Diciembre 2017

Diciembre 2017

La decisión que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación de destituir al delegado de la delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, empodera a nuestro Máximo Tribunal. La arrogancia con la que se condujo el perredista Israel Moreno al ignorar una y otra vez la orden de reinstalar a unos trabajadores se encontró con pared: “Nadie está por encima de la ley”, recordó la Corte. Ojalá que así lo hiciera con otros muchos grupos e individuos.

 


 

Difícil aspirar a un Estado Democrático de Derecho mientras el Senado de la República se dedica a planear viajes y a organizar comilonas para sus miembros, mientras decenas de asuntos de la agenda legislativa siguen postergados. Las leyes que impulsan se hacen sobre las rodillas y obedecen a presiones del momento. Pero no tienen viabilidad ni parecen responder a las necesidades del país. “Ya las harán los senadores que vengan”, dicen los actuales. En la actualidad, no hay una sola mesa de análisis y discusión en el Senado para atender los temas de justicia. Preparar bonos y aumentar prerrogativas consume el tiempo de nuestros representantes.

 


 

No se trata de suprimir la regulación gubernamental de la actividad privada, pero ésta tiene que ser revisada de modo permanente. Según el Consejo Coordinador Empresarial, el costo de los trámites representa hasta 8 por ciento del PIB de México. Prescindir de la regulación puede significar un desastre, pero sobrerregular, también.

 


 

Durante la conferencia magistral que impartió en el congreso “Cambio cultural y nuevo modelo de justicia penal”, convocado por el INACIPE, Carlos Castresana abordó sin tapujos el tema de la corrupción. El fiscal de la ONU que puso tras las rejas al ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, que consignó a Augusto Pinochet cuando el dictador fue a curarse a Londres y que persiguió a Silvio Berlusconi, aseguró que en México “la corrupción privada es más grave que la corrupción pública”. En todo caso, aclaró, no puede haber una sin la otra.

 


 

El trabajo infantil en nuestro país sigue provocando estragos. Incluye a más de dos millones y medio de niños y adolescentes, quienes están obligados a colaborar en el sustento de sus familias. Según el INEGI, 8.4 por ciento de niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años de edad se desempeñan en tareas que ponen en riesgo su salud y su desarrollo intelectual. No es un tema que sólo puede solucionarse con la ley, pero nuestro marco legal merece una revisión exhaustiva, dado que en la cultura de muchas comunidades mexicanas este trabajo se considera algo normal.

 


 

Los 54 mexicanos que esperan su ejecución en Estados Unidos deben obligarnos a repensar esta figura en México y en el mundo. No para determinar si es justa o injusta, digna o indigna, sino si es conveniente. El problema esencial de la pena de muerte es su carácter irreversible y la posibilidad del error judicial. Lo demás es retórica.

 


 

En el suplemento Las Mejores Firmas Legales en México, el periódico Reforma publicó la lista de los despachos corporativos que Partnes and Chambers consideró los mejores a la hora de hacer negocios en 2017. Los cinco mejores calificados fueron Creel, García-Cuéllar, Aisa y Enríquez; Galicia Abogados; Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes; Nader, Hayaux y Goebel, y Richt, Mueller, Heather y Nicolau. Como en toda lista, faltarán algunos y sobrarán otros.

 


 

Si bien la materia agraria parece estar condenada a regirse por criterios políticos más que jurídicos, hay que ver con buenos ojos la elección de Odilisa Gutiérrez Mendoza como presidenta del Tribunal Superior Agrario. La magistrada se caracteriza por su entusiasmo y su frescura… Algo podrá hacer para modernizar no sólo al Tribunal sino al Derecho agrario. Hay que desearle buena suerte.

 


 

Entre los expertos en cibercriminalidad en México hay inquietud por la repentina llegada de una treintena de “diplomáticos” rusos, justo en la época en que se preparan las elecciones de 2018. Después de lo que se ha visto en Estados Unidos con Trump, en el Reino Unido con el Brexit y en España con Cataluña, hay quienes temen que México deba aportar su cuota de “desorden en occidente”.

 


 

El amparo por omisión no es una figura frecuente en la vida jurídica de México. Por ello —y por todo lo que trae aparejado— hay que celebrar el fallo de la Suprema Corte que ordenó al Congreso de la Unión expedir la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, a efecto de regular la publicidad gubernamental. En este campo cada quien ha hecho lo que ha querido y con el pretexto de que no existen las reglas (que debieran haber existido desde hace al menos cinco años) se gasta a manos llenas el dinero de los mexicanos para festejar obras que a menudo no existen o para ensalzar a políticos que sólo buscan conseguir, aumentar o preservar prebendas.

 


 

Si hemos de creer al periódico Reforma, en los últimos 10 años el gobierno federal ha gastado más de 78,000 millones de pesos en propaganda gubernamental. Es decir, casi 8,000 millones de pesos anuales. Si en el sexenio 2006-2012 se fueron en estos gastos 42,243 millones, en lo que va de este sexenio se han erogado 36,261 millones… más lo que se acumule de aquí a noviembre de 2018. Qué bueno que los legisladores de distintos partidos políticos hayan declarado que impulsarán la Ley de Propaganda que la Suprema Corte ordenó y qué bueno que hasta la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos la haya respaldado. Habrá que ver qué hacen los diputados y los senadores y qué hará la Suprema Corte si, para abril de 2018, la ley no ha salido. ¿De veras destituirá a nuestros valientes legisladores?

 


 

La elección de Eduardo Ferrer Mac-Gregor como nuevo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —el organismo encargado de vigilar que estos derechos se garanticen en la región— ha suscitado elogios unánimes. Ferrer ocupa el cargo que antes tuvieron Héctor Fix Zamudio y Sergio García Ramírez. Pese a los aplausos, si el nuevo presidente de la Corte cumple con su labor, no tardará en dar al gobierno mexicano muchos dolores de cabeza.

 

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Revista El Mundo del Abogado