión que no fue acatada inmediatamente.

 

Enrique Ochoa: ¿Cómo que no? El gobernador de Guerrero acabó solicitando licencia. Yo, sinceramente, pienso que se gana más de lo que se pierde manteniendo esta facultad. Para resolver el efecto inquisitivo que preocupa a Pedro Salazar, podríamos discutir diversos mecanismos acusatorios que han funcionado en otros países.

 

Gerardo Laveaga: Hay quienes aducen que la Corte debe mantener esta facultad, porque es más fácil doblegar al titular de la CNDH —que es uno solo— que a 11 ministros…

 

Ana Laura Magaloni: ¿Qué ocurriría si la Corte no pudiera investigar? El hecho de que tenga esta facultad sólo demuestra la deficiencia de otras instituciones. Casos como Aguas Blancas, San Salvador Atenco, Lydia Cacho (donde la Corte, por cierto, lo hizo muy mal) o la guardería ABC, demuestran la fragilidad de nuestras instituciones jurídicas, en concreto de nuestras procuradurías de justicia. Si no se reforma a fondo la procuración de justicia, la Corte debe mantener esta facultad. Si esto desgasta a nuestro Máximo Tribunal, es más costoso el que no haya quién atienda estos casos. Esta facultad, por otra parte, da grandes oportunidades a la Corte para posicionarse en el debate público como una instancia educadora y un referente ético de la democracia.

 

Gerardo Laveaga: Una última pregunta: ¿consideran ustedes que la actual Suprema Corte está a la altura de los desafíos de México? ¿Cuál es su reto principal?

 

Enrique Ochoa: Estoy convencido de que la Corte ha tomado un papel importantísimo en la consolidación democrática de México. Su trabajo cotidiano ha permitido que se avance enormemente en lo que a federalismo se refiere. Ha abonado a la división de poderes y a la defensa de los derechos humanos. Me parece que, hoy día, su desafío más importante es impulsar la reforma constitucional en materia penal. La Corte, más que ninguna otra institución, debería asumir el liderazgo para transformar nuestro obsoleto sistema penal en un sistema acusatorio, adversarial, transparente y eficaz, basado en juicios orales.

 

Mara Gómez: Coincido con Enrique. El que sea la Corte quien lidere los trabajos de implementación de la reforma al sistema de justicia penal me parece fundamental, junto con una mayor dedicación a la defensa de los derechos humanos de la población.

 

Ana Laura Magaloni: Si la comparamos con la Corte de hace 15 años, veremos innegables progresos. En 2010 contamos con una Corte que tiene mayor capacidad de incidencia que su antecesora. Ahora bien, si la comparamos con el tribunal constitucional del gobierno español, veremos que éste desarrolló las bases para descifrar e interpretar la Constitución en sus primeros 10 años de vida, lo cual no ha hecho la nuestra. La Suprema Corte, en México, nació al final de la época de autoritarismo —en 1995— y tengo la sensación de que muchos de sus integrantes tienen un pie en el presente y otro en el pasado: las viejas prácticas conviven con las nuevas y, lo más importante, no existen referentes críticos para verlo… Finalmente, tengo la sensación de que la imagen que transmite la Corte es la de una institución costosa, ostentosa y faraónica. Esto la aleja de la sociedad.

 

Pedro Salazar: Por estructura y coyuntura, la Corte ha ganado muchísimo. ¿Su logro principal?: ha definido una personalidad propia. ¿Sus principales problemas?: la lógica interna de funcionamiento y su incapacidad de ser una conciencia nacional que garantice los derechos humanos y el acceso a la justicia, como se haría en cualquier país desarrollado.

  1. Pedro Salazar es secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

  1. Mara Gómez es directora general de Planeación de lo Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

  1. Gerardo Laveaga es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales

  1. Ana Laura Magaloni es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

  1. Enrique Ochoa es director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

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