Las reformas constitucionales al amparo
Las reformas constitucionales al amparo
3 junio 2011
Autor:
Sección: Posiciones

Manuel Mac Farland González*

A finales del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó reformas a los artículos 94, 103, 104 y 107 de nuestra Constitución para hacer más accesible el juicio de amparo, con lo que esta figura jurídica cobrará nueva fuerza y asegurará su permanencia en el orden jurídico mexicano. Así lo sostiene el autor de este artículo, quien nos ofrece un análisis de los temas abordados en la iniciativa aprobada por el Congreso.


Recientemente, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Constitución federal relativas al juicio de amparo que resultan de gran importancia para una de las instituciones con mayor arraigo en nuestro país.1 Estas reformas se circunscriben, de acuerdo con la exposición de motivos,2 a un objetivo central, que es llevar a cabo una revisión y una modificación integral al amparo, con la finalidad de eliminar tecnicismos y formalismos que dificultan no sólo el acceso a este medio de control constitucional, sino también su ámbito de protección.

Un objetivo adicional es fortalecer y perfeccionar la estructura del Poder Judicial, consolidando a la Corte como un tribunal constitucional que tenga la posibilidad de abocarse a la resolución de los asuntos de mayor importancia y trascendencia para el Estado mexicano.

Los temas abordados en la iniciativa aprobada por el Congreso de la Unión sobre los que descansan las reformas al amparo pueden resumirse en los siguientes:

1) Objeto de protección del amparo.

2) Actos de autoridad contra los cuales procede el juicio.

3) Fortalecimiento de los poderes judiciales locales.

4) Celeridad en la resolución de los amparos directos.

5) Sujetos legitimados para promover el juicio.

6) Declaración general de inconstitucionalidad e interpretación conforme.

7) Fortalecimiento de la figura de la suspensión.

8 ) Cumplimiento de las sentencias.

9) Fortalecimiento de la Suprema Corte.

A continuación expondremos cuáles son los cambios más representativos en estos temas de interés no sólo para la comunicad jurídica, sino para los gobernados en general.

Objeto de protección del juicio de amparo

Éste quizá sea el tema de mayor importancia de la reforma, pues se amplió la protección que se puede lograr a través del juicio no sólo a las garantías individuales, sino que ahora también serán objeto de protección los derechos humanos previstos en las convenciones internacionales.

Estimamos que con ello se ampliaría de manera significativa el ámbito de protección del amparo, pues dejará de ser un instrumento a través del cual sólo se podían alegar violaciones a las garantías individuales para permitir la protección de los derechos humanos.

Incluso, en la iniciativa se impone la obligación a los tribunales del Poder Judicial de resolver los amparos tomando en cuenta los criterios emitidos por los órganos internacionales y regionales de derechos humanos de los que México sea parte, con lo que se logra dar mayor cohesión a estas garantías y, además, se aprovecha al máximo la doctrina y la experiencia internacional.

Directamente relacionado con la ampliación del ámbito de protección del juicio de amparo, encontramos la procedencia del juicio no sólo contra autoridades, sino que este concepto se amplía para reconocer la posibilidad de que los particulares violenten derechos sociales cuando tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o de interés público, cuando actúen en el ejercicio de funciones públicas.

Esta ampliación del concepto de autoridad representa un adelanto en la protección de los derechos humanos, pues en la actualidad, no obstante que el criterio para determinar quién es autoridad para efectos del amparo ha sido ampliamente analizado tanto por la doctrina como por la propia Corte,3 debido a las propias limitaciones de la normatividad constitucional vigente, no ha podido alcanzar un verdadero desarrollo frente a diversos actos que, si bien formalmente son emitidos por particulares, representan ante al individuo que los sufre un verdadero acto de autoridad.4

Actos de autoridad contra los cuales procede el juicio

En la iniciativa se contempla la posibilidad de que el juicio de amparo no sólo sea promovido por actos de autoridad que violen garantías —como tradicionalmente se concibe al amparo— sino que ahora también se puede promover este medio de control constitucional en contra de las omisiones de la autoridad.

Así, se reforma el artículo 103 constitucional para establecer que “los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad”. Con esta redacción, el amparo ahora también será procedente en contra de omisiones, situación que responde a la reforma que se planteó en el sentido de ampliar el objeto de protección del juicio, al incluir también a los derechos humanos, pues una gran parte de los actos de autoridad que resultan contrarios a estos últimos son omisiones.

