Del interés superior del menor
Del interés superior del menor
1 febrero 2011
Autor:
Sección: Posiciones

Enrique F. Ruiz de Chávez V.*

Para quienes se mueven en el ámbito del Derecho de familia es habitual referirse a un derecho que se consagra a favor de los menores: el interés superior. No obstante, esta noción ha sido utilizada de manera vaga en diversas legislaciones y ha caído en la indeterminación, quedando sujeta a numerosas interpretaciones para justificar la toma de decisiones. ¿En qué consiste realmente el interés del menor? El autor de este artículo nos ofrece su posición al respecto.

El “interés superior del menor” es un término rimbombante que aunque se aplica mucho, en realidad dice poco. El problema radica en que a la fecha no existe una definición clara, oportuna y congruente del término referido.

El interés superior va mucho más allá de una cuestión litigiosa; es la protección que debe reconocerse al menor dentro y fuera de los tribunales; es un cúmulo de derechos que deberán observarse en el seno familiar, en la formación escolar y extraescolar, así como en el andar de la vida misma, donde los ciudadanos no se sientan ajenos a la observación y al cumplimiento, sino, al contrario, estén comprometidos con su correcta aplicación y, sobre todo, con el hecho de que el beneficiario último y primario sea precisamente el menor.

El interés superior de los menores se contempla en el artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución federal; en la Convención Sobre los Derechos del Niño, y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes. El artículo 4°, párrafo sexto, de nuestra Carta Magna, a la letra menciona: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. El párrafo transcrito señala cuatro elementos o figuras jurídicas que pongo a discusión, sin mencionar textualmente el interés superior del menor.

1) Alimentación. Según el Derecho de familia, los alimentos comprenden la habitación, la comida, el vestido, la asistencia en casos de enfermedad, así como la preparación para tener una profesión, arte u oficio adecuado a cada sexo, para solventar de manera autosuficiente e independiente, en su momento, las necesidades anteriores.

2) Salud. Éste es un término relativo, pues la salud es un estado físico en que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones de acuerdo con las características de la composición del cuerpo humano, el sistema nutricional que se adopte y las condiciones geográficas en las que se desenvuelve la persona. Es un “componente sinergético de bienestar social”1 jurídicamente tutelado.

3) Educación. Es la formación que recibe el individuo tanto en el seno familiar (80%) como en el ámbito académico (20%). La primera inculcará a la persona valores y principios, de manera produzca mejores seres humanos, mientras que la formación escolarizada deberá enseñar y perfeccionar los principios y las técnicas para adquirir las habilidades necesarias para el futuro autosustento personal.

4) Sano esparcimiento. Son las actividades complementarias a la educación, la salud y la alimentación que permiten la formación integral del individuo, las cuales deberán llevarse a cabo fuera de los lugares tradicionales donde se ejecutan las figuras precedentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, aplicable también a las niñas y a los adolecentes, en su artículo 3, apartado 1, dice: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Por su parte, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 3, apartado A, señala como principio rector de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolecentes el interés superior de la infancia; el artículo 4 hace hincapié en que las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social; incluso, que la aplicación de la ley en comento atenderá el respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha manifestado que “la expresión ‘interés superior del niño’ [...] implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”,2 concepto que sigue siendo ambiguo, pues ¿cuál es el criterio rector, cuando cada juzgador tiene el propio, y entre juzgadores del mismo distrito judicial no se ponen de acuerdo?

Así pues, los cuerpos normativos invocados citan textualmente el término “interés superior del menor”, pero ninguno define el concepto. Con la intención de clarificarlo, nos detendremos brevemente en cada uno de ellos.

