Delincuentes y fronteras: la delincuencia organizada transnacional

Delincuentes y fronteras: la delincuencia organizada transnacional

La transnacionalización de los delitos ha permitido que los grupos delictivos diversifiquen sus actividades, trasciendan los territorios de los Estados y, como cualquier otra empresa exitosa, alcancen proporciones macroeconómicas. Estos grupos delictivos transnacionales toman ventaja de las fronteras, los traumas nacionales con el concepto de soberanía, los principios de Derecho internacional sobre no intervención e inmunidad, la incompatibilidad de los sistemas jurídicos nacionales, la rigidez y la lentitud de los mecanismos tradicionales de cooperación internacional, la desconfianza que impera hacia autoridades extranjeras y el prejuicio de que los derechos humanos de la persona serán vulnerados si cae en manos de las autoridades extranjeras.

 

 

El fortalecimiento y desarrollo del Estado es el primer paso en la erradicación de la delincuencia organizada transnacional, según la Oficina para la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Lo anterior porque las organizaciones criminales siempre buscan permear cualquier institución gubernamental, corromper a sus funcionarios, infiltrar negocios o vulnerar los sistemas financieros a través del lavado de dinero, con el fin de autoprotegerse y buscar un amparo bajo el cual llevar a cabo sus actividades ilícitas.

La transnacionalización de los delitos ha permitido que los grupos delictivos diversifiquen sus actividades, trasciendan los territorios de los Estados y, como cualquier otra empresa exitosa, alcancen proporciones macroeconómicas. Estos grupos delictivos transnacionales toman ventaja de las fronteras, los traumas nacionales con el concepto de soberanía, los principios de Derecho internacional sobre no intervención e inmunidad, la incompatibilidad de los sistemas jurídicos nacionales, la rigidez y la lentitud de los mecanismos tradicionales de cooperación internacional, la desconfianza que impera hacia autoridades extranjeras y el prejuicio de que los derechos humanos de la persona serán vulnerados si cae en manos de las autoridades extranjeras.

No es necesario escudriñar mucho para ejemplificar la forma en que operan estos conceptos con respecto a la delincuencia organizada. Basta ver la lista de asuntos recientes ante la Corte Internacional de Justicia y dirigirnos al caso “Procedimientos criminales e inmunidades”, en el que Francia fue demandada por Guinea Ecuatorial por considerar que aquélla violó las inmunidades que el segundo vicepresidente de este último país, Teodoro Nguema Obiang Mangue, ostenta en razón de su cargo. Cabe destacar que el segundo vicepresidente de Guinea Ecuatorial es investigado por las autoridades francesas por el delito de peculado y supuestamente por invertir dicho dinero en Francia, en específico, a través de la adquisición del edificio que en la actualidad alberga la embajada de Guinea Ecuatorial en territorio francés.

Los argumentos que adelanta Guinea Ecuatorial, para defender lo indefendible, son aquellos basados en el respeto al principio de igualdad soberana, no intervención en los asuntos internos del Estado, inmunidad soberana e inviolabilidad del recinto diplomático. Tristemente, aun cuando resultase más que claro que se trata de un caso de corrupción, la persecución de este delito no puede obviar la aplicación del Derecho internacional.

Precisamente por este tipo de obstáculos procesales, así como por la impotencia de que las autoridades nacionales no actúen conforme a Derecho por estar corrompidas o coludidas, se busca una jurisdicción concurrente que permita la intervención de autoridades extranjeras o de instituciones internacionales. A pesar de que este tipo de jurisdicción concurrente pueda llegar a prosperar, en muchas ocasiones ha terminado en meras declaraciones condenatorias en las que jamás se brinda justicia a las víctimas más que en el papel. Como muestra el caso “Actividades armadas en el territorio del Congo” donde, no obstante que han transcurrido más de 11 años de la sentencia condenatoria a Uganda, aún no se llega a la determinación bajo la cual tendrá que reparar el daño causado a las víctimas del conflicto armado que sostuvo contra el Congo. Valiéndose de esta manera la crítica del juez Cançado Trindade, quien señaló en su opinión disidente que “es de lo más lamentable descubrir que, entre más grave parezcan ser las violaciones al Derecho internacional, más tardado y difícil se convierte el impartir justicia”.

 

Falta de homogeneidad

La lucha en contra de la criminalidad transnacional no es algo nuevo. Al contrario, es una batalla que se ha librado desde tiempo atrás. Es un mal que aqueja día a día a la comunidad internacional que no solamente afecta las actividades económicas, financieras o comerciales, sino que también sirve como catalizador para que acontezcan otros tipos de delitos internacionales como el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de sustancias químicas, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el narcotráfico, por nombrar algunos. Desde hace unos años, la comunidad internacional es consciente de que la forma más efectiva de luchar en contra de este tipo de conductas no es a través de medidas unilaterales sino mediante acciones colectivas o multilaterales.