Aquí lo interesante será ver cómo se desarrolla en la práctica el amparo cuando el acto reclamado sea una “omisión”, pues si bien podemos pensar de primera mano que se promoverán en contra de la administración —ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal—, conforme a la redacción del texto constitucional nada impediría promover un amparo en contra de cualquier órgano legislativo y, en este caso, habría que determinar cuál será el efecto de la sentencia que se llegase a dictar.5

Estimamos que la solución la podemos encontrar interpretando el texto de los artículos 103 y 107 constitucionales —después de la reforma— pues, por un lado, si bien se admite la procedencia del amparo en contra de omisiones de las autoridades, se sigue manteniendo la relatividad de las sentencias con la única excepción de la declaratoria general y que sólo es aplicable cuando la Corte, mediante jurisprudencia por reiteración, determine la inconstitucionalidad de una norma general.

Por ello, estimamos que el amparo por omisiones de la autoridad será improcedente cuando el acto se reclame a un órgano legislativo, pues se contravendría el principio de relatividad de las sentencias de amparo, justamente por la naturaleza general del acto legislativo.

Creemos que también será improcedente el juicio cuando a través del mismo se impugne de la administración la omisión relativa a la expedición de normas de carácter general pues, se considera, debe seguir la misma regla que las omisiones legislativas.

Fortalecimiento de los poderes judiciales locales

Partiendo de la premisa de que los poderes judiciales locales hoy en día gozan de autonomía e independencia y, además, de la necesidad de hacer acorde al amparo directo con el sistema federal establecido en la Constitución, se aprobó por el Congreso reformar este medio de control de las sentencias dictadas en todo el país, eliminando la procedencia, en automático, del amparo para pasar a un sistema que sólo permitirá, por excepción, la procedencia de este juicio.

Es decir, hoy en día, los requisitos de procedencia son esencialmente formales, pues sólo se requiere que se impugne una sentencia y que se promueva dentro del término para que el colegiado esté obligado a admitirlo.

Sin embargo, con la reforma se otorga la facultad a los colegiados de admitir las demandas que verdaderamente impliquen un pronunciamiento novedoso y excepcional. Para esto, la propia iniciativa fija las reglas generales que deberán seguirse, dejando tanto a la ley como a la Suprema Corte la posibilidad de emitir reglas específicas. Estos criterios constitucionales son, en esencia, los siguientes:

Primera regla

Serán procedentes los que sean promovidos cuando en los conceptos de violación se haga valer la inconstitucionalidad de leyes o cuando la autoridad responsable interpretó o aplicó un precepto de la Constitución en forma contraria a la que haya sustentado la Corte y que haya trascendido al sentido de la resolución reclamada.

Excepción a la primera regla

Será improcedente cuando, no obstante que se impugne una norma de carácter general, su constitucionalidad haya sido previamente definida mediante jurisprudencia de la Corte.

Creemos que esta regla es importante en cuanto a política judicial, pues tiene el fin de evitar la proliferación de amparos directos en los que, no obstante tener un criterio de la Corte por la constitucionalidad de la norma, se siguen controvirtiendo esos actos muchas veces con la finalidad de alargar el procedimiento.

Por otro lado, hubiera sido deseable que el Congreso aprobara una regla similar aplicable a los amparos indirectos en los que se reclame una ley cuando la Corte haya determinado que la norma no es contraria al pacto federal; es decir, que se hubiera señalado la improcedencia de estos juicios indirectos, al menos por lo que hace al reclamo de la ley, pues la premisa sobre la que descansan es la misma.

Segunda regla

Serán improcedentes los amparos legalidad.

Esta regla es el fundamento central de la modificación al amparo directo, pues a través de la misma, según la propia exposición de motivos, se fortalecen los poderes judiciales locales, ya que sus decisiones en materia de legalidad, en principio, serán definitivas, además de que con la misma el Poder Judicial se verá desahogado de una gran cantidad de juicios que ocupan buena parte del tiempo de resolución.

Excepción a la segunda regla

Será procedente el amparo de legalidad cuando se trate de asuntos de importancia y trascendencia determinados mediante reglas que emita el pleno de la Corte.

Además de estas reglas, en la propia exposición de motivos, así como en el texto de la reforma, se señalan otras, como la referente a que la no admisión del amparo directo requiere la votación unánime de los magistrados y que basta que uno disienta para que se le dé trámite al juicio.