La Convención Sobre los Derechos del Niño

La Convención Sobre los Derechos del Niño suscrita por el Estado mexicano, aprobada por el Senado y que se encuentra en vigor, señala que debe entenderse por “niño” a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad o se emancipe. Al niño se le asegurará: a) la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, se tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas, y b) que las instituciones, servicios y establecimientos encargados de su cuidado o protección cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

A los menores de edad se les reconocen los siguientes derechos: 1) a la vida; 2) a la supervivencia y el desarrollo; 3) a ser inscrito inmediatamente en el Registro Civil después de su nacimiento, teniendo derecho —desde que nace— a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos; 4) a formarse un juicio propio expresando su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, por lo que se tendrán debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez; 5) a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional; 6) a la libertad de expresión, lo que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo —sin consideración de fronteras—, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño, siempre y cuando se respeten los derechos o la reputación de los demás y se proteja la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública; 7) a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, debiendo el Estado respetar los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de este derecho conforme a la evolución de sus facultades; profesar la religión o las creencias estará sujeto únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás; 8) a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas, siempre y cuando sean necesarias para una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas, o la protección de los derechos y libertades de los demás; 9) a ser adoptado si y sólo si la adopción es autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables, y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales, y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario; 10) al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud; los Estados partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios; 11) a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; 12) a la educación —primaria de manera obligatoria, secundaria, preparatoria o general, y profesional, la cual deberá estar encaminada a: a) desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) inculcar el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) inculcar el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y de sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos, y personas de origen indígena; e) inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural—; 13) a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social; 14) a proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias; 15) a protegerlo contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Estos quince derechos enunciados son enunciativos, más no limitativos.

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes 

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes, reglamentaria del párrafo sexto, artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace la siguiente distinción: son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos. Esta ley señala que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles a estos menores de edad un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, siendo principios rectores de la protección de los menores el interés superior de la infancia; la no discriminación por ninguna razón, ni circunstancia; la igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales; vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo; tener una vida libre de violencia; la corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad, así como la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a los menores de edad se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, mediante una vida digna, donde se les garantice la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones. Por otra parte, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación; además, se debe proteger a los menores contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Los menores tienen prioridad a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; a que se les atienda antes que a los adultos en todos los servicios, en igualdad de condiciones; a que se les considere para diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos, y a que se asignen mayores recursos a las instituciones encargadas de proteger sus derechos.

Por lo que toca al derecho a la vida, a los menores se les garantizará, en la máxima medida posible, su supervivencia y su desarrollo. Además, no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, sexo, idioma o lengua, religión, opinión política, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad física, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista. Los menores tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social, por lo que deberán ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3° constitucional, sobre todo en lo que se refiere al descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual, la explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata, los conflictos armados, los desastres naturales, las situaciones de refugio o desplazamiento y las acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados.

Además, la identidad del menor estará compuesta por el nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, con su debida inscripción en el Registro Civil; por la nacionalidad; por la filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban; por la pertenencia a un grupo cultural y a compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos. Las niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres o de los familiares con los que convivan, ni causa de la pérdida de la patria potestad; no podrán juzgarse como exposición ni estado de abandono los casos de padres y madres que, por extrema pobreza o porque tengan necesidad de ganarse el sustento lejos de su lugar de residencia, tengan dificultades para atenderlos permanentemente, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, los traten sin violencia y provean para su subsistencia.

Por su parte, el derecho a la salud pretende reducir la mortalidad infantil; asegurarles asistencia médica y sanitaria para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de su salud; promover la lactancia materna; combatir la desnutrición mediante la promoción de una alimentación adecuada; lograr que los menores sean vacunados; recibir atención pre y postnatal a las madres; ser atendido de manera especial en caso de enfermedades endémicas, epidémicas, de transmisión sexual y del VIH/SIDA, mediante programas de prevención e información sobre ellas; prevenir embarazos tempranos; recibir atención apropiada a su condición, que los rehabilite, les mejore su calidad de vida, les reincorpore a la sociedad y los equipare a las demás personas en el ejercicio de sus derechos; que se detecten y atiendan de manera especial los casos de infantes y adolescentes víctimas o sujetos de violencia familiar.

