¿Hacia dónde va la Suprema Corte?
¿Hacia dónde va la Suprema Corte?
11 agosto 2010
Autor:
Sección: Debate

¿Cuáles deben ser las funciones de nuestro Máximo Tribunal? ¿Está cumpliendo con ellas? ¿Qué retos tiene por delante esta institución? ¿Cuál es el perfil que deben tener los ministros y cómo deben elegirse? Cinco distinguidos académicos —Gerardo Laveaga, Pedro Salazar, Ana Laura Magaloni, Enrique Ochoa y Mara Gómez— someten a juicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 Gerardo Laveaga: Una de las críticas más severas que hace el Banco Mundial a los países en vías de desarrollo es la ambigüedad de sus instituciones. ¿Es éste el caso de nuestra Suprema Corte de Justicia? ¿Es un tribunal de casación que sirve para revisar algunos asuntos en tercera instancia o es, más bien, el órgano del Estado que vela para que ninguna ley vaya más allá del pacto constitucional?

Pedro Salazar: Tiene ambas funciones. La Corte opera como última instancia en algunos asuntos judiciales pero se encarga, también, de dirimir conflictos entre los poderes del Estado.

Enrique Ochoa: En una democracia se espera que la Suprema Corte sea el garante de la estructura federal y republicana. A mí me parece que nuestra Suprema Corte cumple con esta exigencia. Hay que decir, sin embargo, que la cumple, apenas, desde 1995. Esto lo podemos medir por el número creciente de controversias constitucionales que resuelve, indicador de que las autoridades municipales, estatales y federales confían en sus resoluciones.

Ana Laura Magaloni: Esta ambigüedad, sin embargo, provoca que se olvide del papel más importante que debe tener una Suprema Corte: el de una instancia educadora. Se espera que la Corte dote de contenido aquellos valores, principios y reglas que distinguen a una democracia de un régimen autoritario. El principal producto de la Suprema Corte debe ser su jurisprudencia. Y ésta debe definir el modo en que los jueces ordinarios resuelvan las controversias que se les presenten. El diseño de la Corte cada vez la separa más de la jurisdicción ordinaria, con lo cual se debilita su capacidad para impactar en la renovación de los criterios jurídicos con los que se imparte justicia en México.

 

Gerardo Laveaga: ¿Valdría la pena, entonces, dividir sus funciones? Hay quienes piensan que es urgente hacerlo y hay otros a los que la sola idea los pone a temblar.

Mara Gómez: No lo creo. Si observamos las experiencias en otros países, encontraremos una enorme gama de posibilidades. En Costa Rica, por ejemplo, es una sala de la Corte Suprema —la famosa “Cuarta Sala”— la que se encarga de resolver las controversias de orden constitucional. En Chile, el tribunal constitucional es más bien un órgano que se encarga de revisar la constitucionalidad de las iniciativas aprobadas por el Poder Legislativo antes de que se sancionen y publiquen. En Colombia, la Suprema Corte es la que se encarga de resolver los conflictos constitucionales y, así, ad infinitum… En la actualidad, no creo que exista algún país que siga en puridad los modelos americano y europeo de control de constitucionalidad, y si tengo que pronunciarme en este sentido, me parecería delicado crear dos cabezas judiciales en México. En España, por ejemplo, esto ha dado lugar a muchos problemas de orden práctico y político: siempre se está debatiendo cuál de los dos tiene la última palabra. En realidad, no conozco un solo país con sistema dual en el que no se dé la denominada “guerra de cortes”.

 

Pedro Salazar: Yo no comparto esa opinión. Estoy convencido de que es necesario que existan dos instituciones distintas, en el estilo del modelo tradicional europeo. Basta pensar en los perfiles de nuestros más altos jueces: no se requiere el mismo perfil para ser juez en un tribunal constitucional que en un tribunal de casación. El primero requiere personas con formación teórica sí, pero, sobre todo, con gran sensibilidad política y hasta con experiencia internacional. En el caso de un tribunal de casación, basta que los jueces tengan una carrera judicial y una formación técnica impecable.

 

Gerardo Laveaga: ¿Puedo complicar la ecuación preguntando si a ésta hay que añadir al tribunal electoral?

 

Enrique Ochoa: Ése es un buen punto. En mi opinión, el tribunal electoral debería atender todo lo electoral. Esto incluye dos aspectos: por un lado, establecer con claridad que no proceden los amparos en materia electoral. Desafortunadamente, hoy en día se dan casos en que algunos juzgados resuelven equivocadamente amparos en materia electoral. Por otro lado, si el tribunal electoral ha demostrado que puede hacer bien su tarea, ¿por qué no asignarle, también, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral?

 

Pedro Salazar: Honestamente, no considero que el tribunal electoral realice tan bien su tarea. Más de una vez hemos visto cómo se deja influir por consideraciones de carácter político. Aún así, no me opondría a que éste revisara asuntos de inconstitucionalidad en materia electoral. La especialización judicial permite que cada institución se dedique a lo suyo.

 

Ana Laura Magaloni: La doble función de la Corte no es el problema principal. En Estados Unidos y en Europa lo que más importa a la ciudadanía es la jurisdicción ordinaria. Los criterios generales se obtienen de casos comunes y corrientes. Aquí en México nuestra Corte tiene cada vez menos injerencia en la justicia ordinaria. Ese papel lo desempeñan los tribunales colegiados. Por ello, no hemos visto una Corte que pueda desarrollar en forma sistemática los grandes temas de la justicia constitucional como son la igualdad y la no discriminación o la protección a los derechos de debido proceso. La Corte no está haciendo lo que le toca hacer.

 

Mara Gómez: Bueno, la Corte no sólo atiende amparos fiscales… De un tiempo para acá hay una tendencia creciente a ejercer la facultad de atracción y atender lo que Ana Laura llama “casos comunes y corrientes”. Basta con leer los periódicos de estos días.

 

Ana Laura Magaloni: Entiendo que 70 por ciento de sus actividades —por lo menos las de la primera sala— son los amparos fiscales.

 

Mara Gómez: Sí, puede ser cierto… No tengo conmigo las cifras, pero sin duda es fundamental contar con datos estadísticos confiables. Y es cierto, también, que hay que descongestionar la agenda de la Corte. Esto, no obstante, es algo que quizá haya que realizar paulatinamente.

 

Gerardo Laveaga: ¿Por qué, entonces, no pensar en algún mecanismo para que la Corte pueda elegir lo que le llega? En Estados Unidos existe el wit of certiorari, que permite al Máximo Tribunal desechar cientos de casos.

Pedro Salazar: Y lo que llega en México a la Corte no lo elige la Corte. Sin ir más lejos, la agenda de los derechos humanos no se está construyendo jurisdiccionalmente.

 

Mara Gómez: ¿Tú crees que sólo descargando la agenda de la Suprema Corte vamos a mejorar?

 

Pedro Salazar: Al menos vamos a especializarnos y a saber qué le toca a cada órgano.

 

Ana Laura Magaloni: En este caso, lo grave es que la Corte no pueda detectar lo que llega a los tribunales locales, con lo que, en la práctica, se desatienden temas importantísimos para el desarrollo jurisprudencial de los derechos fundamentales.

 

Mara Gómez: La Corte, sin embargo, cuenta con la facultad de atracción…

 

Ana Laura Magaloni: Una facultad que la Corte debería utilizar estratégicamente. Para ello, antes tendría que dejar de concentrar su carga de trabajo en asuntos de carácter electoral o fiscal. Si no tuviera tantas distracciones, la Corte podría ejercer esta facultad y determinar qué casos atraer para que éstos sirvieran para desarrollar un nuevo tipo de argumentación jurídica en todos los juzgados y tribunales del país.

 

Gerardo Laveaga: Esto se dice fácil, pero ¿cómo dejar de atender los 4,000 asuntos que resuelve al año? La Corte estadounidense atiende poco más de 100 asuntos y, como apunta Ana Laura, casi todos envían una señal importante al resto de los tribunales. ¿Cómo combatir esta saturación?

 

Mara Gómez: No es que la Corte esté saturada. Es que está llena de asuntos menores, muchos de ellos de carácter administrativo. Debo admitir que la Corte debe ser más proactiva y dejar de atender un buen número de los asuntos que actualmente atiende. Debe verse más como lo que es, y en esto coincido con mis compañeros: el principal órgano de protección jurisdiccional de los derechos humanos en México.

 

Gerardo Laveaga: ¿Y esto como se consigue? ¿Depende de la Corte o de una reforma constitucional? ¿Es tarea del Poder Judicial o del Poder Legislativo?

 

Pedro Salazar: Del Poder Legislativo, naturalmente. Los asuntos que ve la Corte no son menores per se: porque cuando se conceden amparos —y hay que recordar que 90 por ciento del trabajo de la Corte implica amparos— sólo se conceden a los quejosos. Estas decisiones no tienen efecto para terceros. Mientras el trabajo de la Corte únicamente beneficie a un quejoso, ésta no podrá ser el Máximo Tribunal que todos queremos ver en ella. Sus decisiones no tienen el impacto nacional que sería de esperar.

 

Enrique Ochoa: Así es. Si los amparos que concede la Corte tuvieran efectos erga omnes, otra cosa sería. Cada asunto tendría mayor relevancia. A lo que dice Pedro, yo añadiría las reformas necesarias desde el ámbito legislativo para consolidar al tribunal electoral como órgano constitucional en la materia electoral.

 

Ana Laura Magaloni: Aunque debemos admitir que el grueso del problema no está en el Poder Legislativo. El problema central está en la forma en que se elabora, hoy día, la jurisprudencia constitucional. Son tesis que se extraen de la sentencia. Nadie conoce los hechos ni los razonamientos del tribunal que las emite. Con ello, la jurisprudencia, más que ser un mecanismo de razonamiento judicial colectivo, se convierte en una serie de reglas fijas que poco ayudan a la calidad de la justicia.

 

Gerardo Laveaga: ¿Qué habría que reformar en este caso, Ana Laura?

