Sentencias ciudadanas

Sentencias ciudadanas

Aunque la legislación nacional no establece un modelo o forma de redacción de sentencias, los jueces, en ejercicio de su independencia judicial, pueden presentarlas de manera clara y contundente, buscando que las resoluciones sean entendibles no sólo por los abogados que participaron en los juicios, sino también por las partes involucradas y la sociedad en general. Un ejemplo de ello es la sentencia dictada en el amparo en revisión 112/2016 por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. 

A principios del presente siglo, según recuerdo, comenzaron a escucharse voces que solicitaban a los juzgadores la redacción de sentencias simplificadas, es decir, que fueran fáciles de leer, tanto por las partes como por sus asesores jurídicos. Se organizaron cursos por parte del Instituto de la Judicatura Federal y seminarios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llegaron a ser transmitidos por el Canal Judicial; también hubo diversas publicaciones en la revista del Instituto de la Judicatura Federal sobre tal tópico. Poco a poco el tema fue perdiendo interés y, sobre todo, aplicación en la vida real, de manera que los juzgadores, en términos generales y con algunas excepciones, seguimos redactando las sentencias de manera tradicional.

 

En fechas recientes lo relativo a la redacción clara de los fallos judiciales ha tomado nuevos bríos. Por ejemplo, en abril de 2016, según diversos medios de comunicación, la Cumbre Judicial Iberoamericana afirmó que la legitimidad de la judicatura está ligada a la claridad y la calidad de las resoluciones judiciales. También resulta interesante el papel que han tenido las salas superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la manera en que van innovando las estructuras de sus resoluciones, destacando el caso de la Sala Monterrey, que redactó un Manual para la elaboración de sentencias, cuyo objetivo es “generar resoluciones más breves y, sobre todo, de fácil entendimiento”.

En este marco de renovado interés por la simplificación de los fallos judiciales, o sentencias ciudadanas, como se les ha comenzado a llamar (aunque el término no convence a todas las personas), se emitió la sentencia dictada en el amparo en revisión 112/2016 por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región (conformado por los magistrados Rodrigo Zerón de Quevedo, Carlos Contreras Favila y el autor de estas líneas), donde el tema salió del ámbito académico y se puso a consideración de una autoridad jurisdiccional.

En este fallo partimos del supuesto de que la legislación nacional no establece un modelo o forma de redacción de sentencias, sino que el juez, en ejercicio de su independencia judicial, puede escribirlas de manera clara y contundente o con una redacción abundante y prolija; sin embargo, los juzgadores deben buscar que las resoluciones sean entendibles no sólo por los abogados que participaron en los juicios, sino también por las personas directamente afectadas por la sentencia —las partes— y la sociedad en general, por medio de una redacción clara.

Pero dejemos que sea la sentencia la que explique, por sí misma, la decisión adoptada por el tribunal colegiado.

 

Amparo en revisión: 112/2016.

mero interno: 353/2016.

Quejoso y recurrente: *****.

 

Magistrado ponente: Carlos Alfredo Soto Morales.

Secretaria: Norma Alejandra Cisneros Guevara.

 

Sentencia del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, correspondiente a la sesión de 26 de mayo de 2016.

 

vistos, para resolver los autos del amparo en revisión 112/2016, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y

 

Resultando:

primero. En escrito, presentado el 25 de agosto de 2015, en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra los actos y autoridades que enseguida se transcriben:

“III. autoridad responsable. C. Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México.

”IV. acto reclamado. La resolución de fecha 5 de junio de 2015, dictada               en el recurso de revisión mero RR-PAR/19/2015…”

segundo. Radicación y prevención. De la demanda de amparo correspondconocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, cuyo titular, en auto de 27 de agosto de 2015, la regist con el número de expediente 1005/2015, y requirió a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir de la legal notificación de dicho auto manifestara si conoa la existencia de tercero o terceros interesados, y que exhibiera las copias necesarias del escrito con el que desahogara dicha prevencn.

