Bosquejos actuales de la Corte Internacional de Justicia

Bosquejos actuales de la Corte Internacional de Justicia

El paradigma de que todas las instituciones internacionales son mejores que las nacionales queda en entredicho al constatar que los obstáculos y las limitaciones que enfrenta la justicia internacional son similares a los de las cortes nacionales.

 

A principios de noviembre de 2017, la Corte Internacional de Justicia renovó su lista de jueces. Por primera vez en 71 años, no tendrá un juez inglés en la banca. Los periódicos ingleses no tardaron en considerar esto “un golpe humillante al prestigio diplomático británico en las Naciones Unidas”. Y no es para menos: uno de los grandes impulsores del desarrollo del Derecho internacional, sin lugar a dudas, ha sido el Reino Unido, el cual no ha dejado de ser representado ante la Corte desde que se fundó.

Los jueces Ronny Abraham (Francia), Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia) y Antônio Augusto Cançado Trindade (Brasil) fueron confirmados en sus puestos, mientras que Nawaf Salam (Líbano) fue elegido a la Corte por primera vez. El último puesto lo disputaron el representante de la India, Dalveer Bhandari, y Christopher Greenwood, del Reino Unido.

Esta reelección de los jueces de la Corte fue particularmente polémica por el estancamiento que se dio durante sus votaciones, por el rechazo a la reelección de Greenwood y por la batalla diplomática de alto voltaje que generó entre el Reino Unido y la India. De acuerdo con los procedimientos de Naciones Unidas, la elección de los jueces debe ser aprobada por la mayoría de la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad. Sin embargo, Dalveer Bhandari consistentemente obtuvo dos tercios del soporte ante la Asamblea General, mientras que Christopher Greenwood logró el apoyo de la mayoría en el Consejo de Seguridad. Ya que ninguno tuvo la mayoría en ambos órganos, se realizaron 11 rondas de votaciones que siguieron confirmando el estancamiento de la elección.

La paralización llegó a tal punto que el Reino Unido, según informes periodísticos que calificaron la disputa entre la India y la nación inglesa como “el peor enfrentamiento diplomático entre los dos países en años”, amagó con invocar un procedimiento poco utilizado que consta en la formación de un comité de tres miembros de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad para que decidieran la nominación. Claramente, el objetivo era de disminuir el apoyo que Bhandari tenía en la Asamblea General. Sin embargo, Christopher Greenwood se retiró de la contienda tras el poco apoyo de los países miembros de Naciones Unidas, dejándole el paso libre a Bhandari para reelegirse como juez de la Corte.

Greenwood, sin lugar a dudas, es uno de los abogados más diligentes y con más prestigio en el Derecho internacional, ya que ha estado involucrado en innumerables procedimientos judiciales y de arbitraje de mucha importancia tanto en el Reino Unido como en el mundo. Sin embargo, también ha sido objeto de controversia, ya que asistió al gobierno del Reino Unido a evaluar legalmente su intervención militar en Iraq en contra de Saddam Hussein en 2003. Es más, algunos otros caracterizan el rechazo de su reelección a connotaciones más amplias como consecuencia del supuesto continuo declive del Reino Unido en el plano internacional. Particularmente, con el Brexit y con la votación de la Asamblea General para solicitar a la Corte Internacional de Justicia su opinión respecto de la legalidad de la posesión del Reino Unido sobre la Isla de Chagos en el Océano Indio.

No cabe duda de que contar con un representante en el seno de la Corte Internacional de Justicia representa una oportunidad para moldear de manera más directa el desarrollo y la evolución del Derecho internacional a partir de la interpretación de sus reglas. En especial, cuando se trata de la Corte Internacional de Justicia que es el único tribunal internacional con jurisdicción general para decidir sobre cualquier tipo de disputa que se presente entre Estados. Es muy inusual no contar con un juez inglés en la lista de la Corte; sin embargo, el calibre del resto de los magistrados es de altísimo nivel y del trabajo de la Corte no se espera que surja ningún revés. De cualquier forma, es altamente probable seguir viendo a Greenwood dentro de disputas internacionales y desempeñando un papel importante en la interpretación de las normas del Derecho.

