Al Margen - Enero 2017

Al Margen - Enero 2017

La noticia de que el Senado avaló la aplicación médica de la mariguana debe mirarse con reservas. El paso gradual es plausible, pero muy limitado. Ahora se permitirá la siembra y cosecha de esta hierba “con fines terapéuticos y científicos”. La reforma, no obstante, se queda corta. La propuesta del presidente Peña Nieto para elevar de 5 a 28 gramos la cantidad de mariguana que puede portar una persona para su consumo personal quedó en el tintero. Quienes saben del tema aducen que, si esto se aprueba, habría que dejar salir a quienes se hallan en prisión por esta causa. Muchas condenas, desafortunadamente, sólo señalan que la persona va a prisión “por tráfico o posesión de narcóticos”. No se registran nombres del narcótico ni cantidades. Esto complicaría terriblemente la ecuación: ¿quién saldría y quién no? 

 


A la fecha hay 138 personas a las que la COFEPRIS ha otorgado su autorización para que puedan consumir la hierba “para fines terapéuticos”. De las 365 solicitudes que se han hecho, señaló el titular de la comisión, muchos solicitan sembrar hectáreas enteras o cultivar otros narcóticos, por lo que su solicitud no resulta tan fácil de atender.

 


Si la legislación sobre trata de personas no ha funcionado es básicamente porque nuestros legisladores no se animan a hacer una distinción entre trata, explotación y lenocinio. Cualquier trabajo es digno mientras se desarrolle conforme a la ley y la persona que lo realiza esté de acuerdo. ¿Por qué no, entonces, vemos al lenón como un agente de relaciones públicas que, desde luego, podría ir a prisión si explota a su cliente? Los temas religiosos y culturales todavía asfixian a nuestra democracia.

 

 

 


Las escuelas de Virginia, en Estados Unidos, han prohibido la lectura de las noveles Huckleberry Finn y Matar a un ruiseñor, dado que un alumno afroamericano se sintió ofendido porque se usa en ellas la palabra nigger. Puesto que en México siempre estamos al pendiente de lo que hacen nuestros vecinos, pronto veremos a algunos activistas promoviendo que se prohíban las novelas de Carlos Fuentes —como lo intentó Carlos Abascal en su momento— o Memoria de mis putas tristes de Gabriel García Márquez, dado que aparece una menor de edad realizando trabajos sexuales. La corrección política suele ser el preludio de la censura.

 

 


Es difícil entender los erráticos criterios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Mientras, por un lado, exige que se informe sobre los planes de vuelo de las aeronaves asignadas al Ejecutivo federal (su exigencia llegó a la Suprema Corte), por el otro han cerrado la información sobre la bitácora de vuelos de los helicópteros asignados al Ejecutivo federal. ¿No hay algo de esquizofrenia en estos bandazos?

 

 


Hablando de transparencia, algo no funciona en la Cámara de Diputados, cuando todos hablan de los bonos secretos que se despacharon nuestros legisladores a costa del erario. Todos, menos la propia cámara. Son bonos “escandalosos e insultantes”, acusó la Arquidiócesis de México. Si es cierto que los bonos de fin de año fueron tan jugosos, eso debería poder verificarlo cualquier ciudadano en el portal de transparencia de la cámara. Y lo mismo aplica a senadores y a ministros de la Suprema Corte…

 


 

Ante el embate que sufría Raúl Cervantes, procurador general de la República, para que renunciara o expresara su rechazo a competir por la Fiscalía General de la República, tal y como lo preveía el artículo transitorio de la reforma constitucional, hizo bien el Senado al modificar el artículo. Esto dará a Cervantes dos años en los que podrá trabajar sin tener encima a las organizaciones de la sociedad civil y a los activistas que le acusaban de proteger los intereses del gobierno actual. Pero la medida no resuelve el problema más grave: ¿de veras queremos un fiscal autónomo?, ¿de veras queremos despojar al Estado del ius puniendi, la más importante de sus herramientas para hacer cumplir la ley? Esto, que tan bien funciona en los sistemas parlamentarios, podría ser una catástrofe para un sistema presidencial ¿A quién va a responder el fiscal?

 


Una de las comisiones que mejores resultados ha entregado en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, es la de anticorrupción. Su titular, Sergio Huacuja, no descansó un momento y, mes a mes, consiguió expositores de lujo para la comisión. También la involucró en proyectos que dieron lustre a la Barra. El próximo febrero, cuando concluya la gestión de Ricardo Ríos Ferrer, el nuevo presidente del colegio tendrá que decidir si mantiene a Huacuja en su encargo o cede a las presiones de quienes quieren vincular a sus despachos con el tema.

 


Las críticas al Ejército Mexicano no han cesado. Al exigir un marco jurídico para realizar sus bienes, truenan sus detractores, lo único que buscan los militares es una “licencia para matar”. La acusación es injusta y, por decir lo menos, mal intencionada. Hay consenso acerca de que las policías no se dan abasto para combatir el crimen organizado y que, en cuanto se tengan cuerpos policiacos competentes, nuestras Fuerzas Armadas deberán volver a sus cuarteles. En el ínterin, sin embargo, hay que regular su labor “policíaca”. Es urgente hacerlo. No se trató de dar carta blanca al Ejército pero sí de evitar los “grupos de choque”, las “guardias blancas”… y la simulación.

 


En 2016, 144 periodistas y colaboradores de los medios de comunicación fueron asesinados en el mundo. Entre 2007 y 2016, la cifra ascendió a 1,232, según Campaña Emblema de Prensa (PEC). Después de Iraq y Afganistán, México ocupa el tercer lugar de entre los países más peligrosos para practicar esta actividad. Por donde se mire, la violencia es la peor forma de resolver un conflicto. Es reprobable. Los medios, sin embargo, deben coadyuvar a facilitar los mecanismos de solución. El derecho de réplica es uno de ellos.

 


           

Aunque hubo cejas alzadas entre sus colegas —“no se nos consultó”, adujo alguno de ellos—, la declaración que hizo Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte, no tuvo desperdicio. Si el asunto debe resolverse a través de la legislación o a través de un acuerdo de los ministros, da lo mismo. Lo cierto es que resulta fundamental que las competencias de la Corte se acoten. Nuestro Máximo Tribunal recibió 16,139 asuntos en 2016; el de Estados Unidos recibió 80; el de Canadá, 74; el de España, 274, y el de Chile, 115, según lo señaló el propio Aguilar. ¿Por qué nuestra Corte está plagada de minucias que sólo interesan a unas cuantas personas y sólo a ellas las afectan? O modernizamos nuestro Máximo Tribunal o decidimos si debe haber dos tribunales: el de Tercera Instancia y el Constitucional.

 

 


 

La condenable golpiza que sufrió la senadora Ana Guevara es, apenas, la punta del iceberg. En México, una de cada tres mujeres sufren violencia en su propio círculo —padres, hermanos, pareja…— y, de acuerdo con la ONU, cada 10 minutos, en algún lugar del mundo, un hombre asesina a una mujer que es o fue su pareja. Por trillado que parezca, el tema es cultural. Debemos poner énfasis en este aspecto del que son tan responsables los hombres como las propias mujeres que, en ocasiones, reproducen las condiciones de violencia e ignorancia que les tocó vivir.

 


 

 

 

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Revista El Mundo del Abogado