Estimamos que las reformas aprobadas retoman el espíritu original del amparo, a efecto de proteger al gobernado de las violaciones directas a la Constitución y dejar a la justicia ordinaria resolver aquellas cuestiones que sean de estricta legalidad.

Celeridad en la resolución de los amparos directos

Directamente relacionado con el tema anterior, encontramos también la celeridad en la resolución de los amparos directos en los que, a través de la inclusión de una figura novedosa, se permitiría resolver, en un solo juicio, los argumentos tanto de quien obtuvo resolución contraria como de quien la obtuvo favorable en el juicio natural.

Con esto se evita uno de los grandes problemas que se presenta en el amparo directo, el cual consiste, esencialmente, en que quien obtuvo resolución favorable en el juicio natural carece de interés jurídico para promover amparo y tendrá que esperar a que, en su caso, sea concedido el amparo a su contraparte, cumplimentado éste por la responsable, y que la resolución le sea contraria para, ahora sí, tener el interés.

Por ello, en la reforma se proponen dos medidas para la solución a este problema, las cuales consisten, esencialmente, en lo siguiente.

- La primera, consiste en prever la figura del amparo adhesivo, para que la parte que obtuvo resolución favorable pueda promover amparo con la finalidad de mejorar las consideraciones que sustentan el acto reclamado; con esto se evita que, dentro de un mismo juicio natural, tengan que pasar varios amparos antes de poder llegar a una resolución definitiva.

- La segunda medida adoptada consiste en imponer la carga procesal a quien promueva el amparo adhesivo de invocar todas y cada una de las violaciones procesales que se hayan cometido en el procedimiento natural y que estime que resultan violatorias de sus derechos. Además, en caso de no hacerse valer este tipo de violaciones al momento de adherirse al amparo, no se podrán hacer valer después a través de un nuevo amparo directo.

Creemos que esta medida es de gran relevancia en virtud de que se resolverían en un solo juicio y, específicamente, en una sola sesión, no sólo los argumentos que haga valer el que obtuvo resolución en contra, sino también los de quien obtuvo resolución favorable, con lo que se evita tener que esperar hasta un nuevo amparo para que se puedan hacer valer los argumentos de este último.

Sujetos legitimados para promover el juicio

Un aspecto relevante de esta reforma, sin duda, lo constituye la modificación del requisito del interés jurídico para poder acudir a juicio, pues se elimina la exigencia de contar con este requisito para la promoción del amparo y, en su lugar, se establece que sólo será necesario el interés legítimo.6

Este cambio obedece a la inclusión, dentro del objeto de protección, del amparo a los derechos humanos, pues de no haberse modificado esta exigencia, podría darse el caso de tenerlos a través del amparo y, sin embargo, impedirse el acceso a la jurisdicción a través del requisito de interés jurídico.

La única salvedad al interés legítimo la constituyen los amparos directos en los que continúa la regla del interés jurídico para la procedencia, situación que es justificable, pues no hay una razón clara para permitir que alguien con interés legítimo participe en un amparo directo, máxime que, además, no fue parte en el juicio natural.

La declaración general de inconstitucionalidad y la interpretación conforme

Otra de las modificaciones más importantes la constituye la posibilidad de que la Corte pueda emitir una declaración general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme.

Tradicionalmente, las sentencias que se dictan en los juicios de amparo sólo benefician a quien promovió —Fórmula Otero—, que si bien cuenta con un amplio desarrollo dentro de nuestro sistema jurídico, en la práctica generaba muchas injusticias evidentes.

Se dan muchos casos en que, para quienes hayan promovido el juicio de amparo, logrado salvar los obstáculos y los rigorismos procesales y, finalmente, obtenido una sentencia definitiva que los ampare en contra de una norma general, serían los únicos que verían eliminada la obligación de cumplir con dicha norma.

Sin embargo, existen muchos otros que por falta de recursos económicos o técnicos suficientes no están en posibilidad de promover el amparo contra esa misma norma o, aun peor, quienes promueven el amparo, pero ante formalismos procesales, no logran obtener una sentencia que analice el fondo del asunto.

Estos dos últimos casos, si bien iguales en el inicio que el primero, seguirán teniendo la obligación de cumplir con la norma que ha sido declarada inconstitucional en el primer caso, lo que, de suyo, genera una injusticia mayor que la que se pretende remediar a través del propio amparo.