Con respecto a la educación, ésta deberá respetar la dignidad de los menores y les formará para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3° de la Constitución, además de que deberá observar las medidas necesarias para que se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requirieran para su pleno desarrollo, evitando la discriminación en materia de oportunidades educativas, contrarrestando las razones culturales, económicas o de cualquier otra índole que propicien dicha discriminación. Además, se impulsara la enseñanza y respeto de los derechos humanos, en especial la no discriminación y la convivencia sin violencia, teniendo una participación democrática en todas las actividades escolares, como medio de formación ciudadana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad, atenten contra su vida o su integridad física o mental. También se favorecerán los mecanismos para la solución de conflictos, que deberán contener claramente las conductas que impliquen faltas a la disciplina y los procedimientos para su aplicación. El descanso y el juego serán respetados como factores primordiales del desarrollo y crecimiento, así como el disfrute de las manifestaciones y actividades culturales y artísticas de su comunidad, al igual que la libertad de pensamiento y conciencia. La libertad de expresión se ejercerá sin más límite que lo previsto por la Constitución. El ejercicio del derecho de opinión, análisis, crítica y de presentar propuestas se respetará en todos los ámbitos en los que vivan los menores, trátese de familia, escuela, sociedad o cualquier otro, sin más limitaciones que las que establezca la Constitución y dicte el respeto de los derechos de terceros. El derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de los asuntos que los afecten, que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a los asuntos de su familia o comunidad. El derecho a la información, así como a la reunión y asociación, son derechos preponderantes para el desarrollo de los menores.

Criterios de la Suprema Corte

Tomando en cuenta este marco normativo, ¿cuál es la opinión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En principio, ha señalado que “el Derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social”.3

Con esto en mente, expondremos brevemente la opinión de nuestro Máximo Tribunal con relación a cuatro figuras que deben ser observadas no sólo por las familias, sino también por la sociedad, el Estado y las instituciones de beneficencia pública y privada encargadas del desarrollo de los menores de edad —y que son contempladas en nuestra Carta Magna—: los alimentos, la salud, la educación y el sano esparcimiento.

Por lo que toca al derecho de recibir alimentos y a la obligación de proporcionarlos, la Corte señala que debe atenderse el estado de necesidad del acreedor y las posibilidades reales del deudor para cumplir, además de que debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de nuestra Constitución y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social.4 Es evidente que por la zona geográfica en la que se aplique dicho criterio las necesidades van a cambiar; no obstante, la comida deberá cubrir con el contenido proteínico, calórico y nutricional mínimo que la estructura corporal del menor requiera para su adecuado desarrollo; la casa deberá estar debidamente ventilada, con ventanas que permitan la entrada de luz solar, y aseada; el vestido será acorde a las condiciones climáticas del lugar; la asistencia en casos de enfermedad podrá tratarse con medicina de patente o alternativa, según el prudente criterio del ascendiente y, por último, se le procurarán al menor los conocimientos suficientes para que en su momento pueda, de manera personal, generar los recursos económicos suficientes para su manutención.

Con relación al tema de los alimentos, me parece necesario señalar que es muy común en nuestra sociedad que quien debe proporcionarlos se declare en estado de insolvencia, argumentando que no tiene trabajo o los ingresos suficientes para cubrirlos; en este supuesto, deberá buscarse el apoyo de instituciones tanto públicas como privadas para satisfacerlos y, en su caso, procesar al deudor por el probable delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Los menores en situación de calle deberán ser reclutados en albergues para que sean poco a poco preparados para enfrentar una vida digna y en su momento procurarse sustento, bajo un sistema de alimentos-crédito.

Con relación a la salud, la Constitución, en el párrafo tercero del artículo 4°, menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Esto implica que el menor que no goce de salud tiene el derecho a recibir la atención y cuidados necesarios para que en la medida de lo posible la recupere, o bien a contar con los elementos necesarios para llevar una vida adecuada a su entorno social con los avances científicos y tecnológicos disponibles en la medicina. Dicho cuidado se le deberá procurar en instituciones de beneficencia públicas y privadas, y según los recursos económicos de los ascendientes. A este respecto, el criterio de la Corte señala que “la asistencia social es materia de la salubridad general que, esencialmente, consiste en el conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva; y […] que la asistencia social la prestan diversos sectores, lo que ha motivado particularmente la diferenciación entre la asistencia privada y la pública atendiendo a la naturaleza de los recursos económicos con que se presta y de los sujetos que la proporcionan (públicos o privados), pero que coinciden en un fin común que es la asistencia social, con independencia de la naturaleza de tales recursos”.5 Así, la protección de la salud es un derecho esencial del menor.

