El caso Jadhav: India vs. Pakistán

El caso Jadhav: India vs. Pakistán

Solamente 10 días le tomó a la Corte Internacional de Justicia ordenar a Pakistán que suspendiera la ejecución de Kulbhushan Sudhir Jadhav. La victoria diplomática y judicial de India sobre Pakistán se suma a las recurrentes demandas consulares y consolida el tema dentro del corpus de la Corte Internacional de Justicia.

El caso Jadhav se centra en la disputa que India y Pakistán tienen respecto del connacional de la India, Kulbhushan Sudhir Jadhav, quien fue detenido por autoridades pakistaníes el 3 de marzo de 2016 y sentenciado a muerte por un tribunal militar por los cargos de “espionaje, sabotaje y terrorismo”, acciones supuestamente encaminadas a desestabilizar a Pakistán, mismas que el acusado aparentemente confesó haber cometido.

 

Respecto de los hechos que dieron origen a la disputa, tanto India como Pakistán mantienen versiones encontradas. Por un lado, India afirma que su connacional es un ex militar retirado que fue secuestrado por Pakistán en Irán y obligado a confesar los delitos de los que se le acusa. Por el otro, Pakistán sostiene que Kulbhushan Jadhav portaba un pasaporte de la India con otro nombre, que mantenía lazos con grupos terroristas islámicos que perpetraron varios ataques en Pakistán y que es un espía de India cuyo objetivo era causar terror entre la población civil y dañar la infraestructura pakistaní.

La demanda interpuesta por India fue presentada ante la Corte Internacional de Justicia el pasado 8 de mayo de 2017 y basa la competencia de la Corte en el Protocolo Facultativo sobre la Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963), el cual faculta a la Corte para dirimir cualquier conflicto originado por la interpretación o la aplicación de la Convención.

La última vez que la Corte lidió con este tipo de temas fue hace aproximadamente una década, cuando resolvió la solicitud de interpretación de la sentencia del caso Avena. Esta nueva demanda de India se suma a la tetralogía de asuntos relacionados con temas consulares que se han presentado ante la Corte Internacional de Justicia durante los últimos años. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia desahogó asuntos conexos como Breard (Paraguay vs. EUA, 1998), LaGrand (Alemania vs. EUA, 1999) y Avena (México vs. EUA, 2003 y 2008).

 

La orden cautelar de la Corte suspende la ejecución de Jadhav

El gobierno de India solicitó a la Corte la emisión de medidas cautelares con el fin de que suspendiera la ejecución de su connacional en tanto no se resuelva el fondo del asunto. En este sentido, la orden interlocutoria de la Corte analizó si existía: jurisdicción prima facie; riesgo de daños irreparables; urgencia para la emisión de las medidas precautorias, y si los derechos a tutelar eran plausibles.

Primero, respecto de si la Corte contaba con jurisdicción prima facie (i.e. a simple vista), aquélla concluyó afirmativamente indicando que su competencia se basa en “tratados y convenciones vigentes” (i.e. el Protocolo Facultativo mencionado). Por eso consideró, por un lado, irrelevante entrar al análisis de la objeción de Pakistán con la cual solicitaba se tomaran en cuenta las declaraciones hechas por ambos Estados a la jurisdicción compulsoria de la Corte, y por el otro, innecesario estudiar —en esta etapa— el argumento de Pakistán en relación con que el acuerdo consular bilateral firmado por ambos países en 2008 limitaba los alcances de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en lo que respecta a casos relacionados con terrorismo y espionaje.

Para entender un poco mejor lo anterior, es importante tener en cuenta que la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia se otorga de tres formas: bajo un acuerdo especial (para un caso en concreto), con una declaración aceptando la jurisdicción compulsoria (para cualquier caso futuro) y siendo parte de un tratado que contenga una cláusula jurisdiccional que refiera cualquier controversia a la Corte. Por esta razón la Corte concluyó que las “reservas [a la jurisdicción compulsoria] contenidas en las declaraciones realizadas por los Estados partes […] no pueden impedir la jurisdicción de la Corte que es especialmente otorgada por el Protocolo Facultativo” de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En otras palabras, estamos hablando de diferentes formas de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, las cuales, si bien coexisten, nunca se mezclan.