 

Ana Laura Magaloni: La mente de los jueces. El mayor impedimento para que la Corte sea lo que debiera ser está en la retórica jurídica y veo, con tristeza, que no hay cabezas que miren a la Corte desde una perspectiva crítica. Tiene que haber jueces dispuestos a construir un nuevo paradigma jurídico, el paradigma de la democracia constitucional.

 

Gerardo Laveaga: ¿La transparencia ayudaría a lograr esta reforma en la mente de los jueces? ¿Qué tan útil es que la ciudadanía pueda dar puntual seguimiento al trabajo de un juez o de un ministro?

 

Pedro Salazar: La transparencia es una buena idea con malos resultados. Estoy pensando, en concreto, en la transmisión en vivo de las sesiones de la Corte, más que en la transparencia como política pública. Desde mi punto de vista, el resultado por transparentar los debates en la Suprema Corte ha sido nocivo. Los tribunales deben hablar por sus sentencias y, hoy por hoy, los ministros están más preocupados por el modo en que los mira la opinión pública que por el fondo del asunto que estudian. No puede haber un trabajo fundamental si uno está más preocupado por la imagen que transmite al público que por el sentido de una sentencia. Por eso no creo que esta transparencia ayude a cambiar el “chip” de la mente judicial. Si una sentencia no está fundada y motivada, como insiste la Constitución, por más debate que se organice, no puede existir justicia.

 

Enrique Ochoa: Difiero completamente. La deliberación pública es esencial dentro de un Estado Democrático de Derecho. Los ciudadanos tenemos el derecho de saber cómo piensan y cómo actúan nuestros máximos juzgadores.

 

Ana Laura Magaloni: Yo coincido con Pedro. Ningún alto tribunal del mundo desarrollado delibera en público. La idea de la liberación es obtener una voz del tribunal. Subrayo: una voz del tribunal y no la voz de cada uno de sus miembros. Si éstos debaten públicamente, se reporta lo que dice cada ministro y ellos no tienen incentivos para rectificar su posición en caso de que se hayan equivocado. Cuando yo sigo los debates a través del Canal Judicial, me horroriza pensar en cómo se traducirá todo ello en una sentencia coherente.

 

Enrique Ochoa: ¿Suprimirías, entonces, el debate público?

 

Ana Laura Magaloni: Sí. La deliberación no debe ser pública. A cambio se puede hacer pública una audiencia con las partes interesadas, donde cada una expone sus argumentos jurídicos centrales y los ministros les formulan preguntas. Me gustó mucho, por ejemplo, cómo se manejó en la Corte el caso del aborto. La ciudadanía quiere oír la voz de la Corte y no la voz del ministro tal o cual. Por ello, me parece que el debate debe ser privado.

 

Gerardo Laveaga: ¿Suprimirías el Canal Judicial?

 

Ana Laura Magaloni: Es lo primero que habría que hacer. En ningún país civilizado existe una cosa así.

 

Mara Gómez: Me extraña que digas eso, Ana Laura. México no es el único país que cuenta con un Canal Judicial. Brasil tiene el suyo. En cuanto a las políticas de transparencia de la Suprema Corte de Justicia —y me parece que hacia allá iba orientada la pregunta de Gerardo—, considero que no las podemos reducir sólo a la transmisión de las sesiones del pleno a través del Canal Judicial. La Corte ha implementado muchas otras políticas en esta materia. Ha creado micrositios para ciertos casos que ameritaban el conocimiento público. El caso del aborto es un buen ejemplo. Asimismo, ha dado oportunidad a representantes sociales, académicos y diversos funcionarios públicos para que comparezcan ante el pleno a exponer sus argumentos. El caso de la ley de medios, por citar uno. También ha entregado a las partes los proyectos de sentencia antes de que se resuelvan los asuntos e incluso los ha puesto a disposición pública a través de internet, y además ha creado un Portal de Estadística Judicial denominado @lex que contiene gran cantidad de información de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales resueltas por la Suprema Corte en toda la novena época. A mí me parece que si los ciudadanos están enterados de lo que hacen sus máximos jueces, pueden comprender mejor cómo resuelven y, en general, cómo opera el sistema judicial. Es bueno que las instituciones públicas hagan esfuerzos por explicar a los ciudadanos su quehacer cotidiano.

 

Enrique Ochoa: Electores y contribuyentes deben saber cómo piensan y cómo trabajan los servidores públicos. Eso les da armas a la hora de votar y de opinar.

 

Gerardo Laveaga: ¿No cancelarían, pues, las transmisiones de las sesiones públicas?

 

Mara Gómez: Yo no lo haría.

 

Pedro Salazar: Yo sí. Tener un debate accesible y sentencias inaccesibles me parece ridículo. Lo que tiene buenos resultados en el mundo jurídico son las sentencias, no el show.

 

Gerardo Laveaga: Paso ahora a otro aspecto relevante: el perfil de los ministros. ¿Qué se requiere para serlo? No aludo al texto constitucional sino a las expectativas de la sociedad civil.

 

Pedro Salazar: Presumiendo la sólida formación jurídica de cada ministro, yo añadiría otras virtudes: que sea sensible a la realidad social; que esté en estrecho contacto con el país; que tenga vocación para defender los derechos fundamentales; que sea un protector natural de los más débiles; que sepa renunciar a la tentación de alianzas con los poderosos —como no ocurre a menudo con nuestros ministros y magistrados— y que, por supuesto, sea valiente.

 

Ana Laura Magaloni: Yo añadiría el temperamento. Destacaría, asimismo, la empatía. Es decir, la capacidad de ver un punto de vista desde la posición de un contrario. Insistiría, también, en que tenga la capacidad de trabajar en equipo. Si carece de la destreza para ser parte de un equipo —en este caso el Máximo Tribunal— no es apto para ser ministro.

 

Gerardo Laveaga: ¿Desechamos a los protagonistas?

 

Ana Laura Magaloni: Absolutamente. Los protagonistas no sirven para ser ministros de la Suprema Corte. Ésta requiere hombres críticos y conciliadores —por paradójicas que estas virtudes puedan parecer— antes que protagonistas.

 

Pedro Salazar: Redondeando: juristas que se guíen por la ética de la responsabilidad y no por la ética de la convicción, en términos weberianos.

 

Enrique Ochoa: Me parece que, en efecto, se requiere una gran capacidad de trabajar en equipo y que, en materia de formación profesional, sean expertos en derechos fundamentales, equidad de género y otros de los desafíos que en este momento enfrenta nuestro país. Esto resulta tan trascendente como su formación en materia de procesos.

 

Mara Gómez: A mí me gustaría hacer hincapié en que, actualmente, nuestro Máximo Tribunal no está del todo bien integrado. Dada la conformación de la población de México, me parece que hacen falta mujeres.

 

Gerardo Laveaga: ¿Señalarías una acción afirmativa en la Constitución para lograr cierta cuota de género?

 

Mara Gómez: No estoy segura de que ésa sea la mejor forma de aterrizar esta idea en la Constitución, pero me queda claro que el Máximo Tribunal requiere una conformación más paritaria.

 

Gerardo Laveaga: ¿Les parece adecuada la forma de seleccionar a los ministros que actualmente prevé nuestra Constitución?

 

Ana Laura Magaloni: No. El hecho que el presidente presente una terna sólo promueve la politización del cargo. Si una persona aparece en una terna, tiene que competir con las otras dos propuestas y, para ganar, debe hacer múltiples compromisos. Un ministro que llega a su cargo con tantos compromisos no resulta confiable.

 

Pedro Salazar: A mí tampoco. Yo creo que debemos adoptar el modelo estadounidense, en el que el presidente propone un solo candidato y el Senado lo examina, exhaustivamente, para aprobar sus conocimientos y su probidad.

 

Mara Gómez: Por donde se le mire, a mí me parece mejor que haya tres a que haya uno. Esto permite que exista una mayor independencia frente al titular del Poder Ejecutivo. Veamos, por ejemplo, el caso del procurador general de la República.

 

Enrique Ochoa: Sin embargo, Mara, los procedimientos para nombrar a un ministro y al procurador son distintos. Para elegir al procurador se exige una mayoría absoluta. Para elegir al ministro se exige una mayoría calificada. El procurador puede ser removido por el presidente de la República en cualquier momento. Los ministros duran en su cargo 15 años…

 

Gerardo Laveaga: Doy un nuevo salto sobre otro elemento que vale la pena examinar: la facultad de investigación que nuestra Carta Magna otorga a la Suprema Corte. ¿Ustedes están de acuerdo en que subsista?

 

Enrique Ochoa: Sí, siempre y cuando tenga elementos vinculatorios. A mí me parece que es fundamental que la Corte pueda conocer los casos más graves en materia de violación de garantías, pero ejercer esta facultad tendría mayor relevancia si sus conclusiones tuvieran efectos obligatorios para otras autoridades del país.

 

Pedro Salazar: ¿No crees que mantener esta facultad con elementos vinculatorios implicaría una sentencia? Tal como hoy está prevista en nuestra Constitución, yo suprimiría esa facultad. Quien debe investigar los atentados graves contra los derechos humanos es la CNDH. Si esto lo realiza la Corte, volvemos al tema que Gerardo planteaba al principio: la duplicidad de funciones. Aquí, la que lleva las de perder es la CNDH. La facultad de investigación, por otra parte, genera muchos problemas para nuestro Máximo Tribunal.

 

Mara Gómez: A mí también me parece que es una facultad de diseño muy complejo y que, en efecto, desgasta mucho a la Corte. Pensemos en el caso de Aguas Blancas: la Corte emitió una opinión que no fue acatada inmediatamente.

 

Enrique Ochoa: ¿Cómo que no? El gobernador de Guerrero acabó solicitando licencia. Yo, sinceramente, pienso que se gana más de lo que se pierde manteniendo esta facultad. Para resolver el efecto inquisitivo que preocupa a Pedro Salazar, podríamos discutir diversos mecanismos acusatorios que han funcionado en otros países.

