Trump: la tormenta por venir

Trump: la tormenta por venir

En inglés hay un dicho que reza: “What you see is what you get”, que literalmente se traduce como “Lo que ves es lo que obtienes”. Esto significa que es poco probable que haya un cambio radical de lo que se prometió durante la campaña electoral de Estados Unidos a lo que se verá a partir del 20 de enero, fecha en que tome posesión Donald Trump como presidente de ese país. Ante esto vale la pena generar escenarios hipotéticos que respondan la pregunta: ¿cómo será influido el sistema jurídico mexicano y el desarrollo de las políticas nacionales bajo la administración Trump?

 

El comportamiento de la humanidad se asemeja al de un péndulo: a veces se está a favor de ciertas causas y, después de algunos años, poco a poco lo que antes era un apoyo incondicional se convierte en un frío desdén. Para muestra un botón: la Corte Penal Internacional. No han pasado más de 20 años desde aquel inolvidable 17 de julio de 1998 cuando la comunidad internacional se unió para adoptar el Estatuto de Roma, y hoy en día vemos una desbandada de países denunciando o retirando sus firmas con el pretexto de que la Corte no ha cumplido con sus expectativas.

Al parecer, el golpe bajo que Rusia, Sudáfrica, Burundi, Gambia —y probablemente Estados Unidos a la luz del anuncio de que la Corte Penal Internacional investigará los crímenes cometidos por sus tropas en Afganistán— le dieron a la justicia internacional en días pasados no es un acontecimiento aislado sino parece ser parte de una tendencia global.

Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, afirmaba hace unos años: “Se ha dicho que argumentar en contra de la globalización es como argumentar en contra de las leyes de la gravedad”. El referéndum en Reino Unido y las elecciones presidenciales en Estados Unidos disputan dicha afirmación. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos?

Durante los últimos meses hemos hablado sobre la evolución del concepto de soberanía y cómo ha sido transformado para facilitar la cooperación internacional entre los Estados. Curiosamente, lo que se vive en la actualidad parecería un clamor popular para regresar a esbozos del concepto westfaliano de soberanía donde el Estado es la autoridad suprema dentro de su territorio y por ende resuelve sus asuntos internos sin injerencia externa alguna.

Muchos achacan dicha tendencia al descontento que existe en algunos sectores de la población al no ver beneficios palpables para su economía personal y considerar como culpables de esta situación a factores externos como la migración o la globalización. Este descontento, en el caso del Brexit o de la elección presidencial de Estados Unidos, fue capitalizado mediante el uso de la retórica xenófoba, el fomento de sentimientos nacionalistas, la urgencia de implementar un aislamiento comercial y la promoción de ese falso pensamiento excepcionalista que orilla a renunciar a una corresponsabilidad en los asuntos mundiales.

En inglés hay un dicho que reza: “What you see is what you get”, que literalmente se traduce como “Lo que ves es lo que obtienes”. Esto significa que es poco probable que haya un cambio radical de lo que se prometió durante la campaña electoral de Estados Unidos a lo que se verá a partir del 20 de enero, fecha en que tome posesión Donald Trump como presidente de ese país. Ante esto vale la pena generar escenarios hipotéticos que respondan la pregunta: ¿cómo será influido el sistema jurídico mexicano y el desarrollo de las políticas nacionales bajo la administración Trump?

Empecemos por lo evidente. Ante la posible deportación de gran parte de los 11 millones de personas con estatus migratorio irregular en Estados Unidos, en cuestión de días la política exterior mexicana ha pasado a modo defensivo para evitar que sus nacionales sean objeto de atropellos en aquel país. Lo anterior no es para menos, ya que si bien es cierto que la capacidad gubernamental para deportar extranjeros es limitada (la administración Obama ha deportado cada año a 400,000, aproximadamente), la retórica empleada en las elecciones ha validado actitudes racistas y xenófobas en el inconsciente colectivo lo cual, aparte de la multiplicación de incidentes y crímenes de odio, probablemente pudiera llevar nuevamente a la proliferación de ordenanzas locales de corte antimigrante que busquen hacer la vida imposible a los migrantes para que éstos terminen autodeportándose.

