Violencia fronteriza: el caso Hernández vs. Mesa

 Violencia fronteriza: el caso Hernández vs. Mesa

Es común escuchar en las noticias acerca de los incidentes fronterizos en los que, por un lado, las autoridades estadounidenses emplean el uso de la fuerza como parte de sus políticas de control migratorio y, por el otro, las autoridades mexicanas condenan el uso excesivo de la fuerza letal en contra de los migrantes, especialmente considerando que estos últimos realizan su travesía por cuestiones laborales o económicas que responden directamente a la dinámica de oferta y demanda que el propio mercado estadounidense genera.

 

Dado que en todas las fronteras del mundo ocurren incidentes de forma cotidiana —principalmente por la convivencia artificial de ideologías, políticas y sistemas jurídicos diferentes que se da a unos cuantos metros de distancia— estos choques se consideran menores y simples hechos aislados que no dan justificación jurídica para que los Estados eleven sus respuestas a acciones mayores que impliquen el uso de la fuerza a nivel estatal.
Es importante diferenciar las múltiples aristas que conllevan los distintos tipos de incidentes fronterizos que se pueden dar en la dinámica diaria. No tienen las mismas consecuencias jurídicas las que derivan de una incursión policiaca extranjera durante una persecución en caliente, o de un derrame transfronterizo de aguas residuales, o de aquellas que se originan de un hecho tan grave como el que inició el presente caso.
El 7 de junio de 2010, Sergio Adrián Hernández Güereca, de sólo 15 años de edad, recibió un impacto de bala por un agente de la Patrulla Fronteriza, quien le disparó —desde territorio estadounidense— en las inmediaciones de la línea fronteriza mientras el menor de edad se encontraba jugando —corriendo de un lado de la frontera al otro— en el espacio limítrofe entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua.
Si bien en todos los casos descritos en el párrafo anterior se está incurriendo por parte de las autoridades estatales en un hecho internacionalmente ilícito por violentar una obligación determinada de Derecho internacional (i.e., permitir el uso de su territorio para causar un perjuicio en el Estado vecino o la violación clara de los derechos humanos del pequeño), el grado de gravedad es completamente diferente, así como las formas en que se buscará la reparación del daño. Así, en algunas circunstancias bastará con una mera disculpa diplomática, acompañada de una promesa de no repetición del hecho, y en otras, como en este caso, es necesario que el responsable del ilícito sea sancionado penalmente por el crimen que cometió, aparte de una indemnización económica.
La reparación del daño, sin embargo, se enfrenta a numerosas dificultades entre las que se halla, principalmente, la diferencia de visión entre los propios Estados. Como ejemplifican los dos amicus curiae presentados por el gobierno de México ante la Suprema Corte de Estados Unidos: a) desde octubre de 2010 hasta agosto de 2016 se han contabilizado más de 243 ocasiones en que agentes de la Patrulla Fronteriza han disparado sus armas de fuego en la frontera con México, y b) desde 2005 este tipo de incidentes ha producido 51 homicidios, de los cuales solamente en una ocasión se han fincado cargos penales en contra de los agentes migratorios estadounidenses.
Esto evidencia dos cosas: por un lado, la impunidad que suscita este tipo de casos, en el que no existe autoridad supranacional que asegure una investigación objetiva de los hechos, quedando su sanción en manos de las propias autoridades locales, y por otro, la existencia de una política criminal en la que el uso de la fuerza y la nula sanción para los que la ejercen en exceso forman parte de una estrategia integral de disuasión a la migración irregular.
Para ponerlo en justa magnitud, es importante recordar que la frontera entre México y Estados Unidos es la más dinámica de todo el mundo, con más de 350 millones de cruces fronterizos anuales y una interdependencia histórica, cultural, social, comercial y económica enorme, donde básicamente las ciudades fronterizas son metrópolis gigantes separadas por una delimitación administrativa llamada frontera. Si recordamos que la Oficina para la Droga y el Delito de las Naciones Unidas ha concluido que a mayor flujo comercial, mayor comisión de delitos transnacionales, podemos darnos cuenta de que por la frontera entre México y Estados Unidos no solamente cruzan migrantes bien intencionados.
Es justo este argumento que las autoridades estadounidenses —quienes en muchas ocasiones también salvan a los migrantes de las manos de los traficantes o cuando éstos se encuentran perdidos en medio de la nada— arguyen la necesidad de que sus agentes siempre estén listos para repeler cualquier agresión que ponga en riesgo su integridad en el desarrollo de su trabajo. Sin embargo, al existir un flujo comercial y humano tan grande, es prioritario exista la certeza jurídica de que en cualquier circunstancia se cuenta con el Estado de Derecho para atajar cualquier caso que se presente.
