Al Margen Septiembre 2017

Al Margen Septiembre 2017

Los integrantes de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, discuten acaloradamente si el método para elegir presidente es el mejor o hay otros. Han dedicado incontables sesiones al tema. Pese a ello, mientras la colegiación obligatoria no exista en México, da lo mismo quién sea el presidente del colegio… y cómo se elija.

 

 


 

Un tema que, en cambio, puede tener relevancia en el ámbito jurídico, es la posición que adopten las distintas asociaciones de abogados sobre el alegato de oreja: ¿se vale que un juez, un magistrado o un ministro reciba a una sola de las partes —así sólo sea para escucharla— cuando está a punto de resolver un caso? Las discusiones han arreciado en estos días y los abogados postulantes —no podría esperarse otra cosa de ellos— se niegan a firmar un compromiso para abstenerse de participar en alegatos de esta índole.

 


 

Poco oportuno resultó el doctorado honoris causa que el Poder Judicial del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, otorgó al gobernador Eruviel Ávila. El Poder Judicial debe ser un contrapeso, un vigilante riguroso para que el gobierno se apegue a la ley. Independientemente de los méritos del doctor Ávila, el acto olió a servilismo.

 


 

Lo que, en cambio resultó muy fresco, fue la reunión de los integrantes de magistrados y jueces federales, que se llevó al cabo en Torreón a finales de agosto. Ahí, los juzgadores se dieron el lujo de invitar a observadores y a críticos de su trabajo diario. Fue una oportunidad para conocerse entre sí, pero también, para examinarse a sí mismos.

 


 

Pese a las ampulosas declaraciones sobre el servicio civil y la vocación pública, los datos los desmienten: en México hay un millón y medio de servidores públicos en el ámbito federal y sólo 30,000 de ellos forman parte del servicio de carrera. Para colmo, las directrices que se impulsaron en 2003 perdieron su actualidad. De estos 30,000, gran parte no son sino burócratas con pretensión de inmovilidad que aportan poco a la gestión pública. Si de veras queremos un servicio de carrera, hay que impulsar su modernización y la capacitación permanente de quienes lo integran.

 


 

Un ejercicio que concluyó exitosamente el pasado 29 de agosto fue el de los foros convocados por el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el INACIPE para debatir en torno del modelo de justicia que requiere México. Se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país y en ellos participaron activistas, académicos, jueces, litigantes y servidores públicos. Habrá que estar pendientes de las conclusiones.

 


 

La reforma constitucional, incluidos los artículos transitorios, que permitan que el procurador general de la República se convierta, automáticamente, en fiscal general fue urdida por el PAN y por el PRI. ¿Qué pasó en el camino que, de repente, Ricardo Anaya y otros panistas salieron a decir que se oponían a la medida? A quienes creen en el karma, no deberá extrañarles que triunfe la idea del fiscal autónomo, que el próximo presidente de la República sea Anaya y que ese fiscal acabe por echarlo del cargo y lo ponga tras las rejas…

 


 

El fracking que tantas protestas y juicios ha provocado en Estados Unidos sigue creciendo en México: perforar el suelo con los métodos más agresivos, destrozar montañas y echar a perder enormes extensiones de tierra para obtener oro, plata y cobre. El colectivo Geo Comunes ha denunciado que la Secretaría de Economía ha otorgado casi mil permisos “para explorar” a 476 compañías canadienses, estadounidenses y mexicanas. No parece una idea encomiable. En su novela El secreto de Gray Mountain, John Grisham denunció este asunto en su país.

 


 

Muy sensible deben tener la piel algunos consejeros del INE por acusar a la arquidiócesis de México y por solicitar la inmediata intervención de la Secretaría de Gobernación ante la crítica que aquella hizo en el semanario Desde la Fe, por los 6,788 millones que el INE pretende destinar a los partidos políticos. Más allá de las restricciones que impone el 130 de la Constitución a las iglesias, cualquier creyente o ateo entiende que la cantidad es monstruosa y que es una lástima que se dilapide así el dinero de los mexicanos. En este marco, hay que aplaudir a la Suprema Corte, que avaló la reforma electoral de Jalisco para reducir el presupuesto que se otorga a los partidos en las elecciones locales.

 

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Revista El Mundo del Abogado