Premio a la Innovación Jurídica 2016

Premio a la Innovación Jurídica 2016

El Premio a la Innovación Jurídica pretende recompensar aquellas ideas, reformas o mecanismos procesales que hacen que nuestro Derecho pueda actuar como auténtico agente del cambio social.

 

Señoras y señores:

Como director de El Mundo del Abogado es para mí un honor dar a ustedes la más cordial bienvenida a la ceremonia en que se entregará, por primera vez, el Premio a la Innovación Jurídica que otorga esta revista.

A diferencia de otros premios, patrocinados por importantes asociaciones de abogados, éste no pretende reconocer una trayectoria profesional, ni tampoco resaltar una destreza en particular.

Lo que busca el Premio a la Innovación Jurídica es, como su nombre lo indica, recompensar aquellas ideas, reformas o mecanismos procesales que hacen que nuestro Derecho pueda actuar como auténtico agente del cambio social.

El Derecho es, por antonomasia, un instrumento para preservar el statu quo. Algún autor, incluso, le ha llamado “obstáculo para el cambio social”. Por ello, podría resultar hasta paradójico que se hable de “innovación jurídica”.

Pese a lo anterior, los tiempos que vivimos exigen que se actualicen, de manera permanente, nuestra economía, nuestra política y, sí, nuestro Derecho. Los abogados no podemos permanecer indiferentes ante los avances de la ciencia y la tecnología ni, tampoco, ante la irrupción de nuevas fuerzas que moldean a la sociedad.

En ocasiones, admitámoslo, es difícil modificar las leyes y las normas. Bastaría una revisión somera para darnos cuenta de cuántas figuras de nuestro Derecho permanecen intocables cuando, desde hace años, dejaron de tener utilidad.

Pensemos, por ejemplo, en la Fórmula Otero: a un ciudadano de un país desarrollado le cuesta trabajo entender por qué para algunas personas una misma ley es constitucional, y para otras, inconstitucional. Por qué unas personas deben pagar impuestos y otras no por el solo hecho de haberse amparado.

Y, como esto, podemos hallar decenas de ejemplos en nuestra legislación. De aquí que resulte tan importante destacar la labor de aquellos abogados cuyas ideas, actuación en los tribunales o en las tareas administrativas, han logrado convertirse en reformas constitucionales, reformas legales, políticas públicas o criterios para crear, aplicar o interpretar la ley.

El pasado 17 de marzo el consejo editorial de la revista sesionó con el único propósito de dirimir quién debía recibir el premio en 2016. Si bien la idea original era elegir a un solo candidato, prevalecieron los argumentos por que fueran tres los galardonados en esta ocasión.

La contribución de estos tres abogados no se ha limitado a desempeñar una gestión digna en sus respectivos campos: con su quehacer, los tres han establecido pautas y han marcado una diferencia.

Al agradecer el respaldo de las tres asociaciones de abogados más importantes de México —la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México hago votos por que el ejemplo de estos tres innovadores que hoy reconocemos sea seguido por toda la comunidad jurídica del país.

Muchas gracias.


Fabián Aguinaco

 

Señor licenciado Ángel M. Junquera Sepúlveda, director general de la revista El Mundo del Abogado.

Señor licenciado Gerardo Laveaga Rendón.

Señores del consejo editorial de la revista El Mundo del Abogado.

Señor presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Señores ex presidentes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Apreciables compañeros barristas.

Queridos familiares y amigos que me acompañan.

Señoras y señores.

 

La primera palabra que me permito decir con motivo del premio que se me confiere sólo puede ser de agradecimiento.

Mi gratitud va dirigida especialmente al consejo editorial de la revista El Mundo del Abogado y a su director general, el licenciado Ángel M. Junquera Sepúlveda, por acogerme como ganador del Premio a la Innovación Jurídica 2016, no por causa de mis méritos ni condiciones, las que, soy consciente, nunca serán suficientes.

También al licenciado Alfonso Pérez Cuéllar quiero expresar mi especial gratitud por sus amables muestras de afecto, que me emocionan y me animan, porque provienen más de su amistad que de mis méritos personales.

Aprovecho esta oportunidad para felicitar a mis compañeros y amigos de muchos años: el doctor Sergio García Ramírez y Ernesto Canales Santos, quienes reciben conmigo este alto honor.

Quizá el consejo editorial de la revista se haya equivocado al valorar mis méritos, pero en lo que sí creo que ha acertado es en estimar mi voluntad y mi disposición de contribuir jurídicamente para consolidar en México una sociedad decente —en palabras de Margalit—, una sociedad cuyas instituciones y autoridades públicas no humillan ni atropellan a las personas.

