El proyecto de sentencia sobre el matrimonio homosexual
El proyecto de sentencia sobre el matrimonio homosexual
29 julio 2010
Autor:
Sección: Posiciones

Jorge Adame Goddard*

 Recientemente, el ministro Sergio Valls presentó al pleno de la Suprema Corte de Justicia un proyecto de sentencia que declara constitucional las reformas hechas al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal (y a otros artículos del Código de Procedimientos Civiles) que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. El jueves 1° de julio el pleno de la Suprema Corte de Justicia inició la discusión del proyecto y concluyó que no era aceptable la conclusión de sobreseer la cuestión sobre la constitucionalidad del artículo 391, relativo a la adopción, pues aunque no fue modificado por la reforma, ésta lo afectaba y le daba un nuevo contenido: permitir que los matrimonios entre personas del mismo sexo pudieran adoptar niños. Este mes de agosto se reanudará la discusión del proyecto.

A continuación presento, de manera sintética, los cinco conceptos de invalidez propuestos por el procurador general de la República en su demanda de inconstitucionalidad, junto con la respuesta del ministro Valls en su proyecto de sentencia y mi opinión al respecto.

 1. La reforma viola el artículo 16 constitucional porque carece de motivación

El actor argumenta que la reforma del Código Civil, en contravención del artículo 16 constitucional, no fue debidamente motivada por el legislador, porque si bien éste declaró que intentaba eliminar la discriminación que sufren las personas homosexuales por no poder unirse en matrimonio, el actor señalaba que el legislador nunca explicó de qué manera el matrimonio exclusivamente heterosexual generaba discriminación de los homosexuales y de las lesbianas. Añade el actor que el matrimonio se concibe como heterosexual porque uno de sus fines es la procreación, y que los homosexuales y las lesbianas que quisieran unirse afectivamente con efectos jurídicos lo podían hacer formando una “sociedad de convivencia” de acuerdo con la ley aprobada por la misma Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Dice el proyecto (p. 130) que no es válida la falta de motivación que alega el actor, porque “esta Corte ha sostenido en reiterados precedentes”, sin citar cuáles son, que “la motivación se colma cuando las leyes que emite [un órgano legislativo] se refieren a relaciones sociales que deben regularse jurídicamente”, lo cual equivale a decir que no hace falta motivar sino sólo legislar sobre relaciones sociales. Concluye (p. 131) que “no asiste razón al accionante, en cuanto a la violación del artículo 16 constitucional […] ya que esta Suprema Corte ha sostenido en distintas ocasiones [sin especificar cuáles] que el legislador no está obligado a justificar dentro del procedimiento legislativo […] que la creación de normas obedece a determinados objetivos que se corresponden con la realidad social”.

La argumentación y la conclusión anterior equivalen a la simple afirmación de que la Suprema Corte de Justicia ha definido, sin saber a ciencia cierta dónde, que el legislador no debe explicar las causas (es decir la motivación) por las cuales expide una ley.

Después de esa conclusión, el autor del proyecto hace una larga exposición (pp. 131 a 158) para explicar que la reforma promueve la igualdad entre las personas, tal como lo prescribe el artículo primero constitucional. Plantea (p. 134) la discusión sobre la validez de la ley en estos términos: “Debemos verificar la razonabilidad de la norma general impugnada, bajo los siguientes criterios: i) si los hechos, sucesos, personas o colectivos guardan una identidad suficiente que justifique darles el mismo trato, o bien, que tienen diferencias objetivas relevantes y, por ende, debe dárseles un trato desigual […] y ii) si la opción elegida por el legislador no trastoca otros bienes o valores constitucionalmente protegidos”.

Comienza este análisis examinando (pp. 136 a 153) si existe en la Constitución un concepto definido de familia y de matrimonio, especialmente en el artículo 4° constitucional. Esto ya es materia del segundo concepto de invalidez, relativo a la violación de ese artículo constitucional, por lo que lo trataré posteriormente. Luego (p. 153) retoma el tema de la igualdad y se pegunta si la reforma “respeta la igualdad y la no discriminación”. Afirma que todas las personas tienen el derecho fundamental al “libre desarrollo de su personalidad”, lo que comprende “la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien decidir no tenerlos […] así como su libre opción sexual”. En consecuencia, “tratándose de personas homosexuales y/o lesbianas […] es parte de su pleno desarrollo el establecimiento libre y voluntario de relaciones afectivas con personas del mismo sexo”.

