Los particulares como autoridades responsables  en la nueva Ley de Amparo
Los particulares como autoridades responsables en la nueva Ley de Amparo
1 octubre 2013
Autor:
Sección: Galería de imagenes, Posiciones

Ricardo Salgado Perrilliat** y Rigoberto Martínez Becerril***

De acuerdo con el artículo 5° de la nueva Ley de Amparo, que el pasado 3 de abril entró en vigor, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este contexto, los autores analizan en qué casos un particular puede tener el carácter de autoridad responsable.*

Desde sus orígenes, el juicio de amparo fue concebido como un medio de protección de los derechos fundamentales de las personas frente a las arbitrariedades del poder público.

Manuel Crescencio Rejón observó que “los derechos fundamentales de los individuos podrían ser garantizados eficazmente tan sólo estableciendo responsabilidades a cargo de los funcionarios públicos, porque dado el poder de que dichos funcionarios pueden gozar en la práctica, o eluden la responsabilidad o, aun en el caso de que la responsabilidad sea aplicada, no se obtiene lo que principalmente interesa al que resulta agraviado con el atentado: la reparación del daño sufrido”.1

Las ideas que Manuel Crescencio Rejón generó para ser plasmadas en la Constitución de Yucatán de 1840, son retomadas y asimiladas en el Acta de Reformas de 1847, específicamente, por lo que nos interesa, en el artículo 25, dispositivo que da nacimiento al juicio de amparo a nivel federal en los siguientes términos: “Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivase”.

Esta concepción del juicio de amparo como un mecanismo jurídico de protección de los derechos de los individuos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos frente al poder del Estado, constituye un paradigma que en parte ha sido superado.

En efecto, al reformarse nuestra infraestructura constitucional, que busca una más amplia y completa protección de los derechos humanos, la cual data de junio de 2011,2 también se generó la modificación de los medios jurídicos de protección de los derechos fundamentales, como el juicio de amparo, el cual se amplió a los sujetos pasivos y activos que conforman las relaciones jurídicas que giran en torno de los derechos humanos, siendo no sólo los detentadores del interés jurídico sino también los poseedores de intereses legítimos, que tienen la legitimación activa para accionar el denominado “juicio de garantías”. Asimismo, ya no son sólo los órganos del Estado los que se someten a éste, pues se incluye a los particulares que realicen ciertas funciones homologables a las de las autoridades como sujetos pasivos.

Concebir que los derechos fundamentales se proyectan no sólo en el ámbito de las relaciones persona-Estado sino también en las relaciones entre particulares, emana de la teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, generada por el Tribunal Constitucional Alemán, en 1958, al discutir el caso Lüth, mediante la cual se acepta la irrupción directa de los derechos fundamentales en las relaciones jurídico-privadas.

Así las cosas, si los derechos fundamentales inciden en las relaciones jurídicas de las personas de Derecho privado, ese hecho genera la posibilidad de que los particulares los vulneren, lo que ha obligado a que los medios de protección de tales derechos conciban a los particulares como sujetos pasivos en dichos mecanismos.

De acuerdo con las premisas anteriores, el 3 de abril pasado entró en vigor la nueva Ley de Amparo, la cual contempla una serie de disposiciones de gran trascendencia para nuestro país, como el artículo 5°, que establece la posibilidad de que los particulares puedan tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad.

Del proceso legislativo que culminó en la reforma a la ley reglamentaria, se puede desprender que se dejó al arbitrio de los órganos judiciales la difícil tarea de determinar en qué casos un particular puede tener el carácter de autoridad responsable, para lo cual es necesario tomar en cuenta diversos elementos que se encuentran en el propio ordenamiento legal; a saber: a) que se realicen actos equivalentes a los de autoridad (dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas); b) que con dichos actos se afecten derechos en los términos señalados en el punto que antecede, y c) que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general.

Así las cosas, desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo se ha promovido una serie de juicios ante las instancias judiciales, en los cuales se ha pretendido dar el carácter de autoridad a ciertos particulares.

A guisa de ejemplo abordaremos el caso de los hospitales particulares y de las universidades privadas.