Una sociedad decente pone el acento en la degradación de la autoestima, en la humillación a través de las acciones u omisiones realizadas por los seres humanos. El desempleo, la miseria y la pobreza, las enfermedades que pueden ser atendidas y curadas a tiempo, la imposibilidad de acceder a espacios públicos y la privación de futuro, son situaciones humillantes. Una sociedad decente debe ser el preámbulo de una sociedad más justa.

Lamentablemente, como dice Rodolfo Vázquez, abundan los ejemplos en los que se hace manifiesta esa perseverante degradación de la condición humana en aquellos Estados cuyas instituciones y funcionarios públicos viven al amparo de la corrupción, el servilismo, la violencia, la complicidad y la más absoluta impunidad. De golpe encontramos que las instituciones han dejado de inspirar confianza, y tampoco la inspiran la justicia o la escuela, ni los partidos ni los sindicatos.

Sería pueril, como afirma Judith Shklar, imaginar que las actitudes y las instituciones democráticas constituyan una respuesta adecuada al sentido de la injusticia.

Pero no conviene dejarse arrastrar por un pesimismo desbordante. Más allá del debilitamiento de las instituciones, pienso que este difícil panorama puede suavizarse por el ejercicio responsable de los abogados, mediante el litigio estratégico innovador, a través de la promoción del juicio de amparo como herramienta útil en el proceso de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas, para ajustarlas a los estándares de actuación constitucional a los que se encuentran compelidas todas las autoridades.

Más concretamente, la realidad contemplada desde los reclamos de justicia de una sociedad decente demanda de abogados y jueces un cambio en el pensar y en el actuar, de mayor hondura que los meros intereses particulares, para revertir el signo principal que configura nuestra civilizón mundial. Si no actuamos así seguiremos padeciendo la crisis que resquebraja y disloca nuestro presente.

Recibo el premio tan sólo como depositario de un galardón que otorga la revista El Mundo del Abogado —una de las publicaciones más reconocidas en nuestro gremio en América Latina—, en su primera edición, por el ejercicio de la abogacía desde una perspectiva innovadora a través del juicio de amparo. Acepto el premio en nombre de todos los que junto conmigo han trabajado con inteligencia y audacia por la plena justiciabilidad de los derechos humanos mediante el litigio estratégico innovador: Andrés, Dolores y Mariló, abogados comprometidos en la defensa de los derechos humanos, los sentimientos de solidaridad, la responsabilidad y el acceso a la justicia.

Digo que vengo como depositario, ya que en lo más profundo de mi ser soy consciente de que este premio es mucho más que un honor tan sólo para mí; más bien es para aquellas personas, de carne y hueso, que viven, piensan y formulan sus quejas, y no de una pura fantasía de mi imaginación; personas que de alguna manera me han proporcionado los materiales y las herramientas que, finalmente, acabaron siendo las constructoras de mi vida profesional, personas comunes que quieren y exigen la validez de los derechos humanos y el pleno acceso a la justicia restaurativa, personas que reclaman de los abogados un cambio en la empresa de construir un futuro más humano y justo.

Nuestra ceguera nos mueve a pensar que podemos seguir como estamos. Pero el hecho de que nuestro entorno se haya quedado tan pequeño por obra de nuestras limitaciones hace más apremiante el cambio en el ejercicio de la abogacía para hacer frente a los reclamos de justicia de las minorías excluidas y de las mayorías empobrecidas, al deterioro del ecosistema, a la contaminación de la biosfera, a la impunidad y a la violencia extendida por amplios sectores del país.

Precisamente por eso Ortega y Gasset escribió que el privilegio ontológico del hombre es la mudanza. Nadie más que el hombre cambia de traje, de costumbres, de valores. Sólo nosotros somos capaces de desatarnos de lo que fuimos, de rechazar lo heredado, de intentar lo que nadie se atrevió antes. Y agrega que sólo progresa quien no está vinculado a lo que era ayer, preso para siempre en ese ser que ya es, sino que puede emigrar de ese ser a otro. Pero no basta con eso, concluye: el progreso exige que esta nueva forma supere a la anterior.

La continuidad, simplemente vivida, dice Leszek Kolakowski, no es creadora de valor ni dadora de sentido: no produce obligaciones mi comprensión. Es necesaria, pues, una respuesta situada a la altura moral que ha alcanzado la humanidad; una respuesta en la línea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; una respuesta de los abogados a favor de los derechos humanos y del acceso técnico a la justicia, a través del litigio estratégico que nos conduzca democráticamente a un cambio de modelo de vida.