Añade que dichas relaciones, “como informan los diferentes datos sociológicos, poseen características idénticas a las que tienen las parejas de diferente sexo, es decir, tanto unas como otras constituyen una comunidad de vida a partir de lazos afectivos, sexuales y de solidaridad recíproca, con una vocación de estabilidad y permanencia en el tiempo”. Pero no da la cita de qué estudios sociológicos son los que sustentan esa afirmación.

Más adelante (p. 156) reconoce que “es cierto que existen diferencias entre unas y otras parejas, sobre todo en cuanto a la limitante de procrear hijos biológicamente”, pero afirma que ésta no es una “diferencia o desigualdad” que incida en la decisión de homologar el matrimonio de parejas homosexuales con el de parejas heterosexuales, porque (p. 156) “la potencialidad de la reproducción no es una finalidad esencial” del matrimonio. Añade (p. 157) que la figura de las “sociedades de convivencia” no da una plena igualdad a los homosexuales porque “es un hecho que el matrimonio es la única institución que tiene un reconocimiento o posición jurídica especiales”.

Concluye (p. 159) que la reforma del artículo 146 “satisface una razonabilidad objetiva”, al dar a las personas homosexuales o lesbianas la posibilidad de unirse en matrimonio al igual que las personas heterosexuales.

Me parece que es evidente que las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo son diferentes de las establecidas entre personas de diferente sexo, porque en las primeras no existe diversidad sexual ni la complementariedad sexual, uno de cuyos frutos es la procreación. Las relaciones heterosexuales se dan entre sujetos de sexo diferente y con el fin de la unidad que produce la complementariedad sexual, que ordinariamente comprende la procreación como fruto. Las relaciones afectivas homosexuales se dan entre sujetos del mismo sexo y por lo mismo no pueden aspirar a la complementariedad, ni a la procreación, por lo que tienen como finalidad o causa sólo la ayuda mutua. La afirmación que hace el autor del proyecto de que la posibilidad de la procreación no es un fin esencial del matrimonio es totalmente gratuita: en todos los códigos civiles de la República, salvo el del Distrito Federal con esta reforma, se afirma lo contrario. Las relaciones entre personas del mismo sexo son esencialmente diferentes de las relaciones heterosexuales, y por lo tanto se justifica darles un tratamiento jurídico diferente, lo cual no implica ninguna discriminación, sino un trato desigual a lo que es desigual.

Cabe citar la sentencia que acaba de pronunciar (30 de junio de 2010) la Corte Europea de Derechos Humanos, que resolvió que la negativa del gobierno austriaco a que una pareja de homosexuales se uniera en matrimonio no constituía un acto de discriminación.1

 2. La reforma viola el artículo 4° constitucional, párrafo primero

La argumentación del actor es muy clara. La Constitución federal dispone en el artículo 4°, primer párrafo, que la ley “protegerá la organización y el desarrollo de la familia”. Para entender qué significa la palabra “familia” en este artículo, se alega que en el dictamen de la comisión encargada que propuso la aprobación de esta reforma se dice textualmente que la “entidad familiar, cada vez en mayor medida, se compone por el padre, la madre y pocos hijos”, y añade: “Este modelo es el ideal de nuestra sociedad futura”.2

Está claro, entonces, que la familia que protege el artículo 4° constitucional es la compuesta por el padre, la madre y los hijos. Este modo de interpretar el significado de la palabra “familia” en el artículo 4° constitucional es congruente con la tesis sobre interpretación constitucional que ha emitido la Suprema Corte, que dice que ante la “oscuridad o insuficiencia de la letra” de la Constitución “debe acudirse a los mecanismos que permitan conocer los valores o instituciones que se pretendieron salvaguardar por el Constituyente o el poder revisor”.3 Como no hay en el artículo 4°, ni en todo el texto constitucional, una definición de lo que es familia, se acude al valor que quiso preservar el poder revisor (o Constituyente Permanente) que fue proponer la familia compuesta por padre, madre y pocos hijos como el “ideal de nuestra sociedad futura”.

