Al Margen Abril 2017

Al Margen Abril 2017

El magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez es el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Aunque su acceso al cargo fue sencillo (su único retador se retiró para dejarle el camino libre), su gestión no lo será tanto. Habrá que enfrentarse a los bloques monolíticos que le heredó su antecesor y destrabar una red de intereses de largo alcance. Desde luego, también puede optar por nadar de muertito…

 

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Muy oportunas resultaron las acciones de inconstitucionalidad que han presentado la Presidencia de la República, el Senado, la PGR, la CNDH, Morena y Nueva Alianza, entre otros, ante la Suprema Corte para invalidar diversos conceptos de la Constitución de la Ciudad de México. El documento invade, sin ton ni son, leyes y funciones del gobierno federal y hasta del Poder Legislativo. Pese a los códigos nacionales en la materia, esta Constitución confiere a la Ciudad de México facultades para legislar sobre justicia para adolescentes y ejecución de sanciones. Pero también sobre aguas nacionales, salud y hasta política exterior. Algunos de sus promotores, como Alejandro Encinas, han salido a decir que la Federación no quiere conceder la democracia a la Ciudad de México. Pero ésta es demagogia pura. Si la Ciudad de México tiene dos constituciones que se contradicen entre sí, esto no abonará a la democracia sino a lo que tanto le gusta a Encinas: el caos.

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El Código Nacional de Procedimientos Penales se ha convertido en arena de discordias. La derecha —representada ahora por el diputado César Camacho— aduce que no puede haber tantas salidas alternativas, pues se está dejando libres a muchos criminales. La izquierda —en voz de la senadora Angélica de la Peña— asegura que las penas sólo criminalizan la pobreza y que no sólo debe reformarse un código tan draconiano sino que debe desaparecer la lista del artículo 19 constitucional, donde se enumeran los delitos que exigen prisión preventiva automática. Ambos legisladores han dicho al otro que su proyecto no pasará en la cámara de la que ellos son parte.

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En el ámbito penal, los jueces se aferran a decisiones de la Suprema Corte como la de Florence Cassez y otras similares para dar la vuelta a los asuntos que les llegan. Basta con que detecten una intromisión a los derechos humanos para anular todo el proceso. ¿Reponerlo? Qué miedo. O qué flojera, según sea el caso. Pero no podemos pedir peras al olmo: durante años y años México llamó “jueces” a los inspectores de control de calidad que sólo verificaban si el Ministerio Público había hecho o no su chamba. No podemos exigirles que ahora se pongan a juzgar…

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Eso de que los jueces son autónomos hay que verlo con ciertas dudas: el magistrado Florencio Hernández Orozco se lanzó, sin pedir autorización, para competir por un escaño en la Suprema Corte hace más de un año, y dijo lo que pensaba al respecto —“la SCJN se conforma con cuates y cuotas”— y es la hora en que sigue padeciendo las consecuencias de su osadía: no sólo lo cambiaron de adscripción sino que le abrieron un proceso administrativo. Su caso debe servir de lección.

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El juez Sergio Martínez Díaz, titular del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, en Ciudad Juárez, resolvió llevar a cabo un juicio oral sin público. Si bien esto puede ser posible en los poquísimos casos que permite el Código Nacional de Procedimientos Penales, hay que justificarlo con buenos argumentos. El caso que atendió nuestro juez tenía que ver con un hombre acusado de asesinar a su esposa y a sus hijos, pero el inculpado adujo que algunas notas periodísticas violaban su presunción de inocencia, pretexto del que se agarró el juzgador para desafiar el principio de publicidad. El caso debe examinarse con cuidado: lo que menos queremos es volver a la opacidad del pasado. Jueces como Martínez Díaz ponen en peligro la modernización jurídica de México.

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De acuerdo con el suplemento Universitarios, que publica el periódico Reforma cada año, éste es el ranking de las mejores escuelas de Derecho en México: en primer lugar, vuelve a posicionarse la Escuela Libre de Derecho, con 9.08 puntos; la sigue la Universidad Panamericana, con 9.03, y en tercer lugar, el Tecnológico de Monterrey, con 9.00. Después, en orden de puntaje, van la UNAM, el ITAM, La Salle, la UAEM y la UAM. La Universidad Iberoamericana cayó al noveno lugar y la Barra Nacional de Abogados superó a la Anáhuac… Desde luego, ésta es sólo una aproximación.

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Anuar González Hemadi, el juez que concedió el amparo a uno de los jóvenes apodados “los Porkys”, tuvo todo el derecho de fallar en un sentido o en otro. Para eso es el arbitrio judicial. El problema es que sus argumentos resultaron alarmantes. No se acreditó el ánimo lascivo en la conducta del joven, aseguró. Pero ¿cómo se prueba el ánimo lascivo si no es a través del cúmulo de indicios? Y aquí hubo muchos. Por duro que resulte aceptarlo, tuvo razón el Consejo de la Judicatura Federal al suspenderlo "por notoria incompetencia": jueces como él ponen en peligro a la sociedad con sus fallos.

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El optimismo que generó la primera subasta pública de licencias de radio —un optimismo que se tradujo en la recaudación de 1,445 millones de pesos— se desvaneció en cuanto se supo que la empresa ganadora fue Tecnoradio. La misteriosa empresa se llevó 37 licencias de radio. Dados los servidores públicos que resultaron haber sido socios de esta empresa y la opacidad en que se celebró la subasta, no sólo se puso en duda la imparcialidad del IFETEL sino que, por todo el sector de las telecomunicaciones, ha ido creciendo la desconfianza respecto a la siempre opaca Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿De dónde salió Tecnoradio?, se preguntan. ¿Quién está detrás de este extraño fallo?

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La trata de personas sigue siendo un problema donde está atorado el país. Los 26 supuestos que enuncia el Código Penal Federal comprenden conductas muy distintas y no queda claro si trata y explotación son lo mismo, lo cual es muy delicado. No es igual conectar a una persona con otra que explotarla. La explotación, por otra parte, es subjetiva: un agente literario que cobra 30 por ciento a un autor, ¿lo está explotando? ¿Un lenón que cobra 20 por ciento a una trabajadora sexual la explota? Muchas organizaciones de la sociedad civil, contaminadas por religión y moral, entorpecen el debate.

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Revista El Mundo del Abogado