Al respecto, resulta muy interesante el asunto de una universidad privada, respecto de la cual el Poder Judicial de la Federación (PJF) decidió equipararla con las universidades públicas,3 en cuya esfera jurídica se incorpora una serie de derechos. Y una vez que un gobernado cumple con los requisitos que le permiten adquirir la calidad de alumno, la determinación mediante la cual eventualmente se le expulsa, le impide continuar gozando de dicha situación jurídica, lo cual constituye un acto de autoridad. Para sostener el planteamiento mencionado, el PJF aplicó a la universidad privada, en forma análoga, la siguiente jurisprudencia:

“universidades públicas autónomas. la determinación mediante la cual desincorporan de la esfera jurídica de un gobernado los derechos que le asistían al ubicarse en la situación jurídica de alumno, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo. Las universidades públicas autónomas son organismos descentralizados que forman parte de la administración pública y, por ende, integran la entidad política a la que pertenecen, esto es, la Federación o la correspondiente entidad federativa; además, se encuentran dotadas legalmente de autonomía, en términos del artículo 3°, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que gozan de independencia para determinar por sí solas, supeditadas a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, los términos y las condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presten, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, destacando que en la ley en la que se les otorga la referida autonomía, con el fin de que puedan ejercerla plenamente, se les habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general. En ese tenor, una vez que un gobernado cumple con los requisitos que le permiten adquirir la categoría de alumno, previstos en las respectivas disposiciones legislativas y administrativas, incorpora en su esfera jurídica un conjunto específico de derechos y obligaciones, por lo que la determinación mediante la cual una universidad pública autónoma lo expulsa, o por tiempo indefinido le impide continuar disfrutando de dicha situación jurídica, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtan efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin el consenso del afectado”.4

Es importante mencionar que el caso que referimos el asunto versó en torno a una solicitud que hizo un particular (alumno) a la universidad privada, misma que no dio respuesta a su petición. El juzgado5 determinó desechar la demanda de amparo por considerar que la asociación civil no podía ser considerada como autoridad en los términos de la Ley de Amparo. Contrariamente a lo que sostenía por a quo, el tribunal colegiado de circuito,6 al resolver el recurso de queja interpuesto en contra del desechamiento de la demanda de amparo,7 revocó la decisión del juez y estableció claramente que la universidad privada sí reunía los requisitos para ser considerada autoridad responsable, y por lo mismo el juzgado de primera instancia debía admitir la demanda de amparo, siendo el acto concreto de autoridad la violación al derecho de petición.

En otro caso, el PJF8 determinó que la negativa a entregar un expediente clínico por parte de un hospital privado lo convertía en autoridad responsable, máxime que dicha negativa era infundada, con base en las tesis que se transcriben a continuación, que si bien se refieren a una norma oficial que ya ha sido sustituida por una nueva,9 ésta no resuelve el problema de constitucionalidad del que adolece, por lo que será muy probable que en su momento también sea declarada inconstitucional por el PJF:

“norma oficial mexicana nom-168-ssa1-1998, del expediente clínico. atento al principio pro homine, en ejercicio del control de convencionalidad, debe declararse la inaplicabilidad de su punto 5.5. al caso concreto, al omi­tir los lineamientos respecto al préstamo de aquél e imponer condiciones para justificar la entrega, única­mente, del resumen clínico. En atención al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, cuya sentencia aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro I, tomo 1, octubre de 2011, p. 313, en el nuevo modelo de control constitucional, todos los jueces del Estado mexicano deben, en los asuntos de su competencia, inaplicar las normas que infrinjan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o los tratados internacionales de los que México sea parte, que reconozcan derechos humanos. Tutela que deriva del decreto que modificó la denominación del capítulo I, del título primero, y reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, específicamente los párrafos segundo y tercero de su artículo 1°. De tal manera que el derecho humano a la salud consagrado en el precepto 4° de la propia Ley Fundamental, en relación con los numerales 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es indispensable para el ejercicio de los demás reconocidos en los pactos internacionales y en nuestro orden jurídico, ya que no puede circunscribirse al significado del vocablo, pues contiene un sinnúmero de derechos y obligaciones, tanto internos como externos, es decir, a nivel nacional e internacional, cuyas obligaciones cobran especial importancia en cuanto a proporcionar los medios necesarios para que el ser humano tenga acceso efectivo a la salud, en cuanto al derecho de ser informado en todo momento, sin mayores requisitos ni condicionantes, sobre su estado de salud. Consecuentemente, si el punto 5.5. de la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del expediente clínico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 1999, omite los lineamientos respecto al préstamo del expediente clínico de los pacientes e impone condiciones para justificar la entrega, únicamente, del resumen clínico de la información contenida en dicho expediente, atento al principio pro homine que los jueces están obligados a considerar en ejercicio del control de convencionalidad al que están sujetos, debe declararse su inaplicabilidad al caso concreto”.10

