Reformas paralelas para el nuevo sistema de justicia penal

Reformas paralelas para el nuevo sistema de justicia penal
En junio de 2016 entrará en vigor el nuevo sistema de justicia penal en México. Destacados especialistas en la materia nos hablan de las reformas paralelas que deben implementarse para asegurar la capacitación de todos los actores que intervendrán en el nuevo sistema y para garantizar la certificación de los servicios administrativos y de justicia.

José Guadalupe Carrera: ¿Cuáles serían los objetivos de la reforma paralela al nuevo sistema de justicia penal y cuáles serían las autoridades e instituciones que tendrían que intervenir en la misma?

Rodolfo Félix Cárdenas: Por supuesto que conocemos a quienes participarán: los jueces, la defensa pública y privada, los ministerios públicos, la policía y los peritos. Pero aunque se ha venido hablando de un proceso de capacitación desde 2008, cuando se observa lo que está sucediendo a nivel nacional encontramos que esa capacitación no está alcanzando el nivel que quisiéramos ver. Podemos encontrar un ejemplo de esto a nivel de los juzgadores, que están siendo entrenados solamente por jueces, pero no están comprendiendo el lenguaje de los litigantes, lo que produce una falta de comunicación en la operación del sistema; las partes no se comunican.

En cuanto a la defensoría pública, me parece que debe tenderse hacia su verdadera autonomía en el sentido estructural. Debe separarse y constituirse como un órgano autónomo que pueda contar con los recursos y los elementos materiales y de apoyo propios de su gestión. Por ejemplo, poder contar con un cuerpo de peritos e investigadores que apoye sus funciones.

Por otro lado, la manera de fortalecer a las procuradurías dentro del sistema es a través de la creación de la carrera de fiscal, para contar con verdaderos fiscales.

Jorge Cerdio: Yo quisiera hacer una distinción que tiene que ver con el mercado de oferta educativa y con la capacitación. Existen capacitaciones dirigidas a técnicas concretas para realizar una actividad determinada dentro del juicio oral. Esto quiere decir que se ha optado por maquilar grajeas informativas orientadas a una actividad concreta, pero se ha olvidado que estas grajeas muchas veces han sido importadas, son ideas tomadas de otros países y de otros sistemas jurídicos, y quien es adiestrado con una grajea específica puede saber en qué consiste la actividad, pero ser incapaz de entender qué hay detrás, que presupone.

La segunda consideración tiene que ver con los profesores que dan clases y los centros educativos que expiden títulos en Derecho. La reforma penal es urgente, pero ¿de qué sirve que pongamos todos los recursos si hay una enorme cantidad de centros de educación superior autorizados para enseñar Derecho que no adiestran ni capacitan a los egresados en el nuevo sistema penal y, en menos de 15 años, tendremos a más de la mitad de las cédulas profesionales expedidas sin capacitación?

Finalmente, quisiera plantear una consideración sobre las ciencias forenses, que están en la base de la idea de presentar pruebas y discutirlas dentro del marco de garantías. En muchas entidades de la República, si se busca a los peritos en algún arte forense, con suerte se encuentra a algún médico legista, o a alguien entrenado en alguna técnica de comparación de muestras o de golpes. Si no contamos con un servicio de ciencias forenses de calidad, el sistema acusatorio corre el riesgo de funcionar incorrectamente.

Juan José Olea: Desde un punto de vista básicamente operativo, en la Ciudad de México observamos que desde su positivización constitucional en junio de 2008, esta reforma no fue concebida junto con un plan de implementación que contemplara los aspectos normativos secundarios, los recursos económicos y humanos, así como los relativos a la infraestructura y a la tecnología. No es nada más un cambio de nombre, sino un cambio en el flujo de información y en el modelo de gestión.

Por otro lado, en materia de profesionalización, el reto es que existen nuevas figuras procesales en el Código Nacional de Procedimientos Penales que llegan tarde, pues involucran una serie de cambios organizacionales a nivel nacional. Incluso hay estados que cuentan al día de hoy con cuatro códigos procesales vigentes. En el caso de la Ciudad de México únicamente son dos.

En esta dinámica yo creo que la reforma paralela es fundamental, necesaria; estamos trabajando en ella, pero tenemos que darle su tiempo para su consolidación.

José Guadalupe Carrera: ¿Cuáles son los aspectos más importantes que deberán atenderse para dar cumplimiento cabal a los nuevos paradigmas de este sistema? Un ejemplo de ello es recobrar la confianza de la ciudadanía, ya que un sistema que no tiene la confianza del pueblo es un sistema extraordinariamente débil.