En el proceso de construcción de este cambio, los medios de comunicación, como la revista El Mundo del Abogado, hacen algo más que observar: crean imágenes vivas, abren espacios de discusión, imaginan futuros posibles, proponen vías de acceso e intensifican el movimiento del cambio.

¡Ojalá el futuro dé la razón a quienes hoy no se resignan a vivir acomodados y satisfechos en la ingeniosa alquimia de las teorías de los libros o de doctrinarios, empeñados en buscar y hacer la justicia apartados de la realidad, y se las ingenian para proponer, con argumentos jurídicos y con pasión, otras vías y otros caminos por dónde transitar!

Con motivo de la entrega del premio que me confiere la revista El Mundo del Abogado quiero evocar el amor y el apoyo solidario de Lourdes, mi esposa y compañera de vida, y de mis hijos, Luis Fabián, Andrés, Jerónimo y Joaquín, sin los cuales, como dice José Saramago, no sería la persona que hoy soy: “Sin ellos tal vez mi vida no hubiese logrado ser más que un esbozo impreciso, una promesa como tantas otras que de promesa no consiguieron pasar, la existencia de alguien que tal vez pudiese haber sido y no llegó a ser”.

Señores miembros del consejo editorial de El Mundo del Abogado, gracias por este reconocimiento.  


Ernesto Canales

 

Éste es un premio por una causa: mejorar la justicia penal en el país. Si México adoptó un nuevo sistema de procedimientos penales fue debido a que un grupo amplio de ciudadanos nos propusimos, como responsabilidad personal, cambiar las reglas que se aplicaban a los juicios penales, con objeto de cerrar las puertas a corrupción e injusticias.

Este premio otorga un reconocimiento a la labor de un sinnúmero de personas que, desde muy diferentes posiciones, realizaron trabajos en grupo para hacer posible contar en México con procesos en los que los derechos de las partes estén equilibrados; procesos penales que, además, sean transparentes, estableciendo que las pruebas y los argumentos sean presentados ante audiencias públicas; procesos en los cuales tenga plena vigencia el principio de presunción de inocencia, al limitar la prisión preventiva.

La reforma penal de los juicios orales ha sido producto de multitud de esfuerzos personales, coordinados entre sí de manera voluntaria, y que se logró con base en razonamientos y en debates abiertos que no dejaban lugar para cubrir intereses mezquinos; no ha sido una propuesta proveniente de grupos corporativos, ni peleada en marchas, desplegados periodísticos o denigrando el pasado.
Si bien apenas a partir de este año son mandatorios para todo el país, los juicios orales ya tienen en México una experiencia de campo de más de 10 años que nos permite aquilatar sus beneficios y estar conscientes de sus riesgos; entre éstos, el juicio de amparo, que con sus reglas actuales amenaza con impedir que surjan las consecuencias del nuevo proceso en beneficio de una mejor calidad de justicia;
el principio de inmediatez, el cual el nuevo sistema acerca a los jueces a la "historia del crimen”, pero el juicio de amparo los vuelve a alejar, con sus revisiones de escritorio, por jueces aislados del caso y juzgando en solitario, no en público; lo mismo se puede decir del principio de justicia pronta y expedita, en donde el procedimiento de amparo, con el trámite lento, burocrático, sujeto a un sinnúmero de instancias incidentales y no de fondo, alarga el tiempo para obtener definitividad en las sentencias.

Hay que entender que ambos sistemas jurídicos, el de los juicios orales y el del juicio de amparo, están conformados por principios antagónicos: público uno versus cerrado el otro. Y quiero hacer énfasis en que esta diferencia implica, por parte de la sociedad, una distinta concepción de la función judicial.
En efecto, el hecho de que los juicios orales se centren en audiencias públicas significa que la sociedad tenga un lugar de primera fila en la impartición de justicia penal: las decisiones de los jueces podrán ser “juzgadas”, a su vez, por el público, que habrá tenido acceso a las mismas evidencias y argumentos del caso que conoció el juez; el “juicio a jueces" de parte de la sociedad sirve de control a la función judicial, y ésta ya no queda sin rendición de cuentas.

En cambio, en el juicio de amparo no sólo el juez está separado de las pruebas del caso, sino en mayor medida también lo están los ciudadanos de las resoluciones judiciales en el amparo, pues el público deja de ser testigo presencial en el proceso del amparo, de manera que la decisiones de los jueces, en estos procedimientos, a los ciudadanos les resultan difíciles de comprender: el Poder Judicial queda sin control ciudadano.