Ahora bien, en la reforma se prevén los requisitos para que el pleno de la Corte emita la declaratoria general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme; así, en primer lugar, se necesita que a través de amparos en revisión sea establecida previamente una jurisprudencia, en la que se declare inconstitucional esa norma o su interpretación conforme.

Una vez sentada la jurisprudencia, la reforma señala que deberá ser en otra sesión distinta cuando se apruebe la declaración general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme, en virtud de la trascendencia que tiene este tipo de resolución y, además, para dar tiempo a que la propia Corte llame a todos los interesados a efecto de que expongan sus argumentos ante el pleno.

Estimamos que la reforma no es clara en cuanto a si la jurisprudencia que sirve de materia prima a la declaratoria general puede ser establecida por las salas de la Corte o sólo deberá serlo por el propio pleno, pues conforme a la redacción de la adición del segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, sólo se señalan los requisitos antes descritos.

Ahora bien, interpretando armónicamente las disposiciones constitucionales reformadas, podemos llegar a la conclusión de que la jurisprudencia que sirve de sustento o antecedente para la declaración general de inconstitucionalidad, deberá ser aprobada sólo por el pleno de la Corte, pues existe un requisito constitucional que consiste, justamente, en que la declaración general sea aprobada en una sesión distinta de aquella en la que se aprobó la jurisprudencia.

Esto implica que debe ser el mismo órgano el que emita la jurisprudencia y la declaración general de inconstitucionalidad, es decir, el pleno de la Corte, pues en caso contrario, la condición constitucional de que se resolvieran en sesiones distintas —los recursos de revisión en amparo indirecto y la declaratoria general— sería imposible de realizar.

Fortalecimiento de la figura de la suspensión

En la exposición de motivos de la reforma se señala que el establecimiento de la figura de la apariencia del buen derecho en la suspensión, a nivel constitucional, obedece a que se debe prever un sistema equilibrado que permita que esta medida cumpla con su finalidad protectora y que cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que hacen que se desvíe de su objetivo natural.

Ahora bien, en el texto constitucional se impone la obligación al juez de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social al momento de decidir sobre la suspensión del acto reclamado.

Estimamos que esta adición representa un avance en materia de suspensión, pues otorga sustento constitucional a una figura reconocida previamente a través de la jurisprudencia; sin embargo, también creemos que en la exposición de motivos no se señaló el supuesto en que esta figura de la apariencia del buen derecho pueda ser aplicada a efecto de negar la suspensión.

No obstante, creemos que esta aplicación puede ser realizada por el juez, pues no existe prohibición expresa para tal efecto y dicha aplicación resulta de la propia naturaleza de la medida cautelar y de la obligación impuesta al juzgador de analizar el interés social al momento de decidir sobre el otorgamiento de la medida.

Cumplimiento de las sentencias

Un aspecto sumamente sensible en todo el juicio de amparo lo constituye la etapa del cumplimiento de la sentencia, en virtud de que representa la materialización de la justicia frente al agraviado; sin embargo, el procedimiento para lograr el cumplimiento de una sentencia en muchas ocasiones es lento y provoca que el acceso a la justicia no pueda materializarse efectivamente en el gobernado.

Ahora bien, en la propuesta se reforma una parte importante del procedimiento de cumplimiento de sentencias de amparo, que brindará no sólo mayor celeridad en el mismo, sino que también termina con una discusión que ha provocado incertidumbre jurídica en no pocas ocasiones, por el modo en que está redactado el actual texto constitucional —en el que no queda claro si ante el incumplimiento de una sentencia de amparo por parte de la responsable, es la propia Corte quien la consigna ante el juez o sólo hace la declaración de incumplimiento y la autoridad administrativa es la encargada de formular la consignación—.7

Ante ello, la reforma aclara esta situación al otorgar a la Corte la facultad de consignar directamente ante el juez a la autoridad contumaz, con lo cual se evita sujetar una determinación sobre el incumplimiento de una sentencia de amparo emitida por el máximo órgano de Poder Judicial de la Federación a otra autoridad como el Ministerio Público.

Fortalecimiento de la Suprema Corte

No obstante que ha sido un proceso sumamente largo, el fortalecimiento de la Corte como tribunal constitucional surge, con mayor fuerza, en las reformas judiciales de 1994 en las que se creó el Consejo de la Judicatura Federal, se reformó profundamente la estructura interna de la propia Corte y se fortalecieron los tribunales colegiados de circuito.