Jorge Cerdio: La reforma tiene tres principios subyacentes, que están contrapuestos, y que serían difíciles de conciliar al mismo tiempo sin alguna buena lógica de gestión pública.

El primer principio es la prioridad de las víctimas: se requiere una cultura del tratamiento general de las víctimas y una profesionalización en victimología, ambas están ausentes en la mayoría de los actuales organismos de procuración de justicia.

El segundo principio tiene que ver con los sistemas de suspensión del proceso, conciliación previa y mediación general. Por un lado, la solución anticipada permite a las partes llegar a un acuerdo en los supuestos que establece el código, pero por otro lado, los reconocimientos anticipados de culpabilidad no tienen nada que ver con los reclamos de las víctimas, porque de nada sirve que se reconozca la culpabilidad si esto no va de la mano de un tratamiento para la víctima.

Y el tercer principio opera en la etapa del juicio: la publicidad y la inmediatez. Ambas tienen que ser entendidas en dos variantes que no necesariamente comulgan: una es publicidad, en el sentido de regular la condición pública del juicio y el actuar de las partes con el juez, y otra tiene que ver con el significado de la palabra "inmediato" en los procesos de gestión administrativa, lo cual tiene que ir acompañado de un sistema de administradores de justicia que procesen bien los periodos de información, los desarrollos informáticos para la presentación de las pruebas, etc., y permitan el adecuado flujo de las audiencias para que no se sature el sistema.

José Guadalupe Carrera: Tomando en cuenta lo anterior, se advierte una contradicción entre la confesión del inculpado que puede traer aparejada algunos beneficios con la justicia... Tal parece que estamos en presencia de un sistema utilitario.

Rodolfo Félix: Creo que existe una enorme deuda con la sociedad mexicana por parte del gobierno. La sociedad mexicana no está enterada en verdad de qué se trata el cambio. No existe una campaña masiva que informe de un cambio tan trascendental como es éste, y cuando el modelo esté en plena aplicación surgirán muchas preguntas y muchas dudas.

En el tema de salidas alternas, se debe trabajar mucho en concientizar a las partes a que encuentren las vías de solución cuando existe esa posibilidad, sin que esto quiera decir que los ministerios públicos abandonen su función investigadora. En esto también existe una gran responsabilidad por parte de los abogados que ejercen, pues hay que entender que no todo habrá de llegar a juicio. Las personas en la mayoría de los casos buscan terminar con sus problemas lo más pronto posible; quieren verse resarcidas y olvidarse del problema; entonces, todos los operadores involucrados deben ser sensibles a eso y buscar capacitarse a la vez en este otro ámbito para servir mejor.

Por otro lado, tenemos a otros actores que están olvidados: los peritos. En los modelos acusatorios se requiere contar con verdaderos expertos que orienten al tribunal. Nosotros tenemos muy pocos, muchos de ellos son viejos, ya van de salida y no hay personal capacitado para suplirlos. Por otro lado, tenemos en el mercado profesional peritos todólogos, pseudoexpertos que están dispuestos a dictaminar sobre lo que sea, que no están verdaderamente especializados ni actualizados, justamente lo contrario de lo que reclama el sistema.

José Guadalupe Carrera: En ese sentido, ¿usted es partidario de la autonomía de los peritos?

Rodolfo Félix: Por supuesto. Me parece que los servicios periciales tienen que ser autónomos; tiene que haber una rama autónoma, como en otros países, donde cualquiera pueda acceder a los peritos para que ellos, objetivamente, emitan dictámenes. Así se lleva un récord que controla su desarrollo profesional; se sabe quiénes son; si son capaces de dictaminar como sea por un honorario; si antes han tenido problemas, etcétera.

Juan José Olea: Sobre el tema de la recuperación de la confianza, la SETEC tiene un programa de voceros del nuevo sistema de justicia penal y un representante por cada entidad federativa, en el ánimo de impulsar un programa de difusión y dar a conocer los alcances y el impacto que el nuevo sistema de justicia penal.

Ahora bien, considero que la confianza se perdió en el día a día, en la atención que brinda un servidor público de manera directa al ciudadano, que cuando ha sido víctima de un delito, requiere una atención eficiente, eficaz, oportuna, dinámica, que no se le revictimice. Si no se cumplen esas expectativas, no habrá poder humano que convenza a la ciudadanía, aun cuando tengamos las campañas publicitarias y de comunicación más eficientes.