El proyecto dice que el artículo 4° protege a la “familia” pero no al matrimonio (p. 137), y que “no es posible inferir que la Constitución protege sólo un único modelo de familia” (p. 138). Añade que la familia es una “realidad social” antes que jurídica y reitera que la Constitución “no alude a un modelo de familia ideal” (p. 140) y continúa con una larga disertación acerca de los cambios sociales en la institución familiar (pp. 140 a 145), los cuales han hecho que el legislador cambie el concepto de matrimonio.

El autor del proyecto no da argumentos para explicar por qué la interpretación de la palabra “familia”, de acuerdo con las palabras del dictamen que propuso la aprobación del artículo 4°, no es sostenible; simplemente la niega diciendo que “no es posible inferir un único modelo de familia” o que la constitución “no alude a un modelo de familia ideal”. El hecho, no desmentido, es que la palabra “familia” del artículo 4° constitucional significa, de acuerdo con las reglas de interpretación constitucional emitidas por la misma Corte, la comunidad de padre, madre e hijos.

Es cierto que el artículo 4° protege a la familia y no al matrimonio, pero el artículo da un mandato constitucional: que la ley “protegerá la organización y el desarrollo de la familia”, y la organización de la familia depende de la unión del padre y de la madre, que puede ser por matrimonio o por concubinato (que también crea un vínculo jurídico). Pero evidentemente se transgrede el mandato constitucional cuando por efecto de una disposición legal, esto es, el nuevo artículo 146, se permite constituir una familia mediante la adopción de hijos por matrimonios de personas del mismo sexo, en la que no puede haber padre y madre. Es distinto el caso en que por diversas circunstancias (por ejemplo, muerte de uno de los progenitores o abandono de hogar) se produzca de hecho una familia incompleta en la que falta el padre o la madre, porque entonces tal resultado no es efecto de la ley sino de las circunstancias.

Abundando en su argumentación, el actor añade, en sus conceptos de invalidez, que en varios instrumentos internacionales ratificados por México se habla del matrimonio como unión entre varón y mujer. En la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 16) se dice que “los hombres y las mujeres […] tienen derecho a casarse y fundar una familia” y que durante el matrimonio tendrán iguales derechos; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) se afirma sustancialmente lo mismo, y en el preámbulo de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” se habla de “la función tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos” (párrafos 13 y 14).

A este argumento, el autor del proyecto responde que al momento de la ratificación de los tratados “no era siquiera pensable o reconocible su existencia [de personas homosexuales]” (p. 146) y “menos aún” que pudieran establecer relaciones o uniones “de acuerdo con su orientación sexual”. Reitera también que al momento de la ratificación de los tratados “no existía la exigencia de dispensar protección jurídica a esas relaciones”.

Ese alegato del autor del proyecto viene a ser una confirmación de que el sentido de los tratados mencionados es proteger a la familia fundada en el matrimonio entre varón y mujer. El texto de los tratados puede evolucionar mediante modificaciones que aprueben los Estados, por ejemplo, por medio de un protocolo de enmiendas, pero como estos tratados no han sido modificados en las disposiciones citadas, se entiende que siguen en vigor en el mismo sentido que tenían originalmente.

Respecto del argumento de que la familia es una realidad sociológica antes que jurídica, y que, por lo tanto, hay tantos tipos de familia como comunidades afectivas existan, cabe responder que el Derecho tipifica las relaciones sociales distinguiendo unas de otras y dando a cada una un régimen propio. El Derecho mexicano, tanto el civil (véanse todos los códigos civiles) como el público (aparte del texto del artículo 4° constitucional y otros artículos constitucionales que hablan de la familia —2-b-VIII, 3-II-c, 16, 18 párrafo sexto, 27-XVII, 107 y 123—, hay 85 leyes federales que hablan de la familia en 801 lugares distintos; hay ocho constituciones locales que afirman que la familia, no “las familias”, es la “base fundamental de la sociedad” ), ha tipificado a la familia como la comunidad afectiva de padre, madre e hijos, y a ella le ha dado un régimen propio y una protección constitucional. Es cierto que sociológicamente puede haber muchas otras comunidades afectivas, incluso algunas de carácter criminal, que se denominen “familia”, pero no son las que el Derecho mexicano considera como tal.