En los juicios orales el juez imparte justicia de cara a la sociedad; en el juicio de amparo, por el contrario, el juez dicta sus resoluciones a espaldas de la sociedad. ¿Cómo permitimos que la inmediatez y la transparencia ganados en los juicios orales sean echados abajo por los jueces en el amparo?

En la relativamente corta experiencia de los juicios orales, los efectos destructivos del juicio de amparo se han hecho patentes: dilaciones no instituidas en los procesos orales han venido a quitarle la celeridad que conlleva el nuevo sistema, lo que implica afectar la confianza ciudadana en la impartición de justicia. Éste es un asunto grave porque da al traste con una condición de existencia del Estado de Derecho.

Entre menor sea la confianza del ciudadano en la calidad de la justicia impartida por el Estado, menor será la capacidad del gobierno de imponer el Estado de Derecho, pues el cumplimiento voluntario de leyes es el elemento de mayor trascendencia para mantener el orden legal, ya en materia fiscal encontramos un ejemplo: los impuestos autocontrolados por ciudadanos cuentan con un mayor cumplimiento.

La persecución de los delitos de corrupción devela, en Nuevo León, un patético ejemplo de las fuerzas en choque del nuevo sistema penal con el juicio de amparo: la credibilidad social provocada por los procesos penales abiertos, iniciados para combatir la corrupción, se derrumba por la cantidad de amparos contra resoluciones de trámite en los procesos orales.

Cuando la sociedad al fin cuenta con un proceso penal creíble, que despierta confianza, que tiene el potencial de hacer efectiva una política de Estado contra la corrupción, resulta que otras instituciones jurídicas no han evolucionado a la par con el nuevo sistema.

En Nuevo León, el público, de manera masiva a través de las redes sociales, ha manifestado su rechazo a decisiones oscuras, como lo han hecho los votantes prácticamente en todas las últimas elecciones en el país; el buen manejo del amparo, tratándose del combate a la corrupción, se ha convertido en un asunto de gobernabilidad.

Una vez que la sociedad confía en que los procedimientos penales son llevados ajustados a un concepto de justicia de alta calidad, se abre un horizonte de mejoras sustanciales para la sociedad. Me refiero a que esta certeza jurídica imprime una dinámica de energía positiva a la vida diaria de los ciudadanos de la que todos nos vemos beneficiados, certeza que cubre nuestras relaciones personales, familiares y económicas. 

En México no debiéramos permitir que una reforma penal que rompe con un pasado lleno de injusticias no rinda sus frutos, sólo porque los abogados no nos ponemos de acuerdo sobre la manera de armonizar instituciones jurídicas; nadie mejor que El Mundo del Abogado para encauzar esta cruzada.


Sergio García Ramírez

 

Señor director de El Mundo del Abogado; señores presidentes de las corporaciones de abogados; maestro Gerardo Laveaga; distinguidos colegas que hoy reciben muy merecidamente este reconocimiento; señores ex presidentes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados; señoras y señores abogados; señoras y señores que no son abogados, pero sí amigos, y lo acreditan asistiendo a este acto:

Se me previno de que dispondría yo de unos cuantos minutos, acaso menos de los que integran los dedos de la mano, para ocupar esta tribuna, y pregunté a quien me hizo esa prevención qué podría yo decir en tan pocos minutos, y me sugirió que escuchara yo a mis colegas, con respeto y aprecio, aprendiera de ellos, suscribiera su pensamiento y expresara mi gratitud. Voy a hacerlo así.

También pregunté cuál sería el orden de nuestra comparecencia en el escenario y se me dijo que probablemente cronológico. Esto me preocupó porque me hizo suponer que haría yo uso de la tribuna al filo de la medianoche; sin embargo, las cosas han discurrido con más celeridad, con mayor fluidez, que seguramente ustedes agradecen. Hemos oído espléndidas intervenciones de las cuales me he beneficiado y que desde luego suscribo en todo lo que puedo suscribir… Y respondo:

Felicito a la revista El Mundo del Abogado por haber tenido un acierto mayoritario. Tuvo 66 por ciento de acierto; si no fue acertado el otro 34 por ciento que yo represento en esta tribuna, por lo menos fue generoso y reconozco en él el don de esa generosidad, que es una virtud humana, plausible, de la cual también me he beneficiado.