 

Réplicas del fallo Avena

No se puede hablar de la Corte Internacional de Justicia sin hacer un comentario respecto de la ejecución del mexicano Rubén Ramírez Cárdenas en Texas el pasado 8 de noviembre. Rubén Ramírez forma parte del grupo de 51 mexicanos que el fallo Avena (2004) de la Corte Internacional de Justicia ampara, en el que se ordenó a “Estados Unidos [a proveer], por medios de su propia consideración, la revisión y reconsideración de las sentencias y condenas [de los 51 mexicanos sujetos a pena de muerte], para permitir el peso completo que se le debe dar a las violaciones de los derechos consulares”.

Este proceso de adjudicación derivó de la violación de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales al obviar la notificación consular a las autoridades mexicanas de conformidad con el articulo 36(1)(b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la cual dicta que debe realizarse sin retraso alguno después de la detención de la persona.

Ramírez Cárdenas fue condenado a la pena de muerte al haber sido encontrado culpable del delito de homicidio de su prima de 16 años de edad en 1997. Su proceso queda ensombrecido al haberse negado la realización de exámenes periciales —a la luz de los desarrollos tecnológicos modernos— que pudieron haber demostrado la inocencia del acusado. Esto, aunado al paradigma de perjuicio racial que persigue al sistema de justicia estadounidense y la falta de asistencia consular da pie a cuestionamientos legítimos sobre la debida defensa del mexicano y su presunta culpabilidad.

Abonando a esta nube de dudas quedaron registradas las últimas palabras de Rubén Ramírez, quien momentos antes de ser ejecutado —aparte de agradecer al cónsul mexicano por su ayuda, y a todos los oficiales gubernamentales [mexicanos] que también estaban tratando de auxiliarlo— declaró: “¡No puedo y no voy a disculparme por el crimen [cometido] por otra persona! ¡Regresaré por justicia! ¡Pueden contar con eso!”

Con la ejecución de este mexicano suman cinco las ocasiones en que Estados Unidos viola el fallo de la Corte Internacional de Justicia y ejecuta a una de las 51 personas protegidas por dicha sentencia. Si se tiene en mente lo pronunciado por la misma Corte Internacional de Justicia en su sentencia durante la “Solicitud de interpretación de la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena” (2009) en el sentido de que “hasta que todos los nacionales mexicanos mencionados [...] en el fallo Avena hayan tenido sus sentencias y penas revisadas y reconsideradas [...] Estados Unidos no habrá cumplido con la obligación que le incumbe”, es claro que queda un largo camino por andar para la justicia internacional, la diplomacia mexicana y las autoridades estadounidenses para que se puedan jactar de que el Derecho internacional fue respetado.

De conformidad con el artículo 94(2) de la Carta de las Naciones Unidas, la única vía existente para reclamar la falta de cumplimiento de las obligaciones de un fallo de la Corte es llevar el asunto al Consejo de Seguridad. Desafortunadamente, la discusión de dicho asunto no prosperaría, primero, porque dicho foro es meramente político y por ende los Estados miembros actuarían como consecuencia del lobbying político, dejando en segundo término la argumentación jurídica, y segundo, porque Estados Unidos —al ser miembro permanente del Consejo de Seguridad— en cualquier momento puede vetar (así como amenazó el Reino Unido durante el proceso de elección de jueces) aquellas resoluciones que lo conminaran a ejecutar la decisión del caso Avena.

En este sentido, las únicas herramientas disponibles siguen siendo los despliegues de diplomacia consular a través de las 50 representaciones consulares en Estados Unidos y el apoyo individual a cada uno de los casos del fallo Avena, por medio del programa de defensoría de los casos de pena capital que el gobierno de México tiene (Mexican Capital Legal Assistance Program). Más allá de la inocencia o la culpabilidad de cada uno de esos individuos la importancia de estos esfuerzos recae en la necesidad de hacer valer los derechos que el Estado mexicano ostenta con base en el Derecho internacional.

Aun cuando el andamiaje jurídico internacional presenta fallas evidentes, como las descritas en los párrafos anteriores, es innegable la relevancia que tiene la Corte Internacional de Justicia dentro de la comunidad internacional en lo que respecta a la solución pacífica de controversias entre Estados. Por esta razón se debe reconocer la efectividad que tiene, no obstante su presupuesto limitado, que representa menos de uno por ciento de los gastos de las Naciones Unidas.

Nuevamente, el paradigma de que todas las instituciones internacionales son mejores que las nacionales queda en entredicho al constatar que los obstáculos y las limitaciones que enfrenta la justicia internacional son similares a los de las cortes nacionales. Por esta razón podemos afirmar que éste sigue siendo un “trabajo en progreso”.

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Contacto: @VE_Corzo.

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