“norma oficial mexicana nom-168-ssa1-1998, del expediente clínico. no obstante lo establecido en su punto 5.5, basta la solicitud del paciente para que le sean expe­didas las constancias de los estudios clínicos y pato­lógicos que le fueron practicados. Del punto 5.5. de la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del expediente clínico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 1999, se advierte la omi­sión en esa disposición de señalar los lineamientos respecto al préstamo del expediente clínico, pues sólo prevé que se otorgará un resumen al paciente, que deberá ser solicitado por escrito, especificándose con claridad el motivo del requerimiento, de lo cual se aprecia que no respeta el derecho humano a la salud, al no proporcionar los documentos gráficos e imagenológicos de cualquier índole en los que el personal médico registra sus intervenciones del estado psicosomático del gobernado y que contiene el citado expediente, lo que implica que no existe un juicio razonable ni un motivo lógico que impida al interesado allegarse de la información detallada atinente a su estado de salud. Además, la mencionada disposición tampoco es acorde con los lineamientos contenidos en los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al imponer como condición para la expedición del resumen clínico, que tenga que justificarse el motivo por el cual se solicita, la cual resulta innecesaria, al tratarse de un derecho elemental de acceso a la información exacta del estado de salud del interesado, en el que deben brindársele las facilidades necesarias para ello. Por tanto, basta la solicitud del paciente para que le sean expedidas las constancias de los estudios clínicos y patológicos que le fueron practicados, no obstante lo establecido en el punto 5.5. de la indicada norma”.11

Lo importante de estos precedentes, es que si bien es cierto se encuentran sustanciándose en primera instancia, serán una buena referencia para futuras demandas de amparo y como criterios que tanto los tribunales colegiados como los plenos de circuito, e incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán tomar en consideración al ir resolviendo y sentando las bases de interpretación jurisprudencial respecto de los alcances de la nueva Ley de Amparo, en específico, del artículo 5, fracción II, párrafo segundo, del ordenamiento legal invocado.

Al margen del tema, resulta dable manifestar que en el caso de expedientes clínicos en poder de los hospitales privados, los particulares pueden solicitarlos ejerciendo sus derechos arco, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Y en contra de la negativa a su entrega, o bien, ante la falta de respuesta, podrán ejercer el procedimiento de protección de derechos de los mismos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.12

NOTAS

* Las opiniones contenidas en este artículo son a título estrictamente personal y no representan la posición del IFAI, cuyo único órgano autorizado para interpretar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es el pleno del instituto.

** Director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

*** Director contencioso de Datos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

[1] Mariano Azuela Rivera, “Amparo. Apuntes de las clases impartidas por ilustres juristas del siglo XX”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación, México, 2006, p. 124.

2 Decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2011.

3 Juicio de amparo indirecto 625/2013, radicado ante el juzgado décimo tercero de distrito, en el Estado de México.

4 Novena época, segunda sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, marzo de 2002, p. 320. Contradicción de tesis 12/2000. Entre las sustentadas por el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y el entonces quinto tribunal colegiado del cuarto circuito, actualmente segundo en materias penal y civil del propio circuito, 8 de febrero de 2002, cinco votos, ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, secretario: Rafael Coello Cetina.

5 Juzgado décimo tercero de distrito en el Estado de México.

6 Primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito.

7 Queja 54/2013.

8 Juzgado décimo cuarto de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, juicio de amparo indirecto 769/2013.

9 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, Diario Oficial de la Federación, 15 de octubre de 2012.

10 Tercer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, I.3o (I Región) 7 A (10a.), amparo en revisión 86/2012, Dora Itzel Braulio Zermeño, 23 de febrero de 2012, unanimidad de votos, ponente: Gaspar Paulín Carmona, secretaria: Norma María González Valencia.

1[1] Tercer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, I.3o (I Región) 8 A (10a.), amparo en revisión 86/2012, Dora Itzel Braulio Zermeño, 23 de febrero de 2012, unanimidad de votos, ponente: Gaspar Paulín Carmona, secretaria: Norma María González Valencia.

12 www.ifai.org.mx.

Comentarios
12 Comentarios en “Los particulares como autoridades responsables en la nueva Ley de Amparo”
  1. Fernando Nava Dijo:

    Excelente artículo, sería conveniente que una vez resueltos en forma definitiva los ejemplos se retomara el tema. Felicito ampliamente a los ilustres juristas que elaboraron este paper.
    Saludos.

  2. Jhonatan Sánchez Dijo:

    El artículo está muy interesante, habrá algunos asuntos muy claros como en el caso de los notarios, agentes aduanales, servicios públicos concesionados, pero habrá otros no tan claros, como los bancos, escuelas, negocios que de alguna manera tengan regulación legal. Es un tema nuevo que habrá que darle seguimiento y explorarlo. Felicidades a los abogados investigadores que editaron este tema. Saludos.

  3. Rosario Dijo:

    Excelente artículo, felicito a los abogados que lo elaboraron. Deberían subir el artículo a Twitter.

  4. Luis Dijo:

    Gran tema de actualidad, hasta dónde los particulares serán autoridad con la nueva Ley de Amaparo, urge la posición de los tribunales del país. Felicito a los autores.