 

Gerardo Laveaga: Hay quienes aducen que la Corte debe mantener esta facultad, porque es más fácil doblegar al titular de la CNDH —que es uno solo— que a 11 ministros…

 

Ana Laura Magaloni: ¿Qué ocurriría si la Corte no pudiera investigar? El hecho de que tenga esta facultad sólo demuestra la deficiencia de otras instituciones. Casos como Aguas Blancas, San Salvador Atenco, Lydia Cacho (donde la Corte, por cierto, lo hizo muy mal) o la guardería ABC, demuestran la fragilidad de nuestras instituciones jurídicas, en concreto de nuestras procuradurías de justicia. Si no se reforma a fondo la procuración de justicia, la Corte debe mantener esta facultad. Si esto desgasta a nuestro Máximo Tribunal, es más costoso el que no haya quién atienda estos casos. Esta facultad, por otra parte, da grandes oportunidades a la Corte para posicionarse en el debate público como una instancia educadora y un referente ético de la democracia.

 

Gerardo Laveaga: Una última pregunta: ¿consideran ustedes que la actual Suprema Corte está a la altura de los desafíos de México? ¿Cuál es su reto principal?

 

Enrique Ochoa: Estoy convencido de que la Corte ha tomado un papel importantísimo en la consolidación democrática de México. Su trabajo cotidiano ha permitido que se avance enormemente en lo que a federalismo se refiere. Ha abonado a la división de poderes y a la defensa de los derechos humanos. Me parece que, hoy día, su desafío más importante es impulsar la reforma constitucional en materia penal. La Corte, más que ninguna otra institución, debería asumir el liderazgo para transformar nuestro obsoleto sistema penal en un sistema acusatorio, adversarial, transparente y eficaz, basado en juicios orales.

 

Mara Gómez: Coincido con Enrique. El que sea la Corte quien lidere los trabajos de implementación de la reforma al sistema de justicia penal me parece fundamental, junto con una mayor dedicación a la defensa de los derechos humanos de la población.

 

Ana Laura Magaloni: Si la comparamos con la Corte de hace 15 años, veremos innegables progresos. En 2010 contamos con una Corte que tiene mayor capacidad de incidencia que su antecesora. Ahora bien, si la comparamos con el tribunal constitucional del gobierno español, veremos que éste desarrolló las bases para descifrar e interpretar la Constitución en sus primeros 10 años de vida, lo cual no ha hecho la nuestra. La Suprema Corte, en México, nació al final de la época de autoritarismo —en 1995— y tengo la sensación de que muchos de sus integrantes tienen un pie en el presente y otro en el pasado: las viejas prácticas conviven con las nuevas y, lo más importante, no existen referentes críticos para verlo… Finalmente, tengo la sensación de que la imagen que transmite la Corte es la de una institución costosa, ostentosa y faraónica. Esto la aleja de la sociedad.

 

Pedro Salazar: Por estructura y coyuntura, la Corte ha ganado muchísimo. ¿Su logro principal?: ha definido una personalidad propia. ¿Sus principales problemas?: la lógica interna de funcionamiento y su incapacidad de ser una conciencia nacional que garantice los derechos humanos y el acceso a la justicia, como se haría en cualquier país desarrollado.

  1. Pedro Salazar es secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

  1. Mara Gómez es directora general de Planeación de lo Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

  1. Gerardo Laveaga es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales

  1. Ana Laura Magaloni es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

  1. Enrique Ochoa es director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Comentarios
5 Comentarios en “¿Hacia dónde va la Suprema Corte?”
  1. SALVADOR QUIROZ Dijo:

    ¡¡¡SEÑORES y SEÑORITAS!!!
    A actuar con las ideas es mejor que solo hablarlas.
    ¡¡¡NOS URGE JUSTICIA EN MEXICO!!!
    Esto ya no es una broma o un chat, esto es FUNDAMENTAL para el crecimiento de nuestra nación, aún cuando vaya en contra del crecimiento económico de los acomodados en la mafia nacional…. que para estas alturas del partido, los somos casi todos cuando sobornamos un policía en la calle.

  2. Adrián García Fierro Dijo:

    COLEGIACIÓN O LIBERTAD

    ¿En verdad existe contradicción entre la colegiación obligatoria de los profesionistas y la libertad de ejercicio profesional, o solo es un sofisma para justificar la improvisación de servidores públicos?

    Si bien es verdad que el Artículo 5° Constitucional establece la libertad de trabajo, sin sujetarla, en el caso de los profesionistas a la colegiación obligatoria, también lo es que la agrupación de personas con características semejantes, es una necesidad natural avalada por la historia, como el medio idóneo para que los seres humanos obtengan en conjunto lo que no pueden obtener individualmente, por lo que el hombre es por naturaleza un ser social, por su incapacidad para satisfacer sólo todas sus necesidades.

    No obstante, la conveniencia de asociarse entre profesionistas del mismo ramo, no es aceptada por todos, pues hay quienes prefieren mantenerse al margen de las asociaciones gremiales, arguyendo: “más vale solo que mal acompañado”, “solo los borregos andan en rebaño”, “las águilas vuelan solas”, etc., defendiendo así su derecho a la libertad para ejercer su profesión como mejor les parezca, en la secrecía u obscuridad de lo privado, sin más límites que la ley, supuestamente.

    Pero, no hay sopa sin pelos. El pelo o pero en esta sopa, es que en cuanto tiene oportunidad, este aparente lobo estepario accede a algún cargo público, llevando a cuestas todos sus secretos, por lo que nadie sabe, ni sabrá jamás, su calidad profesional (grado de conocimiento, desempeño ético, eficiencia, sentido de responsabilidad, etc.), ni su condición personal (si es o no solidario, origen y condición familiar, situación patrimonial, situación fiscal, antecedentes penales si los tiene, etc.), originándose así la paradoja de que el gobierno, que es público (República es igual a cosa pública, conste), esté integrado por seres enigmáticos, de antecedentes ocultos al escrutinio público.

    Y aunque dice el dicho: información es poder, éste es incompleto, porque la falta de información también es poder, por paradójico que parezca. En efecto: si fuera obligatorio que para acceder a cualquier puesto en el servicio público, en el que se requiera un profesionista, y siéndolo el interesado en acceder, tuviera obligación legal de acreditar fehacientemente pertenecer al colegio correspondiente, con antigüedad mayor de cinco años, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones y en ejercicio de sus derechos de asociado, así como de sus obligaciones fiscales, al igual que el colegio que lo avale (para evitar los colegios “patito” creados exprofeso para avalar candidatos), la sociedad, empezando por sus compañeros de colegio, tendría una fuente de datos segura para conocer los antecedentes del candidato, bien para conformarse con su nombramiento o para cuestionarlo, pero, si el aspirante no pertenece a colegio alguno, resulta la paradoja de que no hay quien lo avale, pero tampoco quién lo cuestione, pues nadie lo conoce, excepto quien tiene el poder de proponer al que, por sus antecedentes desconocidos, es inobjetable, pero inobjetable no por sus buenos antecedentes, sino porque nadie conoce sus malos antecedentes que pudieran impedirle el acceso al cargo, de lo que se concluye que la falta de información también es poder.

    Así pues, conviene modificar las leyes en lo pertinente, para obligar a los profesionistas aspirantes a ocupar cargos en el gobierno, a que acrediten su pertenencia al colegio respectivo, con todos los datos señalados precedentemente, para evitar las paradojas denunciadas y sus consecuencias: el arribo a la cosa pública, de personajes acostumbrados a las penumbras de lo privado, y los consiguientes agravios a la seguridad jurídica y personal de los ciudadanos y a la economía nacional.

    En conclusión: no existe contradicción alguna entre el ejercicio libre de la profesión y la colegiación obligatoria, si quienes optan por la libertad absoluta en el ejercicio profesional, se mantienen dentro de los límites de lo privado, sin acceder a los cargos públicos, porque no es válido vivir de lo público en privado, porque esto sí es contradictorio. O público o privado, pero no ambos en beneficio de lo privado y en perjuicio de lo público, que es como se ha venido acostumbrando, merced a lo cual hay tantas entidades públicas quebradas, y ningún directivo preso por su ineficiencia y el daño causado a la cosa pública, pero siguen impunes al no poder ser aprehendidos porque sus datos personales son “privados”. ¿Alguien sabe dónde quedó el Dipunarco?, como llegó, se fué, al amparo de la sombra de lo privado, no obstante ser un hombre público, por su calidad de político. No olvidemos que según díceres, Simón Bolívar dijo: “Al amparo de la sombra sólo prospera el crimen”.

    Acapulco, Gro., a 29 de diciembre de 2010.

    Adrián García Fierro.

  3. Adrián García Fierro Dijo:

    Para evitar la continuación del problema que a continuación expongo ¡no más notarios en la Corte, por favor!

    LA ANTINOMIA JURÍDICA EN LA FE PÚBLICA, Y SU SOLUCIÓN.

    P R E S E N T A C I Ó N.

    En el interminable camino a la modernidad, la sociedad mexicana encuentra obstáculos hasta donde menos se espera; desde la estructura económica hasta la superestructura ideológica, abarcando todos y cada uno de sus ámbitos; ello no obstante, es natural que así sea, puesto que toda acción genera una reacción, y así debemos comprenderlo, aceptarlo y remediarlo, utilizando los mecanismos jurídico-políticos disponibles, de manera que coadyuven a que el tránsito sea incruento y productivo, en aras de conservar la unidad y prosperidad nacional.

    Pasar de una economía cerrada, sobreprotegida y casi de autoconsumo, a una economía abierta, en un mercado globalizado y altamente competitivo, requiere e inevitablemente produce cambios en lo político y en lo jurídico. Y no obstante que a largo plazo el beneficio será para toda la sociedad, existen sectores que por carecer de esa visión, presentan resistencia a los cambios, valiéndose de los mismos instrumentos jurídico-políticos, pero interpretándolos y aplicándolos para impedir o diferir indefinidamente los cambios, por estimar que atentan contra sus intereses de grupo.

