Al margen - Abril 2018

Al margen - Abril 2018

 

A pesar de sus inconsistencias —que son muchas—, la Ley de Seguridad Interior nos ofrece un punto de partida: da certeza a la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Que con un margen tan amplio se pueden cometer abusos? Muchos. ¿Que resulta disparatado que todo lo que se haga en nombre de la seguridad nacional está cerrado? Sin duda. ¿Qué se confunden términos como seguridad interior y seguridad pública? A no dudarlo. Aun así, México cuenta con una referencia que, con el paso del tiempo, no tendrá más remedio que modernizarse.

 


 

Álvaro Pérez Juárez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sueña con la reelección, pero no tendrá la partida tan fácil como la tuvo su antecesor, Edgar Elías, que logró modificar términos y artículos para permanecer 10 años en el cargo. El problema del magistrado Pérez Juárez es que la nueva Constitución de la Ciudad de México señala un plazo de un año. Y aquí no se trata de un reglamento o de una ley sino de la Constitución de la ciudad.

 


 

Cuando el papa Alejandro VI trazó la línea alejandrina y dijo: “De aquí para acá es de España y de aquí para allá de Portugal”, dio el banderazo a la piratería, auspiciada por la Corona inglesa, a la que no le tocó nada en el reparto. La protección que México ha hecho a algunos monopolios tiene efectos similares respecto del crimen organizado. Sólo por hablar de la industria refresquera, hay que ver los esfuerzos que hacen los grupos beneficiados —Coca Cola con 80 por ciento y Pepsi Cola con 18 por ciento— para obligar a los distribuidores a no competir con ellos, como consta en distintas actuaciones de la Comisión Federal de Competencia y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante el fracaso de la ley, los piratas modernos empiezan a hacerse justicia por su mano. El ataque al centro de distribución de Coca Cola-Femsa en Ciudad Altamirano es un ejemplo. No se trata de justificar este reprobable acto de violencia que llevó a la refresquera a cerrar su planta sino de explicarlo: mantener monopolios tiene altos costos en nuestra seguridad nacional.

 


 

En la más reciente edición de Universitarios, suplemento educativo del periódico Reforma, este año le tocó a la UNAM encabezar la lista de las mejores escuelas de Derecho en México. El segundo lugar correspondió a la Universidad Panamericana, y el tercero, al ITAM. Llama la atención que la Libre de Derecho haya caído al cuarto sitio pero, más aún, que la Anáhuac se haya ido al 15°, abajo de la UAEM, la Universidad Mexicana y el ICEL.

 


 

A la fecha, las personas desaparecidas en México suman 32,000. En este sentido, acierta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al exigir al gobierno que informe avances y dé a conocer la información con la que cuenta. La autoridad, señaló recientemente la CNDH, revictimiza a muchas víctimas que acuden a denunciar los hechos: no sólo reciben un trato insensible sino que la autoridad no investiga de manera inmediata y eficaz.

 


 

Más de 500,000 mexicanos que residen en el extranjero ya cuentan con la credencial de elector fuera del país. Esto no supone que todos ellos voten, pero la cifra es elocuente. También lo es la que dio a conocer recientemente el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Los adultos que tienen 60 años o más constituyen, a la fecha, 12.1 millones. Para 2050 se prevé que rebasen al grupo de menores de 15 años. En todo caso, los candidatos a los distintos cargos que se elegirán en 2018 no pueden perder de vista estos números.

 


 

Imposible exigir resultados a nuestros policías, peritos y agentes del Ministerio Público mientras les neguemos la oportunidad de desarrollarse personal y profesionalmente en sus cargos. No se trata de declaraciones grandilocuentes sino de derogar la impresentable fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, que les niega —de plano— la posibilidad de mantenerse en el cargo si no cumplen al pie de la letra las instrucciones de sus superiores, por más disparatadas e ilegales que sean. ¿Qué policía podría negarse a alterar un informe homologado o qué perito rehusaría perder una evidencia ante la amenaza de un despido sin causa, sabiendo que no tiene recurso alguno para objetarlo?

 


 

José Mario de la Garza, presidente de la Barra Mexicana, presentó una demanda de amparo contra el Congreso de la Unión, dado que éste no ha emitido aún las reformas laborales que suponen los tribunales laborales que desplazarán a las juntas de Conciliación y Arbitraje. Qué bien habla esto de De la Garza, que ha decidido despertar al paquidérmico Colegio de Abogados, pero qué mal habla de nuestros insignes legisladores…

 


 

Fueron muchos los que se desgarraron las vestiduras ante la inclusión de Ximena Puente en las listas plurinominales del PRI para la Cámara de Diputados. Las críticas no se explican pues desde que el Senado desmanteló el IFAI quedó claro que el INAI se integraría por cuotas: tres posiciones para el PRI; dos para el PAN y dos para el PRD. ¿O el grupo de “expertos” que legitimó estos nombramientos no se dio cuenta de ello?

 


 

A propósito del INAI, mal ejemplo da el Instituto cuando, desde febrero de 2015, no se ha preocupado por tener titular del Órgano Interno de Control. Decir que no lo ha designado la Cámara de Diputados desde entonces puede ser un pretexto, pero quienes saben cómo se mueven estas designaciones tiene claro que, efectivamente, esta explicación es sólo un pretexto. Lo cierto es que sin titular del órgano al que deberán rendir cuentas, los comisionados pueden despacharse con la cuchara grande... como lo han hecho.

 


 

Bien eligió Andrés Manuel López Obrador su caballo de batalla: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pues aunque los empresarios y el gobierno federal han declarado que cancelarlo costaría 120,000 millones de pesos y se perderían 70,000 fuentes de empleo, la apuesta del político tabasqueño es recordar que sólo 13 millones de mexicanos tienen pasaporte. El mensaje es claro: ¿para qué gastar en un proyecto que no beneficia a 110 millones de mexicanos? Con ese dinero podrían darse becas mensuales de 2,000 pesos a los ninis… Más allá de las explicaciones que pudieran darse sobre los proyectos de colaboración internacional y de los beneficios que este aeropuerto significará para todos los mexicanos, el blanco es fácil y atractivo.

 


 

 

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Revista El Mundo del Abogado