Si bien esta forma de pensar parece conllevar cierta coincidencia homogénea a nivel mundial, no evita que en ciertas ocasiones los Estados asuman posturas absurdas de aislamiento bajo falsas creencias de que son inmunes a los problemas regionales, que en su territorio nacional no acontece este tipo de conductas ilícitas, que el origen de todos los males recae en los migrantes o proviene del extranjero, o de plano solapen dichas conductas. Desafortunadamente, este paradigma es el punto de partida de toda la cooperación internacional. De ahí que las extradiciones siempre sean concebidas como una herramienta de política exterior, y que en momentos álgidos en las relaciones bilaterales se vuelvan moneda de cambio y siempre exista la amenaza de reducir el número de extradiciones como represalia legal ante la discordancia en otro tema; lo cual al final del día es una apuesta peligrosa porque se cae en una situación pierde-pierde, donde al delincuente se le da refugio de facto y a las víctimas se les viola su derecho a la justicia.

 

A mayor comercio, mayores delitos

La Oficina para la Droga y el Delito de las Naciones Unidas ha afirmado que existe una correlación directa entre comercio y delito. Inclusive ha llegado a afirmar que la transnacionalización de las conductas delictivas ha convertido a los mayores socios comerciales en los mercados más grandes para actividades ilícitas. En otras palabras, a mayor flujo comercial, mayor comisión de delitos transnacionales.

México es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos, ya que en materia de exportaciones es el país que adquiere más productos estadounidenses, después de Canadá, y el segundo que más productos importa a Norteamérica, después de China. En total, el comercio entre México y Estados Unidos supera los 580,000 millones de dólares anuales.

Por ejemplo, entre México y California —la frontera más dinámica de todo el mundo— se comercian más de 66,000 millones de dólares de forma anual; cruzan más de 65 millones de personas de forma terrestre y se adentran más de 32 millones de vehículos cada año. Con estas cifras podemos darnos cuenta del gran reto que enfrentan las autoridades de ambos países para encontrar un justo balance, por un lado, entre la no obstaculización de los factores que promueven el comercio y el desarrollo humano fronterizo, y, por el otro, la necesidad de contrarrestar las conductas ilícitas que tratan de incursionar en el intercambio permanente que se vive en la región.

A lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos se puede apreciar la existencia de lazos familiares, históricos, culturales, lingüísticos, ambientales y económicos, los cuales se traducen en un flujo humano y comercial enorme que ejemplifica claramente el gran reto que representa para los Estados controlar los grandes flujos de mercaderías, personas o capital que atraviesan a lo largo de sus fronteras, lo cual francamente es imposible sin una estrecha coordinación binacional.

Ahora, es importante explicar que esta coordinación y esta cooperación no surgen de forma espontánea, sino que constituyen una realidad impuesta, por un lado, por la interdependencia económica y el dinamismo que se vive en la región, y, por el otro, por la propia necesidad del Estado de garantizar su permanencia. En otras palabras, cuando las estructuras estatales no pueden mantener el ritmo de crecimiento a la par de la realidad social, los Estados caen en la cuenta de la necesidad de contraer los esfuerzos unilaterales y encaminarlos hacia la creación de una agenda binacional conjunta.

Por esta razón la conceptualización de la frontera va más allá de una definición literal y pasa a ser un concepto estratégico donde se habla de una franja fronteriza en la que por lo general la cooperación internacional llega a ser más sofisticada y estrecha de lo que acontece en el resto del Estado, se permite en la teoría o concibe la psique colectiva. Esto se deriva del pragmatismo necesario para resolver el choque diario entre dos sistemas jurídicos diferentes que artificialmente tratan de convivir literalmente a metros de distancia; para buscar soluciones paralelas a los canales formales que obligarían a acudir ante las autoridades centrales de los Estados, las cuales por lo general se han caracterizado por no entender la dinámica de la frontera para resolver problemas sui generis, y para tratar de subsanar las debilidades o limitaciones institucionales que las autoridades de uno o del otro Estado tengan y que vulneran la estabilidad de la región fronteriza.

 

Conclusión

Como se puede apreciar, la lucha en contra de la delincuencia organizada transnacional es un tema delicado con múltiples aristas. Debido a su magnitud, el mercado negro y la generación de riqueza que conlleva, su erradicación encuentra múltiples obstáculos, empezando por la sociedad que depende de la misma o de la estructura gubernamental infiltrada. Por esta razón, en muchas ocasiones se ha llegado a afirmar que una erradicación absoluta podría conllevar efectos negativos en la sociedad. Por ejemplo, la Oficina para la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, en su informe sobre delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe, afirma: “Si el tráfico de cocaína fuera a desaparecer mañana, el impacto de la violencia sería impredecible. La reducción de flujos puede exacerbar la competición violenta, y formas más directas de obtención criminal de ingresos (como la extorsión, el robo y el secuestro)”. De aquí que existan posturas diferentes respecto de la estrategia a seguir en su lucha; por un lado, aquellos que buscan erradicarla por completo, y por el otro, los que sólo buscan administrarla.

Para aquellos que se preguntan cuál será el impacto de la administración Trump en el sistema jurídico mexicano, este tema, el de la cooperación internacional en materia penal, será uno de los asuntos más importantes por abordarse, ya que el mismo —al igual que el tema comercial y las deportaciones masivas— es uno de los pocos que tiene la capacidad de influir de manera severa en nuestra realidad nacional. Así que será necesario ver si la postura estadounidense de corresponsabilidad en la materia continúa o si regresaremos a la dinámica viciosa de antaño en que ambos países se la pasaban acusándose mutuamente de ser el origen de todos los males del otro.

 

Notas

 

* Abogado especialista en Derecho Internacional.

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