Por otro lado, en relación con las salidas alternas que ofrece el sistema, desde un punto de vista criminológico es claro que cuando una persona comete un delito y no recibe una consecuencia jurídica, tiende a repetirlo y, en muchos casos, a agravar su conducta. Esto debe preverse en los modelos de gestión dado que si vamos a otorgar una salida alterna al conflicto, también hay que tener los elementos suficientes que nos permitan evitar las puertas giratorias.

José Guadalupe Carrera: Atendiendo el informe de la SETEC son 26 estados que ya están implementando el nuevo sistema por territorio o por delitos. Son 24 estados los que están operando con el Código Nacional de Procedimientos Penales y seis estados que están operando de forma efectiva todo el sistema penal. ¿Cómo evalúan esta implementación que se está llevando para el nuevo sistema hasta este momento?

Juan José Olea: En la Ciudad de México, los servidores públicos que ya están operando (ministerios públicos, defensores, peritos, policías y jueces) incorporan experiencia precisamente en el momento en que aplican ya el sistema, porque no hay forma de que el conocimiento teórico o producto de simulaciones funcione al 100 por ciento, como sucede cuando se aprende en la práctica cotidiana.

En materia de capacitación hay un reto fundamental: el cambio del paradigma en la actitud, puesto que el sistema inquisitivo, con vigencia de casi 100 años, nos hizo entrar en una comodidad de la tramitología y de la gestión de los asuntos, de la repetición de machotes, donde no se requería que el asunto fuera visibilizado, se trabajaba mucho en el papel, y lo que hace el nuevo sistema es visibilizar la actuación del servidor público y, por lo tanto, también le es exigible una mayor profesionalización.

Jorge Cerdio: Me parece que si nos centramos únicamente en lo que dice la SETEC estamos en problemas, puesto que no se ha avanzado como se esperaría, sobre todo hablando de la reforma paralela en términos de los ejes de capacitación y de infraestructura. Es notable cómo el ejemplo del Poder Judicial Federal ilustra la dificultad: a pesar de la gran cantidad de recursos disponibles no ha podido llenar las plazas nuevas, ni construir juzgados.

Si uno tuviera que medir ahora el avance de la SETEC en dos rubros, la ejecución de un presupuesto de recursos disponibles para infraestructura y un plan estratégico donde hay censos y programas de capacitación recurrentes en todos los niveles de administración de justicia, no hay avances claros. Y no hay avance claro porque más allá de los compromisos que se tengan entidad por entidad es un problema de eficiencia en el gasto y de capacidades humanas. Esto es un cuello de botella.

Rodolfo Félix: Creo que debe redimensionarse la manera de hacer las cosas, porque se ha enfocado a dar cursos y a referir técnicas y destrezas que incluso continúan en lo básico; pero lo que no se enseña es proceso penal y no se enseña teoría general de proceso; por lo tanto, no se enseñan las bases. Y aunque una persona sepa técnicas y destrezas, si no conoce las bases, está perdida.

Por otro lado, surge una multiplicidad de instituciones, escuelas o centros para enseñar el sistema acusatorio, pero es conocido que hay personas que están participando en ellos que no tienen formación, ni vocación, ni capacidad para transmitir los conocimientos.

Un mecanismo que puede coadyuvar para acelerar este proceso de capacitación es la educación a distancia. Se tienen que implementar programas para que de una manera cómoda se pueda acceder a aquellos espacios donde hoy no se está llegando. Además, se debe centrar el modelo de capacitación en tener formadores de formadores, que dentro de las instituciones públicas tendrán que ser peregrinos; tendrán que ir a los lugares más remotos capacitando a sus compañeros que no están teniendo acceso a una verdadera preparación.

El sistema castiga. Quien piense que podrá participar sin estar capacitado no durará mucho en el foro.

José Guadalupe Carrera: Ustedes hablaban de la rueda giratoria. Tal parece que la terminación anticipada de los procesos y las soluciones alternas tienden a evitar el colapso del sistema, pero podría suceder lo que ocurrió en el caso de Chile, con la entrada y salida de la gente. A la larga, ¿esto no podría provocar una disminución de la confianza ciudadana en este nuevo sistema acusatorio?