Con la idea de continuar esas reformas, la iniciativa aprobada en el Congreso propone la creación de un nuevo órgano de decisión al interior del Poder Judicial y que serán los plenos de circuito quienes se encargarán de resolver todas las contradicciones de criterios que surjan en el seno de un mismo circuito y de una misma especialidad, lo que liberará a la Corte de un cúmulo de asuntos que día a día tiene que resolver.

Los plenos de circuito se integrarán con todos los magistrados que estén adscritos a los tribunales colegiados de circuito y materia que corresponda, y las decisiones de este órgano se tomarán por mayoría; en caso de empate en la votación, el presidente del pleno de circuito tendrá voto de calidad.

Una vez que el pleno de circuito determine qué criterio debe prevalecer, éste constituirá jurisprudencia.

Por último, se determina que la Suprema Corte conserva la facultad de resolver las contradicciones de criterio que se susciten entre:

- Plenos de circuito de distintos circuitos.

- Plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito.

- Tribunales colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.

Con esta nueva forma de resolver las contradicciones de criterios al interior de un mismo circuito se libera de carga a la Suprema Corte para que ésta pueda dedicarse a los asuntos de mayor trascendencia nacional.

Conclusiones

Creemos que las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión representan un cambio significativo en la forma en que se concibe el juicio de amparo, dándose un paso fundamental para la solución de los problemas que, en el día a día, presenta este tipo de procedimientos.

Lo anterior es así porque se hace accesible este medio de defensa a una mayor parte de la población, al modificarse algunos requisitos de procedencia, como sería el interés jurídico, para pasar al interés legítimo.

Asimismo, la inclusión de figuras novedosas, o que parecería que rompen con el juicio de amparo tradicional —interés legítimo, efectos generales, amparo contra particulares— darán una nueva fuerza a este medio de control constitucional, lo que asegurará su permanencia en el orden jurídico mexicano.

Sin embargo, será el legislador ordinario, a través de la Ley de Amparo que se expida con motivo de estas reformas constitucionales, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de jurisprudencias, quienes vayan aclarando muchas de las cuestiones que el legislador constitucional no puede prever en una norma de este rango.

NOTAS

* Abogado de la Escuela Libre de Derecho y Jefe de la Unidad de Supervisión y Verificación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

[1] Estas reformas, al haber sido aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Unión, requieren la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados para formar parte de la propia Constitución.

2 http://www.senado.gob.mx.

3 A principios del siglo XX el pleno de la Corte determinó que el concepto de autoridad sólo “comprendía a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública” (quinta época, pleno, tesis aislada). Posteriormente, el propio pleno de la Corte, en 1997 decidió interrumpir el criterio citado y, en su lugar, señalar que para que se pueda determinar si se está en presencia de una autoridad para efectos del amparo, se “debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades” (novena época, pleno, febrero de 1997, tesis P. XXVII/97, tesis aislada).

4 Incluso, la propia Corte ha señalado que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular…” (novena época, segunda sala, agosto de 2010, tesis 2a./J. 112/2010, jurisprudencia, registro 164145).

5 Recordemos que la Corte, en la tesis P. CLXVIII/97, determinó que el amparo es improcedente en contra de la omisión del legislador de expedir una ley, pues esto equivaldría a darle efectos generales a la sentencia.

6 En la exposición de motivos se da un primer esbozo del concepto interés legítimo, al señalarse lo siguiente: “Se trata de una institución con un amplio desarrollo en el Derecho comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que, justamente, permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho reconocido por el orden jurídico —interés jurídico— o cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico”.

7 Hay que recordar que, conforme al artículo 21 de la propia Constitución, “el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público”, por lo que debe ser una norma del mismo rango constitucional la que establezca una excepción a esta regla general.

Comentarios
14 Comentarios en “Las reformas constitucionales al amparo”
  1. cristian romero Dijo:

    Importantísima reforma sin duda. Sobre todo porque favorece el acceso a la justicia y la mejor protección de derechos. Ahora viene la parte más difícil que será la aplicación de las nuevas reglas del procedimiento de amparo.

  2. Pos Que Otro Dijo:

    Sin lugar a dudas esta reforma viene a permitir mayor acceso a la justicia, ampliando la gama protectora del juicio de garantias mediante el interes legitimo. Este es un proceso de renovación jurídica, donde se combinan el carácter conservador del derecho mexicano y las fuerzas de nuevas oleadas del derecho moderno, provinientes principalmente del derecho comparado de Europa y America Latina, que regulan acciones colectivas e incluso contemplan amparos colectivos.