 3. La reforma del matrimonio, al permitir la adopción por parejas del mismo sexo, viola el artículo 4° constitucional, párrafos 7 y 8, así como diversos tratados internacionales

El actor argumenta que el artículo 4° constitucional dice que el niño tiene derecho a todo lo necesario para su “desarrollo integral” (párrafo sexto) y que el Estado debe cuidar que se respete “la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos” (párrafo séptimo). La adopción de los niños por parejas del mismo sexo no es la adecuada para que el niño tenga un desarrollo integral, ni le permite al menor quedar integrado en una familia de padre y madre, que es la familia constitucionalmente protegida. Cita además tratados internacionales en los que se establece el principio del “interés superior del menor”, que es el que debe regir todas las decisiones que se tomen sobre los menores, y criterios jurisprudenciales de la misma Corte en que se acepta ese mismo principio.

Este concepto no fue analizado originalmente por el autor del proyecto, por considerar que no era procedente discutir la inconstitucionalidad del artículo 391 relativo a la adopción. Pero como el pleno resolvió sí considerarlo, el autor del proyecto le hizo un añadido en el que dio sus argumentos. Su principal tesis es que el texto de la Constitución no se refiere a un modelo específico o ideal de familia. Pero no da razones para descartar que la palabra “familia” en el artículo 4° significa, como lo dice el dictamen de aprobación del artículo, la comunidad de padre, madre e hijos. Dice que se pueden formar muchos tipos de familia y que la Constitución debe amparar “o acoger todos los tipos de familia, sin excepción alguna” (p. 6 del anexo), lo cual significaría que la palabra “familia” no tiene ningún significado jurídico concreto, lo que, como expuse arriba, es absurdo, pues llevaría a afirmar que las palabras de las leyes no tienen un significado propio, determinado, sino el que los sujetos obligados le quieran dar; es decir, que las leyes no serían imperativas.

Admite que en materia de adopción lo principal es garantizar que el niño adoptado tenga las mejores condiciones de vida posibles, pero afirma que no es aceptable que el menor adoptado por una pareja de personas del mismo sexo quede en situación de desigualdad respecto de menores adoptados en una familia heterosexual. En apoyo de esto cita la opinión presentada por “la Universidad Nacional Autónoma de México”, cuando en realidad es la opinión personal de un determinado grupo de investigadores, cuyo nombre debería presentarse, y no una opinión institucional. Añade que de hecho existen familias monoparentales y que su número va en aumento.

Es indudable que en materia de adopción se ha de privilegiar el punto de vista del menor, ya que la adopción no es un medio para constituir una familia, ni un derecho que tengan ciertas personas a que se les provea de niños para así tener una familia, sino un recurso para aliviar la situación de un menor en estado de vulnerabilidad, por faltarle sus padres. El menor adoptado por una pareja de personas del mismo sexo tendrá dos padres o dos madres, pero no tendrá mamá y papá; eso constituye una desigualdad innegable respecto de los niños que tienen padre y madre, y que por lo tanto podrán recibir una educación en la que se comprenden los modos de ser, pensar, querer, amar y sentir masculinos y femeninos, es decir, una educación integral. La situación del menor adoptado por una pareja del mismo sexo no es equiparable a la de un niño que vive en una familia monoparental, con sólo uno de sus padres, por causa del divorcio o de la muerte de uno de ellos. En el caso de divorcio, el niño tiene otro progenitor de sexo diferente, que puede estar más o menos cercano a él; en el caso de muerte, el niño tiene el recuerdo del ascendiente fallecido, sea porque él lo conoció o porque su padre o su madre actual le habla de él, y ese recuerdo hace las veces, aunque de manera incompleta pero real, de una presencia masculina o femenina en su origen y desarrollo.

