Laudatio para Olga Sánchez Cordero

Laudatio para Olga Sánchez Cordero

En el marco de su cuarenta aniversario, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) reconoció las contribuciones al desarrollo, difusión y mejoramiento de las ciencias penales en México y en el mundo mediante la entrega del doctorado honoris causa, el pasado 12 de agosto, a la ex ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero —por su valentía y visión innovadora en la interpretación del Derecho penal constitucional, así como por su destacada trayectoria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, y al jurista español Luis Arroyo Zapatero —especialista en Derecho penal internacional que ha adaptado al mundo hispanoamericano algunas de las figuras del derecho penal europeo y se ha distinguido por su lucha para abolir la pena de muerte—.

En el auditorio Alfonso Quiroz Cuarón de dicha institución, la procuradora general de la República y presidenta de la Junta de Gobierno del INACIPE, Arely Gómez González, afirmó que "el doctorado honoris causa constituye la más alta distinción académica que otorga el INACIPE, y a lo largo de su historia han sido reconocidas figuras nacionales e internacionales que han hecho importantes aportaciones y, particularmente, han mostrado que el Derecho no sólo es un conjunto de normas sino un promotor de cambios sociales". Asimismo, señaló que "la trayectoria académica y profesional de los hoy reconocidos permite calibrar la importancia que tiene el conjuntar ámbitos del Derecho que durante años parecieron separados, pero que, derivado de la experiencia de la puesta en marcha del sistema de justicia penal acusatorio, se hacen más visibles: la teoría y la práctica".

A continuación reproducimos la laudatio que pronunció Gerardo Laveaga, ex director del INACIPE, en esa oportunidad.

Olga Sánchez Cordero de García Villegas impartía clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y fungía como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuando fue electa para ocupar uno de los 11 sitiales en la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La antigua notaria pública de la Ciudad de México, madre de un hijo y dos hijas, con posgrado en el University College of Swansea, era inteligente, conocedora de la ley, trabajadora y honesta a carta cabal.

No perdió ninguna de estas virtudes a lo largo de los 20 años que se desempeñó como jueza constitucional pero —debo destacarlo— la ministra que ingresó a la Corte en 1995 no fue la misma que salió en 2015.

Fui testigo del modo en que ella pasó de ser una abogada formalista y predecible a una abogada progresista y audaz.

Bastaría leer sus primeros proyectos, escuchar sus primeras intervenciones (y hacer lo mismo con los últimos) para confirmar la metamorfosis. Entre las dos Olgas media un abismo.

¿Dónde habría que buscar el punto de inflexión? Es difícil precisarlo. Lo cierto es que en algún momento ella decidió que no sería una adocenada guardiana del statu quo: que su proyecto personal de vida tendría que ser más amplio. Mucho más amplio.

Contribuir a promover la igualdad entre hombres y mujeres, a atenuar las asimetrías existentes en la sociedad, se convirtió en su bandera, su batalla, su meta: en el sentido de su vida profesional.

Ser una defensora de la legalidad no le había impedido advertir las insuficiencias de nuestro marco jurídico.

Por eso se afanó en que las resoluciones de su ponencia pudieran representar un contrapeso o, al menos, una llamada de atención a diputados, senadores, jueces, magistrados, académicos, litigantes y procuradores de justicia.

Juzgar con perspectiva de género fue, para ella, desde entonces —soy responsable al echar mano de este sustantivo—, una obsesión.

Al auspiciar fallos jurisprudenciales que ayudaran a erradicar la violencia contra niñas y mujeres obligó a que nuestros legisladores ampliaran el alcance de muchas de nuestras normas jurídicas, concebidas para otra época, para otro México.

Así, cuando —por impulso suyo— la primera sala de la Corte otorgó un recurso efectivo a las víctimas —un recurso que actualizó la retórica constitucional— la reforma a la Ley de Amparo fue inevitable.

Mucho de lo que ahora hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se debe al activismo de Olga Sánchez Cordero para forzar a nuestro Máximo Tribunal a conducirse como un tribunal constitucional.

El caso de Mariana Lima —“Un feminicidio disfrazado de suicidio”, como lo describió un periódico— constituye otro ejemplo del compromiso que adoptó: una mujer fue asesinada por su marido, comandante de la policía mexiquense. La procuraduría de esa entidad, sin realizar mayor investigación, resolvió dar credibilidad al dicho del cónyuge y determinó que la mujer se había privado de la vida a sí misma.

La autoridad ministerial pasó por alto las maletas que Mariana había hecho para abandonar su hogar, las conversaciones que había tenido con su madre al respecto, las amenazas y los golpes que había recibido por parte de su esposo… Declaró que había sido suicidio por ahorcamiento. Punto. El asunto se archivó.

Pero ni la procuraduría mexiquense ni el uxoricida contaban con que la Suprema Corte iba a tomar cartas en el asunto y que, a instancias de Olga Sánchez Cordero, el amparo en revisión acabaría por transformarse en un minucioso protocolo para investigar los feminicidios.