  5. erick Dijo:

    El tema tratado en este articulo es interensantisimo, de gran actualidad, felicito a los autores que siempre estan un paso adelante en el mundo del derecho.

  6. ESMERALDA ZAPOTECO Dijo:

    este tema es de gran interés..sería apropiado continuar fondo ella…y gracias por mabtemantenernos al margen.

  7. Carlos Dijo:

    En un juicio de convivencia familiar, señale como autoridad responsable al psicologo designado por el Juez Familiar.

  8. HUMBERTO Dijo:

    Me encuentro tramitando un amparo que fue interpuesto en contra del presidente y otros miembros de una Asociación Civil que represento, esto es por la expulsión de un socio, alegamos en general que mis representados, los miembros de la A. C. no pueden ser tratados como autoridad, pues aun y cuando el socio hubiera sido realmente expulsado, su carácter de socio proviene del contrato de sociedad que celebró con los demás agremiados, por lo cual la relación que mantiene con los demás miembros incluso con el presidente de la A. C. es una relación de coordinación, igual a igual, por lo que no puede dársele el tratamiento de autoridad, esto además de que las funciones de los miembros se encuentran establecidas en una norma particular como lo es un contrato de sociedad formalizado en una escritura constitutiva y no en una norma general como lo establece la ley de amparo para dar el tratamiento de autoridad a los particulares, en fin es menester que los Juzgadores determinen con claridad los alcances del amparo contra particulares a fin de tener certidumbre al respecto, en breve tendré sentencia la cual compartiré con ustedes, saludos.

  9. Dr. Sanchez Dijo:

    Ya se gano el primer amparo en definitiva contra una escuela particular, se trata de un colegio de jesuitas en Tampico Tamaulipas, el cual que pretendio expulsar injustamente a un alumno de primaria, a travez de la figura de negarle la matricula a siguiente ciclo escolar.

    Juzgado Noveno de Distrito con sede en Tampico en Tamaulipas
    Amparo Indirecto
    Expediente 1010/2013

  10. Omar Martínez Dijo:

    Es un artículo muy importante con una visión de información, aunque los dos ejemplos son claros, en el Estado de Guerrero, la Union de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG) tiene importante presencia en algunos municipios donde se ha proliferado la inseguridad, su nacimiento de debío a la incapacidad del gobierno municipal y estatal de prevenir los delitos, la UPOEG en la Costa Chica, a dado resultados, más sin embargo, se ha extralimitado en las funciones de coadyuvancia para las que nacio, porque ahora ellos investigan, detienen y sentencian, llegando a mantener en cautiverio a los acusados hasta por veinte, treinta días y mas, sin que se les de la garantía de audiencia, y lo peor con el apoyo económico del gobernador de Guerrero, Aguirre Rivero, violandole sus mas elementales derechos humanos a estos presuntos imputados, es necesario que la Suprema Corte se pronuncie en cuanto si estos miembros de la UPOEG que actuan en calidad de responsables, mismo que realizan actos de autoridad, son prospecto de autoridades responsables, de acuerdo al nuevo artículo quinto de la ley de amparo, porque de lo contrario, estariamos hablando de un hueco enorme para satisfacer los derechos del gobernado ante el arbitrio del poder legal e ilegal.

  11. EKTOR ROVLEZ Dijo:

    Interpondré el recurso de amparo en contra de la inminente alza del aguacate, en contra de una tienda de auto servicio. Es de mucha ayuda lo que nos han compartido. Gracias.

  12. Juan Monjaras Hrenandez Dijo:

    El comentario me parece acertado, toda vez que, me encuentro en una situación parecida, en la cual me desecharon la demanda de amparo, por considerar el Juzgado de Amparo “que la asamblea general de ejidatarios y los miembros del comisariado ejidal, no son autoridades para el juicio de amparo”, lo cual le da a la asamblea un poder desmedido, pues sus resoluciones son obligatorias, en base al reglamento interior del ejido, reglamento que es una copia fiel de la Ley Agraria y las atribuciones conferidas en la fracción VII del la Constitución. La situación en comento, consiste en que la asamblea general de ejidatarios nos impone se nos rebaje un 50% de los beneficios económicos que recibe el ejido por diferentes actividades, considerando que se esta llevando a cavo “actos de discriminación” dentro de una misma comunidad, y que para los afectados resulta humillante, denigra y desplza, violentando y modificando un derecho fundamental implícito en el articulo 1 de Nuestra Carta Magna.
    El tema es cuestion de constitucionalidad y resulta que ninguna institucion a querido resolver al respecto, entre elos el Tribunal Agrario, Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados, SCJN y la Comicion de D