Villasana y Abogados Asociados, S.C.

Cinco décadas de experiencia legal

Villasana y Abogados Asociados, S.C.

Villasana y Abogados Asociados, S.C., es un despacho jurídico con casi cinco décadas de experiencia en el mercado legal mexicano, que cuenta con destacados abogados que acumulan amplia experiencia en la iniciativa privada, en la administración pública y en la vida académica, los cuales brindan “Servicios Profesionales, Compromisos Humanos”®.

 

México es un país de contrastes dentro del mundo globalizado, y eso implica, con marcadas consecuencias, una actividad económica que interrelaciona el mercado nacional con el de distintos países. Es ahí donde el sector económico va adquiriendo especial relevancia en la toma de decisiones desde los gobiernos locales, como líderes de opinión, y por su fortaleza como productores de bienes y servicios. Asimismo, sin obviar su finalidad primaria y legítima de generar riqueza para sus propietarios, a los empresarios se les reconoce como la principal fuente generadora de empleos formales que permiten una mejor calidad de vida a millones de familias mexicanas, así como se valora su contribución al crecimiento de la economía nacional.

En consecuencia, la exigencia de marcos jurídicos actualizados, eficaces y eficientes cada vez es mayor. Nuestro Estado Democrático y Social de Derecho no puede permanecer estático en ninguna de sus ramas legales; por el contrario, está obligado a eliminar legalmente limitaciones al funcionamiento eficiente de los mercados y a evitar daños inminentes al bienestar de la población, a la salud animal y vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales y a la economía.

Muestra de lo anterior es la reciente reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2016, mediante la cual se incluyó la sociedad por acciones simplificada. Entre las principales características de esta modalidad de sociedad destaca que su constitución puede establecerse con una o más personas físicas que sólo están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones, con la limitante de que en ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil, si su participación en dichas sociedades mercantiles les permite tener el control de la sociedad o de su administración, en términos del artículo 2, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores.

Respecto de los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada, no podrá rebasar de cinco millones de pesos, ya que, ante la eventualidad de superar dicho ingreso bruto, la sociedad por acciones simplificada deberá transformarse en otro régimen societario contemplado en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, el monto referido se actualizará anualmente el 1° de enero de cada ejercicio fiscal, considerando el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel por el que se efectúa la actualización, misma que se obtendrá de conformidad con el artículo 17 A del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con la publicación del factor de actualización que la Secretaría de Economía publicará en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año.

Otro ejemplo de la evolución jurídica de nuestro país en este siglo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de mayo de 2000, dándose cuando se dio a conocer la Ley de Concursos Mercantiles que sustituyó a la abrogada Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos, reforma que ha modernizado y agilizado el proceso tendiente a sanear las finanzas de la negociación en riesgo o, en caso de no ser posible, conservar el valor de los activos de ésta, liquidándolos de una manera ordenada para cumplir, en la medida de lo posible, con los compromisos que se tengan frente a los acreedores.

En términos de la Ley de Concursos Mercantiles un comerciante es candidato para ser declarado en concurso mercantil cuando se actualizan los siguientes factores: a) que incumpla generalizadamente con el pago de sus obligaciones, entendido dicho incumplimiento generalizado como el incumplimiento de sus obligaciones de pago con dos o más acreedores; b) que las obligaciones de pago señaladas que tengan por lo menos 30 días vencidas representen 35 por ciento o más de todas las obligaciones a cargo del comerciante, y c) que el comerciante no tenga activos suficientes para hacer frente a 80 por ciento de sus obligaciones vencidas al momento de ser presentada por sus acreedores la demanda de concurso mercantil o al momento en que el propio comerciante hace la solicitud de tal declaratoria. El procedimiento de concurso mercantil consta de una etapa preliminar de verificación y dos etapas denominadas concurso y quiebra.

Igualmente, debe destacarse la participación jurídica del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), que es el encargado de designar a los funcionarios concursales que intervendrán como auxiliares del juez concursal, siendo éstos el visitador, el conciliador y síndico.

En ese orden, en la etapa preliminar de verificación, el visitador ha de encargarse fundamentalmente de determinar si el comerciante reúne los requisitos necesarios para ser declarado en concurso mercantil (supuestos de procedencia). Una vez que el visitador ha informado al juez la actualización de los supuestos de procedencia del concurso mercantil y dicho juzgador ha emitido la sentencia que así lo declara, da inicio la etapa de conciliación, cuyo objetivo es el reconocimiento de los adeudos a cargo del comerciante, lo que implica la revisión integral de cada uno de los créditos que se deriven de la contabilidad del comerciante y/o cuyo reconocimiento demanden los acreedores; en este momento el conciliador designado por el IFECOM lleva a cabo las negociaciones entre la empresa concursada y sus acreedores con la finalidad de evitar la pérdida de la empresa, de la fuente de empleos y de la producción, así como las nocivas consecuencias que lo anterior trae consigo, propiciando la firma de un convenio que ponga fin al concurso mercantil y que evite la desaparición del ente económico. Cuando no es posible la celebración de un convenio de pagos entre el comerciante y sus acreedores, en todos los casos, se vuelve inevitable llegar a la última etapa del concurso mercantil: la quiebra, encomendada al síndico, quien también es propuesto por el IFECOM, para llevar a cabo la venta de la empresa del comerciante, de sus unidades productivas y de los bienes que la integran, para el pago a los acreedores reconocidos.