La Corte ordenó al Ministerio Público que reconociera sus pifias y repusiera la investigación. Aunque el proyecto inicialmente no fue de nuestra homenajeada, ella lo hizo más suyo que ningún otro de sus compañeros.

Algo similar ocurrió poco después, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó dos sentencias contra el Estado mexicano: Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas del pueblo me’phaa, habían sido torturadas y violadas por elementos del Ejército mexicano en 2002.

El organismo internacional ordenó al Estado no sólo la reparación del daño sino que éste se asegurara de que no volvieran a perpetrarse delitos semejantes.

Como todos sabemos, sin embargo, las resoluciones de un tribunal internacional todavía requieren, en México, una “traducción”. Es decir, que sea la Suprema Corte de Justicia la que las valide. Y la Suprema Corte las validó. ¿Y saben ustedes quién fue la que más empeño puso en que así fuera?

No creo resultar exagerado si afirmo que este caso fue el detonador para que se llevara a cabo la tan postergada reforma al Código de Justicia Militar, invalidando la disposición de que los militares siempre fueran juzgados por militares, incluso cuando hubiera civiles involucrados.

Otro caso que sacudió a México —y a la fecha sigue suscitando controversias— fue el de la ciudadana francesa Florence Cassez. Para muchos observadores, la Suprema Corte ni siquiera debió inmiscuirse en el problema. Sin embargo, la ministra se empecinó en hacerlo. Su voto —que, paradójicamente, resultó de cambiar su propio proyecto en el último momento— permitió que se liberara a la francesa, la cual permanecía en prisión, acusada de secuestro.

¿Era Florence Cassez una secuestradora? No lo sé. Lo cierto es que se había incumplido, de modo flagrante, con el debido proceso. Convencida del injustificable montaje que se había hecho a la hora de capturarla, la Corte ordenó su excarcelamiento.

“No es razonable que se determine la culpabilidad de una persona si no se parte de la presunción de inocencia y no se le juzga conforme a Derecho”, dijo y repitió ella hasta el cansancio: “No es posible que pretendamos hacer justicia a través de escenificaciones teatrales y cinematográficas”.

El mensaje que envió a la policía y a las procuradurías —un cubetazo de agua helada para quienes habían avalado la aprehensión— fue contundente: no se vale poner a nadie tras las rejas si no se consigna en los términos que marca la ley. En esto consiste, después de todo, el Estado de Derecho.

Fue este mismo mensaje el que la Corte estadounidense transmitió, en 1963, cuando liberó a Ernesto Miranda, no porque hubiera sido inocente de la violación que se le imputaba, sino porque el estado de Arizona lo había encarcelado sin respetar su derecho a guardar silencio —como lo señala la Quinta Enmienda constitucional— y a nombrar un defensor.

A partir de entonces en Estados Unidos los detenidos deben ser informados de los derechos que les otorga la ley. Dicha información ha devenido en confianza y fortalecimiento institucional para nuestros vecinos del norte.

Y como éstos, podría mencionar decenas de casos. Pienso, por ejemplo, en el aborto. Comparto la postura de la ministra cuando asevera que “penalizarlo sólo es precipitar a una mujer a una vejación por parte del Estado, el cual tiene la obligación de defenderla”.

Cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que hizo el Distrito Federal para despenalizar esta conducta, el debate en que ella participó no sólo fue acerado y aleccionador sino —permítanme decirlo— muy simpático: uno de sus colegas la interpeló para decirle todo lo que le habían contado sobre la catástrofe que suponía la interrupción de un embarazo. Ella replicó: “A mí nadie me ha contado nada, señor ministro: soy mujer. Conozco, en carne propia, el sufrimiento que esto puede implicar. Por eso me opongo a que se criminalice”.

Al expresar a la homenajeada mi admiración y mi cariño, quiero hacer votos para que nuestra Suprema Corte llegue a estar integrada por juristas como ella. Juristas que entiendan la ley no como una anquilosada urdimbre para brindar seguridades a los menos y frenar el desarrollo de los más, prohibiendo conductas que sólo buscan preservar privilegios de unos cuantos, sino como una herramienta afilada, un detonador para que México sea más plural, más crítico, más participativo.

La Suprema Corte debe ser garante de que contemos con instituciones inclusivas y desmantelemos aquellas que han propiciado la desigualdad que hoy asfixia a México. Los monopolios, por citar una.

Esto, a la larga, permitirá que la Corte pase de ser un tribunal de tercera instancia —como opera hoy día— a un auténtico tribunal constitucional que recuerde, permanentemente, que ni gobiernos, ni iglesias, ni sindicatos, ni grupos de presión pueden estar por encima de los valores de igualdad y libertad que consagra nuestra Carta Magna.

Visionaria, valiente, siempre dispuesta a marcar una diferencia por donde ha pasado, Olga Sánchez Cordero de García Villegas es una de las mujeres más emblemáticas del México del siglo XXI.

Con el doctorado honoris causa que hoy le otorga el INACIPE, la comunidad de ciencias penales de este país así lo ha querido reconocer.

Muchas felicidades, doctora.

Ciudad de México, 12 de agosto de 2016.

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Revista El Mundo del Abogado