  3. Alberto Mansur Dijo:

    Difiero del autor en cuanto a las bondades de eliminar el amparo de legalidad y la posibilidad de que el amparo directo sea admitido en automatico. El control constitucional de las decisiones judiciales no representa una invasión a la soberanía de los Estados sino un mecanismo para que estos sumen un todo, una Federación. Eliminar éste control constitucional, además de a la demagogia, sólo sirve para debilitar nuestro sistema jurídico y fortalecer cacicazgos regionales.

  4. Roberto Vega Dijo:

    Acabo de dar una primera lectura a las reformas constitucionales publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación, pero no encontré la hipótesis que menciona el autor de este artículo en relación a que se elimina el amparo de legalidad y la admisión automática del amparo directo. Realmente espero que finalmente no se haya incluido ese aspecto, sería desastroso y me parece muy preocupante que así fuera, pues los tribunales locales claramente no tienen la capacidad jurídica ni moral para dictar sentencias terminales. Dicha opinión la sustento en mi experiencia tanto como proyectista dentro del Poder Judicial de la Federación, como de abogado postulante, es decir, conozco ambos lados de la moneda y ello me permite afirmar lo anterior con conocimiento de causa.

  5. Joaquín Bustillos Dijo:

    Totalmente de acuerdo contigo Roberto, la eliminación del amparo legalidad y de la admisión automática, lejos de fortalecer a los poderes judiciales locales, sólo limita o anula las oportunidades de defensa de los agraviados. En ese sentido podríamos llegar al absurdo de concluir que sería conveniente abolir el amparo para fortalecer los poderes judiciales locales, cuando la lógica jurídica indica que lo poderes judiciales le deben el respeto más estricto a la Constitución y precisamente para saber si un acto judicial respeta la Constitución es necesario que exista la posibilidad de revisión ante el órgano garante de la Constitución -SCJN- por lo tanto, una reforma en esas condiciones es inconveniente en un sistema que de suyo es poco garantista, si de verdad se quiere fortalecer el control de constitucionalidad lo mejor sería reconocer el control difuso para que cualquier órgano judicial pueda defender la Constitución contra leyes o actos que la vulneren. Sin embargo, yo tampoco encuentro en el texto de la reforma algo que indique que se elimina la “admisión automática” o el amparo legalidad. Dicha opinión la sustento en la lógica jurídica mas elemental.

  6. Alberto Mansur Dijo:

    Precisando mi comentario del 6 de junio, confieso mi error. El suscrito, como al parecer también el autor del presente artículo, se fue con la finta y emitió su opinión en función del proyecto original. No prosperó la eliminación del amparo de legalidad y la admisión del amparo directo en automático. Coincido con Joaquín y Roberto en sus opiniones sobre los peligros y daños que esa eliminación puede traer a nuestro sistema legal y a los justiciables.

  7. Javier Nuñez G. Dijo:

    Efectivamente el proyecto original estableció prácticamente la desaparición del amparo de la legalidad, si bien es cierto en la actual reforma no esta claro esperemos que la reglamentación que surja a las reformas constitucionales no pretendan desaparecer en forma automática el amparo directo y que no subsista el criterio de importancia y trascendencia que son de una amplia discrecionalidad y subjetividad lo que traería como consecuencia un deterioro en la aplicación de la justicia ya que los tribunales locales amen de la incapacidad que muchos de ellos ostentan la otra parte aun mas peligrosa que la primera es los compromisos establecidos con el Ejecutivo Local, y con los grupos de poder locales, que afortunadamente los Tribunales Federales han sabido guardar una instancia saludable con lo que se minimiza el riesgo y se puede tener una justicia imparcial e independiente.

  8. JESUS MATIAS HERNANDEZ. Dijo:

    QUE COMENTARIOS TAN INOPORTUNOS DE UN ABOGADO BUROCRATA QUE DESCONOCE DEL JUICIO DE AMPARO..ESTAS REFORMAS SON VERDADERAMENTE UN “RETROCESO” AL AMPARO..TODO LO QUE SE DIJO Y SE ESTA DICIENDO A LA CIUDADANIA ES “FALSO”..QUE JODIDOS ESTAN ESOS ABOGADITOS BUROCRATAS..

