Al Margen Marzo 2017

Al Margen Marzo 2017

Uno de los personajes más amables en la actual escena jurídica de México es Luis María Aguilar. El otrora rígido juez, siempre pendiente de no rebasar los márgenes de la ley, ha entendido, mejor que algunos de sus colegas —convertidos en jueces constitucionales de la noche a la mañana—, que no es lo mismo la esfera legal que la esfera constitucional. Ahí donde otros ministros vacilan (¡y en qué forma!) y les aterra soltarse del aro legal para sumergirse en las aguas constitucionales, Aguilar ha dado muestras de un amplio criterio.

 

 

 

 


 

 

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en el país hay más de 17,000 adolescentes que están en problemas con la justicia; 3,500 de ellos se encuentran en centros de reclusión acusados por conductas graves. El presupuesto para su rehabilitación es escaso y —una vez más— la pregunta es la misma: ¿el tema es de justicia o de educación? ¿La solución está en la familia o en el desarrollo económico y social del país?

 

 


 

 

Pregunta para una trivia, a propósito de la “Constitución de la CDMX”: la Constitución federal otorga fuero al jefe de gobierno capitalino, la de la Ciudad de México se lo quita… ¿Cuál de los dos ordenamientos prevalecería en caso de que se intentara despojar al político de su cargo?

 

 


 

 

Muy desafortunado resultó el “llamado” de Manuel Granados, consejero jurídico de la Ciudad de México, para lanzar una campaña contra los jueces federales que desecharan amparos promovidos contra el alza de precios por la gasolina. El servidor público, que debiera ser modelo de respeto a la ley, parece haberse convertido en un activista de baja estofa. Hizo bien el Consejo de la Judicatura Federal al expresar su rechazo a este llamado.

 

 


 

 

Muy oportuno parece el exhorto que ha hecho el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, para cerrar filas en torno del presidente Enrique Peña Nieto ante los embates de Donald Trump. Esto no significa que ignoremos las prácticas corruptas que se han dado en el gobierno o las decisiones políticas de simulación… pero ésa es harina de otro costal.

 

 


 

 

Javier Quijano interpuso un amparo contra los diputados federales que también fungieron como “constituyentes de la Ciudad de México”, con el argumento de que la Constitución federal prohíbe que los legisladores federales tengan otras funciones, además de aquella para la que fueron elegidos en las urnas. De prosperar el amparo, la Constitución de la CDMX dejaría de ser válida. Técnicamente, Quijano tiene razón. Su propuesta, sin embargo, no tiene posibilidad de progresar: la Constitución capitalina implicó un complejo ejercicio de simulación —toda ella es utilería pura— y nadie va a aventurarse el tiro de anularla después de todos los obstáculos políticos y jurídicos que eludió.

 


 

Que la SEMARNAT haya destinado 462 millones de pesos (presupuesto de un año para proteger nuestras áreas naturales) a la organización de una “cumbre” del Convenio de Diversidad Biológica, suena a corrupción. En momentos de austeridad, nadie cree que el dinero se haya utilizado en dicho evento y que, en un par de semanas, se hayan desembolsado casi 100 millones de pesos para pagar hospedajes y alimentos de los invitados. Aun si todo fue pulcro, el derroche es imperdonable. La gente —con razón o sin ella— se pregunta a dónde fue a parar ese dinero en realidad. ¿A las arcas del partido del secretario? ¿A la campaña que se llevará a cabo en el Estado de México? Por este tipo de despilfarros se pierde la confianza en el gobierno y, peor aún, se debilita nuestro Estado Democrático de Derecho. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas.

 

 


 

 

Desde hace algunos meses, entre los abogados penalistas del país la comidilla es lo que ocurrió a un litigante conocido por sus ínfulas en Guanajuato: el agente del Ministerio Público solicitó al juez que hiciera valer la “garantía de defensa”, contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el abogado, adujo el representante social, no estaba lo suficientemente versado en el nuevo sistema. El juez concedió la petición y se designó a un abogado de oficio, ante la estupefacción de la comunidad… y del litigante. Y éste no es el primero al que despachan por falta de preparación.

 

 


 

 

Los estados de la República no se cansan de exigir que se respete el federalismo, a propósito de que los tribunales federales siguen revisando las decisiones de los tribunales locales, vía amparo. Sin embargo, mientras haya tribunales superiores como el de Chiapas, donde el magistrado Rutilio Escandón no sólo declara su filiación política, sino que tiene un retrato del gobernador en su despacho y obliga a “sus” jueces a asistir a eventos de su partido, hay que agradecer que el Poder Judicial de la Federación siga interviniendo en el feudo chiapaneco y en otros similares.

 

 


 

 

La conclusión de la Auditoría Superior de la Federación, en el sentido de que la Cámara de Diputados ejerce los recursos públicos “sin racionalidad y sin comprobar que sean destinados a los trabajos legislativos”, debe encender los focos rojos. En 2015 la cámara recibió 7,812 millones de pesos, de los cuales sólo se conoce el destino de 1,742 millones. La Cámara de Senadores no canta mal las rancheras: a la fecha, nadie sabe, nadie supo, qué se hizo con 1,200 millones de pesos “destinados a las bancadas”. Si así se gasta el dinero entre quienes hacen y deshacen las leyes, no es mucho lo que debemos esperar de los órganos que han creado nuestros legisladores dizque para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas. ¿O sí?

 

 


 

 

Uno de los temas que espera ser analizado en la Suprema Corte —y ya lo tiene en su ponencia el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena— es el de las violaciones graves a los derechos humanos. Aunque queda claro que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que debe determinar cuándo es grave una violación y cuándo no, resulta que no existe un protocolo al que atenerse. Existen pistas internacionales, directrices sobre cómo interpretar indicios… pero esto varía de caso a caso. Para determinar una violación grave se requiere, ante todo, una investigación. Sin ella, es imposible proceder.

 

 


 

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Revista El Mundo del Abogado