Censura de la información pública y el Síndrome Costeja

Censura de la información pública y el Síndrome Costeja

Existe un concepto, en relación con la información pública, que ha sido obviado por todas las autoridades encargadas de interpretar y aplicar el derecho al olvido y a la protección de datos personales, incluyendo el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, inadvertencia que se hizo patente en el caso de Mario Costeja González en contra de Google Spain y Google Inc. Ese concepto es “dominio público”, sobre el cual reflexiona el autor de este artículo.

 

Las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de las autoridades judiciales para justificar la cancelación de datos personales contenidos en las listas de acuerdos, boletines judiciales, edictos y estrados, se sustentan en la premisa de que los solicitantes, al ser dueños de sus datos, tienen la facultad de la autodeterminación, independientemente de que para el tratamiento de la información pública no se requiera su consentimiento.

En relación con este tema, el INAI, en el expediente de protección de datos personal PPD.0059/16, como lo hace prácticamente en todas sus resoluciones relativas a ese tópico, sustenta la cancelación de datos personales que obran en fuentes de información pública en términos del concepto de dato personal: “cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable", definición que, según la resolución del INAI, implica que “cada persona física tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de cualquier información que los identifique o los pueda llegar a identificar, con el objeto de salvaguardar su privacidad y su autodeterminación informativa”, indicando además “que no existe disposición alguna en la que se haga referencia a que la información relacionada con una persona, al figurar en fuentes de acceso público, implique que pierden su carácter de datos personales”, así que, emulando el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el INAI soslaya el concepto dominio público, que es propio de la información pública.

La recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio de la UNESCO define el dominio público como “lo que queda fuera del alcance de toda forma de protección reglamentaria, comprendidos los derechos de propiedad intelectual, la protección de la seguridad nacional o el orden público, la legislación sobre la vida privada y las obligaciones de confidencialidad” (Uhlir, 2004: V). Esta definición nos ayuda a entender que la protección de datos no puede ser aplicable a la información pública, por pertenecer al dominio público. También Uhlir afirma que la información del dominio público “designa igualmente la información de carácter intrínsecamente público, es decir, determinado tipo de información producido por los poderes públicos (‘el gobierno’ en sentido amplio) en el ejercicio de sus funciones y que se considera un bien público” (idem); por lo tanto, al ser la información pública un bien del dominio público, no puede tener un dueño específico, por lo que limitar, cancelar y censurar la información pública atenta contra la cultura, el acceso a la información pública y la teleología de los datos públicos y empobrece, debilita y abate lo que Issa Luna Pla llama “el empoderamiento de la sociedad” y evidentemente fomenta la corrupción, el lavado de dinero, el conflicto de intereses y la impunidad.

Por lo tanto, si la información pública pertenece al dominio público y no puede tener un titular o dueño específico, resulta evidente que pretender cancelar la misma es un contrasentido a la esencia o naturaleza del dato público, impidiendo con ello la supervisión de la sociedad y la rendición de cuentas, y en consecuencia los argumentos para ordenar su cancelación constituyen un sofisma, una abyección y una censura indirecta que repercute en la impartición de justicia, degradándola y negando el derecho al acceso a la información pública. La manera de hacer frente a la información pública imprecisa, incompleta y desactualizada, se encuentra contemplada en la Constitución General de la República; se trata del derecho de rectificación, porque pretender cancelar información pública sólo generará el efecto o síndrome Costeja.

 

El síndrome o efecto Costeja

En marzo de 2010 el ciudadano español Mario Costeja González reclamó a Vanguardia Ediciones, a Google Spain y a Google Inc., eliminar o modificar la publicación del 19 de enero y del 9 de marzo de 1998 en la que aparecía un anuncio de subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas del señor Costeja a la seguridad social. El caso llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoció el derecho al olvido del señor Costeja. El tribunal, en la sentencia del 13 de mayo de 2014, determinó: “Ya que el interesado puede, habida cuenta de sus derechos, con arreglo a los artículos 7 y 8 de la carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, es necesario considerar, como se desprende, en particular del apartado 81 de la presente sentencia, que estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en encontrar la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona” (sentencia C 131/12, 2014).

¿En verdad ganó Mario Costeja González? ¿Logró que se cancelara la información y que nadie se enterara, al poner su nombre en el buscador de Google, que había rematado su casa por deudas de seguridad social?

Lo irónico, la paradoja de este caso, es que la sentencia del tribunal y las pretensiones del señor Mario Costeja González de que nadie tuviese acceso, ni se enterara del anuncio de remate público que aparecía en el periódico de Vanguardia Ediciones, tuvo los efectos contrarios, a cuyas consecuencias he bautizado como “síndrome o efecto Costeja”. Actualmente, con poner la palabra Costeja en cualquier buscador de internet aparece el caso Costeja en miles de sitios, y no sólo la reproducción del edicto, sino también la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que contrariando, su propio criterio, hizo pública la sentencia dictada, sin omitir nombres, datos y detalles del caso, o como se dice coloquialmente en México: dando santo y seña del proceso. Ahora nadie va a olvidar el remate de la casa de Costeja y todos conoceremos el rostro de esta persona que apareció en entrevista en todos los diarios y noticieros: existen los llamados “memes” con su imagen ridiculizándolo, lo mencionan en referencias bibliográficas y videos; sabemos que es abogado, perito calígrafo, coach, grafólogo, divorciado e, inclusive, al poner su nombre en el buscador de Google, aparece el edicto de su divorcio tramitado en el juzgado de primera instancia 16 de Barcelona, expediente 856/2003, en el que se le tuvo por rebelde al no dar contestación a la demanda en su contra, por lo que se declaró disuelto su matrimonio, quedando la guarda y custodia de su hijo menor a favor de la madre y siendo condenado a pagar una pensión de 240.50 euros, etcétera. Ahora toda esta información está diseminada en la red, en la deep web y no existe un responsable a quien reclamar, especialmente cuando el nombre Costeja puede estar vinculado con infundios, mentiras, memes, burlas y más; suceso que nos permite deducir que la información pública no puede ni debe cancelarse; se aclara y se corrige, e inclusive debe concederse el derecho de réplica, pero no el derecho al olvido. Por otra parte, el efecto Costeja terminó involucrando a la ex cónyuge del demandante, que no solicitó el derecho al olvido, no obstante que, como ya mencionamos, al teclear en los buscadores de internet el apellido Costeja, aparece su nombre.

