Al Margen Febrero 2017

Al Margen Febrero 2017

Contra todas las expectativas, si Donald Trump logra unir a los mexicanos en la lucha contra la desigualdad y la corrupción, en la productividad y la competitividad, resultará uno de los presidentes estadounidenses más benéficos para México. Esto, desde luego, exigirá que nosotros reaccionemos con visión y coraje: con más corruptos tras las rejas, con mayor transparencia, con procedimientos más simples, con el desmantelamiento de prácticas monopólicas, con un tribunal constitucional resuelto y con la derogación de disposiciones que, como la Fórmula Otero, legitiman la desigualdad, podremos consolidarnos y hacer frente al proteccionismo que Trump intentará en el país vecino.

 


 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. En algunos casos tiene la razón: dictar 15 días de arresto a quien cause alboroto en una audiencia de juicio oral se opone frontalmente a las 36 horas de arresto administrativo que prevé nuestra Carta Magna… Pero hay otros casos que no parecen tan claros: que la policía revise a una persona o inspeccione un automóvil durante una investigación no tiene por qué oponerse al artículo 16. Todo derecho tiene límites y si el fin de un proceso es “el esclarecimiento de los hechos”, como señala el 20, y “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”, no parece razonable que revisar a una persona, “salvaguardando su dignidad,” sea inconstitucional. Sobre todo, en los casos de flagrancia.


 

A propósito del Ministerio Público, es curioso que desde 1911 el tiempo promedio de la gestión de un procurador general de la República sea de dos años y medio. ¿A qué hay que atribuir esta volatilidad? El presidente Carlos Salinas tuvo cinco. En el sexenio actual ya van tres. ¿Se trata del desgaste del cargo o, más bien, del deficiente diseño institucional? Ahora que los activistas se desgañitan para crear una fiscalía independiente y dejar al Estado sin dientes —porque eso implicaría quitarle la acción penal— el escenario se antoja inquietante: en regímenes presidenciales como el nuestro, las fiscalías independientes (que eventualmente pueden funcionar en otros regímenes) suelen fracturar al gobierno y complicar la procuración de justicia.

 


 

Si bien nacieron con buenas intenciones, las unidades de Igualdad de Género que se han creado en oficinas públicas y privadas, en el afán de justificar su existencia comienzan a excederse. Saturan de mensajes los correos de medio mundo e incitan a que algunas mujeres vean moros con tranchete. Cada vez hay más grupos y hasta acusaciones penales por conductas que, quizás, merecerían un rápido proceso de conciliación y nada más. El péndulo va de un lado al otro con inquietante facilidad.

 


 

A pesar de lo anterior, cuando nos enteramos de que Gabriela Maldonado, una indígena mixteca, fue agredida a latigazos por intentar formar parte del cabildo de San Martín Peras, municipio de Oaxaca, ante la pasividad del alcalde, Santiago Ramírez, y del síndico Sergio Rivera, hay que preguntarnos qué sigue fallando en el “México profundo” para que ocurran estas monstruosidades.

 


 

Finalmente fue desguazada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: los cinco comisionados desaparecieron y en unos días se nombrará a un solo titular. Aunque quedó de manifiesto el poco respeto que se tiene a las instituciones, la medida podría resultar de modelo para otras organizaciones, igualmente inútiles. “Siempre es mejor un mal general que dos buenos”, decían los romanos… y, a juzgar por los resultados de muchos órganos colegiados, tenían razón. Lo primero que tendrá que hacer el nuevo titular de la comisión será explicar que el organismo es más que una caja para entregar cheques a las víctimas o familiares de éstas que inicien con éxito el proceso respectivo. Con 1,500 millones de pesos que distribuir en épocas electorales, el tema no es menor.


 

Hablando de instituciones inútiles, ¿cómo se justifica la existencia del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ahora que nos enteramos de que este año, de acuerdo con Transparencia Internacional, México se desplomó del lugar 95 al 123, de los 168 países involucrados? “Los sujetos obligados abusan de la confidencialidad por no entregar información”, adujo Óscar Guerra, presidente de facto del INAI. El argumento, lejos de abonar a fortalecer al instituto, deja clara su inutilidad.

 


 

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, denunció que de 2015 a 2016 aumentaron 332 por ciento las quejas por tortura. La tortura es intolerable en un Estado de Derecho, pero no debe descartarse que muchos infractores de la ley, apenas son detenidos, aducen tortura con la esperanza de que el juez halle una irregularidad en el proceso y los deje en libertad. Los jueces deben ser muy estrictos a la hora de verificar la aplicación del protocolo de Estambul y no prestarse a este juego.

 


 

Hay que celebrar los cambios que, en su sesión del 21 de enero pasado, aprobó el pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, los cuales cambiarán radicalmente la estructura político-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a partir de su entrada en vigor en 2018: 1) la creación del Consejo Judicial Ciudadano, que se encargará de designar directamente a los miembros del Consejo de la Judicatura y propondrá la terna para que el Congreso de la Ciudad haga la designación del fiscal general; 2) la separación absoluta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, por lo que ningún magistrado en funciones podrá presidir el consejo; 3) la duración del cargo del presidente del tribunal, que será de un año y sin posibilidad alguna de reelección, ni sucesiva ni alternada, y 4) la consolidación constitucional de la carrera judicial, que permitirá que jueces y magistrados, una vez ratificados después de su primer periodo de función, permanezcan en ella hasta los 70 años de edad.

 


 

Muy oportuna resultó la decisión de hacer recortes al Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza el abogado Lorenzo Córdova: desde cancelar la faraónica sede que habían proyectado, hasta suprimir la prestación de teléfonos celulares para los comisionados y sus equipos, el mensaje es plausible. Los que se resisten con dientes y uñas a renunciar a sus fastuosos privilegios son los representantes de los partidos políticos, que aducen que, sin sus teléfonos y sin sus viáticos, nuestra democracia peligraría.

 

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Revista El Mundo del Abogado