Al Margen - Diciembre 2016

Al Margen - Diciembre 2016

Qué lástima que, entre los candidatos para ocupar la Fiscalía Anticorrupción, un abogado tan honesto y valiente como Miguel Sarre sea considerado un barnburner por algunos senadores: “Es capaz de incendiar el granero con tal de eliminar a las ratas”, dicen. Entre quienes podrían ocupar dicha posición también están los actuales presidentes del INAI y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Ximena Puente y Manuel Hallivis, respectivamente. Quien sea que ocupe dicha posición, deberá ser una figura cuya designación quite el sueño a los corruptos... 


Nuestra debilidad institucional sigue dando de qué hablar. A pesar del estupendo trabajo que ha hecho Julio Hernández Barros al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), es obvio que nuestros legisladores ya se cansaron de esta comisión, como antes se cansaron de ProVíctima. Ahora quieren un modelo más redituable y —qué sorpresa— ya están impulsando reformas constitucionales. De los siete comisionados que eligieron, tras desaparecer ProVíctima y luego de un “riguroso escrutinio”, ahora sólo quedan Hernández Barros y Adrián Franco. Los dos comisionados no reúnen quórum para ejercer las facultades que les da la ley. Es cosa de tiempo para que sean sustituidos. Si estos caprichos legislativos no fueran tan costosos —como el INE, el INAI y otros del mismo corte— el tema sería motivo de risa.


 Cómo da vueltas la vida: cuando, en 1995, Juan Velásquez ofreció presentar a ante el Ministerio Público a su cliente —Raúl Salinas de Gortari— con la promesa que le hizo Antonio Lozano, entonces procurador general de la República, de que no se le tocaría un pelo, el abogado penalista fue engañado y Raúl Salinas acabó tras las rejas. Ahora, el abogado penalista era Antonio Lozano, y su cliente, el ex gobernador Guillermo Padrés, a quien ofrecieron no tocarle un pelo si lo presentaba a declarar… ¿Son ironías del destino o el asunto es más complejo?


La participación de tantos abogados en operaciones de lavado de dinero y en escandalosas corruptelas, como la de Javier Duarte, avergüenzan al gremio. Ojalá que estas “operaciones jurídicas” puedan salir a la luz y estudiarse por parte de organizaciones de la sociedad civil y unidades anticorrupción, para evitar que estas prácticas proliferen. Constituyen un invaluable material de estudio.


Si un periódico lo acusara a usted de ser un ladrón, sea esto cierto o falso, ¿tendría derecho a dar a conocer su propia versión? Para muchos medios de comunicación y ocho ministros de la Suprema Corte, no. Algunos medios han celebrado la decisión de nuestro Máximo Tribunal para no ampliar el derecho de réplica: “Desecha Corte proyecto contra libertad de expresión”, cabeceó un periódico su primera plana. Pero ¿de veras iba contra la libertad de expresión el proyecto de Alberto Pérez Dayán? Por supuesto que no. De lo que se trataba era de ampliar la posibilidad de que una persona afectada por los medios pudiera defenderse. “Si quiere defenderse, que vaya a juicio”, aducen los detractores del proyecto de Pérez Dayán, como si los juicios en México fueran breves y baratos. Con la decisión de la Corte, tal parece que la libertad de expresión es patrimonio de televisoras, estaciones de radio y periódicos. 


El debate en la Cámara de Diputados llega a lo patético. Al oponerse al matrimonio igualitario, algunos de nuestros ínclitos representantes se valieron de argumentos tan contundentes como el de que si hoy se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, mañana se autorizará que nos podamos casar con delfines. El tema del matrimonio igualitario no tiene que ver con “permitir” que dos personas del mismo sexo se emparejen, puesto que esto ocurre desde que el hombre es hombre y nadie pide permiso para hacerlo. De lo que se trataba era de extender los derechos de una persona a otra, aprovechando las figuras jurídicas con las que ya contamos. Pero esto, que parece tan simple, no lo comprendieron nuestros diputados. 


Mientras en Estados Unidos se autoriza la producción y la comercialización de la marihuana para uso recreativo, en México seguimos pasmados, viendo cómo nuestros vecinos nos arrebatan el mercado de la manera más vil. En lugar de prepararnos para la competencia, seguimos cavilando por qué, si el presidente Peña envió una iniciativa al Congreso (que duerme el sueño de los justos) para aumentar la dosis de su consumo legal, se sigue prohibiendo sembrarla y venderla. Académicos y legisladores se devanan los sesos para explicar cómo se puede permitir el consumo de una hierba que no se puede cultivar ni comercializar… “Si legalizamos la marihuana —argumentan, por otra parte, los defensores de la prohibición, que son los que más se benefician del prohibicionismo— los productores migrarán a drogas duras y será peor.” 


Los procesos internos en el Poder Judicial Federal han perdido credibilidad. Para muestra basta revisar la “elección” que hizo la Suprema Corte de Jorge Cruz Ramos, nuevo consejero de la Judicatura Federal. Si antes participaban en estas elecciones más de 100 magistrados, que se esmeraban en ser evaluados y defendían sus candidaturas con ahínco, ahora sólo se inscribieron 22… Hay la sensación de que los dados ya están cargados.


Tiene razón Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, cuando afirma que la medalla Belisario Domínguez que el Senado otorgó a Gonzalo Rivas Cámara significa “criminalizar” a estos jóvenes. Por supuesto que tiene razón: Rivas Cámara dio su vida para evitar que murieran cientos de personas, después de que los normalistas incendiaran una gasolinera. ¿A qué le teme Felipe de la Cruz? ¿A que se sepa que los 43 no eran blancas palomas?


A propósito de los 43 normalistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adelantándose a las restricciones que le esperan con Donald Trump, descalificó el peritaje avalado por la Procuraduría General de la República y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el sentido de que los cuerpos de 43 personas se pudieron haber incinerado en el basurero de Cocula. El combativo James Cavallaro, presidente de la CIDH, está convencido de que ahí no hubo ningún incendio. Quiere peces gordos tras las rejas. Y si visten uniforme, mejor.


Por sorprendente que pudiera parecer, algunos políticos mexicanos están de plácemes con la victoria de Donald Trump: “Estados Unidos ya no nos va a presionar con los derechos humanos, la corrupción y el Estado de Derecho”, celebran. Dado el desprecio que el presidente electo siente hacia nuestro país, más de un político mexicano verá el campo libre para enriquecerse y desdeñar la ley; para cometer abusos sin temor a una observación por parte de nuestros vecinos del norte, que antes nos exigían prácticas seguras y transparentes para invertir. Otros políticos miran el escenario con ojos distintos. Andrés Manuel López Obrador ya declaró que no necesitamos a Estados Unidos para crecer. Es entendible que, ante el desdén de Estados Unidos, nosotros también nos cerremos. Los nacionalistas de la escuela de José López Portillo se están frotando las manos.


 

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Revista El Mundo del Abogado