Al Margen Mayo 2017

Al Margen Mayo 2017

Muy merecida la tunda que recibieron los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos de estos comisionados se sienten activistas y suelen rebasar los límites que marca la ley en materia de transparencia. Ordenan a diestra y siniestra que se entregue información que pone en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública. Olvidan que el INAI es un órgano del Estado y no una OSC. Para ser miembro de una de estas organizaciones basta ser entusiasta. Para ser integrante del INAI, no. Debería exigirse el título de abogado.

 

 


 

 

En las oficinas de la Secretaría de Salud hay optimismo ante los embates de la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Pues porque el abogado Miguel Osorio nunca arremete gratuitamente. Si atacó a Luis Videgaray, a Aurelio Nuño y a Manlio Fabio Beltrones fue por algo... José Narro, sin embargo, se cuece aparte. Por añadidura, los tiempos han cambiado y el agua está llegándole al cuello al PRI, con Estado de México o sin Estado de México.

 

 


 

 

Ahora que está de moda criticar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), subrayando que, desde que se creó, ha tenido un 0.3 por ciento de eficacia, los diputados y los senadores harían bien en preguntarse si las leyes que tenemos al respecto permiten que esta fiscalía sea eficiente o si sólo quisieron hacer un ejercicio de simulación. Para empezar, ¿qué es un periodista? De acuerdo con las definiciones actuales, ¿basta tener un blog para serlo? En segundo lugar, ¿cómo saber si un periodista fue golpeado por haber lastimado a un político corrupto con sus reportajes o lo fue por haber seducido a la mujer de un colega? En tercer lugar, ¿la FEADLE puede involucrarse en cuanto asunto vinculado con periodistas exista, pasando por encima de las entidades federativas? Quizás las críticas sean una buena oportunidad para replantear todo esto.

 

 


 

 

Aunque hicieron cuanto estuvo a su alcance para cerrarle el paso a Paloma Merodio como vicepresidenta del INEGI, algunos senadores del PAN y sus aliados no lograron salirse con la suya e imponer a su propio candidato. Recurrieron a cuanta estratagema se les ocurrió —hasta las más vergonzosas— para bloquear la llegada de Merodio, pero fracasaron de todas, todas. Ahora, sin embargo, tuvieron un respiro: frenaron la elección del fiscal anticorrupción y lograron colar a algunos “magistrados anticorrupción” de entre los suyos. Para su mala suerte, tendrán que esperar hasta el próximo periodo legislativo para lograr el nombramiento.

 

 


 

A propósito de estos 18 magistrados, si no fueran “anticorrupción” su designación parecería un acto venal. ¿Para qué se designan burócratas que harán la tarea que ya tienen asignada otros burócratas? Porque si no es un acto de corrupción, sí lo es de duplicidad de funciones y de simulación, para dar atole con el dedo a una sociedad cada vez más agraviada con esta práctica que a todos nos perjudica... nos demos cuenta o no.

 

 


 

 

Ha hecho bien Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en poner en su sitio a algunos tribunales electorales locales, cuyas resoluciones no son sino palos de ciego que “contravienen o minan el empaque normativo del sistema nacional de elecciones”. Las resoluciones de estos tribunales suelen ser tan endebles que acaban impugnadas ante las instancias locales.

 

 


 

 

Ante la presión de los medios de comunicación, el Congreso de la Unión se dispone a reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que el IFETEL ya no pueda decidir si una nota es información, opinión o espacio publicitario. En adelante, los propios medios resolverían la naturaleza del contenido que transmitan, sin que el IFETEL pudiera entrometerse. Será una buena noticia para hacer difusión política y vender propaganda. Afirmar que hay que votar por el partido A o por el B ya no sería proselitismo sino información pura y dura. ¡Todo sea por el negocio!

 

 


 

 

El Consejo de la Judicatura Federal parece haberse puesto las pilas: en 2013 destituyeron al magistrado Carlos Lazalde Montoya, quien “olvidó” declarar cuentas bancarias, casas y terrenos en Durango y Mazatlán. Ahora, a finales de abril de este año, destituyó a Guadalupe Luna Altamirano, a quien le descubrieron depósitos y transferencias millonarias que nada tienen que ver con los ingresos que recibe como juzgador federal. Los críticos del consejo dicen que ésta es la punta del iceberg; que si de veras quisieran entrarle a combatir la corrupción, habría que destituir y encarcelar a muchos jueces y magistrados más. “Sólo hay que ver las casas en que viven, los coches en los que se mueven y las universidades del extranjero donde estudian sus hijos”, añaden. Pero hay que ver esto con optimismo. A veces, el trabajo más difícil es comenzar.

 

 

 


 

 

Todo apunta a que la prioridad del Congreso durante los meses próximos será la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2018. En el supuesto de que quedaran dos finalistas —y uno sería el candidato de Morena, sin lugar a dudas— éstos tendrían que enfrentarse entre sí. Los partidarios del partido perdedor, que puede ser el PRI, dada la desilusión que se ha tejido en torno de su corrupción, o el PAN, que tan desarticulado parece, deberán decidir a quién apoyar. Serían estos perdedores los que decidieran la elección presidencial.

 

 


 

 

Algunos activistas insisten en que se dé acceso a los expedientes penales a medio mundo. “Es de interés público”, vociferan. Pero el mayor interés público es que se aclaren los casos, que el inocente quede libre y el responsable de un hecho delictivo vaya a prisión: develar cuándo se hará un cateo, a quién se investigará o qué lugares se inspeccionarán sólo puede beneficiar a los delincuentes. Da lo mismo que se trate de la matanza de San Fernando o del caso Odebrecht. Eso sí, debe exigirse celeridad a la policía para concluir las investigaciones y, una vez resuelto el asunto, debe dársele publicidad. Toda la publicidad posible.

 

 


 

 

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Revista El Mundo del Abogado