Entre sueños y pesadillas: el programa DACA

Entre sueños y pesadillas: el programa DACA

En este artículo el autor analiza el programa Differed Action for Childhood Arrivals, mejor conocido por su anacronismo en inglés: DACA, una acción ejecutiva aprobada en junio de 2012 por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

 

“DACA nunca fue más que una acción diferida —un retraso burocrático— que nunca prometió derechos de ciudadanía o estatus legal en este país. El programa no proveía a los beneficiarios de un futuro; era simplemente un aplazamiento temporal hasta aquel día de probable expiración. Y por esa razón DACA era fundamentalmente una mentira”, decía la encargada del Department of Homeland Security, Elaine Duke, al referirse a la rescisión del programa el pasado 5 de septiembre.

 

¿En qué consiste DACA?

EI programa Differed Action for Childhood Arrivals, mejor conocido por su anacronismo en inglés: DACA, es una acción ejecutiva aprobada en junio de 2012 por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. DACA ofrecía un permiso de trabajo —renovable por dos años— y evitaba la deportación de aquellos jóvenes que llegaron a Estados Unidos durante su infancia de forma irregular o excedieron su legal estadía y que habían residido continuamente en dicho país desde junio de 2007. Para calificar era necesario que los eventuales beneficiarios, al año 2012: a) tuvieran de 15 a 31 años de edad; b) se encontraran cursando o hubieran culminado sus estudios medios o medios superiores o que hubieran servido en la guardia costera o en el ejército estadounidense; c) no hubieran cometido un delito grave, y d) aplicaran al programa ante las autoridades estadounidenses de United States Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Este programa fue creado después de que en el Congreso estadounidense no prosperaran las discusiones sobre una reforma migratoria, ni se aprobara la iniciativa conocida como Dream Act. El Dream Act, en su momento, contó con gran apoyo de parte de la cúpula política estadounidense, que busca regularizar migratoriamente a los soñadores, quienes son considerados como los “migrantes ideales” ya que desde pequeños llegaron a Estados Unidos, se autoidentifican como estadounidenses, hablan inglés, han sido forjados educativamente en Estados Unidos, y comulgan con sus costumbres y sus valores nacionales. Con el fin de retribuir el apoyo que la comunidad hispana le brindó durante su campaña presidencial así como para compensar que su administración fue la que más deportaciones realizó en la historia de ese país, el presidente Obama optó por crear este programa de forma unilateral, sin apoyo del Congreso. Cinco años después terminaría sirviendo como “el” pretexto para que la administración de Donald Trump lo diera por terminado.

Como lo indica su nombre (i.e. acción diferida), en el momento en que los beneficiarios del DACA se registraban ante las autoridades estadounidenses el proceso de remoción en su contra automáticamente quedaba suspendido o diferido. A pesar de que el programa no otorgaba un estatus migratorio específico a sus beneficiarios, en la práctica les permitía: contar con cierta certeza jurídica de que no serían removidos del territorio estadounidense en tanto no cometieran un delito o existiera una orden de remoción en su contra; obtener mejores condiciones laborales (e.g. mejores salarios); ser elegibles para ciertos beneficios públicos (e.g. seguridad social, licencia de conducir y seguro de desempleo); acceder a mayores oportunidades financieras (e.g. préstamos bancarios o educativos), e inclusive, para aquellos que tramitaran el permiso administrativo conocido como advanced parole la posibilidad de poder salir de y regresar a territorio estadounidense.

 