Según nuestra experiencia, consideramos que esta figura procesal no ha sido utilizada de manera eficiente por el sector económico, pues desde la entrada en vigor de la Ley de Concursos Mercantiles únicamente se han admitido 664 concursos, de los cuales sólo 68.83 por ciento han sido terminados; en 22.59 por ciento de los procesos se ha declarado la quiebra, 6.17 por ciento han concluido con conciliación, y mediante visita, 2.41 por ciento.

A más de 16 años de la entrada en vigor de la Ley de Concursos Mercantiles los números compartidos contrastan con países latinoamericanos como Brasil, cuya legislación concursal es solamente un año anterior a la mexicana. Confiamos en que este instrumento jurídico sea mayormente utilizado por los empresarios que reúnan los requisitos legales para "reorganizar" su negocio y tratar de volverse rentables nuevamente.

No podemos dejar de mencionar la gran diversidad de implicaciones fiscales que se generan en el contexto de los concursos mercantiles. Inicialmente precisaremos que tanto el Código Fiscal de la Federación y su reglamento como la Ley de Concursos Mercantiles contienen múltiples disposiciones especiales relacionadas con el tema.

Por ejemplo, es obligación tanto de las personas físicas como de las personas morales, de conformidad con el artículo 29 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, cuando se ubiquen en ese supuesto, presentar el aviso de inicio del procedimiento de concurso, lo cual resulta fundamental para la obtención de diversos beneficios previstos dentro de la legislación tributaria.

Conforme lo dispone el artículo 30 de ese reglamento, el aviso de inicio de procedimiento de concurso mercantil se dará a la autoridad hacendaria a partir de que se haya admitido la demanda.

En la práctica este aviso adquiere gran trascendencia porque el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, en su párrafo noveno, dispone que se suspenderá la ejecución de los créditos fiscales cuando los tribunales competentes notifiquen a las autoridades tributarias la sentencia de concurso mercantil dictada en términos de la ley de la materia, siempre y cuando previamente se hubiese notificado a las autoridades fiscales la presentación de la demanda correspondiente.

Otra de las grandes ventajas del procedimiento de concurso mercantil es la posibilidad, conforme lo prevé el artículo 146 del código, de obtener condonaciones de créditos fiscales, requiriéndose como supuesto esencial para ello que el comerciante haya celebrado convenio con sus acreedores dentro del procedimiento.

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar una serie de consecuencias jurídicas relevantes que en el ámbito fiscal se relacionan también con el procedimiento de concurso. Por ejemplo, el artículo 144 del Código Fiscal establece que se continuará con el procedimiento administrativo de ejecución cuando se hubiere celebrado convenio estableciendo el pago de los créditos fiscales pero éstos no se paguen dentro de los cinco días siguientes, o cuando no se dé cumplimiento al pago con la prelación correspondiente; asimismo, las autoridades fiscales podrán continuar con el procedimiento de ejecución cuando se inicie la etapa de quiebra.

Otro aspecto relevante es, según se establece en el artículo 66 A del código, que se revocará la autorización para pagar a plazos, en parcialidades o en forma diferida, cuando el contribuyente se encuentre sometido a un procedimiento de concurso mercantil o éste sea declarado en quiebra.

Por otra parte, también es importante destacar algunas disposiciones previstas en la Ley de Concursos Mercantiles. Por ejemplo, este ordenamiento, en su artículo 69, establece que a partir de que se dicte sentencia los créditos fiscales continuarán causando las actualizaciones, las multas y los accesorios que correspondan conforme a las normas aplicables, cuestión que desde luego es de gran trascendencia para el ámbito financiero de la empresa.

Por último, como parte de la cita que hemos realizado de algunas de las más importantes disposiciones legales con implicaciones tributarias relacionadas con el procedimiento, destacamos que dentro de la Ley de Concursos Mercantiles se precisa que a partir del momento en que se dicte la sentencia de concurso y hasta la terminación del plazo para la etapa de conciliación, se suspenderán los procedimientos administrativos de ejecución de los créditos fiscales.

Todas las cuestiones anteriores son dignas de análisis, al igual que muchas otras propias del importante procedimiento que regula el trámite de los concursos mercantiles.

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