Yo quisiera comentar muy brevemente con quienes me hacen el honor de escucharme algunos detalles —seré breve, seré conciso—, unos detalles de mi quehacer profesional a los cuales aquí se ha aludido, no sin antes advertir que no me reconozco, señor presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en el elogio que usted acaba de hacer de mi persona y de mi trabajo. Ha sido usted muy benévolo y me ha atribuido usted virtudes que estoy muy lejos de tener y méritos que estoy muy lejos de merecer.

El tema de los derechos humanos, que es un gran tema que hoy domina nuestras declaraciones y que debiera dominar nuestros comportamientos, ha sido explorado por un tribunal al que durante 12 años pertenecí con gran alegría y espero que con gran dignidad: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que planteó la legalidad entendida como legitimidad y legitimidad traducida en la conducta plena de los Estados, entre ellos del Estado mexicano, que emitió una jurisprudencia señera para quienes más lo necesitan: los vulnerables.

Un jurista ha dicho que existen leyes para el más débil. Yo agregaría también: jurisprudencia y justicia para los más débiles, para los vulnerables. De esto se ha ocupado este tribunal interamericano, cada vez que se ha pronunciado en torno de los derechos, las libertades, las prerrogativas de las mujeres, de los niños, de los pobres, de los discapacitados, de los detenidos, de los indígenas, de los migrantes, de los desplazados.

He sido testigo, más que actor, de esa jurisprudencia benéfica que ha iluminado al continente americano y desde luego que ha informado en buena medida la naciente jurisprudencia mexicana de la nueva era.

También vale la pena acentuar, sobre todo ante un auditorio de abogados, la dedicación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el debido proceso. Amigas y amigos, el debido proceso corre muchos riesgos; está corriendo, lo saben los abogados, riesgos inmensos. En ocasiones se le atribuye al debido proceso los males que engendran los indebidos procedimientos. Vale la pena no flaquear en la defensa del genuino, del auténtico debido proceso, que constituye otro de los sectores primordiales de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también de la atención, de la preocupación, de la reflexión de los juristas mexicanos.

También se habló aquí, y lo aprecio mucho, del control de convencionalidad. El control de convencionalidad es una figura creada por la doctrina de la Corte Interamericana. Yo no soy el autor de esa doctrina, como quisiera serlo; no lo soy, simplemente he participado con modestia, con la misma modestia con que he procurado conducir toda mi vida como servidor público y como académico. He participado con modestia en la reflexión de ese tribunal a propósito del control de convencionalidad, que es el punto de encuentro entre el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho nacional de los derechos humanos. El punto donde queda claro que lejos de haber, como alguna vez se pensó, antagonismo o prelación de un Derecho sobre el otro.

La verdadera prelación corresponde al ser humano. Y esa condición primordial del ser humano, reflejada en los textos constitucionales de las naciones, en las mejores tradiciones internas y en el Derecho internacional de los derechos humanos, ha podido generar la gran figura del control de convencionalidad que acerca a los dos hemisferios y a las dos fuentes del orden jurídico y pone a ambas bajo el principio pro persona al servicio del ser humano.

Ésa ha sido la convicción, ésa ha sido la tarea a la que discretamente, sin aspavientos, he entregado muchas horas de mi desvelo y de mi existencia. Debo decirles también, confesarles, con absoluta lealtad, con absoluta veracidad, que ha abrigo algunas dudas acerca de la final conformación de la figura del control de convencionalidad. Envidio a quienes están seguros de lo que afirman, de lo que hacen, de lo que asientan. Yo no lo estoy todavía tanto, pues tengo todavía muchas dudas en torno del control de convencionalidad como en torno de tantas otras cosas.

Creo que estamos en un proceso de construcción del control de convencionalidad y que aún habrá que tomar algunas definiciones conceptuales sobre esta figura, sobre su alcance, sobre quiénes deben y pueden ejercerla y sobre sus consecuencias; pero finalmente estamos en el camino adecuado, me parece; en el camino acertado, me parece; a mi modesto entender, a mi saber y entender, por ese camino adecuado estamos protegiendo nacional e internacionalmente la gran causa de los derechos humanos.

Es para mí, como seguramente lo es para mi esposa Carmen, mi leal, mi fiel, mi talentosa compañera, mi bella compañera, un motivo de gran satisfacción, de gran alegría, recibir de las manos de mis amigos un reconocimiento que mis colegas merecen y que en mi caso se me entrega con gran generosidad.

Señor director, señores presidentes, amigos muy queridos, gracias, mil gracias. He aprendido de lo que escuché esta tarde; he reflexionado sobre ello; he suscrito, y lo hago de nueva cuenta, lo que puedo suscribir, y, sobre todo, he agradecido lo que debo agradecer.

Muchas gracias.

 

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