Con el objetivo de proteger los derechos de los mexicanos en el exterior, el sistema jurídico mexicano ha sufrido varias adecuaciones, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. Primero, el criterio actual respecto de la transmisión de la nacionalidad mexicana vía ius sanguini dicta que puede transmitirse generacionalmente al infinito sin importar que toda la descendencia nazca en el extranjero. Segundo, se ha facultado a los consulados para que puedan registrar a aquellas personas que nacieron en territorio nacional y de las cuales no existe certificación de su nacionalidad mexicana. Tercero, no podíamos dejar de mencionar la no pérdida de la nacionalidad mexicana, que da puerta abierta para alentar a los mexicanos en el extranjero a tener doble o múltiples nacionalidades. Cuarto, la implementación de políticas de atención integral, como "Somos mexicanos", con las que se busca establecer una mejor coordinación interinstitucional para facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos.

Aun con todo el apoyo legal que se le brinde a los connacionales mexicanos para que sus derechos sean respetados en Estados Unidos, el quid del asunto yace en el poder soberano bajo la cual el Estado decide a qué extranjeros acepta dentro de su territorio y a cuáles no. Para migrar a un tercer Estado no basta sólo con tener buenas intenciones. Por esta razón, al final habrá situaciones en que los connacionales puedan argumentar exitosamente un caso ante el juez migratorio y otros en que nada podrá hacerse para evitar una eventual deportación. En este sentido, probablemente resurgirán propuestas para elevar a rango constitucional el derecho a recibir protección o asistencia consular, como existe en otras constituciones en el mundo, lo cual sinceramente no tendrá ningún impacto real en la vida cotidiana más que como adorno legal.

Lo mismo aplica para la famosa propuesta de crear un muro (el cual, dígase de paso, ya existe). Más allá del derecho de cada Estado de construir dentro de su territorio lo que le plazca, existen restricciones que impiden que use su territorio nacional para causar daños al territorio de un tercer Estado. Este principio, conocido como sic utere tuo ut alienum non laedas, podría servir de base para una eventual reclamación mexicana, ya que la Corte Internacional de Justicia afirmó —en el caso de las papeleras instaladas sobre el río Uruguay, entre Uruguay y Argentina, para este tipo de situaciones en que puede haber un impacto en los recursos naturales compartidos— que existe una obligación de debida diligencia que exige la realización de un impacto ambiental para valorar si existe o no el riesgo de que la actividad propuesta tenga un efecto adverso, significante en el contexto transfronterizo.

Históricamente, como estrategia defensiva, el gobierno de México ha mantenido una postura apegada al Derecho internacional con el fin de evitar atropellos por parte de nuestro vecino del norte. Lo más probable, si continúan las embestidas por parte de la nueva administración Trump, es que veremos una participación más activa por parte de México en foros multilaterales y regionales de derechos humanos y en materia de migración con el propósito de posicionar la perspectiva mexicana y denunciar cualquier conducta contraria a Derecho por parte de Estados Unidos.

Más allá de las deportaciones y la merma al envío de remesas, un tema que preocupa es la actitud de aislamiento comercial que Estados Unidos pretende adoptar con el pretexto de regresar la riqueza y la grandeza a su población. De ser éste el caso, advendrá la tan nombrada renegociación del TLCAN y, en un caso extremo, la presión para que filiales estadounidense reduzcan al máximo sus inversiones en el extranjero, supuestamente para devolver de ese modo los empleos a los estadounidenses. Entonces será necesario implementar legislación “antídoto” que trate —en lo que se pueda— de blindar a dichas empresas.

Entre tanta incertidumbre se ha llegado a especular sobre posibles afectaciones para los inversionistas mexicanos en aquel país. Quizás éste sea unos de los aspectos que menos deberían preocuparnos, dados los mecanismos disponibles para solucionar controversias en materia de inversión extranjera, en que, a diferencia de otros temas, estos mecanismos cuentan con dientes bastante puntiagudos con los que los inversionistas podrían salir bien librados.

Desde hace más de 25 años los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México han trabajado para integrar y consolidar el bloque de América del Norte. Esta integración, que comenzó con base en temas de libre comercio, fue evolucionando y poco a poco incluyó temas de seguridad y corresponsabilidad social. De ahí que sea tan traumático el cambio radical de discurso de nuestro vecino del norte. Con la sarta de dichos del presidente estadounidense electo en relación con México, aplica perfectamente la famosa frase: “Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”. Sin embargo quedará en nosotros lamentarnos como siempre o finalmente voltear a ver hacia otros horizontes.

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Revista El Mundo del Abogado