Al Margen - Noviembre 2017

Al Margen - Noviembre 2017

Cada día existe mayor indignación por el afán que tienen ciertas compañías telefónicas de seguir vendiendo aparatos… a costa de lo que sea: si a usted le roban su teléfono celular, la compañía no se lo bloqueará —o aducirá que los ladrones rompieron el bloqueo— para que éste pueda ser revendido y su nuevo usuario contrate los servicios de estas agencias. ¿Que esto alienta el delito? Por supuesto. Pero es lo que menos parece importar.

 


 

Los datos que publicó Transparencia Internacional a mediados de octubre deben volver a ponernos los pelos de punta: 51 de cada 100 mexicanos admiten haber tenido que pagar un soborno para acceder a los servicios públicos básicos. Esto incluye hospitales, escuelas, policía, servicios de agua y, no faltaba más, tribunales. Constituyen el porcentaje más alto de América Latina. A México le siguen República Dominicana, con 46 por ciento, y Perú, con 39 por ciento. En opinión de José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, los latinoamericanos están siendo defraudados por sus gobiernos y su clase política. Parecería que algunas instituciones encargadas de combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas son parte de este teatro tan bien urdido.

 


 

La imagen del senador Emilio Gamboa subiéndose a un helicóptero militar, mientras un ayudante le lleva los palos de golf, perjudica a Gamboa, al presidente Peña Nieto —a quien el senador hizo aparecer como un frívolo—, a la Fuerza Aérea Mexicana y a México... ¿Ésta es la marca que queremos vender en el extranjero?

 


 

Hablando de corrupción, hizo bien la Secretaría de Función Pública en sancionar a las filiales del Grupo Spec —propiedad de un ex director de PEMEX— por falsear documentos para obtener licitaciones. La sanción es por 54.4 millones de pesos y es una de las más altas que se impone en un caso similar. Estas prácticas, sin embargo, no podrían haberse llevado a cabo sin la participación de PEMEX, empresa a la que hay que revisar con lupa —a sus dirigentes actuales y a los de ayer— si de veras se quiere enfrentar la corrupción.

 


 

Hay que celebrar los esfuerzos de Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública, para clasificar los “casos de alto impacto” —los de más de 10 millones de pesos y hasta los que tengan un carácter mediático— para atraerlos y, en su caso, sancionar a las autoridades responsables. Quizás 10 millones sea mucho (un peso que se desvíe ya es corrupción), pero el acuerdo permitirá actuar con mayor eficacia a la SFP. La idea es librar muchos de los trámites jurídicos que, lejos de coadyuvar a combatir la corrupción, hacen más difícil su combate.

 


 

Aunque todo el mundo aplaude la personalidad, la honestidad y la capacidad de José Antonio Meade, y aunque ya se empiezan a movilizar algunas fuerzas a su favor para convertirlo en presidente de México, no hay que olvidar las tradiciones y los ritos del PRI. Todo esto no es sino una cortina de humo para proteger a quien será candidato. Y todo indica que éste será Aurelio Nuño. Está en el corazón de Enrique Peña y es el único que garantiza una transición que no afecte al gobierno actual.

 


 

Si en algún momento, temiendo que Andrés Manuel López Obrador se hiciera de la presidencia de México, Enrique Peña Nieto se esmeró en crear una fiscalía que le cuidara las espaldas, ahora que ve desmoronarse a la oposición y considera que podrá hacer triunfar al candidato del PRI, la fiscalía de nueve años dejó de ser prioridad. Raúl Cervantes, a quien se le había ofrecido este cargo por ese periodo y que tan buen trabajo había comenzado a hacer, se sintió defraudado… Y renunció. Así es la política.

 


 

A propósito de los muchos candidatos a la presidencia de la República, Diego Valadés (@dvalades) envió dos twitters emblemáticos: “85 personas se inscribieron para ser candidatos independientes a la presidencia. Muestra lo poco que se valora la política seria”. Y un día después: “7 mujeres y 79 hombres se inscribieron como aspirantes a la presidencia. Son demasiados los que creen que se trata de un pasatiempo”. Tiene razón.

 


 

Hay que poner atención al modo en que se está designando a algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. De las 80 plazas que existen, algunas están ocupadas por amigos, compadres, antiguos secretarios y personas que no tienen la más mínima experiencia de lo que significa juzgar. Esto no alienta, en absoluto, ni la independencia judicial ni la profesionalización de los jueces.

 


 

Uno de los mitos que despejó la destitución de Santiago Nieto es que las fiscalías autónomas no funcionan en un sistema presidencial. ¿Por qué? Porque son autónomas mientras el fiscal no haga nada que disguste al presidente. Si lo hace, se termina la autonomía. ¿No sería mejor reconocerlo así y dejarnos de simulaciones? Lo que debemos hacer es exigir al presidente que ordene a sus fiscales perseguir a los corruptos y procesar a los delincuentes. Si el presidente quiere, con lo que hoy tenemos… se puede.

 


 

Al argumentar las razones de que los senadores votaran secretamente la reinstalación de Santiago Nieto, Emilio Gamboa declaró que hacer pública la noticia “pondría en riesgo de vulnerabilidad a muchos compañeros y compañeras que están pensando en participar en el próximo proceso electoral… y ello podría traer represalias”. Gamboa no parece haber entendido que hacer leyes o tomar decisiones desde las cámaras supone hacer amigos y enemigos. Su declaración fue delicada. Ser legislador tiene sus riesgos.

 


 

También ser ministro de la Suprema Corte entraña riesgos. Que lo diga, si no, Margarita Luna Ramos, quien recientemente sufrió un descalabro: cuando se disponía a tomar posesión de la vacante que dejó Bernardo Sepúlveda en la Corte Internacional se le hizo saber que, si lo hacía, perdería la pensión que le correspondía como ministra de nuestro Máximo Tribunal.

 


 

Muy molestos andan los notarios de la Ciudad de México con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que declaró que el monopolio que los notarios mantienen en la Ciudad de México daña la libre competencia. Los notarios Ignacio Morales Lechuga y Ángel Gilberto Adame replicaron que la COFECE tiene “un profundo desconocimiento de la función”. Sus argumentos no tardarán en ser utilizados para que pronto haya en la capital del país sólo 1,500 penalistas, 2,000 laboralistas y 2,500 civilistas… Ni uno más. Así se garantizará su ética y su profesionalismo.

 


 

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Revista El Mundo del Abogado