Elisur Arteaga Nava recibe la presea Ignacio Manuel Altamirano

Elisur Arteaga Nava recibe la presea Ignacio Manuel Altamirano

En días pasados el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México hizo entrega de la presea Ignacio Manuel Altamirano a Elisur Arteaga Nava, en la categoría de Investigación, Docencia y Doctrina, por sus aportaciones a la ciencia del Derecho en el sistema judicial y en la sociedad. Reproducimos a continuación sus palabras de agradecimiento.

Antes que nada, una disculpa. Mi salud y mis muchos años me impiden presentarme en este distinguido foro. Les ruego me entiendan.

La distinción que ahora me confiere este honorable tribunal me provocó muchas reacciones, ¿por qué no reconocerlo? Desde luego me honra y me apena.

Muchos considerarán, y con razón, que no merezco este reconocimiento. Sobre todo si se toma en cuenta que ya morí para el mundo del Derecho. Para evitar dudas era preferible que no se me hubiera otorgado y hacer mío el concepto de los honores públicos que tenía el estratega ateniense: en alguna ocasión le preguntaron por qué, a pesar de los servicios que había prestado a su ciudad, no había en ella una estatua que lo reconociera. Éste se limitó a contestar: “Prefiero que la gente se pregunte: ‘¿Por qué no tiene una estatua?’ a que digan ‘¿Por qué tiene una estatua?’ ”

Con toda honradez reconozco que a lo largo de mi vida únicamente he intentado hacer lo que estaba obligado a realizar. Señoras y señores, hacer eso no es ningún mérito.

Su generosidad es mucha y, afortunadamente, es ciega. Me recuerda a Pluto, el dios griego de la riqueza, que, por ser ciego, se iba con el primero que encontraba sin tomar en consideración sus méritos, sus virtudes, sus vicios, sus defectos o sus errores.

Es común en estos casos que quien es objeto de tan grande distinción haga alusión a un tema o a varios que considere de actualidad y que tengan relación con la actividad a la que dedica sus esfuerzos.

En esta ocasión abordo el viejo tema de “Constitución y realidad”. Lo hago haciendo referencia a nuevos elementos. Reconozco, de inicio, que es imposible que la realidad a que aludiré se refleje en la Constitución política y que exista un legislador que se atreva a darle forma escrita. Los ejemplos que invoco ponen en evidencia que, cuando menos en el caso de México, las leyes van a la zaga de los hechos y, lo que es más grave, ellas no los pueden regular.

Aludo a una nueva forma de organización política, misma que no es considerada por las leyes y, concretamente, por la Constitución política. Deriva de los hechos: las formas en que se manifiesta la violencia; ya sea oficial, que consiste en el uso de la fuerza que realizan los titulares del poder dentro de la ley o al margen de ella; la otra, la que ejercen los particulares, en contra de lo que ella dispone.

El Estado mexicano reclama para sí el monopolio de la fuerza; las leyes así lo reconocen. En forma paralela, ellas mismas se encargan de impedir que la ciudadanía se arme y ejerza el derecho de legítima defensa.

Los hechos han demostrado que el uso que el Estado hace de ese monopolio es inoperante y, frecuentemente, excesivo o ilegal; el que llevan a cabo los particulares, peligroso e ilegítimo.

Existe un abuso generalizado de la fuerza de parte de las autoridades y de los particulares. Ese fenómeno ha derivado en desapariciones forzosas, ejecuciones, muertes, linchamientos, secuestros y bloqueos.

También se observa la existencia de lo que en teoría de la violencia se conoce como guerra asimétrica. La delincuencia organizada, directa e indirectamente, ejerce violencia sobre la ciudadanía y, de una u otra forma, ha asumido parte del imperio que se entiende que es propio de las instituciones públicas del Estado mexicano, que lo hace en buena parte del territorio nacional y en detrimento de la autoridad legítimamente constituida.

La facultad que tiene el Estado para cobrar impuestos se justifica o explica en función de que, a cambio, da servicios públicos. El monto de las tasas que se cobran son coincidentes con las que son usuales en los Estados que son llamados de Primer Mundo. Dado su monto, sería de esperarse que los servicios que presta el Estado fueran de primera.

Uno de los servicios que tiene al Estado es el de brindar seguridad. En gran parte del territorio nacional, por negligencia o incapacidad de los titulares del poder —sean federales, locales o municipales—, este servicio corre a cargo de los particulares; frecuentemente a cargo de la delincuencia organizada.