Con relación a la educación, ésta deberá entenderse desde dos perspectivas: la familiar y la escolarizada. En la primera, la familia o el núcleo familiar está obligado a inculcar en el menor los valores esenciales del cualquier ser humano: a) respeto por la vida propia, del prójimo y la de cualquier ser viviente; b) respeto a la nación, Estado y municipio en el que se vive, así como al mundo, en general; c) respeto a la propiedad individual; d) respeto a la diversidad de ideas, creencias religiosas, convicciones y estilos de vida, y e) observancia y cumplimiento de las normas, ya sean públicas (aplicables para toda la sociedad o una parte de ella) o privadas (familiares o institucionales). Este tipo de educación escolarizada a que se refiere el artículo 3° de la Constitución representa el 80% de la formación del individuo, y permitirá al individuo depurar habilidades para su integración y convivencia social. Según la interpretación de la Corte, la educación escolarizada “será democrática, nacional y contribuirá a la mejor convivencia humana”.6

Por último, el sano esparcimiento al que tienen derecho los menores no es más que a la diversión, a acudir a actividades culturales, artísticas, recreativas, musicales, deportivas y en general, a cualquiera que no rompa la armonía entre los valores familiares y la educación escolarizada.

Así las cosas, amalgamando los criterios publicados por la Corte en agosto de 20107 tenemos que los menores son considerados seres humanos altamente vulnerables y se encuentran en formación, en pleno desarrollo físico, psíquico y emocional y, por ende, requieren la compañía, la comprensión y la supervisión, la vigilancia, el cariño y el consejo de sus padres para reafirmar su identidad y poder orientar su vida. En la convivencia se propician el trato y la calidez humana, las personas se ven, platican, se brindan afecto y, en síntesis, se conocen mejor, de modo que el potencial del menor dependerá de las condiciones en que se desarrolle dentro de su núcleo familiar. Por eso la importancia de la influencia que tiene el medio en que viva el futuro adulto en sus primeros años y, sobre todo, del afecto del que se vea rodeado durante su infancia y su primera juventud, ya que por su fragilidad y su vulnerabilidad, los menores son los más necesitados de protección en el ámbito familiar y social, de modo que dicha protección se convierte en una auténtica prioridad.

De hecho, la sociedad está interesada en la mejor formación posible de los ciudadanos a partir de la familia, pues no debe soslayarse que los ciudadanos con problemas psicológicos desde la infancia, que tal vez no llegaron a ser superados, podrán no alcanzar los estándares más convenientes para la sociedad, ya que su adaptación a los requerimientos sociales podrá no ser la más idónea.

El interés superior del menor

Identificados los derechos primordiales y fundamentales del menor de edad, ahora es posible iniciar la construcción de la definición del concepto interés superior del menor: las vidas de las personas en gestación o nacidas que aún no alcanzan la mayoría de edad deben ser respetadas, de manera tal que el Estado, los ascendientes o quienes en ellos ejerzan la patria potestad velarán por su salud y supervivencia para que alcancen un pleno desarrollo personal e integración social. Asegurados dichos bienes, deberá protegerse al menor de cualquier explotación física, mental o emocional, dentro o fuera de la familia para que esté en condiciones de ejercitar los derechos consagrados a su persona por el simple hecho de existir.

Así pues, independientemente del cuerpo normativo del que emanen los derechos de los menores, las autoridades administrativas y judiciales que emitan resoluciones en las que se vea involucrado el interés superior del menor deberán observar la siguiente clasificación de derechos: 1) vida; 2) supervivencia (comida y vivienda higiénica); 3) salud (asistencia médica, medicinas y recuperación física, psicológica y reintegración social); 4) vivir en familia (protección física contra abusos sexuales y contra el consumo de estupefacientes); 5) nivel adecuado de vida (desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; actividades varias como descanso, esparcimiento, juego, recreativas, culturales y artísticas); 6) derechos sociales (educación que garantice la libertad de expresión, pensamiento, conciencia, religión, asociación y reunión).

En síntesis, las autoridades que velen por los intereses de los menores de edad, al emitir sus resoluciones, deberán cuidar siempre la estabilidad emocional de aquéllos, complementada con la satisfacción de las necesidades alimenticias y la formación académica, sin obligarlos a la “convivencia” en aras de proteger el derecho del progenitor, pues ello violentaría el Estado de Derecho, anularía el interés superior del menor y generaría una responsabilidad del Estado por una deficiente actuación de sus agentes.

