In absentia: el arbitraje Artic Sunrise

In absentia: el arbitraje Artic Sunrise

De vez en cuando surgen ejemplos en que los Estados terminan actuando bajo su propia interpretación del Derecho internacional, o de plano desconocen la jurisdicción de un tribunal internacional, como aconteció en el arbitraje Artic Sunrise, ante la Corte Permanente de Arbitraje, durante el procedimiento instituido por Países Bajos en contra de Rusia.

 

Históricamente una de la criticas más frecuentes que se hacen al Derecho internacional, arrastrada principalmente de la gramática legal no especializada, es que éste no es realmente Derecho pues existe fuera de un “orden coercitivo”, donde no hay una autoridad suprema que imponga el orden y sancione cuando se cometan violaciones al sistema normativo. Para disipar esta idea, por contraste, se argumenta la efectividad de los mecanismos de solución de disputas a nivel internacional, en los que, a diferencia de los mecanismos nacionales, sus sujetos, históricamente Estados, se someten voluntariamente a su autoridad y acatan las determinaciones judiciales y arbitrales de las cortes o los paneles sin necesidad de que exista una autoridad supranacional que los obligue. El récord de la Corte Internacional de Justicia permite percibir que el gran porcentaje de los Estados acatan sus decisiones por dos razones principales: primero, como medida de autoayuda para asegurarse que ningún Estado en disputa con ellos pueda ignorar en un futuro diferendo la sentencia de un tribunal internacional, y segundo, para preservar la certeza hacia el resto de la comunidad internacional de que ese Estado es confiable y acata sus obligaciones de Derecho internacional.

Sin embargo, hay excepciones, y de vez en cuando surgen ejemplos en que los Estados terminan actuando bajo su propia interpretación del Derecho internacional, o de plano desconocen la jurisdicción de un tribunal internacional, como aconteció en el arbitraje Artic Sunrise, ante la Corte Permanente de Arbitraje, durante el procedimiento instituido por Países Bajos en contra de Rusia.

 

Hechos

En septiembre de 2013 el buque rompehielos holandés Artic Sunrise —o como también lo llaman los operadores de la organización Greenpeace: The Rainbow Warrior— y sus 30 tripulantes fueron arrestados por autoridades rusas al haber participado en una protesta en contra de la plataforma petrolera Prirazlomnaya, en el seno de la zona económica exclusiva rusa cercana al Ártico. La protesta tenía como objetivo evitar la primera explotación petrolera en el Ártico, la cual —según Greenpeace— ponía en peligro el medio ambiente local, especialmente porque no existía tecnología que pudiera limpiar un derrame petrolero del hielo, y también porque empeoraría la ya delicada situación que enfrenta el Ártico por el calentamiento global.

Tras su arresto, la tripulación permaneció dos meses detenida bajo supuestos cargos de piratería y hooliganismo, y no fue hasta que se pagó la fianza correspondiente y recibieron una amnistía por parte de las autoridades rusas de Duma, que fueron liberados. El buque correría la misma suerte siete meses después.

 

Procedimiento arbitral

Las autoridades holandesas iniciaron procedimientos con base en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en un primer momento, para la pronta liberación del buque y de su tripulación. Después solicitarían al tribunal arbitral que se declarara que Rusia había violado sus obligaciones internacionales por: 1) no solicitar la autorización de Países Bajos para abordar el buque de su nacionalidad; 2) el abordaje en sí mismo; 3) arrestar a la tripulación; 4) limitar la libertad de navegación y protesta so pretexto de que el buque había cruzado una zona de seguridad de tres millas náuticas a la redonda de la plataforma petrolera; 5) mantener a la tripulación y al buque en una detención prolongada; 6) no ejecutar a tiempo la medida cautelar emitida por el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, y 7) no sufragar los costos arbitrales del presente procedimiento.

Dicho arbitraje se realizó in absentia, ya que las autoridades rusas invocaron su declaración al ratificar la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 que señala que no aceptarían “los procedimientos estipulados en la sección 2 de la parte XV de la Convención, concerniente a decisiones vinculantes relacionadas con disputas [...] que impliquen actividades de procuración de justicia relacionadas con el ejercicio de derechos soberanos o jurisdicción”. Así, Rusia no participó en el arbitraje, salvo por la nota verbal presentada al Tribunal Internacional del Derecho del Mar en octubre de 2013 y la entrega de un documento con título: “Ciertos aspectos legales subrayados por la acción del buque Artic Sunrise en contra de la plataforma petrolera Prirazlomnaya” de agosto de 2015. El tribunal, sin embargo, resolvió que la declaración formulada por Rusia no podía crear una exclusión mayor a lo permitido por la propia Convención (esto es, actividades de procuración de justicia relacionadas con la suspensión de proyectos de investigación científicos marinos o ejercicio de derechos soberanos sobre recursos vivos dentro de la zona económica exclusiva) y, por ende, ésta no era válida para bloquear el arbitraje.

