Ignacio Francisco Herrerías Cuevas

Independientemente de las críticas que se puedan hacer por la falta de experiencia y capacidad del Ejecutivo federal para atacar el problema de fondo del narcotráfico, y por la incursión del ejército en actividades de competencia civil, el artículo 89, fracción VI, de la Constitución prescribe claramente que una de sus obligaciones es preservar la seguridad nacional en el interior y el exterior del país, obligación que Norberto Bobbio define de la siguiente manera: “El fin del Estado sólo es la ʻseguridadʼ entendida como la ʻcertezaʼ de la libertad en el ámbito de la ley”. En este sentido, sería irracional pensar que el combate iniciado en contra de la delincuencia no tenga por objeto el bienestar de la comunidad y, por el contrario, que las acciones tomadas pretendan la muerte de miles de personas y la vulneración de derechos fundamentales. Así pues, será difícil que la demanda ante la Corte Penal Internacional prospere en el sentido de atribuir genocidio, crímenes de guerra o lesa humanidad directamente al presidente Calderón.

Víctor Emilio Corzo Aceves

No creo que proceda, primero, porque es una distorsión de la realidad, ya que a quien se debería denunciar es a los narcotraficantes. Segundo, jurídicamente es inadmisible, con base en el principio de complementariedad codificado en el Estatuto de Roma, ya que el Estado mexicano ha investigado o puede investigar las conductas delictivas conexas a los hechos que se denuncian. Tercero, porque no existe fundamento razonable para considerar que se ha cometido un crimen de la competencia de la Corte por parte del Estado mexicano. Y cuarto, porque una investigación de ese tipo no sería en “el interés de la justicia”, ya que generaría más problemas que beneficios en México: mermaría los esfuerzos del combate al narcotráfico y permitiría que la delincuencia recuperara terrenos perdidos.

Ernesto Eduardo Corzo Aceves

En mi opinión no procederá. Es importante señalar que este tipo de denuncias en contra de presidentes, muchas veces sin fundamento y muy comunes ante tribunales internacionales, casi nunca son procedentes y quienes las presentan solamente lo hacen para ejercer presión en el seno del Estado para promover sus intereses como organización. En este caso hay que advertir que la denuncia será aceptada por la Corte —ya que jurídicamente está obligada a hacerlo—, sin embargo quedará archivada en la etapa de análisis que realiza el fiscal. Lo anterior en razón de que no tiene posibilidad alguna de proceder por una multiplicidad de razones jurídicas, siendo la más importante que no hay ni un solo país en el mundo u organización internacional que no aplauda o exprese su apoyo a las acciones del presidente Felipe Calderón en su lucha en contra del narcotráfico.

Alberto E. Nava Garcés

Más que una demanda, se trata de una relatoría de hechos a investigar, una serie de conclusiones para incorporarse a un posible juicio. ¿Qué tanto puede pesar esto en la fiscalía de la Corte Penal Internacional? Me sorprende que, a pesar de pretender ser concluyentes, los “expertos” que han impulsado este documento no atinen a señalar cuál hipótesis normativa es la que ha actualizado el presidente en funciones. Asimismo, resulta grave que soslayen a las instancias previas antes de ocurrir a la Corte Penal Internacional. Un documento en este sentido no tiene viabilidad.

Javier Dondé Matute

Uno de los problemas de la petición es que no describe una situación, sino que realiza imputaciones directas a personas determinadas, sin una investigación criminal. El problema con esto es que dicha determinación es facultad del fiscal de la Corte Penal Internacional, y además prejuzga en el resultado de la investigación. Es extremadamente prematuro mencionar responsables, crímenes cometidos y formas de autoría y participación.

Carlos Castresana

No veo cómo. Los términos legales deben interpretarse con rigor. No se da la primera condición de los tipos penales de crímenes de guerra, que es la existencia de un conflicto armado conforme lo definen las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales. Tampoco puede hablarse de crímenes contra la humanidad, pues no veo que haya un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, como exige el Estatuto de Roma. Finalmente, tampoco se dan los requisitos del tipo de genocidio, pues no concurre el propósito de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

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