Características demográficas de los beneficiarios DACA

Según el más reciente estudio realizado por el profesor Tom Wong de la Universidad de California en San Diego (uno de los investigadores líderes en el tema), en conjunto con las organizaciones United We Dream, National Immigration Law Center y Center for American Progress, se logró identificar el perfil del beneficiario DACA promedio: 25 años de edad, arribó a Estados Unidos a los seis años y medio, vive principalmente en metrópolis (e.g. Los Ángeles, Houston, Dallas, Chicago, Nueva York, San Diego, Boston, Miami), es bilingüe, cuenta con estudios universitarios o de preparatoria, y es mexicano (según cifras oficiales, 78 por ciento de los beneficiarios del DACA son nacidos en México, y el resto proviene de otros países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Corea del Sur, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Filipinas, Argentina e India). De igual forma, gracias a dicho estudio —publicado a finales de agosto de este año— se logró identificar que la mayoría de los beneficiarios del DACA se encuentran incorporados a la fuerza laboral estadounidense o siguen estudiando (i.e. 91 por ciento); son sujetos de crédito (e.g. 65 por ciento adquirió su primer coche, 16 por ciento compró su primera vivienda y 5 por ciento inició su propio negocio después de su incorporación al DACA); gana significativamente más (69 por ciento) que un migrante irregular de la misma edad o que ellos mismos antes de haber aplicado al DACA, y el 72 por ciento tiene un parentesco de primer grado o está casado con un ciudadano estadounidense.

 

Coyuntura política actual en Estados Unidos

Durante los últimos meses, el programa —que había beneficiado a más de 800,000 soñadores— se mantuvo en vigor no obstante el acecho incisivo de sus detractores.

Lamentablemente, la gota que terminó derramando el vaso fueron las amenazas de diversas autoridades estatales estadounidenses. En específico, de las autoridades de Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Idaho, Tennessee, West Virginia, Kansas, Nebraska y Carolina del Sur, las cuales amagaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos en el sentido de que, de no dar por terminado dicho programa para el 5 de septiembre, emprenderían acciones legales ante las cortes estadounidenses, similares a las que provocaron la suspensión de los programas DACA ampliado (i.e. donde se acortaban los años de residencia en Estados Unidos, se eliminaba la limitante de edad para posibles beneficiarios y se ampliaba el beneficio del permiso de trabajo a tres años) y DAPA (i.e. que otorgaba los mismos beneficios del DACA a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes).

Como se mencionó antes, el talón de Aquiles del programa DACA es la supuesta inconstitucionalidad de la orden ejecutiva a través de la cual fue creado. Teóricamente, se argumenta que el programa excede las facultades del Poder Ejecutivo e invade el ámbito competencial del Congreso estadounidense en materia de regulación migratoria al tratar de conferir de “presencia legal” y “permiso de trabajo” a ciertos migrantes irregulares unilateralmente seleccionados por el Ejecutivo federal. En contra de esta interpretación, 105 profesores de Derecho emitieron una carta dirigida al presidente Donald Trump, arguyendo que no tiene nada de inconstitucional el programa DACA porque yace en la facultad constitucional del presidente de velar por la ejecución misma de las leyes. De acuerdo con esta interpretación, es necesario jerarquizar prioridades y así —en un uso racional de los recursos estatales— ejercer “acción diferida” para aquellos casos en los que no sea imperante una ejecución inmediata de la ley.

No obstante los argumentos a favor y las cifras del Center for American Progress que estimaban que las aportaciones económicas de este grupo de migrantes al producto interno bruto de Estados Unidos ascenderían a 460.3 miles de millones de dólares para la siguiente década, el pasado 5 de septiembre el procurador general de aquel país, Jeff Sessions, rescindió el programa. Durante su conferencia de prensa, Sessions no desaprovechó la oportunidad y arremetió en contra del programa DACA ya que supuestamente beneficiaba solamente a adultos —y no a menores de edad como el imaginario colectivo cree—; se constituye como una “amnistía”; provocó la oleada de menores no acompañados provenientes de Centroamérica que durante el último lustro puso en jaque a Estados Unidos, y causó que a cientos de estadounidenses se les negara un trabajo para poder dárselo a los “extranjeros indocumentados” que benefició el DACA.

 

Riesgos inminentes

Todo parece indicar que —a menos de que el Congreso de Estados Unidos finalmente acuerde una solución legislativa— los más de 800,000 beneficiarios del DACA quedarán sin protección alguna ante una eventual deportación. Los beneficios del programa DACA no fueron terminados de inmediato, ya que se dejará que los mismos expiren naturalmente (e.g. los permisos de trabajo por dos años). Como se divulgó en un memorando del Department of Homeland Security, se dejó abierta una “ventana limitada bajo la cual se adjudicarán ciertas peticiones para el DACA y aplicaciones conexas”, como renovaciones de los permisos que expiren entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018 (i.e. aproximadamente 154,000). Desafortunadamente, dicha “ventana de renovación” solo estará abierta durante un mes. Por esto muchos activistas consideran que en realidad es una “pastilla de veneno” para que sus organizaciones no puedan ayudar (i.e. por no tener la capacidad para atender diariamente a 5,433 beneficiarios) y para que no todos los beneficiarios —ya sea por cuestiones de tiempo o de presupuesto— puedan renovar su permanencia en el programa.