El procedimiento se desahogaría en rebeldía. Así, en agosto de 2015 el Tribunal Arbitral concluiría que: 1) el abordaje y detención del buque Artic Sunrise no fue apegado al Derecho internacional; 2) Rusia violó la orden precautoria del Tribunal Internacional del Derecho del Mar al no liberar prontamente el buque después de que Países Bajos le depositara una garantía bancaria de 3.6 millones de euros, y 3) al no contribuir monetariamente para sufragar los costos arbitrales estaba faltando Rusia a sus obligaciones bajo la Convención.

En una tercera etapa procesal sobre la cuantificación de reparaciones, el pasado 10 de julio el Tribunal Arbitral —constituido por Henry Burmester (Australia), Janusz Symonides (Polonia), Thomas A. Mensah (Ghana), A. H. A. Soons (Holanda) y Alberto Székely (México)— concluyó que Rusia debía pagar a Países Bajos 5.4 millones de euros como compensación por los daños causados, los intereses y los gastos arbitrales generados por la disputa, los cuales hasta el momento —por obvias razones— no han sido solventados por el gobierno ruso.

 

Conclusión

Este tipo de comportamiento no es ajeno a la práctica internacional y se ha presentado en otras situaciones similares, como en los casos “Actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua” donde la Corte Internacional de Justicia emitió sentencia por contumacia en contra de Estados Unidos, o en épocas recientes cuando ante la Corte Permanente de Arbitraje, en un procedimiento nuevamente derivado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, China desconoció la jurisdicción del procedimiento arbitral iniciado por el gobierno de Filipinas.

A pesar de que también acontecen a nivel local, este tipo de conductas son más reprochables en procedimientos internacionales, en especial porque usualmente provienen de Estados “grandes”, perpetuando así la percepción cínica de que el Derecho internacional sólo es aplicable a los más débiles, ya que las potencias lo ignoran y se rigen por reglas diferentes.

Procedimientos judiciales o arbitrales en ausencia de una de las partes no es lo ideal, pero no hay que olvidar que en interés de la justicia, de la seguridad y de la certeza internacional es preferible contar con un pronunciamiento judicial que aunque termine siendo una mera declaración jurídica pueda brindar luz a las disputas internacionales, como acontece inclusive en los procedimientos penales por la comisión de delitos internacionales. Por supuesto, teniendo como prioridad el respeto al derecho de defensa del acusado, como aconteció en el arbitraje entre Países Bajos y Rusia, en el que en todo momento se preservaron los derechos procesales de Rusia al mantenerlo al tanto de todas las promociones hechas; al darle tiempo para presentar sus comentarios; al mantenerlo al tanto de la evolución del procedimiento; al proveerle copias de todos los documentos y transcripciones, y finalmente, reiterándole su derecho de participar durante todas las etapas procesales del arbitraje.

Quizás las comparaciones con juicios entre particulares, sobre todo en cuanto a la ejecución de sentencias, no sean del todo justificadas. Las características permanentes de los Estados, como sujetos de Derecho internacional, ocasionan que en algunos casos no resulte prioritaria la ejecución inmediata de una resolución judicial o de un laudo arbitral. Ya que la validez de las decisiones judiciales es prolongada en el tiempo, no es extraño que se deje transcurrir décadas para encontrar momentos políticos más favorables en busca de su cumplimiento o para recriminar acciones contrarias al interés del Estado.

Por ejemplo, no obstante que han transcurrido más de 30 años de la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso “Actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua”, el Congreso nicaragüense recién aprobó, el pasado 31 de julio, la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, en la que establece “que Nicaragua jamás ha desistido de su demanda, ni de la ejecución de la sentencia, ni ha presentado nunca documento formal alguno ante la Corte Internacional de Justicia que pueda presumir o inducir a pensar que Nicaragua ha cesado de su pretensión de que se cumpla con la sentencia”. Quizás en un futuro Nicaragua logre materializar la indemnización de los 17,000 millones de dólares determinada por la Corte, como el Congreso ha instruido a sus instancias gubernamentales; o en el caso de Países Bajos, acontezca los mismo con Rusia.

 


* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Contacto: @VE_Corzo.

 

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