Al Margen - Agosto 2017

Al Margen - Agosto 2017

Que algunos gobernadores hayan acumulado tanta riqueza mediante prácticas ilegales tiene diversas causas. Una de ellas es, a no dudarlo, las omisiones del Sistema de Administración Tributaria y de la Secretaría de Gobernación. El primero siempre sabe cuánto dinero entra y cuánto sale en cada entidad federativa… ¿Nunca advirtió lo que ocurría en Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas o Veracruz? En cuanto a la segunda, dígase lo que se diga sobre el federalismo, pudo haber hecho lo necesario para separar de su cargo a algún gobernador, enviando un mensaje contundente para el resto de los ejecutivos locales. Así se hacía en los viejos tiempos del PRI y, disgustara a quien disgustara, la medida funcionaba como un elemento disuasivo a la corrupción.


Hacía muchos años el gobierno no contaba con una Corte tan obsecuente, lo cual debería aprovechar para prolongar el periodo de los diputados y los senadores del PRI, a seis y 12 años, respectivamente. El mecanismo es sencillo: se declara que el periodo se prolonga (no hay necesidad de reformar la Constitución ni la ley) y cuando los inconformes denuncian el abuso, el asunto se turna al Máximo Tribunal, que ratificará de inmediato la medida. Si sale bien, el partido político que gane las elecciones en 2018 (si logra mayoría en el Congreso) podrá hacer lo mismo con el presidente de la República: ya que se le haya elegido por seis años, que se quede otros seis. Eso sí, la medida deberá anunciarse una vez que el presidente tenga la banda sobre el pecho y antes de que haya entrado a su oficina de Los Pinos o Palacio Nacional. No después. El método ya fue probado con los magistrados del Tribunal Electoral y, por disparatado que parezca… funcionó.


En su reciente visita a México, Ottavio Sferlazza, juez de instrucción de Palermo y uno de los adalides contra la corrupción en el mundo occidental, aseguró que la manera más eficaz de combatir a la delincuencia organizada es mediante la intercepción de comunicaciones. Con orden judicial, naturalmente. ¿El método vulnera la intimidad de los interceptados? A no dudarlo. Pero los derechos no son absolutos y en ciertos momentos unos tienen prelación sobre otros.


La que no parece tener viso alguno de legalidad es la férrea resistencia del sindicato de Pemex a rendir cuentas y a cumplir con las resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Es el sujeto obligado que, en México, más desprecio ha expresado ante la transparencia. Aunque, de acuerdo con la paraestatal, en 2017 se entregaron 44 millones de pesos “para mantener los gastos del sindicato”, todo indica que la cifra es mayor —mucho mayor— si se quiere explicar el escandaloso tren de vida de sus dirigentes. Parece mentira que en pleno siglo XXI, en una época de rendición de cuentas y políticas anticorrupción, se tolere la opacidad del sindicato.


Hablando del INAI, no le fue nada bien después de que la Auditoría Superior de la Federación diera a conocer la revisión de la cuenta pública 2016. Ésta denunció el desdén de la normatividad por parte del instituto, así como “irregulares ajustes a la baja”. En suma, un quebranto patrimonial de más de 11 millones de pesos a la hora de construir la Plataforma Nacional de Transparencia que, por cierto, no se mueve ni p’atrás ni p’adelante.


La principal virtud de José Mario de la Garza, flamante presidente de la Barra Mexicana, es, también, su principal debilidad: su hiperactivismo. “Anda en todo —cuentan los barristas— y todo para él es una prioridad.” Las sesiones maratónicas del consejo directivo del colegio sólo se ven interrumpidos cuando De la Garza debe salir disparado a cumplir otro de sus innumerables compromisos, ya sea para asistir a los presos, para abogar por la transparencia o para llevar los litigios de su exitoso despacho.


Bien hizo la Suprema Corte en atraer la demanda contra Grupo México por derramar 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Becanuchi y Sonora. De acuerdo con Defensa Colectiva, A.C., la empresa es responsable de un desastre ambiental y será la Corte la que lo determine, dado que un juez y un magistrado han preferido no echarse de enemigo a un grupo tan poderoso. Si esto es un chantaje a Grupo México, como dicen algunos, o un ecocidio incalificable, como alegan otros, eso deberá decidirlo nuestro Máximo Tribunal. En cualquier caso, esperamos que la contaminación de los ríos no quede impune y que el daño se repare.


Si hemos de creer a la Universidad de San Diego, cada año entran a México 253,000 armas de fuego de manera ilegal. Ante estos datos, la idea de reformar el artículo 19 de la Constitución para que la simple portación de armas se castigue con prisión preventiva oficiosa resulta grotesca. Lo que hay que hacer es cuidar más las fronteras. Si usted va en vehículo de Tijuana a San Diego, el escrutinio aduanal es exhaustivo. Si hace el viaje de regreso, puede traer su cajuela llena de granadas y AK-47 y nadie le causaría molestia alguna. El problema, pues, no se arreglará reforzando el 19.


En los próximos meses, el Congreso de la Unión expedirá la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias y adicionará un nuevo Título al Código de Comercio en materia de conciliación comercial. Con esta medida se pretende impulsar la mediación —que tanto éxito ha tenido en el mundo—, la cual será un parteaguas en la solución de conflictos en nuestro país. Más allá de ver al litigio como la única herramienta para resolver conflictos, los despachos de abogados deberán fortalecer sus capacidades en las áreas del arbitraje y la mediación, con lo cual se evitarán largos y costosos procedimientos judiciales o arbitrales.


 

“Nada prueba mejor el ánimo de un príncipe para combatir la corrupción como el castigo a las figuras prominentes”, escribió Tácito hace 2 mil años. Tenía razón. Mientras no estén en prisión sujetos como César Duarte y no se investiguen a fondo las pifias de políticos como Gerardo Ruiz Esparza, será difícil de creer en los buenos propósitos que se tienen para combatir la corrupción, así se haya armado un tinglado como el Sistema Nacional Anticorrupción, tan aparatoso como inútil.


Si las cosas siguen como hasta hoy —un PAN cuyos miembros se despedazan entre sí y un PRD donde ya se despedazaron—, todo indica que, contra toda expectativa, será el candidato del PRI a la presidencia de la República quien gane en 2018. Y su caballada no está flaca. El médico José Narro o el economista y abogado José Antonio Meade Kuribreña tienen todo para aspirar al cargo. El primero sería mejor candidato que presidente y el segundo sería mejor presidente que candidato. Esto, sin descartar al politólogo Aurelio Nuño o al abogado Enrique de la Madrid.

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Revista El Mundo del Abogado