    En este orden de ideas, el presente trabajo trata de lo que constituye uno de los muchos campos en los que se dirime la lucha por la modernidad, específicamente la antinomia jurídica en la fe pública, y sus relaciones y consecuencias en lo político y económico, como parte del proceso de cambio que vivimos, y se divide en PRESENTACIÓN; Capítulo I CONCEPTO DE ANTINOMIA JURÍDICA; Capítulo II DE LA ANTINOMIA JURÍDICA EN LA FE PÚBLICA; Capítulo III CARÁCTER APARENTE DE LA ANTINOMIA; Capítulo IV FACTOR ECONÓMICO DE LA ANTINOMIA; Capítulo V FACTOR POLÍTICO DE LA ANTINOMIA; y, Capítulo VI PROPUESTAS DE SOLUCION A LA ANTINOMIA JURÍDICA APARENTE EN LA FE PÚBLICA.

    Capítulo I. CONCEPTO DE ANTINOMIA JURÍDICA.

    ¿Qué es la antinomia jurídica? Antinomia es palabra griega, compuesta de anti, que significa contra, y de nomos, que significa ley. Si la contradicción es real y manifiesta entre dos leyes, la ley antigua es la que debe ceder á la nueva: Ubi dua contraria leges sunt, semper antiqua abrogat nova; mas si tal contradicción existe entre dos lugares de una misma ley (lo que nunca es probable, porque es imposible que el legislador quiera á un mismo tiempo dos cosas directamente opuestas) habrá de acudirse al legislador para que declare su voluntad. Siendo sólo aparente la contradicción, ora entre dos leyes diferentes, otra entre dos cláusulas de una misma ley, debe entonces buscarse el medio de conciliarlas según las reglas de interpretación. Con respecto á contradicciones de dos cláusulas en una misma ley se cita entre otros el siguiente ejemplo, que Séneca ventila en su quinta controversia. Decía la ley que la doncella que hubiese sido robada tenía derecho de pedir ó que el raptor sufriese la pena de muerte, ó que se casase con ella sin dote: Rapta raptoris aut mortem, aut indotatas nuptias optet. Un hombre robó en una misma noche dos doncellas, de las cuales la una quería la imposición de la pena de muerte, y la otra el casamiento: Una nocte quidam duas rapuit: altera mortem optat, altera muptias. ¿Cuál era el partido que debía abrazarse? Casi todos los declamadores estaban por la muerte; pero como la ley se proponía más bien el interés de las doncellas robadas que no el castigo de los raptores, es claro que debía triunfar la doncella que prefería el casamiento, pues de otros modo quedarían ambas en el celibato, además de que es una máxima constante que habiendo igualdad de razones en pro y en contra, debe tomarse el partido más benigno. Otro ejemplo nos presenta Filístrato en las Vidas de los Sofistas. Había una ley que imponía la pena de muerte al que incitase una sedición, y ofrecía una recompensa al que la sofocase. Hubo cierto sujeto que formó una sedición, y luego la calmó él mismo. ¿Debía sufrir la pena ó llevar el premio? Es necesario empezar, le dijo el sofista Segundo, por castigar tu delito, y después recibirás, si pudieres, la recompensa del bien que haz hecho. Pufendorf llama aguda y sólida la decisión del sofista; pero más bien parece decisión de sofista que de filosofo. Si el autor de la sedición la calmó arrepentido cuando todavía estaba en su mano prolongarla y aumentar los males que de ella habían de originarse, ya que no premio, merecía á lo menos disminución de pena; porque la sociedad, que está más interesada en prevenir y atajar los delitos y sus estragos que no en castigarlos, más en redimir una vejación que no en sufrirla, debe ofrecer á la vista de los hombres que se arrojan al crimen un motivo poderoso, un aliciente, que los detenga y aún los haga retroceder en su carrera, dándoles un interés en el arrepentimiento y en la pronta reparación del daño que causaban. Pufendorf trae estos ejemplos de antinomias ó contradicciones aparentes en su Derecho natural y de gentes, lib. 5. cap. 12. § 6, suponiendo obscuridad en los términos de las leyes que se han deducido. Pero, como observa muy bien Barbeyrac, los términos no son obscuros, sino clarísimos. El embarazo en la decisión de los casos propuestos no procede de falta de claridad en las leyes, sino de que estas leyes no hacen más que establecer reglas generales, y los casos que se proponen son verdaderas excepciones que no están contenidas en ellas, y que el legislador no ha previsto. (Pág. 152, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia Mexicanos, por el Notario Público Antonio de Jesús Lozano, Orlando Cárdenas Editor, S. A. de C. V.)

    Ahora bien, la expedición de la LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA y su REGLAMENTO, diciembre de 1992 y junio de 1993, respectivamente, al aportar al comercio servicios de fe pública, alternativos a la única opción hasta entonces existente, generó una controversia entre el gremio que detentaba el monopolio de la fe pública entre particulares y el renaciente gremio de los Corredores Públicos.

    Tal controversia se ha hecho residir en los Artículos Constitucionales 73, Fracciones IX, X y XXX, y 121, Fracción II, supuestamente contradictorios entrambos, formando así una antinomia jurídica, cuyo análisis y propuesta de solución es objeto de este trabajo, pero antes, aclaro que califico a la Correduría Pública como renaciente porque, en la historia y la legislación nacional es tan añeja como la Notaría Pública, pues ambas instituciones llegaron juntas, primero con el descubridor de América y luego con el conquistador, independientemente de que, para resolver la interrogante de qué es más antiguo, si la Correduría o la Notaría, habrá que despejar antes la duda de qué sucedería primero en la historia de la humanidad, si el intercambio de satisfactores entre las hordas, o la escritura para consignar dichos intercambios.

    Al paso del tiempo, la controversia ha pasado del mercado de servicios a los tribunales, y ahora se encuentra en el punto de partida: el H. Congreso de la Unión, en cuyas manos está la solución, la cual puede darse congruentemente con el sistema jurídico mexicano y el interés público, o favorable al interés económico del gremio antes monopólico en los servicios de fe pública entre particulares, con grave perjuicio del estado de derecho y la economía nacional, como se demostrará más adelante.

    En esta controversia intervienen tres factores: el primero y por lo menos el único que ha trascendido al público, es de índole jurídica, por cuya razón este trabajo gira fundamentalmente en torno a la antinomia señalada; el segundo es de carácter eminentemente político, y permanece oculto al público precisamente por su carácter político, dado el poder político de uno de los gremios en pugna; y el tercero y verdadero quid del negocio es el factor económico (que por lo mismo también se mantiene en secreto), ya que en el fondo de todo se trata del asunto de más peso: la pugna de los pesos, miles y millones de pesos que están en juego para quienes pretenden recuperar su monopolio de la fe pública entre particulares y reforzar su monopolio en el tráfico inmobiliario, aun cuando ello prive al comercio y la sociedad de los beneficios de la libre competencia en igualdad de condiciones entre ambos gremios.

    Capítulo II. DE LA ANTINOMIA JURÍDICA EN LA FE PÚBLICA.

    Como primer elemento de la antinomia, tenemos que dispone el Art. 73 Constitucional: “El Congreso tiene facultad: IX.- Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones; X.- Para legislar en toda la República sobre ….. comercio, …..; XXX.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.”

    Como segundo elemento, el gremio notarial sostiene la tesis de que en virtud de lo previsto en el Artículo 121 Constitucional sólo ellos están legalmente facultados para dar fe de operaciones inmobiliarias, habida cuenta de que tal dispositivo ordena, en su Fracción II, que los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.

    Como se desprende de los Textos Constitucionales invocados, salta a la vista la antinomia entrambos, pues en tanto que el primero reconoce al libre comercio la suficiente importancia como para facultar al Congreso para impedir que de Estado a Estado se le establezcan restricciones, para legislar en toda la República sobre comercio, y para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión; el segundo parece que pretende limitar o condicionar tales facultades al cumplimiento de las leyes locales vigentes en el lugar en que se ubiquen tales bienes muebles e inmuebles, de lo que surgen las interrogantes:

    a) ¿Es real la antinomia o es aparente, un sofisma?

    b) ¿Es conciliable o irreconciliable la antinomia?

    c) ¿Cómo puede resolverse la antinomia?

    Capítulo III. CARÁCTER APARENTE DE LA ANTINOMIA.

    Para iniciar el análisis de rigor, es pertinente aclarar que no estamos en la primera hipótesis planteada por nuestro autor en consulta: “…..Si la contradicción es real y manifiesta entre dos leyes, la ley antigua es la que debe ceder á la nueva: Ubi dua contraria leges sunt, semper antiqua abrogat nova; …..”, porque los Dispositivos que forman la antinomia, pertenecen al mismo cuerpo normativo, por lo que son de la misma antigüedad.

    Pero, ¿por qué afirmo que el carácter de la antinomia jurídica es aparente? Porque, como dice el Notario en consulta: “….. si tal contradicción existe entre dos lugares de una misma ley (lo que nunca es probable, porque es imposible que el legislador quiera á un mismo tiempo dos cosas directamente opuestas) habrá de acudirse al legislador para que declare su voluntad. …..”, ergo, es imposible que el legislador haya querido garantizar el libre comercio de muebles e inmuebles en toda la República y a la vez condicione su realización al cumplimiento de requisitos que fijen las leyes locales, por ser contradictoria dicha situación al constituír tales requisitos verdaderas restricciones al tráfico mercantil, por variar de Estado a Estado, y encarecer el tráfico mercantil por la diversidad de contribuciones, trámites dilatorios y formalidades que en nada contribuyen a la seguridad jurídica, por tratarse de meras formalidades propias del continente, pero ajenas al contenido de los negocios jurídicos.

    Luego entonces, al ser imposible que el legislador hubiera querido al mismo tiempo las dos cosas directamente opuestas, que he referido, es claro que no estamos ante una antinomia verdadera, sino ante una que siendo aparente, paradójicamente tiene apariencia de verdadera. Consecuentemente, al no ser real la antinomia, es aparente, solo es un sofisma, con lo cual queda contestada la primera de las interrogantes precedentes, quedando pendiente resolver si la antinomia es conciliable y cómo.

    Pero ¿qué es un sofisma? según el Larousse Enciclopédico Multimedia, sofisma es un razonamiento que sólo es lógicamente correcto en apariencia, concebido con la intención de inducir a error. Asimismo y por la íntima vinculación que guardan entre sí, conviene agregar que la misma fuente sostiene: sofisticado es lo que carece de naturalidad por exceso de rebuscamiento; y sofisticar es falsear con sofismas un razonamiento.

