México frente el principio apostólico de soberanía

México frente el principio apostólico de soberanía

Durante las próximas semanas entrará en vigor el nuevo “Acuerdo sobre Transporte Aéreo” entre México y Estados Unidos, el cual fue firmado ad referendum en diciembre de 2015, en Washington, D.C., por los secretarios de Comunicaciones y Transportes de ambos países. Con la suscripción de dicho acuerdo se renueva la regulación bilateral de la materia, la cual estaba en vigor desde 1960, y se busca “contribuir a la consolidación de América del Norte como relevante región económica, comercial y turística en el mundo”.

De conformidad con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el “mercado bilateral aéreo entre México y los Estados Unidos de América es el más importante a nivel internacional para nuestro país” ya que “dicho mercado representa el 70 por ciento en movimiento de pasajeros y el 52 por ciento para el de carga”. Basta ver las siguientes cifras: “en el año 2015 se efectuaron más de 251,000 operaciones de servicio aéreo internacional entre los dos países; 244,800 para servicio regular de pasajeros y 6,268 para el servicio de carga. En el mismo año se transportaron 25,674 pasajeros y 267,837 toneladas de carga”.

No es difícil vislumbrar cómo, con la entrada en vigor del presente acuerdo, se tiene el potencial de incrementar el tráfico aéreo y catalizar el turismo y el comercio hacia nuestro país. De acuerdo con cálculos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el acuerdo ayudará a incrementar “en 16 por ciento el turismo en México, lo que se traduciría en 650 millones de dólares extra a este sector”. Esto se logra gracias a que, según los términos del convenio, cualquiera de las líneas aéreas de ambos países —sin que existan restricciones en el número de frecuencias, capacidad y tipos de aeronaves— vuele a cualquier ciudad de México o de Estados Unidos en operaciones de transporte aéreo internacional, tanto de pasajeros como de carga. En efecto, el acuerdo transformará —en los trayectos México-Estados Unidos— a cualquier aeropuerto en uno internacional.

Cambio de paradigma

Para la cristalización del presente acuerdo no sólo se circunscribió a la negociación de la normatividad bilateral de la transportación aérea, sino que también requirió la modificación de otros rubros del sistema jurídico mexicano, los cuales fueron reformándose desde años atrás. Nos referimos en especial a las reformas a la Ley Aduanera y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en diciembre de 2013 y en noviembre de 2015, respectivamente. Estas dos reformas son de suma relevancia, ya que trajeron a la luz pública un tema “espinoso” para el colectivo mexicano: la operatividad de autoridades extranjeras en territorio nacional.

Por un lado, la legislación aduanera se reformó para reconocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de “autorizar que el despacho de mercancías por las aduanas nacionales pueda hacerse conjuntamente con las oficinas aduaneras de otros países” (artículo 144) y permitir el despacho aduanero en un lugar distinto al autorizado (artículo 10). Por el otro, en la legislación federal de armas de fuego se reformaron los artículos 28 y 28 bis para abrir la posibilidad de que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda expedir “permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a servidores públicos extranjeros de migración o aduanas” que “participen en la revisión migratoria en los puntos de tránsito internacionales o el despacho conjunto de mercancías en las aduanas nacionales”.

Lo anterior, con la finalidad de autorizar la operación de agentes estadounidenses en territorio nacional y así “potenciar dos de las principales fuentes de divisas al país, como son el comercio y el turismo, mediante la [implementación de una] preinspección que facilite el tránsito de personas y mercancías”. Esta preinspección evitaría al usuario la doble inspección tradicional, lo cual beneficiaría, en materia migratoria, al reducir los tiempos totales de viaje, evitar las congestiones en aeropuertos y otorgar mayor certeza al viajero de que le será permitido el acceso al territorio del Estado extranjero. En materia aduanal, reduciría los costos y los tiempos de transporte, maniobra y almacenaje, y facilitaría —en teoría— la coordinación binacional en materia de lucha contra el contrabando, tráfico de divisas y estupefacientes, y el comercio ilegal de armas.

Aun cuando ambas reformas también plantean la posibilidad de que las autoridades mexicanas, con base en el principio de reciprocidad internacional, puedan actuar y portar armas en el extranjero, dicha posibilidad parece no herir tantas susceptibilidades como la operación de autoridades extranjeras en México. Si bien es cierto que la actuación de autoridades extranjeras en México es algo sumamente común en materia de protección y asistencia consular o diplomática, en otro tipo de materias parece ser menos aceptado por la psique colectiva, como los muestran los argumentos de oposición vertidos durante la discusión del dictamen de reforma de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la Cámara de Diputados.

