Al Margen - Octubre 2017

Al Margen - Octubre 2017

Excelente resultó la actuación de Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, al poner en evidencia las pifias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el caso del Paso Express y su mortal socavón. Ahora resulta que sí se licitó la obra, pero sin un proyecto ejecutivo. ¿Cómo pudo realizarse esto? Nadie lo sabe. Lo que queda claro es que no se trata sólo de los lamentables decesos y los 650 millones de pesos con que se infló el precio, sino de las innumerables corruptelas que se adivinan tras la obra. Son negligencias —¿o no lo son?— que pueden causar otras muchas muertes.

 


 

Bien hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al determinar que, en adelante, no conocerá de recursos de inconformidad para impugnar acuerdos que den por cumplida una sentencia. Estos recursos suelen ser estratagemas de litigantes ávidos de prolongar los juicios. Terminan declarándose infundados pero, eso sí, saturan al Máximo Tribunal y le impiden concentrarse en los casos más delicados. La decisión pavimenta el camino hacia el fortalecimiento de la Corte como tribunal constitucional.

 


 

También resultó muy afortunada la reforma constitucional que se publicó el pasado 15 de septiembre: no sólo da al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia procesal civil y familiar —con lo que se anticipan nuevos instrumentos legislativos que frenarán el caos que subsiste en muchas entidades federativas— sino que, en el ámbito penal, se quitará a los litigantes el argumento de que la vinculación a proceso debía constar por escrito. Se privilegia, también, la amigable composición y —golpe formidable para los jueces que se negaban a “ser justicieros” y les daba igual enviar al inocente a prisión o dejar libre al culpable de un delito— las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formulismos procedimentales.

           


 

A pesar de que es un juez que conoce leyes y reglamentos como ninguno, el ministro Jorge Pardo Rebolledo se identifica, cada día más, con el conservadurismo a ultranza. Cualquier iniciativa que implique cambio, posibilidad de explorar nuevos horizontes para promover la igualdad en México, encuentra en Pardo un muro imbatible. Siempre con una ley o un reglamento en la mano, el ministro parece empeñado en que nada cambie: “Que los que mandan sigan mandando y los que obedecen sigan obedeciendo”, parece ser su lema. Basta echar un ojo a sus votos en los últimos años para corroborarlo.

 


 

La Cámara de Diputados no tiene prisa alguna en designar a los contralores de algunos organismos como el IFT, el INAI y la COFECE. Aunque debió nombrarlos desde abril de 2016, ¿para qué los quiere? Estos organismos se controlan mejor desde la Junta de Coordinación Política de la propia cámara.

 


 

Para que la Cámara de Diputados no la deje atrás, la de Senadores tampoco canta mal las rancheras: desde hace ocho meses mantiene acéfala la Comisión de Comunicación y Transportes, como si no quisiera hacer ruido en este rubro que, a últimas fechas, tantas cejas alzadas ha provocado.

 


 

Si a alguien le quedaba alguna duda sobre la eficacia del INAI y sobre el modo en que este “organismo autónomo” ejerce su autonomía y vela por la rendición de cuentas del país, bástele ver que otorgó las calificaciones más altas en materia de transparencia al Partido Revolucionario Institucional y al Senado de la República. En los corrillos de abogados se comenta que sólo faltó premiar al sindicato de Petróleos Mexicanos. Paradójicamente, esta premiación podría conseguirle al INAI el jugoso aumento en el presupuesto que ha solicitado para 2018.

 


 

Algunos partidos políticos comienzan a buscar “candidatos ciudadanos” para competir con más posibilidades en las elecciones de 2018. Entre los más mencionados está Claudio X. González, a quien ya más de un periódico ha destapado. Se mire por donde se mire, la idea parece afortunada: el abogado tiene todo lo que se requiere ser para ser diputado, senador y hasta presidente de la República. Su visión de Estado y la inteligente lucha a favor de la modernización educativa y contra la corrupción que ha emprendido en los últimos años avalan la posibilidad.

 


 

Entre quienes exigen con más enjundia la salida del procurador general de la República están Luis Pérez de Acha y Emilio Álvarez Icaza. No quieren que este cargo lo ocupe ninguna persona ligada al poder… dado que ellos lo quieren ocupar. La sola idea de que cualquiera de estos protagónicos abogados se hiciera del ius puniendi y provocara un estado de ingobernabilidad es para aterrar a cualquiera.

 


 

El que continúa haciendo una labor estupenda, a pesar de las precarias herramientas jurídicas que tiene para realizar su chamba, es Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales: sólo en lo que va de 2017 ha promovido y logrado más de 200 órdenes de aprehensión. Esto es lo que se espera de un fiscal.

 


         

Quien lleva una serie de victorias desconcertantes es el abogado Ricardo Anaya. No contento con desplazar a su protector, Gustavo Madero, y derrotar a Manlio Fabio Beltrones en un debate televisivo, dejó en evidencia el juego del grupo calderonista en el Senado, anuló el embate de Emilio Gamboa y, contra todas las expectativas, conformó un frente integrado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Si continúa invicto —aunque ahora ha alertado a todos sus enemigos— acabará haciéndose de la presidencia de la República en 2018.

 


 

Entre las piezas de ajedrez que Ricardo Anaya movió estuvieron las “organizaciones ciudadanas” que, por quererlo todo y exigir una fiscalía “completamente independiente”, sacrificaron lo que ya se había logrado. ¿De veras habrán creído que el régimen actual iba a nombrar a un fiscal que se volviera contra él? Eso habría sido darse un balazo en el pie. Ni el Senado lo propondría ni el presidente de la República lo avalaría. Ávidos de reflectores, los activistas salieron con sus pancartas para tomarse la fotografía en el Ángel de la Independencia pero no conseguirán mucho más. A este paso pronto exigirán una Secretaría de la Defensa independiente, dados los abusos que han cometido algunos militares; una Secretaría de Educación independiente, dado el rezago educativo, y una Secretaría de Hacienda independiente, para hacer que el gasto público rinda más…

 


         

El que luce muy inofensivo en sus carteles propagandistas es Miguel Ángel Mancera. “Puede serle útil a cualquier partido o a cualquier coalición”, parece sugerir. Su gesto dócil lo hace, en efecto, muy atractivo.

 

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Revista El Mundo del Abogado