 

4. Violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales

El cuarto concepto de invalidez alegado por el actor es que la reforma vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fundamenta su afirmación en que el artículo 121-IV de la Constitución señala que los actos del estado civil celebrados conforme a las leyes de un estado tendrán validez en todas las entidades federativas. Este precepto haría que los matrimonios de personas del mismo sexo que se celebran conforme a la ley del Distrito Federal tuvieran validez y efecto en los demás estados de la República, cuando en todos ellos su legislación civil, y en Yucatán la propia Constitución local, establecen el matrimonio entre varón y mujer. Resultaría entonces que la ley del Distrito Federal tendría efectos extraterritoriales, en contra de lo que dispone el mismo artículo 121 en su fracción primera, donde señala que las leyes locales tendrán efecto sólo en su propio territorio. Tomando en cuenta lo anterior, no hay seguridad de que el matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el Distrito Federal vaya a tener efecto en los demás estados, como sí lo tiene el matrimonio entre varón y mujer. Además, añade el actor, la reforma plantea un conflicto con la legislación federal, pues el Código Civil Federal contempla el matrimonio como unión entre varón y mujer, de modo que tampoco hay seguridad de que la legislación federal, que en materia de matrimonio y familia tiene como ley supletoria el Código Civil Federal, asuma como matrimonio la unión de personas del mismo sexo.

El proyecto responde afirmando que la reforma del matrimonio en el Distrito Federal cumple con los requisitos de seguridad y legalidad, tal como los ha entendido la Corte, pues indica cómo pueden las personas hacer valer su derecho a contraer matrimonio y le da seguridad sobre la validez y consecuencias jurídicas de su acto (p. 165). Reconoce que el problema se origina por el artículo 121-IV que da validez en todos los estados a los actos celebrados en uno. Para resolverlo dice que “resulta necesario distinguir entre la validez del acto del estado civil y ejecutar la validez o los efectos de un acto del estado civil” (p. 173). Añade que “dar validez a un acto del estado civil implica únicamente el reconocimiento de dicho acto, sin tener mayores implicaciones o consecuencias, mientras que la ejecución de dicho acto o sus efectos conlleva a una práctica procesal extraterritorial, no sólo de la institución civil, sino también de las leyes sustantivas”. Con esto parece decir que los estados podrán reconocer la validez de los matrimonios de personas del mismo sexo celebrados en el Distrito Federal, pero que no tendrán efectos en sus territorios porque ello implica una aplicación extraterritorial de una ley ajena. Y agrega que para resolver los conflictos que se plantearán entre las leyes locales y la del Distrito Federal se podrían aplicar los artículos 12 a 15 del Código Civil Federal.

En realidad, esta argumentación lo único que hace es reconocer la existencia del problema constitucional de competencia de las leyes locales que plantea la reforma del artículo de matrimonio. Decir que los estados tienen la obligación de reconocer la validez de los matrimonios del Distrito Federal, pero que no tienen que reconocer los efectos de esos actos, es tanto como decir que los reconocen para que produzcan efectos sólo en el Distrito Federal, pero no en otro territorio; es decir que, en realidad, no los reconocen. Señalar que el problema puede resolverse aplicando las reglas de conflicto de leyes (artículos 12 a 15) del Código Civil Federal es, por una parte, reconocer la existencia del conflicto de competencia entre las leyes locales y la ley del Distrito Federal, pero además estas reglas no resuelven el problema, porque la que es aplicable (artículo 13-II) dice que “el estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio”, de modo que aplicando esta regla al matrimonio entre personas del mismo sexo, habría que decir que sólo vale en el Distrito Federal. En conclusión, los contrayentes del mismo sexo casados en el Distrito Federal no tienen seguridad de que su unión les será reconocida en otros estados.