La formación de un individuo desde que se encuentra en gestación hasta que alcanza la mayoría de edad es un compromiso social que no puede ni debe quedar al arbitrio de las buenas intenciones de las autoridades; es una tarea y un compromiso del Estado en aras de buscar una gobernanza adecuada de cara al futuro.

NOTAS

* Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y socio director del despacho PROLEGAL, Grupo Consultor Especializado.

1 Derecho y medicina. Inserciones y convergencias en los albores del siglo XXI, Suprema Corte de Justicia de la Nación, octubre de 1998.

2 interés superior del niño. su concepto, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, novena época, instancia: primera sala, julio de 2007, p. 265.

3 derecho de familia. su concepto, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, novena época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, agosto de 2010, p. 2265.

4 alimentos. requisitos que deben observarse para fijar el monto de la pensión por ese concepto (legislaciones del distrito federal y del estado de chiapas), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, novena época, instancia: primera sala, agosto de 2001, p. 11.

5 asistencia social. la asistencia pública y privada forman parte de ella, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, novena época, instancia: pleno, septiembre de 1999, p. 614.

6 educación. el artículo 9° de la ley relativa del distrito federal no transgrede el orden constitucional, pues el criterio que orientará la educación que imparta el gobierno de esa entidad es coincidente con diversos principios rectores del estado establecidos en la ley fundamental, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, novena época, instancia: pleno, enero de 2002, p. 1037.

7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, pp. 2266, 2267, 2269, 2270, 2271 y 2272.

Comentarios
5 Comentarios en “Del interés superior del menor”
  1. Carlitros Dijo:

    muy buen articulo, los felicito.

  2. Luis Armando Cerón Galindo Dijo:

    Buenas tardes, interesante articulo pero el suscrito tiene algunas inconformidades respecto al Interes supremo del menor toda vez que muchas veces es malentendido por la madre de un menor que tiene la guarda y custodia y demanda alimentos al deudor alimentista, el problema surge cuando esa pension alimenticia no llega realmente a manos del acreedor ya que la madre lo utiliza para su propio fin (entendiendose para sus lujos) desgraciadamente es dificil probar el desvio de esa pension alimenticia. Por supuesto hablo por mi propia experiencia laboral en esa materia. Un saludo.

  3. juan Dijo:

    es interesante el articulo y como bien dice el maestro el termino interes superior del menor es muy ambiguo aunque bien intencionado pues entra en juego el criterio de cada juzgador.saludos

  4. MARIA DEL CARMEN PEREZ VILCHIS Dijo:

    A la sociedad en general:

    Mi menor sobrina LAURA ALEXA PEREZ DE LEON Mexicana de nacimiento manifestó desde los primeros años de vida síntomas de DISLEXIA – también conocida como trastorno de lectura- la prepotencia y corrupción la mantienen retenida y privada de su libertad en el DIF CASA DE LA NIÑA EN PACHUCA DE SOTO HIDALGO MEXICO desde hace mas de 490 días; la ignorancia y desden de la justicia penal la etiqueta como “deficiente mental moderada” discriminándola y vulnerando sus mas elementales derechos humanos y a sus padres sumidos en un tortuoso e interminable PROCESO PENAL doloso; fabricado y sostenido por CORRUPCION y ABUSO DE AUTORIDAD.

    La extorsión y abusos por parte de servidores públicos son comunes en el estado, el mejor ejemplo de ello lo encontramos en la C. Margarita Cabrera Román coordinadora del CAVI del Estado de Pachuca Hidalgo.

    Utilizo esta plataforma para DENUNCIARLA haciéndola directamente responsable de cualquier DAÑO A LA INTEGRIDAD FISICA y/o DESAPARICION FORZADA en perjuicio de la FAMILIA PEREZ VILCHIS y/o PEREZ DE LEON.

    Por lo que hago un llamado a Organismos Nacionales e Internacionales, para que tomen cartas en este asunto.

    Atentamente
    C. Maria del Carmen Perez Vilchis

  5. MARIA EUGENIA GUERRERO Dijo:

    Es preciaso anotar que varios ordenamientos normativoas van más allá de enunciar este principio, incorporando enunciados más amplios, véase al respecto la Ley 100 de 2003 de la República del Ecuador o trabajos como los del constitucionalista Gonzalo Aguilar Cavallo.