Delimitación territorial en 2018

Delimitación territorial en 2018

El presente año inició con varios acontecimientos relacionados con disputas territoriales.

 

Primero. Durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang se observó el uso de la bandera unificada de las dos Coreas, donde aparte de visualizarse la silueta del territorio continental de éstas, se incluyó a la Isla Dokdo (o Takeshima), la cual ha sido centro de disputa entre Corea del Sur y Japón por su posesión histórica. Más allá del simbolismo que tuvo dicha demostración se evidencia cómo en el Lejano Oriente las aguas siguen turbias y algunas disputas siguen vigentes.

Segundo. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres (Portugal) —actuando como mediador— refirió a la Corte Internacional de Justicia la disputa territorial que Venezuela y Guyana vienen arrastrando desde hace más de un siglo. Paralelamente a ese acontecimiento, en medios de comunicación surgieron rumores sobre la supuesta intención de Venezuela de realizar una incursión militar a Guyana con el fin de asegurar su presencia en el territorio disputado al oeste del río Esequibo. Si bien dicha amenaza no se ha cristalizado, las tensiones en la región han aumentado con el despliegue de tropas guyanesas en la zona y la formación de coaliciones informales para auxiliar a Guyana —frente a Venezuela— en caso de una invasión.

Tercero. En la capital del Derecho internacional, La Haya, Países Bajos, la Corte Internacional de Justicia dirimió dos controversias entre Costa Rica y Nicaragua relacionadas con la delimitación marítima y la compensación económica por actos internacionalmente ilícitos del Estado relacionados con la violación de la soberanía territorial.

 

Antecedentes de la disputa entre Nicaragua y Costa Rica

Para tener mayor claridad sobre la controversia entre Costa Rica y Nicaragua es importante tener en mente algunos hechos claves. Primero, las dos sentencias emitidas el 2 de febrero son resultado de la acumulación de los cuatro casos que la Corte tenía pendiente entre ambos Estados. Segundo, la historia reciente de estos litigios data de 2005, cuando Costa Rica llevó ante la Corte una disputa relacionada con el derecho de navegación que tiene en el río San Juan. Tercero, si bien el fondo de estos cuatro litigios fue influido en gran parte por una disputa territorial, la realidad es que ambos Estados tenían en la mira el control de las zonas marítimas que derivan de la proyección de los límites territoriales. Cuarto, los límites territoriales entre ambos Estados datan de la suscripción del Tratado de Límites de 1858, en el que se establece el río San Juan como una de las referencias naturales limítrofes entre ambos Estados.

 

Primer caso. “Delimitación marítima en el Mar Caribe y el Océano Pacífico”

Respecto de la decisión sobre delimitación marítima antes referida, la Corte se basó en su sentencia de diciembre de 2015 y reafirmó que Costa Rica tiene soberanía sobre toda “la parte norte de la Isla Portillos, incluyendo su costa hasta el punto en el que el banco derecho del río San Juan alcanza la marca de bajamar de la costa del Mar Caribe, con la excepción de la Laguna de Harbor Head y el banco de arena que lo separa del Mar Caribe, ya que dicha soberanía le pertenece a Nicaragua”. Consecuentemente, en un tema paralelo, la Corte concluyó que el campamento militar que Nicaragua estableció en la zona disputada —a la luz de la determinación anterior— violaba la soberanía de Costa Rica y, por ende, tenía que ser retirado.

Regresando a la definición territorial, y siguiendo el principio de que “la tierra domina al mar”, la Corte procedió ha realizar la delimitación marítima correspondiente en lo que respecta a la proyección de los límites terrestres hacia el Mar Caribe. Cabe destacar que tal delimitación no fue sencilla, ya que la Corte se allegó de un panel de expertos para ayudarla a identificar in situ los puntos de partida para realizar la delimitación territorial.

Tal como lo ha realizado en casos anteriores, la Corte prosiguió su trabajo dividiéndolo en dos etapas: primero, dibujando una línea media provisional en el espacio marítimo y, posteriormente, analizando la posible existencia de circunstancias especiales para determinar la necesidad de ajustar la línea media provisional. Por el análisis realizado en este último punto, la Corte reconoció que existían “circunstancias especiales” en el presente caso por la “alta inestabilidad y estrechez en los bancos de arena cerca de la boca del río San Juan que constituyen una barrera entre el Mar Caribe y una parte importante del territorio que le pertenece a Nicaragua”, por lo que optó por que la línea media marítima estuviera conectada a tierra firme en la costa de Costa Rica. Una vez definido el espacio costal relevante para la delimitación, así como los puntos de referencia, procedió a hacer el mismo ejercicio en lo que respecta al espacio marítimo para proponer una solución equitativa de conformidad con el Derecho internacional aplicable; fijando así en definitiva las líneas marítimas que pusieron fin a la disputa que data de 1858 y que quedaron plasmadas en los planos cartográficos que acompañan la sentencia.