Rodolfo Félix: Si no se entiende el porqué de las cosas puede ser perjudicial. Por supuesto que una persona podrá tener una salida alterna una vez, quizá dos, pero una tercera será muy difícil. Esto implica aplicar con seriedad y con severidad los mecanismos para poner un alto a una persona que es cliente del sistema carcelario.

No hay que desviar la efectividad de las salidas alternas. Pero a mí me da más preocupación el hecho de que no se atrevan a implementarlas. Hay que apostarle a las salidas alternas pues las normas dan una enorme posibilidad en términos de éstas para solucionar conflictos y dejar los debates importantes al final. Ahí es donde hay que tener a los verdaderos especialistas, el compromiso de las partes, de los abogados, de los fiscales de hacer un ejercicio profesional limpio.

Jorge Cerdio: En mi opinión, podemos tener dos extremos: bien el abuso del uso desmedido de las medidas o bien la inhibición total, que provoque saturación y que no exista un principio de oportunidad, esto es, que no exista el juicio técnico de si es oportuno o no el llegar a la etapa del debate oral, en lugar de negociar un reconocimiento de culpabilidad anticipada o bien una solución alternativa. Agregaría que esto va de la mano de los criterios de prisión preventiva, que inciden en la saturación del sistema penal. En buena medida esta reforma vuelve a reafirmar el principio de mantener separados a aquellos que están esperando proceso y sentencia de aquellos que cumplen una pena. Yo creo que es una deuda histórica pendiente tener infraestructura adecuada para esta separación.

José Guadalupe Carrera: Bajo este sistema acusatorio, los estándares internacionales determinan que con menor personal, mejor servicio. Los juzgados ya no estarán compuestos de 22 compañeros, sino de cuatro o cinco. ¿Consideran eficaz este modelo que se ha diseñado, como para que con cuatro personas sea mejor el servicio?

Jorge Cerdio: Esa respuesta puede ser o bien una verdad lógica o bien una falsedad empírica. Una verdad lógica porque cuando uno dice que una persona va hacer el trabajo de 20, entonces lógicamente que cuanto menos personal haya, más eficiente deberá ser (porque se puede hacer más con personas que trabajen en forma más eficiente). Pero, también puede ser una falsedad empírica porque los sistemas de administración de justicia gastan dinero en adquirir información para procesarla. Si uno ve cuánto gasta un abogado en los sistemas de common law, en la fase previa de descubrimiento o de investigación y de expediente previo antes de llegar al juicio, el gasto en inversión es altísimo. Este trabajo antes lo procesaba parcialmente la burocracia de la administración de justicia. Entonces alguien tendría que hacer de todas formas el trabajo de poner recursos, esto es, dinero, conocimiento, tiempo para formar el expediente y para formular la prueba. Si el sistema anterior parcialmente descansaba en una burocracia que procesaba esta información, eliminar individuos encargados de procesar esto sólo va a hacer más lento el sistema y le va a pasar la factura del costo de adquirir información a los particulares. Y un particular que tenga poco dinero, contratará a un abogado que tenga pocos recursos para allegarse mejores pruebas; así, el sistema puede perjudicar a lo que menos recursos tengan para producir las pruebas a su favor.

Juan José Olea: En la procuraduría capitalina tenemos un modelo de gestión donde al ciudadano lo atiende un orientador jurídico en un módulo de atención oportuna, el cual lo puede derivar directamente al área de mediación o con el agente del Ministerio Público. En ese marco, en la procuraduría se busca dedicar la mayor atención de los servidores públicos a los delitos de alto impacto. Actualmente se han firmado, a través de la mediación, más de 1,500 convenios y se han tenido varios acuerdos reparatorios. La idea es que la mayoría de los delitos culposos y de querella se resuelvan en esta primera etapa. Esto crea una especie de pirámide: se plantea que entre 5 y 10 por ciento de los casos lleguen al juicio oral; por lo tanto, en esta última etapa se requiere menos personal. Mientras contemos con más personal altamente profesionalizado en las instituciones y mejores tecnologías, habrá mayor eficiencia.

Rodolfo Félix: Yo he presenciado que en la operación en salas de audiencias está el juez y está una persona que opera el equipo de cómputo y que funge como oficial administrativo, pero no es el personal adecuado para hacer esto. Es decir, operativamente hace falta presencia de más personal que apoye en las audiencias.

No es posible que haya todólogos en la sala... Una persona que anuncie que va a iniciar, opere el equipo, se levante para trasladar evidencia, etcétera.