Segundo, en lo que respecta a si los derechos por tutelar son plausibles, la Corte reiteró —como en ocasiones anteriores— que debe existir una relación entre la emisión de medidas provisionales y el éxito en el fondo del asunto de la parte que las reclama. De igual forma, recalcó que debe existir un vínculo entre los derechos que se busca proteger y las medidas cautelares. En este sentido, la Corte coincidió con el gobierno de India al considerar que los derechos por proteger eran plausibles ya que era evidente que existe una posible violación a las obligaciones consagradas en el Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, específicamente en lo que respecta al otorgamiento del acceso consular, a la realización sin dilación alguna de la notificación consular y a explicar a la persona detenida que tenía derecho a recibir asistencia consular.

La Corte determinó también que existe un vínculo entre la emisión de las medidas precautorias y la preservación de los derechos de India y su connacional. La evidencia presentada sustentaba el dicho del gobierno de India de haber solicitado en múltiples ocasiones (15 para ser exactos) acceso consular a su connacional —desde su detención en 2016—, sin obtener respuesta alguna por parte de Pakistán. Inclusive Pakistán nunca negó la acusación de que, a principios de 2017, condicionó el acceso a las autoridades consulares hindús dependiendo del nivel de cooperación que otorgaran en el desahogo de una petición de asistencia jurídica relacionada con la investigación criminal en contra de Kulbhushan Jadhav y sus supuestos cómplices.

Finalmente, en relación con el riesgo de daños irreparables y urgencia para la emisión de las medidas precautorias, la Corte explicó que se tiene que analizar si existe un riesgo real e inminente de que pueda acontecer un daño irreparable a los derechos que se reclaman antes de que la Corte emita su decisión final. En este sentido, indicó que con el mero hecho de que Kulbhushan Sudhir Jadhav esté sentenciado a la pena de muerte y pueda ser ejecutado era suficiente para demostrar la existencia de dicho riesgo. De esta manera, la Corte también desechó el argumentó de Pakistán en el sentido de que todavía existían recursos nacionales que se podían agotar en el caso, como las peticiones de clemencia al presidente de su país o al jefe del ejército, al considerar que dichas instancias no eran remedios judiciales y, por ende, remedios disponibles para la persona.

Como obiter dicta la Corte aprovechó la ocasión para reiterar, por un lado, que no se pronunciaría sobre la cuestión de si los Estados tienen o no la facultad de imponer la pena capital y, por el otro, de que está actuando como un mecanismo de solución de controversia entre Estados y no como Corte de apelación para el caso criminal.

Agotado el estudio anterior, la Corte —en una votación unánime— decidió emitir medidas precautorias para ordenar a Pakistán que adopte todas las medidas disponibles para asegurar que Kulbhushan Sudhir Jadhav no sea ejecutado en tanto la Corte no se pronuncie sobre el fondo del asunto. De igual forma, la Corte reafirmó que sus órdenes cautelares son vinculantes, por lo que generan obligaciones de Derecho internacional.

 

Conclusión

Hay que reconocer el rápido actuar de la Corte Internacional de Justicia en el presente caso ya que, por un lado, solamente tardó siete días —desde la presentación de la demanda— en celebrar las audiencias orales respecto de la emisión de medidas precautorias y, por el otro, solamente le tomó tres días adicionales en emitir la orden cautelar correspondiente. En palabras del juez Antônio Augusto Cançado Trindade (Brasil), el presente caso, así como el corpus de los casos mencionados al principio del presente artículo, enarbola “el proceso de humanización del Derecho internacional”, donde aparentemente se ha dejado de lado la posición positivista que encumbraba la voluntad de los Estados como fuente creadora del Derecho internacional, para sustituirla por una “conciencia jurídica universal” que posiciona al individuo a la par de los Estados como sujetos del Derecho internacional. Este “entramado entre el Derecho internacional y el Derecho internacional de los derechos humanos [continúa diciendo el juez Cançado Trindade en su opinión concurrente] ofrece testimonio del reconocimiento de ‘la centralidad, en este nuevo corpus juris, de los derechos humanos universales, que corresponde al nuevo ethos de nuestros tiempos”.

El desafío del presente caso —al igual que los que lo antecedieron en materia consular— será asegurar que las partes de la controversia implementen a nivel doméstico la decisión y las órdenes de la Corte. Especialmente por la problemática jurídica que implica ejecutar una orden judicial internacional en el seno de los sistemas jurídicos nacionales que, por lo general, no se encuentran preparados para dicho escenario.

El estatus actual de la relación bilateral entre India y Pakistán es complicado por las diferencias históricas y por la visión negativa que sus poblaciones comparten la una de la otra. En este tenor, queda esperar a que se resuelva el fondo del asunto y que las partes no realicen acciones que vulneren lo ordenado por la Corte.

 

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Contacto: @VE_Corzo.

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