Retórica conservadora

Uno de los principios esenciales del sistema jurídico mexicano y de la idiosincrasia nacional es el respeto a la soberanía nacional y el apego al principio de no intervención. No fue extraño que la discusión girara en torno de este principio y se acusara que la aprobación del dictamen “presentará una serie de modificaciones que ponen en grave riesgo a nuestra seguridad y a la vida y la integridad de los habitantes del territorio nacional”, ya que “al ceder el uso de las armas de fuego estamos violentado en sentido amplio al Estado […] como el monopolio legítimo de la fuerza”, por lo que aprobar su uso para agentes extranjeros “sería no solamente una lesión severa a la soberanía nacional […] sino también [una] lesión que se pudiera dar a los derechos fundamentales”.

Estas preocupaciones fueron complementadas al señalar que “a lo largo de la historia la presencia de agentes armados de otros países en México ha servido para que luego de algunos roces y situaciones de tensión tengan y vengan ocupaciones e invasiones que se desatan en graves conflictos”. Inclusive, la aprobación de dicha reforma “sólo es un paso más en el proceso de integración inconstitucional y de espaldas al pueblo de nuestro querido México”.

Reflexión

¿Realmente se está violando el principio de soberanía? El concepto de soberanía ha evolucionado a lo largo de la historia, transitando del concepto rígido tradicional en que el Estado es soberano de forma absoluta, sin limitación alguna, a una visión moderna en la que existe una interdependencia entre todos los actores del sistema internacional. El concepto de soberanía en la actualidad opera de forma transversal ante temas trasnacionales que permean las fronteras nacionales y donde se reconoce una corresponsabilidad entre soberanos.

Es toda una realidad que las relaciones entre soberanos son asimétricas y el nivel de asimetría se encuentra directamente relacionado con el peso y el poder que el Estado tiene dentro de la comunidad internacional. De igual forma, es evidente que aun cuando haya beneficios mutuos, el Estado más desarrollado sufre menos en una relación desigual. Como asevera Stephen Krasner, el concepto de soberanía no es lineal, sino uno con diferentes aristas que pueden estar o no presentes en todos los Estados.

Krasner afirma que la soberanía tiene cuatro acepciones. Primero, la soberanía interdependiente se “refiere a la habilidad de un gobierno para regular los movimientos de bienes, capitales, personas e ideas a través de sus fronteras”. Segundo, la soberanía doméstica se “refiere tanto a la estructura de autoridad dentro del Estado y a la efectividad o [el] control estatal”. Tercero, la soberanía internacional se “refiere a si un Estado es reconocido por otros Estados”. Cuarto, la soberanía westfaliana “se refiere a la autonomía de las estructuras de la autoridad nacional; en otras palabras, a la ausencia de influencia externa por parte de una tercera autoridad”.

A pesar de que todos los elementos anteriores forman parte de un mismo concepto, éstos no necesariamente encuentran relación entre ellos, ni dependen uno del otro. Krasner explica que “un Estado puede tener uno pero no el otro. El ejercicio de un tipo de soberanía —por ejemplo, soberanía legal internacional— puede minar otro tipo de soberanía, como la soberanía westfaliana, si los gobernantes de un Estado establecen un acuerdo que reconozca estructuras de autoridad externas, como ha sido el caso para los miembros de la Unión Europea. Un Estado como Taiwán puede tener soberanía westfaliana, pero no soberanía legal internacional. Un Estado puede tener soberanía legal internacional y ser reconocido por otros Estados, pero tener la más limitada soberanía doméstica […] [Por ejemplo], en la década de los noventa, algunos Estados fallidos en África, como Somalia”.

Lo que para unos Estados es una violación clara al principio de soberanía, para otros no lo es. En el caso de México y Estados Unidos el nivel de interdependencia es muy grande y la percepción de la colectividad es que ambos gobiernos intervienen en los asuntos internos del otro. Basta recordar los dichos que Jeffrey Davidow, ex embajador de Estados Unidos en México, expresó a Dolia Estevez en el libro El embajador: “El nivel de intromisión en asuntos internos estadounidenses por parte de México es verdaderamente significativo y aun así lo toleramos. Está bien que México defienda a un inmigrante que ha sido lastimado por la policía; defenderlo es parte de su responsabilidad consular y nosotros hacemos lo mismo [...] Pero es improbable que vayamos a entrometernos para comentar sobre las leyes o [los] procesos jurídicos mexicanos de la misma forma en que México se entromete en Estados Unidos. México siempre está hablando de asimetrías. Pero, desde mi punto de vista, la asimetría ha sido ventajosa, no desventajosa para México”. 

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Revista El Mundo del Abogado