Colombia y España disputan por un tesoro

Colombia y España disputan por un tesoro
El reciente hallazgo del galeón San José, que yace en el lecho marino de Colombia desde 1708 y cuyos tesoros se estiman en varios miles de millones de dólares, está suscitando una disputa mediática y diplomática entre los gobiernos de Colombia y España. ¿Quién debería conservar este fabuloso botín? 

Otra vez, los medios de comunicación masiva han tenido a bien enseñarnos —a nosotros, vulgo futbolero y adicto a la nota rosa— un nuevo término. Llevamos semanas aprendiendo, con motivo de los actos de terrorismo oriental, las conjugaciones del verbo radicalizar y ahora una palabra más elegante: pecio, que según la Real Academia de la Lengua Española significa: 1) pedazo o fragmento de la nave que ha naufragado, 2) porción de lo que contiene y 3) derechos que el señor del puerto de mar exigía de las naves que naufragaban en sus marinas y costas.
También hay un óleo que se está volviendo famoso (pintado en el siglo XVIII por Samuel Scott) en el que se representa al galeón San José en plena explosión bajo la metralla del navío de línea inglés Expedition, en una acción bélica dirigida por el comodoro Charles Wager en el contexto de la Guerra de Sucesión española.
El caso es que el San José yace en el lecho marino desde 1708, y con motivo de su hallazgo, es decir, del pecio, es que estamos en la antesala de una agria discusión mediática y diplomática entre los gobiernos de Colombia y España. Me explico: los restos del galeón se encuentran en el mar territorial de Colombia, pero —al mismo tiempo— se trata de un buque español supuestamente cargado con metales preciosos provenientes, en su mayoría, del Perú en forma de monedas y lingotes.
Es cierto que el pecio fue descubierto desde principios de los años ochenta del siglo pasado por una empresa cazatesoros anglosajona, con la cual el gobierno de Colombia ha sostenido una larga contienda judicial para dilucidar la titularidad y los derechos derivados, ya sea del hallazgo o bien por el salvamento futuro de sus contenidos. Y es que en ese particular conflicto se han invocado tesis tanto del Derecho internacional cuanto del common law; de este último, instituciones como salvage law (derecho de salvamento) y law of finds (derecho de hallazgo), mezcladas con los aspectos contractuales que vinculan al gobierno de Colombia con la empresa privada, lo que ha dado como resultado —sin ser pacífico— que la compañía tiene derecho a un porcentaje del salvamento (cuando ocurra) respecto de aquellas cosas que no constituyan bienes culturales.
Pero el tema se complica porque Colombia expidió en 2013 una ley nueva sobre el patrimonio cultural sumergido, en la cual, además de declararlo expresamente propiedad de la nación (con especial e inusitado énfasis en las “especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de éstas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento, naufragio o echazón)”, se estatuye una importante excepción en su artículo 4, de modo que “los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes” no forman parte del patrimonio cultural de Colombia. Así las cosas, prima facie, más parece esta ley un parapeto de la avaricia, que una herramienta para salvaguardar la base material de la historia de Iberoamérica.
Por otro lado —y en el otro conflicto—, España ha adelantado ya su defensa: el San José, independientemente de su lugar de reposo, forma parte del patrimonio cultural español porque es un buque de Estado, con lo cual su contenido y su carga siguen la misma suerte. Este argumento viene matizado con el relativo a la participación de España en la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, cuya falta de suscripción por parte de Colombia —dicho sea de paso— ha sido indignamente esgrimida por ese país sudamericano para sostener su título de propiedad sobre el pecio y sobre la disponibilidad de su contenido con posibles fines comerciales… Tal como si la falta de adhesión a cuerpos normativos más civilizados pudiera ser alegada —sin vergüenza alguna y con toda desfachatez— para eludir otros compromisos universales de mayor rango, como es la preservación del patrimonio cultural de la humanidad.
De cualquier modo, España ha de tener cuidado al ejercer sus pretensiones patrimoniales sobre el pecio, toda vez que la sujeción al marco de la UNESCO implica necesariamente, además de los deberes de conservación, investigación y difusión pública de lo que allí se guarde, la renuncia absoluta a cualquier forma de explotación comercial, de donde resulta que las piezas amonedadas y los lingotes de oro y plata, no obstante su valor superlativo en cualquier mercado, podrían quedar como piezas de museo si se las considera material arqueológico.
Dicho lo anterior, se antoja que los intereses de ambos países pueden estar anclados en la riqueza financiera extraíble del pecio, más que en el ánimo de salvaguarda de unos pedazos de historia colectiva. Si ese fuera el caso, la Pérfida Albión1 vería fructificar, una vez más, sus acciones de hace 300 años, pues los hijos del otro Imperio —ambos lejos del G7, por cierto— en lugar de reconstruir su pertenencia a una tradición común y explotarla para el beneficio de Iberoamérica, seguirán batiéndose en estériles escaramuzas mientras el castellano se va convirtiendo —a la sombra de la nueva lingua franca— en el idioma universal de los empleados domésticos, el derecho de las Siete Partidas y de las Recopilaciones de Indias en un conjunto de reglas tribales dentro del contexto global, y las inconexas economías ubicadas debajo del Río Bravo en tributarias de un delusorio sistema de mercado… Cabe pues, como iberoamericanos, llamar a la cordura ante el cantado despropósito de contraponer los patrimonios culturales español y colombiano, como si no fuesen esencialmente compartidos.


NOTAS

* Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, especialista en Derecho penal. Es socio fundador del despacho Fortún, Paz, Sierra y López Córdova, S.C., y se especializa en las áreas del litigio y consultoría en materia penal, extradición y amparo.
1 No obstante la alocución, que abreva en la bifronte admiración/melancolía, debo informar sobre mi anglofilia de viejo cuño (salvo en lo que al futbol se refiere).

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