Como se puede ver, el grado de complejidad que conlleva la terminación del programa es muy alto. Primero, la actual coyuntura política en Estados Unidos, donde la retórica antiinmigrante ya se encuentra cristalizada en las dos acciones ejecutivas firmadas por el presidente Trump a principios de año (la primera, sobre el mejoramiento de la seguridad pública en el interior de Estados Unidos, y la segunda, sobre seguridad fronteriza y mejoramiento de la aplicación de la ley migratoria) con las cuales se establece como prioridad de su gobierno remover de territorio estadounidense al mayor número posible de migrantes irregulares. Segundo, la agencia USCIS, ante la cual se registran los beneficiarios del DACA —al igual que la troika operativa formada por Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP) y Border Patrol—, es parte del Department of Homeland Security (DHS). Esto significa (aun cuando las mismas autoridades estadounidenses han asegurado que no sucederá) que los agentes migratorios pueden acceder en cualquier momento a la base de datos de USCIS para obtener la información de todas las personas registradas en el programa DACA. En otras palabras, de llegarse a terminar el programa DACA, sus beneficiarios —al estar plenamente identificados— quedan expuestos significativamente ante una administración que hasta el momento no ha hecho otra cosa más que criminalizar la migración irregular.

Precisamente por estas dos grandes razones es que 15 estados de la Unión Americana (Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Virginia) y el distrito de Columbia entablaron —el 6 de septiembre— una demanda ante la corte federal de distrito este de Nueva York en contra de Donald Trump, el Department of Homeland Security e Immigration and Customs Enforcement con el fin de proteger a sus “residentes, empleadores, sistemas regulatorios, e instituciones de educación, en contra de las acciones ilegales del presidente y del gobierno federal”.

 

Acciones legales

El quid de la demanda antes referida yace en la recopilación de todas las declaraciones despectivas que Donald Trump ha hecho en contra de México, los mexicanos y los mexicoamericanos, con las cuales “ha demostrado su voluntad de menospreciar a los mexicanos en un intento equívoco para asegurar el apoyo de sus constituyentes, aun cuando dichos impulsos sean motivaciones impermisibles para definir la política gubernamental”. Asimismo, dentro del escrito se resalta la contradicción de las mismas autoridades federales estadounidenses. Por un lado, promover y alentar públicamente a que la gente aplicara al programa so pretexto de que no había nada de qué preocuparse, y por el otro, meses después, dar simplemente por terminado el mismo, argumentando —sin determinación judicial alguna— su inconstitucionalidad.

Los 15 estados y el distrito de Columbia arguyen en su escrito que las acciones del gobierno federal encabezado por Donald Trump violentan la quinta enmienda constitucional, específicamente en lo que respecta a protección igualitaria (ya que discrimina en concreto a los mexicanos) y debido proceso (ya que las decisiones tomadas y el posible uso de la información personal de los beneficiarios para perseguirlos no son justas), y la Administrative Procedure Act y la Regulatory Flexibility Act (por tomar acciones arbitrarias, abusivas, caprichosas, sin guías formales para su implementación y sin un análisis previo del impacto que tendrían éstas).

Por lo que solicitan a la Corte: 1) declarar contrario a la Constitución el memorándum a través del cual se rescinde el DACA; 2) encontrar sustancial y procesalmente ilegales las acciones que el Department of Homeland Security ha adoptado para implementar el multicitado memorándum; 3) ordenar que el programa DACA siga vigente en tanto la Corte no resuelva la demanda; 4) indicar que no se emplee la información personal del DACA para perseguir migratoriamente a sus beneficiarios, y 5) otorgar las demás medidas que bajo el interés de la justicia considere conducente.