Es la delincuencia organizada la que asume la responsabilidad de dar seguridad y controlar a otro tipo de delincuencia, como es la común y corriente.

En la actualidad estamos frente al fenómeno de autoridades de hecho.

Si existiera justicia, la circunstancia anterior obliga a considerar, de nueva cuenta, si es procedente dar valor, mucho o poco, a los actos que las autoridades de hecho realizan en sustitución de la autoridad legalmente constituida.

De inicio, por un escrúpulo de jurista, la reacción inicial es la de negar validez a lo actuado al margen y, con frecuencia, en contra de lo dispuesto por la ley.

Las instituciones responsables de brindar seguridad y perseguir los delitos son inoperantes. Los particulares se ven precisados a contratar a quienes les den seguridad o realicen la actividad de investigar delitos.

¿Es justo que el Estado mexicano cobre impuestos para dar seguridad, si el servicio no lo presta? Si un particular paga a la delincuencia organizada por el servicio de seguridad y ésta, en efecto, presta el servicio, ¿se justifica el hecho de pretender cobrar un impuesto por las tasas que son usuales?

¿No es de justicia considerar la posibilidad de que, en la medida en que el Estado mexicano sea incapaz de cumplir con sus obligaciones frente a la ciudadanía, se disminuya el monto de un impuesto?

La parálisis y la inoperancia son las características de algunas instituciones, públicas y privadas, de México. Se deja hacer o deshacer al margen de la ley. Hemos llegado al extremo de reconocer y aceptar con Eurípides: “Si hay que violar la justicia, por la tiranía es espléndido violarla. En lo demás conviene ser piadosos”.1

Se presenta otro supuesto: la ciudadanía se ha organizado a través de lo que se ha denominado autodefensas para dar seguridad y poner un alto a la delincuencia. Los particulares, en forma organizada, están ejerciendo un derecho que va con la naturaleza humana: el de autodefenderse. El Estado mexicano reacciona y persigue a quienes lo hacen pero, en correlación, no asume la responsabilidad de dar seguridad.

Ciertamente, existe el riesgo, muy real, de que la autodefensa sea controlada, influida o infiltrada por la delincuencia organizada.

La violencia que practican los particulares en lo individual o en forma colectiva, organizada o espontánea, para exigir sus derechos, hacerse justicia o exigir la derogación de ciertas leyes que estiman les afecta, ha incidido, entre otras instituciones, en el respeto a la ley. Se ha llegado a límites extremos que nos han hecho perder los vínculos del afecto y el respeto. Bien decía Aquiles Tacio hace casi 2,000 años: “Los grandes peligros anulan hasta las leyes del afecto”.2

Es preciso reconocer que en el Estado mexicano actual existe un crecido número de fuentes de poder y de represión que no son las oficiales. En ese contexto habría que considerar la posibilidad de que algunos de ellos encuentren acogida en las leyes. El marco normativo está fuera de la realidad.

En las actuales circunstancias, ¿es válido afirmar que vivimos en un Estado de Derecho?

Visto lo anterior, no es descabellada la idea de Heráclito cuando decía que “la justicia es discordia, y todas las cosas se engendran por discordia y necesidad”.3 Tampoco lo es el concepto que tenía Filolao de que “la armonía se genera absolutamente a partir de contrarios: en efecto, la armonía es unificación de muchas cosas mezcladas y consenso de las cosas que disienten”.4 Sería deseable que del actual estado de cosas, de enfrentamiento de diferentes puntos de vista e intereses, derivara un auténtico Estado de justicia y que ello se reflejara en las leyes.

Por su generosidad estoy en deuda con nuestro honorable Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con ustedes que forman parte de él. Bien decía Heráclito: “Los honores vuelven esclavos a los hombres”.5

Señores y señoras, de nuevo, muchas gracias.

Ciudad de México, 16 de agosto de 2016

Notas

[1] “Las fenicias”, 525 y 526, en Tragedias, t. III, Gredos, Madrid, 1979, p. 118.

2 Leucipa y Clitofonte, Gredos, Madrid, 1982, p. 237.

3 Rodolfo Mondolfo, Heráclito, fragmento 80, p. 40, Siglo XXI Editores, México, 1966.

4 “Filolao”, fragmento 187, en Los filósofos presocráticos, Gredos, Madrid, 1997, p. 136.

5 “Mondolfo”, fragmento 132, en Los filósofos presocráticos, Gredos, Madrid, 1997, p. 46.

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