  9. Victoria Dijo:

    Efectivamente, al igual que Alberto, me fui con la idea de que se habia eliminado el amparo legalidad, afortunadamente no fue asi, ya que considero que no se vulnera la soberanía de los Estados, sino por el contrario, la garantía de legalidad establecida en el artículo 14 parrafo IV, precisa que toda sentencia debe ser dictada conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, entendiendo por esta la establecida formalmente en jurisprudencia emitida por los altos tribunales judiciales federales (T.C.C. y S.C.J.N.), por tanto la justicia federal ordinaria local no tiene la capacidad constitucional ni jurídica para emitir la interpretación a que se refiere dicho precepto, y mucho menos para dictar la verdad legal definitiva en sus sentencias, por tanto se justifica la extension protectora del juicio de amparo, tal como lo justifica Ignacio Burgoa en su obra, Juicio de Amparo, y por cuanto hace al comentario de Jesus Matías, te invito a que leas, analices y comprendas la reforma antes de opinar, y si emites una opinion no ataques, porque eso solo denota la impotencia e ignorancia para hacer valer los argumentos. Gracias por el espacio

  10. Ruben Eleuterio Santillan Dijo:

    es necesaria una reforma a la ley de amparo, sin embargo debe ser acorde a la realidad del gobernado y que fortalezca el acceso de la justicia. Me preucupa la eliminacion del amparo de legalidad, pues los poderes locales seran un monopolio y negarian a los quejosos acceder a la justicia federal. es bien concocida la corrupcion de los tribunales del fuero comun. con esto creo que es un error la reforma, el ciudadano con una simple impugancion de una sentencia podia acceder a la justicia federal. El fondo de esto es el gasto que hace el gobierno para la no impartir de justica. El Amparo tiene que ser censillo su acceso, sin tanto buracratismo, con un solo requisito que el quejos se duela de cualquier acto de autoridad.

    Una pregunta a los amigos abogados. Ya le preguntaron a los postulantes, al ciudadano, al Indigena, que opinan de la reforma, de como los decrepitos Ministros de la SCJN esta al servicio del Ejeutivo Federal?. Cuantos delincuentes de cuello blanco a protegido: Peña Nieto, Ulises Ruiz Ortiz
    LOS SENADORES Y DIPUTADOS SON PARASITOS DE LA NACION. El problema de mexico no es legal, es la mala distribucion del recurso: un ministro gana $350,000. mas viaticos etc.

    es una reforma arbitraria e unilateral. Pobre Juarez y pobre el maestro Burgoa

  11. katherine Dijo:

    hola soy estudiante de leyes me podrian ayudar dandome una opinion de cada una de las reformas??

  12. sandra zapata Dijo:

    mi esposo tiene un delito de homicidio calificado con alevocia y ventaja,si mete el amparo directo tiene derecho a un amparo mas

  13. CELESTINA Dijo:

    REALMENTE NO ENCUENTRO LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A QUE HACE REFERENCIA EL AUTOR EN SU NOTA AL PIE DE PÁGINA 2, EN VERDAD LA NECESITO, OJALA PUDIERA AYUDARME A LOCALIZARLA

  14. rosa ofelia valadez Dijo:

    considero que a los abogados litigantes, con esta nueva ley de amparo, nos tienen bien agarrados para no promover juicios de amparo ni indirectos ni directos, ya que se incluyeron medidas disciplinarias, multas, delitos, para el caso de promover bajo protesta de decir verdad, levantar la voz en el tribunal, y hasta por ignorar causas de sobreseimiento, recusacion,, presentar demanda en tribunal equivocaado, promover nulidades, extravio de constancias, solicitud de suspension del acto reclamado, y hasta por muerte del quejoso articulos 238, 242, ) 248,, 251, 252, 253, 256, 261, de la ley de amparo, pues bajo el pretexto de que se impondran multas, muchos abogados temeran dar cumplimiento a las prevensiones bajo el temor de una multa incluso, de una consignacion, lo cual no es justo ni correcto, ya que resulta inconcebible que la ley de amparo, siendo garantista de los derechos fundamentales, defensora de los derechos fundamentales se encuentra garantizada por la propia constitucion, por lo que resulta excesivo, injusto, contrario a los d.h. que se imponga medidas disciplinarias, multas hasta califique la conducta del quejoso como delito, siendo que dicha facultad le corresponde unica y exclusivamente por disposicion constitucional al M.P en el articulo 21., y no a un juzgador de distrito o tribunal colegiado,