El síndrome o efecto Costeja deja una gran lección: pretender cancelar, eliminar o alejar de la vista la información pública judicial en estos tiempos es imposible, porque esa información se disemina en la red de manera veloz. Pretender hacerlo genera una consecuencia contraproducente, inversa a la deseada. Por el contrario, ejercer el derecho de réplica y aclaración sí reivindica al interesado y con ello puede hacer frente a la información falsa, imprecisa, caduca, incorrecta, etcétera.

Otro ejemplo que demuestra el síndrome o efecto Costeja lo encontramos en Didac Sánchez, director de Enadwords Group, compañía propietaria de la marca Eliminalia, una empresa encargada de borrar el pasado de personas y empresas en internet. Lo satírico de este caso es que Didac, joven de 24 años, trató de ocultar su pasado, inclusive cambiando su nombre y sus apellidos originales, toda vez que, según la prensa, a los 12 años fue víctima de abuso sexual por parte de José María Hill Prados. En la actualidad, a pesar de haberse cambiado el nombre y de crear una compañía para borrar el pasado de otros en internet, el suyo y el del presunto abusador ahora pueden conocerse con detalles, lo mismo que sus vínculos, e inclusive cualquiera puede enterarse que presuntamente el verdadero titular de las empresas de Didac es el propio José María Hill Prados (El Confidencial, 2015). Su caso ha sufrido el síndrome o efecto Costeja, pues ahora basta con poner en los buscadores de internet la palabra Didac para conocer todos los detalles de la sentencia en contra de José María Hill Prados y sus ulteriores acontecimientos.

En México hay copiosos ejemplos sobre el tema. Uno de los más recientes es el del empresario Carlos Sánchez de la Peña, quien solicitó al INAI que Google removiera un enlace a la revista Fortuna respecto de una nota intitulada “Fraude en Estrella Blanca alcanza a Vamos México”, donde su nombre aparecía vinculado a esa noticia. El INAI ordenó eliminar el vínculo; sin embargo, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región concedió el amparo solicitado por la revista Fortuna, lo cual generó un escándalo público en contra del INAI, que pretendía sentar un precedente del derecho al olvido, lo que ocasionó el síndrome o efecto Costeja, cuyo resultado fue la diseminación de la información y que ésta quedara al alcance de todo el mundo, incluidos detalles que no se mencionaban en el artículo de Fortuna, incorporada evidentemente la resolución del INAI, la sentencia de amparo a favor de Fortuna y los intríngulis de ese caso, todo lo cual propicio un juicio paralelo por parte de la prensa, con opiniones diversas. Por lo anterior, “prohibir una opinión falsa no hará que ella desaparezca, y muy por el contrario, tendrá el efecto de hacer que ella se difunda clandestinamente, sin el riesgo de tener que confrontar opiniones opuestas, como sería el caso en un debate franco y abierto” (Faúndez, 2004: 52).

Lo desesperanzador es que al realizar, mediante el algoritmo del Buró de Investigaciones Legales, una exhaustiva y laboriosa depuración de las listas electrónicas de acuerdos de los juzgados federales de 2014 a 2016, nos llevamos un sobresalto y una gran desilusión al descubrir la simulación de quienes, por un lado, hablan de transparencia y, por el otro, evidencian la pasmosa realidad de la censura, pues de las listas de acuerdos se testaron más de 160,000 nombres de quejosos. En 2016 se testaron 83,695 datos de rubros publicados en las listas electrónicas de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esos 83,695 rubros se eliminaron los nombres de las partes en 5,088 casos. Lo alarmante es que existen juzgados y circuitos específicos que generan una gran sospecha.

Por ejemplo, se evidencia que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, uno de los 34 juzgados de ese circuito, censuró los nombres de las partes en 1,279 procedimientos, de un total de 1,488 que se censuraron en ese estado, esto es, 86 por ciento por ciento de los datos censurados en esa jurisdicción.

En la Ciudad de México también llama a la reflexión que del total de procedimientos censurados ese año (2,251), unos 1,249 fueron censurados por el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, lo cual resulta suspicaz.

El circuito de Puebla censura más datos que el circuito de la Ciudad de México, no obstante que este último es el más grande de todos los que integran el Poder Judicial Federal. Al hacer una búsqueda aleatoria de las empresas y las personas eliminadas, descubrimos amparos contra licitaciones internacionales millonarias, presuntos pedófilos y políticos corruptos, sólo por mencionar algunos, pero como sabiamente refiere nuestro primer cronista de la Ciudad de México, don Artemio del Valle Arizpe, “Un secreto dicho en secreto a uno se descubre en secreto a otro y de los dos secretos resulta uno no secreto que empieza a esparcirse y pregonarse, con el adorno de muchos añadidos” (Del Valle, 2015: 108).

 


 

* Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y director y cofundador de Buró de Investigaciones Legales.

Bibliografía

 

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