En paralelo han surgido otras demandas en contra del gobierno federal (incluyendo las presentadas por el estado de California y por la ciudad de San José), entre las cuales destacan: la interpuesta por la Universidad de California y la presentada por el National Immigration Law Center, junto con la clínica legal de la Universidad de Yale, en representación del mexicano Martín Batalla Vidal. Lo simbólico de la primera demanda —aparte de haber sido la primera presentada por una universidad sobre este tema— yace en que su presidenta es Janet Napolitano, quien fuera la cabeza del Department of Homeland Security durante la administración Obama y creara el programa DACA. En esta acción legal se reclama la violación de los derechos de la universidad y de sus más de 4,000 estudiantes sin estatus migratorio, al haber rescindido el programa DACA mediante un simple “capricho ejecutivo no razonado”.

La segunda demanda, por el National Immigration Law Center, busca ampliar la demanda (Batalla Vidal et al. vs. Baran et al.) presentada en 2016 en contra de la decisión en el caso United States vs. Texas, el cual bloqueó los programas DACA ampliado y DAPA. El 14 de septiembre se celebró una audiencia ante el juez de la corte de distrito este de Nueva York, Nicholas G. Garaufis. En esta, el juez Garaufis comentó: 1) que las fechas límites para renovar, en octubre, y de terminación del programa, en marzo, eran arbitrarias, por lo que esperaría que el gobierno extendiera el plazo otorgado; 2) que era contradictoria la posición del Departamento de Justicia en la que, por un lado, termina el programa por inconstitucional, pero por el otro lo deja vigente por seis meses adicionales; 3) que tenía la esperanza de que la Corte se pudiera mantener ajena a la discusión y que los poderes Ejecutivo y Legislativo resolvieran la problemática que generó la terminación del DACA, y 4) no obstante, señaló que desahogaría la demanda de forma expedita.

 

Acción legislativa

Para fortuna de aquellos 800,000 soñadores, en el seno del Congreso estadounidense ya existe el proyecto de ley conocido como Dream Act 2017, el cual fue introducido en el Senado el pasado 20 de julio por los legisladores demócratas Lindsay Graham (Carolina del Sur) y Richard Durbin (Illinois), y en la Cámara de Representantes, el 26 de julio, por los congresistas Lucille Roybal-Allard (California-Demócrata) e Ileana Ros-Lehtinen (Florida-Republicana). En dicho proyecto se ofrece —únicamente a los que llegaron a Estados Unidos con menos de 18 años de edad— un camino para la ciudadanía estadounidense después de 13 años, dentro de los cuales los beneficiarios tendrían, primero, una residencia permanente condicionada por ocho años, y después, una residencia permanente sin limitantes por cinco años.

El reto que dicha iniciativa enfrentará, más allá del obvio desafío que es que los diferentes congresistas se pongan de acuerdo, el hecho de que es posible que se condicione el apoyo a dicha iniciativa, siempre y cuando se aprueben fondos para la construcción del ignominioso muro fronterizo o se apruebe el Reforming American Immigration for Strong Employment, a través del cual se busca reducir a la mitad la migración legal a Estados Unidos. En este sentido, puede ser que algo tan positivo como el proyecto de iniciativa Dream Act 2017 forme parte de un paquete en el que también se aprueben iniciativas antimigrantes.

Una luz de esperanza parecía llegar el 13 de septiembre, cuando Donald Trump y los líderes del Partido Demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, se reunieron y acordaron —según un comunicado de prensa emitido por los legisladores— trabajar de forma conjunta para “cristalizar —en poco tiempo— las protecciones del DACA en una ley”. La base política de Trump, sin embargo, arremetió en contra del supuesto acuerdo por excluir fondos para el muro fronterizo y porque la legalización de estos 800,000 dreamers se traduciría, posteriormente, en una migración legal de aproximadamente dos a cuatro millones de personas, cuando los beneficiarios del DACA peticionaran por sus padres. La ilusión del “acuerdo” duraría pocas horas, ya que al día siguiente Trump desmintió —a través de su cuenta de Twitter y posteriormente a su arribo a Florida— que ningún trato se había logrado y que de llegar a haber alguno éste definitivamente tendría que venir de la mano de una iniciativa para implementar “seguridad fronteriza masiva” que incluyese vigilancia extrema y, últimamente, el muro fronterizo.