 

Segundo caso. Ciertas actividades desarrolladas por Nicaragua en el área fronteriza

En lo que respecta a esta segunda sentencia, vale la pena recordar que ésta fue la culminación de la tercera fase procesal del caso que iniciara en noviembre de 2010, y donde la Corte —en diciembre de 2015— falló a favor de Costa Rica, al concluir, por un lado, que el dragado que realizó Nicaragua —supuestamente en su territorio— no era parte de la frontera entre ambos Estados, sino que se encontraba dentro del territorio de Costa Rica. Y por el otro, que Nicaragua había violado —al desplegar a su personal militar para crear artificialmente un canal y provocar un ambiente de enfrentamiento entre ambas naciones— la orden precautoria emitida en 2011 que ordenaba a las partes abstenerse de enviar personal a la zona de conflicto y realizar cualquier acción que pudiera agravar o ampliar la disputa.

Más allá de resolver la disputa, la relevancia de esta decisión recayó en dos aspectos: por un lado, se trató de la primera vez que la Corte Internacional de Justicia emitió reparaciones por daños ambientales y, por el otro, se trató —apenas— de la tercera vez que la Corte emite una decisión sobre compensación económica. Antes solamente lo había realizado en el caso Corfu Channel (Reino Unido vs. Albania, 1949) y en el caso Ahmadou Sadio Diallo (República de Guinea vs. República Democrática del Congo, 2010).

Regresando al tema ambiental, fue interesante observar el método que la Corte eligió para cuantificar la compensación económica, especialmente porque ésta optó por no adoptar ningún criterio ya establecido por otra instancia internacional y prefirió iniciar su análisis basándose en los principios tradiciones aplicables a hechos internacionalmente ilícitos. En este sentido, la Corte refrendó los siguientes principios: 1) “la violación de un compromiso conlleva la obligación de otorgar reparaciones en una forma adecuada”; 2) la reparación del daño debe “desaparecer todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación a como hubiera estado” de no haber existido la violación; 3) la compensación económica es procedente “en aquellos casos donde la restitución [del daño] es materialmente imposible o excesivamente gravosa” y 4) la compensación económica no puede ser punitiva.

Para la determinación del daño la Corte señaló que se debe analizar “si existe un nexo causal suficientemente directo y cierto entre el acto ilícito y el daño causado”. Tratándose de materia ambiental, la Corte reconoció que si bien es cierto que “el daño puede ser consecuencia de diferentes causas concurrentes, o los avances científicos [que pudieran probar] el vínculo causal entre hecho ilícito y el daño pueden ser inciertos”, también lo es que “la falta de evidencia adecuada respecto a la extensión del daño material no evitará, en todas las situaciones, el otorgamiento de compensación económica por dicho daño”.

Como la presente sentencia sólo era para cuantificar la compensación que Nicaragua le debía pagar a Costa Rica por los daños materiales causados por las actividades ilícitas de la primera en el territorio de la segunda, el análisis del nexo causal entre acto ilícito y daño causado se basó primariamente en su sentencia del 16 de diciembre de 2015. En este sentido, el razonamiento de la Corte para otorgar a Costa Rica la compensación de 378,890 dólares fue dividido en tres etapas: primero, se valoró la existencia y la extensión del daño; segundo, se comprobó la existencia de un vínculo causal y directo entre el daño y las actividades atribuibles a Nicaragua, y tercero, se cuantificó el monto a ser otorgado como reparación.

En lo que respecta a la primera etapa, los daños causados fueron clasificados en dos grupos: daños ambientales, por un lado, y gastos y costos incurridos por Costa Rica para prevenir un daño adicional al ya causado por el acto ilícito cometido por Nicaragua, por el otro. En lo que respecta a la extensión de los daños causados, la Corte —en lugar de hacer una disección pormenorizadas de éstos— decidió adoptar un enfoque general donde trató al ecosistema dañado como parte de un todo. De igual forma, para llegar a su conclusión, tomó en cuenta las características del daño causado (esto es, concluyó que se trató principalmente de tala de árboles), y de la zona afectada (esto es, humedales, los cuales —la Corte explicó— son de los ecosistemas más diversos, productivos y con mayor capacidad regenerativa en el mundo).

Regresando a los aspectos jurídicos, la Corte señaló que las indemnizaciones en materia ambiental deben compensar la pérdida de bienes y servicios ambientales, así como la restauración del medio ambiente dañado, el cual —dígase de paso— no siempre puede recuperarse de forma natural (Costa Rica argumentó que la zona afectada tardaría más de 50 años en recuperarse).

Con estas dos sentencias quedan zanjados —hasta el momento— los seis casos entre Nicaragua y Costa Rica que se habían venido desahogando ante la Corte Internacional de Justicia desde 1986. Estos casos nos permiten apreciar el gran impacto que tiene la Corte en la esfera internacional y cómo sus sentencias pueden llegar a afectar elementos esenciales del Estado, tales como su territorio.

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Contacto: @VE_Corzo.

 

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