    En la especie, y como quedará demostrado en el presente, el sofisma consiste en presentar como antinomia verdadera e irresoluble algo que no lo es, y menos insalvable, mediante la contraposición, con miras a su imposición, de una norma Constitucional sobre el conjunto a que pertenece, interpretándola literalmente y fuera de su contexto, incurriendo así en el vicio de oponer el derecho contra el derecho, lo que es erróneo porque solo se consigue anular unas normas con otras y no apoyar unas a otras en la consecución del fin común, y pasando por alto que al tratarse de Normas Constitucionales, por tener la misma jerarquía conforme al Artículo 133 Constitucional, deben interpretarse estableciendo entre ellas una relación de coordinación, de modo contextual, concatenadamente entre sí, complementaria y no antagónica ni excluyentemente, de manera que se conserve la unicidad orgánica y temática propias de todo sistema jurídico, porque al no hacerlo así, en lugar de un conjunto normativo tendríamos un montón de normas dispersas e irreconciliablemente contradictorias entre sí, y por ende ineficaces para ordenar la vida nacional. Como que no es igual organizados que en bola ¿o sí?

    Sigue diciendo nuestro Notario en consulta: “Siendo sólo aparente la contradicción, ora entre dos leyes diferentes, otra entre dos cláusulas de una misma ley, debe entonces buscarse el medio de conciliarlas según las reglas de interpretación. ….”

    Al efecto, para conocer el verdadero significado de las normas que integran nuestro sistema jurídico, deben interpretarse conforme a los Principios Generales del Derecho, consistente en máximas o claves para desentrañar el recto sentido de las palabras en que están expresadas, en atención a las condiciones sociales que las generaron y a la consecuente intención del legislador, las cuales han demostrado su validez y funcionalidad a lo largo de los siglos, tanto así que acorde con ello, el Artículo 14 Constitucional dispone que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los Principios Generales del Derecho.

    En este orden de ideas, debemos tener en cuenta que los Artículos 73 y 121 Constitucionales son partes de un todo único y armónico, denominado Constitución General de la República, que se formó sobre tres bases estrechamente ligadas entre sí: el liberalismo económico, traducido en las garantías individuales, de empresa y de libre comercio en todo el país; las garantías sociales o de protección a los estratos sociales económicamente débiles (campesinos y obreros); y el fortalecimiento de la soberanía del Estado mediante Normas tendientes a garantizar el carácter rector del Estado en el desarrollo y conducción de la economía nacional.

    Así pués, la antinomia aparente en análisis sí es conciliable, factible de resolver, ¿cómo? mediante la interpretación de los Artículos 73 y 121 de modo contextual, dentro de su contexto histórico, económico y jurídico, habida cuenta que todos y cada uno de los Artículos que forman nuestra Carta Magna tienden a un mismo fin último y general, que es un México mejor para todos, mediante la consecución de los fines específicos y parciales a que están enfocados tanto la Constitución en su conjunto como todos y cada uno de los Artículos que la integran; como que se trata de la expresión en un solo documento, de un sistema jurídico, dotado de unicidad por la coherencia existente entre los elementos que lo componen, por más que tales elementos en lo individual traten asuntos diversos, en el fondo se trata de diferentes aspectos de un mismo fenómeno, como lo señalamos anteriormente.

    De modo que al interpretar los Dispositivos invocados, dentro de su contexto Constitucional, encontramos que en primer lugar, el Artículo 121 Constitucional se refiere a MUEBLES E INMUEBLES, amén de que la regla que contiene no es absoluta, está plagada de excepciones, como los casos mencionados por el Corredor Público N° 18 de Baja California, RAFAEL ANGULO CEBREROS, en su Ensayo “LA EQUIDAD COMO LA JUSTICIA NATURAL, POR OPOSICIÓN A LA LETRA DE LA LEY POSITIVA”, a cuya lectura remito, para que todos podamos verificar el limitado ámbito de aplicación de la Norma en cita, sirviendo de muestra los casos previstos en la Ley Agraria y la Ley General de Bienes Nacionales, entre otros Ordenamientos Federales. Pero sin ir más lejos ¿no es regla que sólo son apropiables los bienes que están dentro del comercio? Ergo: los bienes fuera del comercio, no están comprendidos en la Norma en cuestión. Y por lo visto son demasiados los bienes fuera del comercio.

    A mayor abundamiento, no es aplicable a todos los bienes muebles e inmuebles habidos y por haber, pues tiene además las excepciones que enuncia el respetado autor ELISUR ARTEAGA NAVA (guerrerense, por mal seña) en su obra “TRATADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL, tomo II, Editorial Porrúa, a cuyo texto completo remito al lector, sirviendo solo de muestra el siguiente párrafo: “Como se ve, la Fracción II (del Artículo 121 Constitucional), contiene un Principio sólo en apariencia general. Otros Artículos de la Constitución se encargan de limitar sus alcances. No es exagerado decir que, desde el punto de vista Constitucional, podría anunciarse o interpretarse de la siguiente manera: LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE LOS PARTICULARES, CON LAS LIMITACIONES, SALVEDADES Y PROHIBICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN, ESTÁN SUJETOS A UNA DOBLE JURISDICCIÓN: LA FEDERAL Y LA LOCAL”

    a) De lo expuesto se colige que la tesis notarial en cuestión y la antinomia aparente que genera, nace de la interpretación literal y descontextualizada de la ley, lo que es erróneo porque acaba por oponer al Derecho contra el Derecho, en contradicción aparentemente insalvable, lo que es absurdo por antieconómico, ya que es tanto como pretender limitar el libre comercio y el desarrollo económico nacional mismo, al cumplimiento de requisitos establecidos en leyes locales. Pero ¿qué son, cuáles son esas formalidades? Mucho se habla de “las formalidades de ley”, pero casi nadie las precisa ni las explica, por lo que quedan como un ente esotérico, propio y exclusivo de iniciados en ciencias ignoradas. En realidad, si tomamos en cuenta que por regla los contratos son consensuales, la formalidad consiste en la excepción, otorgar ante Notario Público los actos jurídicos traslativos de propiedad de inmuebles, en Escritura Pública en que se consigne el cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones de Derecho Tributario y Administrativo, relacionados con el pago de contribuciones y la acreditación de que el inmueble se encuentra libre de gravámenes, su régimen de propiedad: privada, ejidal, comunal; su categoría según su ubicación: urbana, suburbana, rural; entre otros detalles nimios como el número de hojas del protocolo, el número y medidas de los renglones, que no aportan más que sofisticación al instrumento, sin coadyuvar con los elementos esenciales del contrato, originarios del Derecho Civil y aportados al Mercantil, por virtud de la supletoriedad referida, como son todas y cada una de las instituciones básicas para su desarrollo, tales como los conceptos persona, clases y atributos; voluntad auténtica e idóneamente expresada, capacidad, tipos y limitaciones; validez, personalidad, patrimonio, identidad, entrega y pago de la cosa, bienes, obligaciones y sus modalidades, contratos, etc., misma razón por la que OPERA CON CARÁCTER SUPLETORIO DE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL, para regular las situaciones enunciadas pero no totalmente previstas por las leyes mercantiles.

    Aquí surge la interrogante ¿se cumplirían igualmente los requisitos citados, si el contrato sobre traslación de propiedad de inmuebles, con todos sus accesorios, se hace constar en Póliza ante Corredor Público (conste que en esencia la Escritura y la Póliza son lo mismo: Instrumentos Públicos; al igual que Notario y Corredor Público son lo mismo, en tanto particulares que ejercen una función pública (fedatarios) por delegación de facultades del Estado, uno Local y otro Federal)? Viéndolo bien, la única diferencia real entrambos sería la ya prevista en la fracción II del artículo 75 del Código de Comercio: que cualquiera fuera el lugar de su ubicación, ante Corredor se consignarían las operaciones mercantiles sobre inmuebles, ya sea por la intención lucrativa de las partes, o por ser éstas comerciantes, o por disposición de la ley; en tanto que se consignarían ante Notario las operaciones estrictamente “civiles”, las que no llevan ganancia de por medio para las partes, ni se efectúan entre comerciantes, o sea casi ninguna ¡la muelte, chico!

    No olvidemos lo dicho por nuestro autor consultado: “es una máxima constante que habiendo igualdad de razones en pro y en contra, debe tomarse el partido más benigno….”. Y como el presente ejercicio no pretende ser ni parecer catecismo jurídico, sino que es un intento de resolver lo que hasta hoy ha sido presentado, deliberada y maliciosamente como una antinomia irresoluble, sin ser más que un sofisma, por cuanto parte de una premisa aparentemente verdadera para arribar, fatalmente, a una conclusión aparentemente verdadera, pero verdaderamente falsa, por lo que, más que aportar respuestas digeridas, propongo que el mismo lector, INTERPRETANDO LA LEY DENTRO DE SU CONTEXTO CONSTITUCIONAL, HISTÓRICO, ECONÓMICO y CONFORME A LA INTENCIÓN DEL CONSTITUYENTE, formule su propio juicio contestando las siguientes interrogantes:

    a) ¿Qué es más acorde a nuestra Constitución y sus fines generales: que el tráfico mercantil de bienes muebles e inmuebles sea ágil, jurídicamente seguro y económico para las partes, con el consiguiente ingreso al erario público, o que en cada Estado de la Federación se cumplan todas y cada una de las formalidades legales ante notario, atento a lo previsto por el Artículo 121 Constitucional?

    b) ¿Es válidamente oponible el Artículo 121, a la facultad que la Fracción X del Artículo 73, otorga al Congreso de la Unión para legislar sobre comercio, EN TODOS SUS ASPECTOS (como la ley no distingue ni restringe, hemos de interpretarla en sus términos más amplios), incluidos los requisitos de forma, sea para reformarlos o eliminarlos, en aras de impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones?
    c) ¿Es o no es oponer el Derecho contra el Derecho, el oponer el Artículo 121 a lo dispuesto en el Artículo 73, en su Fracción XXX, que faculta al Congreso de la Unión PARA EXPEDIR TODAS LAS LEYES QUE SEAN NECESARIAS, A OBJETO DE HACER EFECTIVAS LAS FACULTADES ANTERIORES Y TODAS LAS OTRAS CONCEDIDAS POR ESTA CONSTITUCIÓN A LOS PODERES DE LA UNIÓN?

    d) ¿Es jurídicamente lógico interpretar el Artículo 121 de manera que el Congreso se inhiba de ejercer las facultades que le otorga el Artículo 73?

    e) ¿Por qué la tesis notarial en cuestión alude únicamente a los inmuebles y no a los bienes muebles, no obstante que el Artículo 121 Constitucional se refiere expresamente a ambos tipos de bienes?

    f) ¿Qué es más benigno a nuestra economía, a nuestro sistema jurídico nacional, como un todo orgánico: someter el comercio de bienes muebles e inmuebles al cumplimiento de los requisitos legales de la Entidad en que se encuentren, o fortalecer la economía nacional, legislando para impedir tales trabas?