 

Acción comunitaria

La batalla no sólo se está dando ante las cortes judiciales, sino también en la opinión pública. Es de reconocerse que los dreamers han mantenido durante los últimos años una gran organización, la cual les ha permitido promover con éxito su causa dentro de la sociedad estadounidense y sacudirse el estigma de migrantes irregulares. Gracias a la red de complementariedad que han construido con diversos aliados —gubernamentales y de la sociedad civil— en la actualidad las voces de protesta en contra de la decisión de terminar dicho programa y apoyo hacia ellos se han multiplicado exponencialmente. Esto ha permitido ejercer presión en todos los niveles de gobierno y organizar un sinnúmero de marchas, logrando así victorias simbólicas pero visibles como la de que el Procurador de Tennessee retirara su apoyo a la carta que promoviera el estado de Texas para presionar para la terminación del DACA o la de que los directores ejecutivos de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses (e.g. Amazon, Apple, Google, Hewlett, Lyft, Netflix y Twitter) y de otros consorcios empresariales (e.g. Walmart, Target y Pepsi) se pronunciaran a favor de ellos.

 

Reacción del gobierno de México

Horas después del anuncio de Jeff Sessions, el gobierno de México —a través de su cancillería— emitió un comunicado y sostuvo una conferencia de prensa a través de la cual delineó su postura oficial, en la que destaca el cambio de retórica que —si bien se reconoce que la definición de la política migratoria de Estados Unidos sigue siendo un asunto meramente doméstico— subraya que no se puede ignorar el hecho de que la mayoría de las personas afectadas son mexicanas.

Por esta razón se definió una estrategia de tres bandas a ejecutar por las representaciones diplomáticas y consulares de México en Estados Unidos: acciones preventivas, acciones reactivas y acciones de recepción de los dreamers. Con estas medidas se busca: primero, actuar de forma preventiva conociendo los pormenores del proceso de implementación de la rescisión del programa DACA y darlos a conocer a la comunidad mexicana en Estados Unidos para prevenir fraudes; segundo, realizar cabildeo con las autoridades estadounidenses para resaltar el valor de los dreamers en su sociedad y promover la adopción de una solución pronta y permanente para ellos; tercero, otorgar asistencia consular a quienes lo requieran (incluyendo representación legal y apoyo económico para el pago de las cuotas de renovación de los permisos de trabajo bajo el amparo del programa DACA), y cuarto, establecer estrategias a través de las cuales se facilite el retorno a México de aquellos beneficiaros del DACA que se vean en dicho supuesto (e.g. bolsa especial de trabajo nacional para dreamers, programa crédito joven, becas universitarias, revalidación inmediata de estudios, afiliación al seguro popular).

Días después, durante la conversación telefónica que sostuvo, el 14 de septiembre, con Donald Trump, con motivo de los desastres naturales acontecidos en territorio nacional, el presidente Enrique Peña Nieto aprovechó la oportunidad para refrendar la importancia que tiene para el Estado mexicano el que se encuentre una solución permanente para los miles de beneficiarios del programa DACA. Dejando claro que aun cuando México es respetuoso de los asuntos internos de Estados Unidos se tiene la obligación de levantar la voz para proteger los intereses de los mexicanos en el extranjero.

 

Reacción internacional

Las reacciones en el ámbito internacional no se dejaron esperar. A nivel multilateral, Zeid Ra'ad Al Hussein (Jordania), alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la apertura del trigesimosexto periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, fulminó diciendo: “Estoy preocupado por la decisión del gobierno [de Estados Unidos] de terminar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia en un plazo de seis meses, a pesar de la evidencia de su impacto positivo en la vida de casi 800,000 jóvenes migrantes, y en la economía y la sociedad estadounidense. Espero que el Congreso actúe ahora para proveer a los que fueron beneficiarios del DACA de un estatus legal perdurable”. Durante la misma reunión, el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la cancillería mexicana, Miguel Ruiz Cabañas, aprovechó su intervención para refrendar la grave preocupación de México por la incertidumbre que enfrentan los jóvenes DACA en Estados Unidos y el compromiso del Estado mexicano para brindarles protección consular o recibirlos en territorio nacional.