De este punto se deriva la relevancia del caso Hernández vs. Mesa, ya que con este litigio se buscaba generar una solución al vacío legal —en materia civil— que prevalece —en el sistema jurídico estadounidense— para aquellas situaciones en las que uno de sus agentes dispara desde territorio estadounidense y mata a una persona en territorio mexicano. Lo cual, en épocas recientes, ha ocurrido en 10 ocasiones, generado la muerte de seis mexicanos. Hasta el día de hoy la interpretación de las cortes estadounidenses indica que las víctimas, al encontrarse en suelo mexicano y no tener una “conexión voluntaria significativa” con Estados Unidos, no pueden reclamar la protección de la cuarta (i.e., ser protegido en contra el uso excesivo de fuerza letal) y quinta enmiendas (i.e., nadie puede ser privado de la vida sin el debido proceso legal) de la Constitución estadounidense.
En otras palabras, los familiares de las víctimas no pueden presentar una demanda civil en busca de la reparación del daño causado; deben conformarse con la conclusión de las propias autoridades estadounidenses de que sus agentes actuaron conforme a sus protocolos de uso de la fuerza, que no habrá ninguna investigación criminal en su contra y que una petición de extradición por parte de México siempre será negada. De modo que el sistema jurídico estadounidense —en palabras del ministro de la Suprema Corte, Stephen Breyer— genera “un resultado anómalo” donde los agentes estadounidenses son responsables civilmente por los disparos cuando la víctima está en territorio estadounidense, pero cuando, bajo las mismas circunstancias, la víctima está a unos cuantos pies de la frontera —en México—, el agente no tiene ninguna responsabilidad sobre sus actos.
Es importante aclarar en este punto que la laguna legal sólo es en cuanto a los remedios civiles que tienen las víctimas para reclamar daños y perjuicios; y no tanto en una supuesta falta de jurisdicción penal para una investigación criminal. En otras palabras, el brazo largo de la justicia siempre alcanzará a los fugitivos y los delincuentes; empero, el sistema no funciona tan bien cuando se trata de extender las protecciones constitucionales a las víctimas de autoridades estadounidenses en el extranjero.
Desafortunadamente, la Suprema Corte de Estados Unidos, en su opinión publicada el pasado 26 de junio, no resolvió del todo la laguna legal, sino simplemente se limitó a revocar la decisión de la Corte de Apelación, por considerar que erró al concluir que el agente de Patrulla Fronteriza contaba con inmunidad calificada en el momento de los hechos. Esto en razón de que —según la Suprema Corte— era imposible que el agente supiera con certeza que el joven victimado era un “extranjero sin una conexión voluntaria significativa con Estados Unidos”. Dicho de otro modo, la Corte de Apelación se equivocó al elaborar todo el razonamiento para desechar la reclamación en un factor desconocido en el momento del incidente. Por esta razón, la Suprema Corte instruyó que se valorara el caso bajo la perspectiva del precedente Bivens vs. Six Unkow Federal Narcotics Agents, en el que, en 1971, concluyó que un demandante puede presentar una reclamación federal por daños en contra de agentes federales —en su carácter personal— si estos últimos presuntamente violaron un derecho constitucionalmente protegido.
Quizás tuvieron gran peso las preocupaciones expresadas por los jueces de la Suprema Corte en el sentido de que una interpretación amplia abriría la caja de pandora para que nacionales de otros Estados acudan ante sus cortes a reclamar la actuación extraterritorial de los agentes gubernamentales de Estados Unidos, en especial si se tiene en mente la gran actividad que dicho gobierno tiene hacia el exterior y el empleo constante de drones en ataques dirigidos de manera remota.
Bajo esta determinación sólo queda esperar que la Corte de Apelación del Quinto Circuito de Estados Unidos valore nuevamente el caso para ver si es procedente o no la reclamación realizada por los familiares del menor de edad victimado. Es dramático y perturbador este tipo de incidentes, especialmente por ser las casualidades del choque cultural entre dos realidades completamente diferentes como la de México y Estados Unidos. Desafortunadamente, en este contexto, las personas se vuelven víctimas cuando desean importar las conductas aprendidas de una realidad donde se limita exageradamente la actuación policiaca a otra donde el uso de la fuerza se emplea ante cualquier provocación.



* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Contacto: @VE_Corzo.

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