    Capítulo IV. FACTOR ECONÓMICO DE LA ANTINOMIA.

    El aspecto económico de la antinomia nunca ha sido discutido públicamente por los autores de la tesis notarial ¿por qué; acaso no existe o es aberrante pensar que en el fondo de un problema de hermenéutica jurídica existe un substratum económico que lo motiva, y en cuyo caso la antinomia no es más que un sofisma para ocultar la realidad?

    Como todos sabemos, en la vida no todo lo que parece ser, es, y viceversa, no todo es lo que parece ser. Recordemos que hasta el más torpe de los criminales trata siempre de ocultar o al menos disfrazar su crimen para eludir su responsabilidad o al menos diferir indefinidamente su hora de rendir cuentas a la justicia. O para que no parezca tan ofensiva mi comparación (incurro aquí en lo que denuncio, al disfrazar la realidad, lo confieso), recordemos a los artífices de la buena estampa, estilistas, sastres o modistas y maquillistas de vivos y de difuntos, cada uno de los cuales ejercita sus habilidades para que el cliente cause buena impresión, presentando un aspecto agradable a los sentidos de quienes le rodean, incluso los difuntos, merced al ocultamiento de sus defectos corporales y al resaltamiento de los elementos que le favorecen. Decía Don Teófilo Berdeja que los pillos, bien vestidos, hasta parecen gente decente.

    Así son estas cosas de los intereses ocultos y fines inconfesos; los autores de la tesis notarial y causantes de la antinomia en cuestión, suelen esgrimir como justificación de su postura su enorme preocupación por la seguridad jurídica de los usuarios de la fe pública y la soberanía de los Estados de la República, desgarrándose las vestiduras ante cualquier acto que consideren atentatorio contra tales valores (a la fecha parece que son los únicos mexicanos con tales congojas), pero todo es una faramalla, pues nunca comentan que de la amplísima gama de servicios fedatarios, los relacionados con inmuebles son los más productivos económicamente, sirviendo de ejemplo que si un testamento puede expedirse por dos mil pesos, una compraventa inmobiliaria produce no menos de cinco mil pesos de ganancia, en los casos de lotes de interés social, que por lo mismo no son del interés notarial, pues su interés se enfoca en las operaciones que producen más de diez mil pesos.

    ¿Alguien conoce un Notario pobre? Aunque parezca paradójico, sí los hay; para Hacienda todos los notarios son pobres, “asegún” sus declaraciones de impuestos, aunque salta a la vista que viven como millonarios, ¿cómo; es lógicamente posible que un Notario que vive como millonario, al declarar sus ingresos pague impuestos como franciscano?

    Pero el aspecto económico de la antinomia no se reduce a la situación económica de los notarios, de suyo intrascendente. Lo verdaderamente importante es el impacto negativo que causa en la economía nacional el monopolio de la fe pública que ejercen gracias a su poder político; monopolio que contradice a grito abierto todos los discursos y políticas de gobierno sobre libre competencia y competitividad en el mercado libre y globalizado de servicios, ocurriendo aquí aquello de “candil de la calle, oscuridad de su casa”, “casa de herrero, azadón de palo”. Y ni qué decir de la simplificación administrativa, pues con el propósito de tornarse importantes en el tráfico inmobiliario, los notarios-políticos han tornado cada vez más complejo, dilatado y caro la adquisición de títulos de propiedad, lo que genera un cada vez más amplio mercado inmobiliario irregular, con enormes pérdidas económicas para el gobierno, al no recaudar los impuestos generados, porque titulados o no, los inmuebles se venden y se compran; más las pérdidas que se ocasionan a los vendedores al crédito, pues los inmuebles irregulares no pueden ser ofrecidos como garantía, amén de que el propietario no puede ser sujeto de crédito por la misma falta de título fehaciente de propiedad de su inmueble ¿y todo por qué?; porque los notarios sufrirían mucho si se vulnera la seguridad jurídica y la soberanía de los Estados al permitir la libre competencia de los Corredores en la titulación de inmuebles, y la simplificación, agilización y abaratamiento del procedimiento de titulación. Al parecer la Patria debe a tan finas personas una satisfacción por su aflicción; quizá los desagravie protocolizando en solemnísima ceremonia la Constitución General de la República en Escritura Pública ante Notario, para evitar suspicacias sobre su validez y eficacia jurídica. Para más datos sobre el tema, favor de leer “EL MISTERIO DEL CAPITAL”, de HERNANDO DE SOTO, Editorial Diana.

    Capítulo V. FACTOR POLÍTICO DE LA ANTINOMIA.

    Este aspecto, aunque no lo parezca, juega un papel fundamental en la antinomia, porque revela el doble carácter de JUEZ Y PARTE que desempeñan los notarios en la controversia, y su posición ventajosa, dado el tráfico de influencias que practican en su doble y hasta triple papel de funcionarios de los tres Poderes del Estado. En efecto, no olvidemos que más del 90 % de los notarios lo son porque son políticos, o dicho de otro modo, tan son políticos, que son notarios. Este es un hecho que hoy, gracias a la ley de acceso a la información, podemos constatar al revisar los antecedentes de cada funcionario del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial o el curriculum vitae de cada Notario vía internet, lo que no es tan difícil indagar porque ¿qué notario no se pavonea al decir “fui (o soy) Procurador, Magistrado, etc.; y viceversa, qué Procurador, Magistrado o Secretario no se jacta de ser Notario”?

    En la especie, los promotores de la tesis notarial y de su consecuente antinomia aparente, proclaman su aflicción por la seguridad jurídica y la soberanía de los Estados, pero maliciosamente ocultan al público:

    a) Que el tráfico inmobiliario es la actividad fedataria más productiva económicamente; y que en segundo lugar está la societaria;

    b) Que todos (o casi) son notarios gracias a su carrera política;

    c) Que todos (o casi) se enriquecieron como políticos, pero justifican su riqueza aludiendo a su condición de notarios, sólo que al declarar sus bienes e ingresos ante Hacienda, lo hacen como pobres de santidad, por lo que (casi) no pagan impuestos y además su riqueza queda impoluta, bien lavadita ¡Ésta sí que es una antinomia irresoluble!

    d) Que los notarios, como legisladores, hacen la ley a su favor; como funcionarios del Poder Ejecutivo la ejecutan a su favor, y como juzgadores resuelven todas las controversias no a favor de la seguridad jurídica y la soberanía de los Estados, sino a favor de sus intereses económicos personales y políticos de élite ¿o sí?

    e) Que la duplicidad de funciones a que son tan afectos los notarios, y el tráfico de influencias que le es inherente, viola flagrantemente la prohibición contenida en los Artículos 49 y 101 Constitucionales, interpretados no literal e inconexamente, sino concatenada y contextualmente, de reunir dos o más Poderes del Estado en una sola persona o corporación (no olvidemos que los notarios, además de personas físicas, pertenecen a una corporación o Asociación), sin que para esto sea óbice que antes de entrar en funciones soliciten licencia, porque ni la notaría deja de funcionar, ni los notarios dejan de percibir ingresos vía el suplente, casi siempre familiar, por casualidades de la vida, por lo que perciben doble ingreso por su doble función, y a veces son Magistrados vitalicios y notarios vitalicios ¡Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido / tras el tráfico de influencias en el binomio ideal “notario-funcionario público” (por elección o designación)! ¡ésa sí que es “doble vida”! ¡qué vida tan padre! ¿o no?

    A propósito ¿qué es la “seguridad jurídica”?, a la fecha no es más que una bandera de los notarios para hacerse los importantes, dada su “su de ellos” presunto carácter de “garantes de la seguridad jurídica”, pero, veamos; a reserva de que algún tratadista me corrija, entiendo la seguridad jurídica como la confianza de que un acto jurídico producirá los efectos jurídicos buscados, por estar hecho conforme a la ley. Luego, surge la interrogante ¿qué nos puede dar la confianza en la legalidad de un acto?: ¿un político improvisado como notario?; ¿acaso la legalidad nace del sello o del nombramiento de notario, aunque éste se haya otorgado a tontas y a locas, como se ha hecho a lo largo y ancho de la República en los últimos 70 años, con raras excepciones (valga la rebuznancia) de personas y lugares, como el DF en los últimos años?, o ¿qué opina el lector?; ¿acaso porque algún amigo político le obsequie una licencia de piloto, ya por eso podrá pilotear un avión?, pues los notarios sí lo creen, y por eso hablan de la “seguridad jurídica” como si la conocieran de siempre, como si el nombramiento conllevara conocimiento, como si el hábito hiciera al monje” ¿a poco la “seguridad jurídica es un misterio más en el rosario?