Entonces, se requiere personal capacitado para este trabajo, pero también visión de sus superiores para que el sistema pueda desarrollarse, en lo jurídico y en lo cotidiano. Por ejemplo, si se prohíbe a los abogados desplazarse libremente en las salas para hacer su trabajo; o a la gente se le impide libremente apreciar audiencias, como es lo que sucede en el Distrito Federal, se entorpece su desarrollo y se generan ilegalidades. Me parece que el modelo reclama personas que tengan una visión diferente, personas que estén capacitadas para esto. Lo que se necesita es gente que haga el trabajo de acuerdo con el modelo porque le va a facilitar la vida a los juzgadores. Más que el número, considerar la calidad y el conocimiento.

José Guadalupe Carrera: Tal parece que estamos muy preocupados por preparar a los policías, al Ministerio Público, a los jueces, a los defensores, y hemos dejado a un lado a la ejecución de la sentencia, que es la parte final, que a mí es la que más me preocupa, porque siempre he pensado que se comienza con un delito y se termina con otro en esta última etapa del procedimiento. ¿Hasta dónde se puede vislumbrar esto como positivo si en el Distrito Federal tenemos cuatro jueces de ejecución de sanciones penales? Todavía el Ejecutivo tiene el control de la ejecución de la sanción y esto se me hace realmente grave. En este sentido, ¿podríamos lograr la reinserción o la resocialización del sentenciado o la justicia restaurativa?

Rodolfo Félix: Hablando de la Ciudad de México y de los jueces de ejecución, yo diría que son jueces de media ejecución pues no tienen la norma adecuada para el modelo acusatorio, ni jueces que despliegan todo lo que tiene que hacer un verdadero juez de ejecución. Y ahí está el verdadero problema.

El juez de ejecución tiene que velar por todo aquello que atañe al condenado durante la ejecución de la pena. Esto posibilita un nuevo litigio en esta faceta y ese juez es quien deberá atenderlo. Es decir, le corresponde tutelar los derechos del preso de manera efectiva, permitiendo el acceso a esa justicia en materia de ejecución cuando se quiera ventilar alguna cuestión relacionada con ello.

Los jueces de ejecución deben aprender también a ceñirse a ciertas reglas de manejo, por ejemplo, probatorio en materia de ejecución. Desde su óptica de preso, la persona será tratada con mayor dignidad, facilitándose un camino más claro en la búsqueda de la resocialización. Lo que es un hecho es que la sociedad mexicana no está preparada para recibir a las personas que salen de prisión, y en esto también se debe trabajar.

Juan José Olea: El juez de ejecución penal divide la guarda y custodia y la atención en temas de reinserción social con los beneficios que se pueden otorgar como consecuencia de la sanción penal que hizo el juez en su momento a través de la sentencia. Se está avanzando para que en materia de ejecución penal entren en vigor todas las funciones de los jueces en la Ciudad de México, que son múltiples y variadas.

En lo que respecta al tema de la reinserción social, nadie en condiciones de encierro puede estar bien. Por lo tanto, cuando se solicita el otorgamiento de un beneficio en una audiencia se tienen que reunir varios requisitos. Uno de ellos es el resultado de las evaluaciones de comportamiento del interno al interior de las prisiones. Estoy en desacuerdo con que la decisión judicial tome, como uno de sus elementos, un criterio de personalidad y de comportamiento intramuros en virtud de otorgar o no un beneficio.

El tema de la reinserción social ha pasado por readaptación social, por resocialización, y ahora por reinserción. Esto también requiere de una reforma paralela que permita hacer viable la reinserción social. De hecho, el Congreso de la Unión actualmente trabaja en lo relativo a la creación de una Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales. Hay países donde mientras menos cárceles haya, los temas de cohesión social funcionan mucho mejor. La etiqueta de delincuente o desadaptado pesará toda la vida al individuo, porque, por un lado, en el discurso se habla de la reinserción, pero, por otro lado, nadie se atrevería a contratar a alguien que violó, mató o abusó sexualmente de un menor, para cuidar de nuestros hijos.

  • José Guadalupe Carrera Domínguez, magistrado de la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
  • Juan José Olea Valencia, coordinador general del Instituto de Formación Profesional de la PGJDF y secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal.
  • Rodolfo Félix Cárdenas, socio fundador del Despacho Félix Cárdenas, S.C., única firma de abogados penalistas reconocida para capacitar en el sistema acusatorio.
  • Jorge Cerdio, Jefe del Departamento Académico de Derecho del ITAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2.

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