Asimismo, en esta misma línea, el papa Francisco, al terminar su visita por Colombia, a pregunta expresa sobre el tema, declaró que si "el presidente de Estados Unidos se presenta a favor de la vida y si es un buen pro vida, entiende [o debe entender] que la familia es la cuna de la vida y su unidad debe ser protegida", por lo que alberga “la esperanza de que se vuelva a pensar [la decisión de rescindir el programa DACA]". Al igual que México, las cancillerías de algunos de los demás países de donde son originarios los dreamers lamentaron la disposición y urgieron a sus connacionales a no apresurase a tomar decisiones.

 

Conclusión

Si bien se puede argumentar que desde el inicio de la administración Trump las repatriaciones a territorio nacional han disminuido hasta 40 por ciento; que las autoridades migratorias estadounidenses en estos momentos se encuentran rebasadas en lo que se refiere a recursos humanos (para realizar mayores detenciones) y recursos materiales (para mantener en detención a los migrantes durante su proceso de deportación), y que en el pasado nunca se ha empleado la información de este tipo de programas para posteriormente perseguir a sus beneficiarios, también es necesario reconocer que la maquinaria gubernamental estadounidense ya fue puesta a andar con el fin de subsanar estas limitantes; que las autoridades migratorias en la actualidad usan la información de los casos de los menores no acompañados para deportar a los padres —en lugar de favorecer la reunificación familiar—, y que nos encontramos ante un presidente estadounidense ávido de reconocimiento, el cual, para mantenerse bien posicionado en su base electoral —y distraer de otros problemas nacionales—, seguirá recurriendo a líneas discursivas nacionalistas como los ataques en contra de los migrantes mexicanos, la construcción del muro fronterizo y la terminación del TLCAN.

A la luz de lo anterior, es poco probable que se dé un cambio de retórica o de la política antiinmigrante. Especialmente porque nos encontramos ante un gobierno que prefiere otorgar el perdón a un ex alguacil que violó la ley e ignoró resoluciones judiciales en reiteradas ocasiones con acciones racistas, como Joe Arpaio, que a un grupo de personas que exclusivamente se dedican a estudiar y a trabajar, como los dreamers. De la misma manera, es poco probable que se pueda evitar el endurecimiento de la persecución y el deterioro de la realidad que enfrentarán los migrantes irregulares en Estados Unidos durante los próximos años. Ahora más que nunca es necesario brindar protección y asistencia consular a nuestros connacionales en el extranjero, pero más aún es necesario reconocer que no existe un derecho humano a migrar.

Para todos aquellos que fuimos formados en torno del Estado de Derecho, sabemos que toda violación conlleva una sanción, y que cuando las personas son conscientes de la transgresión, asumen el riesgo correspondiente. Precisamente en esto yace la excepcionalidad de los dreamers: no tomaron la decisión de migrar sino que fueron llevados por sus padres; crecieron creyendo que su identidad correspondía a la realidad social ficticia a las que sus padres los insertaron, y —aun cuando no son nacionales de Estados Unidos— desarrollaron un vínculo efectivo o genuino con aquel Estado.

Por estas razones, Barack Obama no dudo en arremeter contra la decisión de la administración Trump: “Fijar como objetivos a estos jóvenes es equivocado […] [y] cruel […] Seamos claros: la acción tomada hoy no es requerida legalmente. Es una decisión política, y una afrenta moral. Sea lo que sea que nos preocupe o concierna como americanos, respecto al tema de la migración en general, no debería de amenazar el futuro de este grupo de jóvenes, quienes están aquí sin culpa propia, no representan ninguna amenaza, y no están arrebatando nada al resto de nosotros […] Al final, esto se trata de decencia básica. Esto se trata sobre si somos aquellas personas que expulsan de Estados Unidos a jóvenes emprendedores esperanzados, o si los tratamos de la manera en que quisiéramos que nuestros propios hijos fueran tratados. Se trata sobre quiénes somos como personas y quiénes queremos llegar a ser”.

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Contacto: @VE_Corzo.

 

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