    Resumiendo este Capítulo, podemos decir que la corporación notarial no es un gremio profesional; es una élite política incrustada en todos los niveles y órganos de gobierno, municipal, local y federal, ejecutivo, legislativo y judicial, y desde allí, desde el poder mismo, el Congreso de la Unión, las instancias del Poder Ejecutivo y la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por los notarios OLGA SÁNCHEZ CORDERO y SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO, y el Titular de la Secretaría de la Función Pública Federal, EDUARDO ROMERO, y demás políticos improvisados como notarios, tratan de recuperar el monopolio perdido en los servicios fedatarios, negando valor y eficacia jurídica a los instrumentos de Corredor Público, razón por la que la lucha entre Corredores y Notarios es favorable a los Notarios, gracias a su posición política y al tráfico de influencias que les permite actuar como JUEZ Y PARTE, aunque para ello tengan que pervertir el Derecho a base de sofismas inverosímiles, como las que sustentan la Jurisprudencia de la Corte que resolvió que los Corredores no podemos certificar Testimonios de Poderes Notariales, respecto del cual elaboré un ensayo que denominé “ELOGIO A CANTINFLAS”, no con ánimo de ofender a sus autores, sino como reconocimiento sincero a su calidad histriónica; pues dicha Resolución es toda una joya de humor involuntario, pero en serio, con la seriedad propia de los Ministros. Faltaba más.

    Capítulo VI. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LA ANTINOMIA JURÍDICA

    Antes de exponer las propuestas específicas de solución a la antinomia, recordemos que los Dispositivos que integran la Carta Magna constituyen directrices del contenido de otras normas de jerarquía secundaria, cuya misión es expresar las condiciones de cumplimiento de las Constitucionales, como en el caso de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Petróleo, Ley Agraria, entre otras, Reglamentarias de los Artículos 123, 28 y 27 Constitucionales, respectivamente, sin demérito de las propiedades de generalidad y abstracción de toda norma jurídica, como bien dice nuestro autor, el Notario Antonio de Jesús Lozano: “El embarazo en la decisión de los casos propuestos no procede de falta de claridad en las leyes, sino de que estas leyes no hacen más que establecer reglas generales, y los casos que se proponen son verdaderas excepciones que no están contenidas en ellas, y que el legislador no ha previsto.”

    En el caso, la antinomia jurídica en cuestión (aparente, conste), se hace evidente al descender de las Normas Constitucionales a las Federales u Ordinarias, previstas en el segundo lugar jerárquico de la pirámide jurídica prevista en el Artículo 133 Constitucional; así, como expresión concreta de las facultades concedidas por el Articulo 73 al Congreso de la Unión para legislar sobre comercio, tenemos todas y cada una de las leyes que regulan las múltiples manifestaciones del tráfico mercantil, empezando por el Código de Comercio; y por otra parte, tenemos el artículo 13 del Código Civil Federal y sus correlativos Estatales, como expresión concreta de lo previsto en el Art. 121 Constitucional, en lo tocante a la ley aplicable a los muebles e inmuebles, de lo que resulta la conformación de dos cuerpos jurídicos en aparente contradicción: por una parte el Derecho Mercantil, caracterizado por ser esencialmente informal y por lo mismo sencillo, ágil y económico, y por la otra el Derecho Civil, caracterizado por formalista y hasta solemne en algunos casos, lo que lo torna complicado, dilatado y caro.
    Así tenemos, que como Ordenamiento prototipo del Derecho Mercantil, en lo conducente el Código de Comercio estatuye:

    “Art. 1°.- Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables.”

    Art. 2°.- A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal.”

    “3°.- Se reputan en derecho comerciantes :
    I.- Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;
    II.- Las sociedades constituídas con arreglo a las leyes mercantiles;
    III.- Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.”

    “Art. 4°.- Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no sean en derecho comerciantes, quedan, sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. …..”

    “75.- La ley reputa actos de comercio:
    I.- Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados;
    II.- Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial;
    III.- Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles;
    IV.- Los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio; V.- Las empresas de abastecimientos y suministros;
    VI.- Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados;
    VII.- Las empresas de fábricas y manufacturas;
    VIII.- Las empresas de transportes de personas o cosas, por tierra o por agua, y las empresas de turismo;
    IX.- Las librerías y las empresas editoriales y tipográficas;
    X.- Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales y establecimientos de ventas en pública almoneda;
    XI.- Las empresas de espectáculos públicos;
    XII.- Las operaciones de comisión mercantil;
    XIII.- Las operaciones de mediación en negocios mercantiles;
    XIV.- Las operaciones de bancos;
    XV.- Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior;
    XVI.- Los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por empresas;
    XVII.- Los depósitos por causa de comercio;
    XVIII.- Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos;
    XIX.- Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas;
    XX.- Los valores u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio;
    XXI.- Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil; XXII.- Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio;
    XXIII.- La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo;
    XXIV.- Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
    XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este Código; en caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial.”

    “Art. 78.- En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.”

    “Art. 79.- Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede:
    I.- Los contratos que con arreglo a este Código u otras leyes deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia;
    II.- Los contratos celebrados en país extranjero en que la ley exige escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley mexicana. En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas, no producirán obligación ni acción en juicio.”

    En contraparte, en el bando civil, la posición antinómica pretende estar centrada en el artículo 13 del Código Civil Federal cuyo texto es: “La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas: ….. III.- La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros; IV.- La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal; y V.- Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho”. No omito puntualizar que este dispositivo se complementa con lo dispuesto en el artículo 79 del Código de Comercio, antes transcrito.

    Asimismo, hay que tomar en cuenta:

    a) Al condicionar la validez y eficacia jurídica de los actos mercantiles referidos a muebles e inmuebles, previstos en el artículo 75 del Código de Comercio, al cumplimiento de requisitos previstos en leyes de aplicación supletoria, aplicable únicamente para suplementar con sus disposiciones las instituciones que contiene sin estar cabalmente reguladas, como en el caso de las facultades de los apoderados del comerciante, no es válido afirmar que el Corredor no puede fedar el otorgamiento de poderes, porque ésta es una institución de Derecho Civil, ajena a sus funciones, pues tal interpretación equivale a atribuír a las normas civiles, respecto de las mercantiles, no un carácter supletorio, sino antagónico y excluyente, lo que de suyo es aberrante, por lo que ante ello cabe preguntar ¿sería válido acaso que el Corredor emitiera una Póliza constitutiva de sociedad mercantil, sin nombramiento de Representante Legal y otorgamiento de facultades; o acaso el legislador quiso, por su ignorancia o para burlarse de los Corredores, expedir una ley inaplicable?

    b) ¿Qué quisieron decir, exactamente, los legisladores al prevenir que los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley de su ubicación?, ¿se referían acaso al continente (nombre del instrumento) en que se consigna una transacción, o al contenido (requisitos del instrumento) como la constancia del antecedente de propiedad, identidad de la cosa, precio, voluntad de las partes, etc.?, ¿o se refiere a su carácter de norma para dirimir las controversias cuando intervienen más de una legislación local?

    c) Que conforme a la pirámide jerárquica de las normas jurídicas integrantes del Derecho Nacional, expuesta en el Artículo 133 Constitucional, entre normas de la misma jerarquía existe una relación de coordinación, en tanto que entre normas de diversa jerarquía existen relaciones de subordinación o supraordinación, según la posición que cada una ocupe, razones por las que, repito, el Código Civil Federal guarda una relación de coordinación con el Código de Comercio, por ser ambos cuerpos legales de la misma jerarquía, misma razón por la que el Código Civil es de aplicación SUPLETORIA, COMPLEMENTARIA y NO ANTAGÓNICA NI EXCLUYENTE del Código de Comercio. ¿O sí?

    d) Pretender modificar la Ley Federal de Correduría Pública para suprimir la facultad fedataria de los Corredores en materia societaria, además de atentar contra el Principio del Derecho Adquirido, DESVIRTUARÍA ABSOLUTAMENTE EL CARÁCTER DE AUXILIAR DEL COMERCIO AL CORREDOR PÚBLICO, pues basta analizar el artículo 75 del Código de Comercio, para constatar que prácticamente todas las operaciones mercantiles se realizan mediante sociedades mercantiles, y si se mutila de tal modo la Ley de Correduría ¿cuál será nuestro ámbito de acción como fedatarios auxiliares del comercio? ¿Acaso de auxiliares del tráfico “mercantil” de enervantes?

    Hechas las consideraciones precedentes, cabe exponer y analizar las posibles soluciones a la antinomia en cuestión:

    A) SOLUCIÓN “CIVILISTA” (notarial). Partiendo de la interpretación literal y descontextualizada de la ley, específicamente sobreponiendo el Artículo 121 Constitucional al 73 y otros de la misma jerarquía precedentemente invocados, y siguiendo el mismo orden de ideas en que se circunscribe la Jurisprudencia denominada “ELOGIO A CANTINFLAS”, que resolvió la controversia entre Corredores y Notarios, en el sentido de que los Corredores no podemos certificar poderes Notariales, la solución consistiría en someter todas las operaciones mercantiles sobre muebles e inmuebles, pues ambos son expresamente mencionados por el citado Dispositivo Constitucional, al estricto cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación local vigente en el lugar en que se ubiquen
    dichos bienes.

    ¿VENTAJAS?: el notariado recuperaría su monopolio de la fe pública entre particulares, y a más poder económico se reforzaría su carácter de élite política sin más intereses que su interés económico particular, debidamente disfrazado como “seguridad jurídica en los negocios” y otros sofismas; se encarecería el comercio legal, se incrementaría el comercio irregular, menguarían los ingresos del erario público. Pero eso sí, habría seguridad jurídica y quedaría impoluta la soberanía de los Estados. ¡Faltaba más, que para eso están los notarios, joder!

    DESVENTAJAS: el Derecho Mercantil prácticamente desaparecería o se desvirtuaría hasta el absurdo, dado que el tráfico mercantil se vería sometido a los requisitos legales del lugar de su ubicación, convirtiéndose tales requisitos en verdaderas restricciones o estancos al comercio; prácticamente volveríamos a la edad media, o su equivalente la época colonial mexicana, cuando cada señor feudal constituía su estanco e imponía al comercio su cuota de paso o gabela, expresamente prohibidas por nuestras leyes, y que en Europa gestó la guerra de los reyes contra los señores feudales y la instauración del Estado Moderno, desapareciendo los feudos. Esta solución es más absurda en cuanto atenta contra todo sentido de comercio y noción de economía nacional, libre comercio, libre competencia, competitividad y Derecho Mercantil mismo. Tan absurda como pretender que los Corredores Públicos, auxiliares del comercio por antonomasia, tradición y ley, nos viéramos privados de intervenir como fedatarios en la constitución, modificaciones y extinción de sociedades mercantiles, pues la casi totalidad del tráfico mercantil importante se efectúa por medio de sociedades mercantiles, como se desprende del artículo 75 del Código de Comercio.