 

5. Violación de la jerarquía de leyes establecida en el artículo 133 constitucional

El promovente alega que la reforma del Código Civil contraviene el orden jerárquico de las leyes establecido en el artículo 133 de la Constitución federal, porque la reforma contradice los artículos 4, 14 y 16 y, consecuentemente, el 133. En realidad, no es un argumento diferente, sino la reiteración de que la reforma es anticonstitucional. El autor del proyecto no hace ni siquiera alguna observación a lo dicho por el actor.

Pero debe considerarse si la reforma del Código Civil del Distrito Federal afectará la legislación federal, y aun la propia Constitución general, en cuanto modifica el contenido de muchas de sus disposiciones que se refieren a la familia o al matrimonio, esposos o esposas, así como modifica el contenido del artículo del mismo Código Civil relativo a la adopción. Si el pleno decidió que debió analizarse el efecto que tenía la reforma en el mismo Código Civil, en el artículo relativo a la adopción, con mayor razón debe considerarse el efecto que pudiera tener la reforma en la legislación federal.

De acuerdo con el artículo 133 constitucional, la “ley suprema” de la República es la Constitución, los tratados y las leyes federales, y a esas leyes deben ajustarse los jueces de cada estado, no obstante las leyes locales en contrario. De acuerdo con esto, el Código Civil local no puede servir para entender lo que significa matrimonio en el artículo 30-B-II de la Constitución, que dice: “La mujer o el varón extranjero que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos…” podrán adquirir la nacionalidad mexicana. Aquí la Constitución misma habla de matrimonio entre varón y mujer, y la ley aplicable para discernir lo que es el matrimonio en el texto constitucional es el Código Civil Federal, que es la ley propia de la materia, por lo que no sería posible admitir que el matrimonio celebrado con arreglo al Código Civil del Distrito Federal entre personas del mismo sexo, una de las cuales es extranjera, tendría como efecto que el extranjero adquiriese la nacionalidad mexicana. Tampoco podría interpretarse el artículo 3° constitucional, en su fracción II-c, cuando dice que uno de los objetivos de la educación nacional es promover el aprecio por la “integridad de la familia”, en el sentido de que “familia” comprendería la fundada en la unión, reconocida como matrimonio en el Código Civil del Distrito Federal, de dos personas del mismo sexo.

Lo mismo debe considerarse respecto de otras muchas leyes federales (he detectado 85) que se refieren a estos temas, entre las que cabe mencionar la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, etcétera.

Si se quisiera que el contenido de estas leyes se interpretara a la luz de lo que dispusiera el Código Civil del Distrito Federal, evidentemente se daría una contradicción con lo dispuesto en el artículo 133 constitucional.

 

Conclusión

El reconocimiento de la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, como lo propone el proyecto presentado por el ministro Sergio Valls, implica muchos problemas de constitucionalidad, no sólo en cuanto al mismo matrimonio entre personas del mismo sexo, sino además por los efectos que tendría respecto de 1) las posibilidades de estas parejas de adoptar, o de poder recibir tratamientos de fertilidad asistida (otro problema aún no contemplado); 2) los efectos que tendrían esos matrimonios fuera del Distrito Federal; 3) los efectos que tendrían respecto de la legislación federal.

En relación con este último y con el de la soberanía legislativa de los estados, debe mencionarse aquí la solución que dio el Congreso de Estados Unidos a este tipo de problemas de competencia y jerarquía de las leyes, emitiendo una ley, de sólo dos artículos —la Defense of Marriage Act— que dispone: 1) para efectos federales, el matrimonio es unión de varón y mujer; 2) los estados no tienen que reconocer la validez del matrimonio homosexual celebrado en otros estados.

En cambio, la constitucionalidad de las sociedades de convivencia no está en duda y no tiene esos efectos problemáticos. Reservar el matrimonio a la unión entre varón y mujer no es discriminatorio; es mantenerlo como siempre se ha considerado en la historia, la cultura y el derecho mexicanos.

 

 

NOTAS

 

* Jorge Adame Goddard es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

[1] La sentencia puede verse en el sitio oficial de la Corte Europea de Derechos humanos: www.echr.coe.int.

2 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, XLIX Legislatura, México, año II, tomo II, 12 de noviembre de 1974, p. 9.

3 Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo VII, abril de 1998, p. 117.

 

 

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