Al margen - Febrero 2018

Al margen - Febrero 2018

 

Mientras en Europa se discute, en todos los niveles, qué debe hacerse ante los migrantes que llegan en oleadas, en México todo ocurre en silencio. De acuerdo con Amnistía Internacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha limitado a regresar a sus países a quienes entran a México buscando asilo. Especialmente si provienen de El Salvador, Honduras o Guatemala. “Nuestro trabajo es deportar”, confesó un oficial del INM, de acuerdo con el más reciente informe de Amnistía.

 


 

 

Sin negar la importancia del Protocolo de Estambul —una batería de preguntas y exámenes que pretende detectar si una persona ha sufrido tortura—, hay que admitir que este protocolo es, apenas, un indicio que está lejos de garantizar certezas. De aquí que la denuncia del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, en el sentido de que en México se aplica mal este protocolo, deberá ser vista con cautela. En nuestro país subsiste la tortura, sin duda, pero también es cierto que el camino más fácil para cualquier detenido es, hoy día, denunciar que ha sido torturado.

 


 

A juzgar por la cantidad de personajes de distintos partidos políticos que se están afiliando a la Morena de Andrés Manuel López Obrador, pronto ya no vamos a saber si este movimiento es un partido nuevo o una asociación integrada por políticos resentidos del PAN, el PRI y el PRD que —de llegar al poder— no harán nada más allá de lo que siempre han hecho.

 


 

Ya suenan en los pasillos de la SCJN argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Las apuestas, sin embargo, son previsibles: mientras no contemos con una policía eficaz el ejército tendrá que seguir realizando tareas policiales.

 


 

Durante años, el Congreso de la Unión fue omiso en legislar el derecho de réplica consagrado en la Constitución. Finalmente lo hizo, pero ya la Corte le enmendó la plana: no podrá accionarse este derecho cuando se trate de información cierta, aun cuando ésta ocasione un agravio. El problema ahora es: ¿qué es información cierta? Si la prensa acusa a un político de desviar millones de pesos o a una empresaria de hostigar sexualmente a sus colaboradores, ¿quién determinará si esto es cierto o falso?

 


 

A riesgo de que sus sentencias no valgan ni el papel en que se imprimen, como dijo el ministro presidente Luis María Aguilar, la Corte ha empezado a listar los incidentes de inejecución de sentencias de juicios de amparo que algunos servidores públicos se han negado a cumplir. Así, se han iniciado las destituciones y el fincamiento de responsabilidades de delegados políticos de la Ciudad de México, presidentes municipales y regidores. Quienes han visto las barbas de su vecino cortar se han apresurado a poner las suyas a remojar. El mensaje es excelente.

 


 

A propósito de las destituciones que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llama la atención que todas sean con motivo de laudos laborales, lo que debe hacernos reflexionar sobre la pertinencia de hacer ajustes a la que pareciera ser una legislación laboral populista. El principio de igualdad por compensación, que adopta esa ley, ha resultado en grandes abusos por parte de los trabajadores. Habrá que conocer los pasivos laborales que la Federación, los estados y los municipios tienen por este concepto. Nos iríamos de espaldas.

 


 

Por fin, los miembros supernumerarios de la Academia Mexicana de Ciencias Penales no tendrán que esperar la muerte de alguno de sus integrantes para convertirse en académicos de número. Su presidenta, Victoria Adato, propuso el ingreso de los primeros, una vez que presenten sus respectivos trabajos de ingreso. Con esto se ampliará la membresía y la Academia recibirá sangre nueva, que tanta falta le hace.

 


 

Según las malas lenguas, la relación entre Alberto Elías Beltrán y Gilberto Higuera ya era insostenible. A Higuera le costaba trabajo aceptar las instrucciones de un hombre más joven que él. Así, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del procurador general de la República, nombró a Roberto Andrés Ochoa, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, hombre experimentado en el servicio público y en la academia, donde ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ochoa representa una oportunidad para fortalecer a la procuraduría.

 


 

Un diez se anotó Luis Raúl González, titular de la CNDH, al fichar a Eréndira Cruzvillegas como cuarta visitadora, a cargo de asuntos indígenas. Cruzvillegas es una mujer de armas tomar, que se ha caracterizado por su valentía y eficiencia a la hora de buscar personas desaparecidas y de hablar por quienes no tienen voz. Felicidades.

 


 

De acuerdo con la calificadora Fitch, si el TLCAN llega a su fin, a México le espera “un debilitamiento estructural del peso y una desaceleración del crecimiento económico”. La devaluación podría ser hasta de 20 por ciento, dice. Añade que los sectores con mayor riesgo son bienes raíces, autopartes y comercio minorista. El escenario es muy pesimista, dado que el fin del TLCAN no acabará con el comercio entre México y Estados Unidos, si bien éste se dará bajo otras condiciones.

 


 

El bitcoin ha empezado a utilizarse de manera escandalosa en México como tarjeta de crédito para uso de los jóvenes que no tienen acceso a líneas de crédito. Esto ha puesto en alerta a los reguladores del país, que esperan la promulgación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) para poner límite al uso de esta criptomoneda. La ley ya ha sido aprobada por los senadores y está en espera del visto bueno de los diputados.

 


 

La Alerta Temprana de Externaciones no es, de ningún modo, un mecanismo para liberar a homicidas y secuestradores antes de tiempo, sino, simple y llanamente, un mecanismo que obliga a las autoridades carcelarias a avisar a la Comisión Nacional de Seguridad quiénes de estos homicidas y secuestradores están por concluir su condena y ser puestos en libertad. Algunos medios han publicado que “gracias a esta alerta” quedarán libres 3,000 delincuentes, lo cual es un disparate.

        

 

 

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Revista El Mundo del Abogado