    Para normar criterios, conviene aquí transcribir lo dicho por nuestro Notario guía: “Con respecto á contradicciones de dos cláusulas en una misma ley se cita entre otros el siguiente ejemplo, que Séneca ventila en su quinta controversia. Decía la ley que la doncella que hubiese sido robada tenía derecho de pedir ó que el raptor sufriese la pena de muerte, ó que se casase con ella sin dote: ……………….. Un hombre robó en una misma noche dos doncellas, de las cuales la una quería la imposición de la pena de muerte, y la otra el casamiento: ………………. ¿Cuál era el partido que debía abrazarse? Casi todos los declamadores estaban por la muerte; pero como la ley se proponía más bien el interés de las doncellas robadas que no el castigo de los raptores, es claro que debía triunfar la doncella que prefería el casamiento, pues de otros modo quedarían ambas en el celibato, además de que es una máxima constante que habiendo igualdad de razones en pro y en contra, debe tomarse el partido más benigno. Otro ejemplo nos presenta Filístrato en las Vidas de los Sofistas. Había una ley que imponía la pena de muerte al que incitase una sedición, y ofrecía una recompensa al que la sofocase. Hubo cierto sujeto que formó una sedición, y luego la calmó él mismo. ¿Debía sufrir la pena ó llevar el premio? Es necesario empezar, le dijo el sofista Segundo, por castigar tu delito, y después recibirás, si pudieres, la recompensa del bien que haz hecho. Pufendorf llama aguda y sólida la decisión del sofista; pero más bien parece decisión de sofista que de filosofo. Si el autor de la sedición la calmó arrepentido cuando todavía estaba en su mano prolongarla y aumentar los males que de ella habían de originarse, ya que no premio, merecía á lo menos disminución de pena; porque la sociedad, que está más interesada en prevenir y atajar los delitos y sus estragos que no en castigarlos, más en redimir una vejación que no en sufrirla, debe ofrecer á la vista de los hombres que se arrojan al crimen un motivo poderoso, un aliciente, que los detenga y aún los haga retroceder en su carrera, dándoles un interés en el arrepentimiento y en la pronta reparación del daño que causaban……….”

    B) SOLUCIÓN MERCANTILISTA. Consistiría en la antítesis de la anterior. Habida cuenta de que los notarios, al ser nombrados por los gobernadores conforme a leyes locales, ab ovo solo están facultados para fedar en asuntos regulados por tales leyes, y considerando además que su facultamiento para fedar en asuntos mercantiles, federales, es excepcional, previa adecuación de las leyes se les reduciría a su ámbito original, natural y lógico de actuación, quedando impedidos en absoluto para fedar en asuntos no regulados por las leyes del lugar de su ubicación, o sea, someterlos al texto de su bandera, el Artículo 121 Constitucional.

    VENTAJAS. El derecho mexicano ganaría en coherencia y unicidad como sistema jurídico. La sociedad se libraría de golpe y porrazo de una élite política y económica formada y fortalecida a lo largo de 70 años; causante del encarecimiento del comercio al cobrar porcentaje sobre el monto de las operaciones en que intervienen, sin arriesgar un solo centavo en inversión, ni correr riesgo si fracasa la operación, y consecuentemente coadyuvantes del comercio irregular en muebles e inmuebles; y verdaderos y únicos causantes de la inseguridad jurídica en los negocios, porque la mayoría de ellos, en el ámbito nacional, son políticos improvisados como notarios.

    DESVENTAJAS. Se crearía un cuello de botella en el tráfico mercantil, un verdadero caos, toda vez que la fedación en actos de comercio, que actualmente desahogamos aproximadamente 2500 notarios y 250 Corredores, tendríamos que desahogarlo solo los Corredores, lo que además de imposible, generaría perjuicios económicos para todos, incluido el erario público.

    C) SOLUCIÓN ECLÉCTICA y PRAGMÁTICA. Nuestro autor en consulta, el señor Notario Antonio de Jesús Lozano, a la vez que nos plantea el concepto y el problema que entraña la antinomia jurídica, en su referida nota bibliográfica, nos aporta los elementos racionales válidos para su solución, como lo hemos expuesto precedentemente, siendo aplicable al caso planteado, lo siguiente: “….. es una máxima constante que habiendo igualdad de razones en pro y en contra, debe tomarse el partido más benigno …..”

    A decir verdad son varias las posibles soluciones, pero como tienen en común su eclecticismo y ánimo de no perjudicar sino de beneficiar a todos, sin exclusión, las exponemos todas las que conocemos, para que el lector reflexione sobre cuál es la mejor, la más viable jurídica, política y económicamente:

    a) La del Abogado Elisur Arteaga: “Como se ve, la Fracción II (del Artículo 121 Constitucional), contiene un Principio sólo en apariencia general. Otros Artículos de la Constitución se encargan de limitar sus alcances. No es exagerado decir que, desde el punto de vista Constitucional, podría anunciarse o interpretarse de la siguiente manera:

    “LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE LOS PARTICULARES, CON LAS LIMITACIONES, SALVEDADES Y PROHIBICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN, ESTÁN SUJETOS A UNA DOBLE JURISDICCIÓN: LA FEDERAL Y LA LOCAL”

    b) Sin disentir de la propuesta precedente, y bajo el citado criterio de nuestro autor consultado, propongo como solución alternativa para resolver definitivamente la antinomia aparente que nos ocupa, modificar la fracción V del artículo 6° de la Ley Federal de Correduría Pública, para quedar como sigue:

    “(LFCP) Art. 6°.- Al Corredor Público corresponde: V.- Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos previstos en las leyes mercantiles y demás leyes federales.”

    Asimismo, modificar la fracción I del artículo 53 del Reglamento de la LFCP, para quedar como sigue:

    “(RLFCP) Artículo 53.- El Corredor, en el ejercicio de sus funciones como fedatario público, podrá intervenir: fracción I.- En los actos, convenios o contratos previstos en las leyes mercantiles y demás leyes federales; …..”

    CONCOMITANTEMENTE, habría que modificar las fracciones III y IV del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

    “(C. C. F. Art. 13.- “La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas: ….. III.- Excepto cuando se relacione con actos de comercio, la constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros; IV.- Excepto cuando se relacione con actos de comercio, la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal; ….”

    VENTAJAS. Estas reformas son factibles al amparo del invocado Artículo 73 Constitucional, y no dejarían lugar a dudas sobre la preponderancia del Derecho Mercantil sobre el Civil, no por el afán de ser importante, sino porque este Derecho regula el comercio, una de las principales bases de nuestra economía nacional. Aún así, en caso de duda, el mismo artículo 75 del Código de Comercio nos proporciona los criterios para identificar los actos de comercio, y distinguirlos de los que no lo son. No se generaría cuello de botella alguno en el tráfico mercantil, porque seguirían actuando Corredores y Notarios. Ambos gremios competirían en lo sucesivo en igualdad de condiciones, sin ventajas ilícitas ni ocultas para uno u otro bando. El público decidiría libremente a qué fedatario acudir, sin temor de que sus documentos fueran rechazados por causas incomprensibles. Los costos de la fe pública se abaratarían, por virtud de la competencia, a la vez que mejoraría el servicio y la técnica fedataria mejoraría. Paulatinamente el gremio fedatario se depuraría de impurezas, pues los políticos abandonarían la actividad, ante la pérdida del mercado cautivo y forzado que les permitía enriquecerse rápida y fácilmente, y prohijaba su impunidad al poder “justificar” el dinero mal habido como políticos, circunstancias en las que reside actualmente el encanto de ser notarios. Ganaría la sociedad, el comercio, el Derecho porque se desenvolvería limpiamente, y los Abogados, porque ya podrían ejercer libremente su derecho a concursar por una patente notarial, hasta hoy reservada a los políticos.

    DESVENTAJAS. Se perdería la “seguridad jurídica” y la “soberanía de los Estados” a cargo de los políticos improvisados como Notarios. Y dejo el espacio libre a su disposición, para lo que gusten y manden agregar ………………………………………………
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    Sólo nos resta esperar que el Congreso de la Unión hable por el Derecho, la fortaleza del Estado y el bienestar de los mexicanos, sin distinción.

    Acapulco, Gro., a 6 de febrero de 2005.

    Lic. Adrián García Fierro.
    Corredor Público N° 2 de la Plaza y
    Presidente del Colegio de Corredores
    Públicos del Estado de Guerrero, A. C.

  4. GERARDO DANIEL DOMINGUEZ MARTINEZ Dijo:

    CONSIDERO, QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION ES UN TRIBUNAL QUE SI BIEN DEFIENDE LA CONSTITUCION, LA JUSTICIA QUE IMPARTE ESTA LIMITADA A ESE FIN, POR TANTO, ES UN TRIBUNAL DE CASACION, DE NO SER ASI, YA HUBIERA TRASCENDIDO LA IMPARTICION DE JUSTICIA EN MEXICO, LO CUAL, VEO MUY LEJANO.

  5. SERGIO CUPERTINO ALTAMIRANO PEREZ Dijo:

    en diversas ocasiones me parece que los señores ministros cuando deliberan parecen hablar para si y no para la audiencia o para sus pares, y esto es peligrosisismo y aburridisimo, peligroso por que muchos no entendemos sus argumentos y yo en lo personal detesto esa actitud de dioses del olimpo decidiendo la suerte de los mortales, caramba que molesto, como si ellos fueran lo mejor de la abogacia en mexico, nada mas falso. aparte me parece una corte muy burocratizada que se asemejaria a las cortes de la epoca de los Luises en francia, porque la actitud y la soberbia ya la tienen, y por ultimo CARAMBA QUE SUELDOS y no quisieron ganat menos ni aceptar descuentos que tal ? .