Posteriormente, una vez cumplido el requerimiento, el titular del juzgado, el 4 de septiembre de 2015, admitió a tmite la demanda de amparo, ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

tercero. Resolución recurrida. Sustanciado el procedimiento, el 5 de enero de 2016 se celebró la audiencia constitucional, la que concluyó con el dictado de la sentencia correspondiente el 17 de febrero del año en cita, la que concluyó con los puntos resolutivos que a continuación se transcriben:

Primero. La justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, en contra del acto reclamado al Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, por las razones precisadas en el sexto considerando de la presente resolución.

”Segundo. Pubquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta sentencia.

quinto. Recurso de revisión. En desacuerdo con la anterior determinacn, *****, por propio derecho, interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido por el magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el 18 de marzo de 2016, y registrado en el libro de gobierno con el número de expediente 112/2016.

sexto. Turno. En auto de 14 de abril de 2016 se turnó el expediente al magistrado Salvador González Baltierra, a efecto de formular el proyecto de resolución correspondiente.

séptimo. Remisión de la demanda de amparo al tribunal colegiado auxiliar. Por auto de presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de 4 de mayo de 2016, se orde remitir el expediente original y sus anexos a este Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Jrez, Estado de México, para su resolución.

octavo. Turno del tribunal auxiliar. El 9 de mayo de 2016 este tribunal colegiado auxiliar tuvo por recibidos los autos y turnó el expediente, registrado con el mero de control interno 353/2016, a la ponencia del magistrado Carlos Alfredo Soto Morales, para la formulación del proyecto de resolucn.

noveno. Sentencia recurrida. Las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, de 17 de febrero de 2016, emitida por el juez primero de distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se encuentran contenidas en copia certificada anexa a esta resolucn.

décimo. Agravios. Los agravios expresados por los recurrentes obran agregados de las fojas 4 a 12 del expediente en que se actúa, los cuales se tienen a la vista por formar parte del acervo del mismo, por lo que es innecesaria su transcripción.

 

Considerando:

primero. Competencia. Este Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, es legalmente competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo ordenado en los artículos 103 y 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo; 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así también en el artículo primero, fracción I, inciso e, del Acuerdo General 20/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro Auxiliar de la Primera Región, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2011 y reformado por última vez el 8 de febrero de 2016; y en el oficio STCCNO/750/2015, de 20 de abril de 2015, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en que se determinó que el tribunal auxiliado es el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

segundo. Legitimación. ***** tiene reconocida su personalidad en el presente recurso de revisión, dado que fue parte quejosa en el amparo indirecto que dio origen al presente recurso.

tercero. Oportunidad. El recurso de revisión se presentó dentro del plazo legal, como se observa a continuacn:

 

Sentencia recurrida

 

Fecha     de notificación

 

Surtió efectos

 

Plazode10 días transcurridos

 

Fecha     de presentación delrecurso

 

as inhábiles

Mrcoles 17 defebrero de 2016

Martes23de febrerde 2016

(foja 136 del juicio de amparo indirecto)

Mrcoles 24 de febrero de2016 Del jueves25 de febrero al miércoles9 de marzo de 2016 Mrcoles 9 de marzode2016 Sábados Domingos
27febrero y 5 de marzo de 2016 28 de febrero y 6 de marzo de 2016
Deconformidadconelartículo 19 de la Ley de Amparo,así como con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de laFederacn

  

cuarto. Estudio. En el primer párrafo del primer agravio el recurrente manifiesta que la sentencia contiene un exagerado análisis de carácter dogmático”, convirtiendo el fallo en un tratado teórico de diversos principios, recurriendo a opiniones doctrinales de varios tratadistas, lo que, en su conjunto, choca con una correcta administración de justicia, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

El concepto de violación es infundado

El arculo 74 de la Ley de Amparo dispone que las sentencias dictadas en esta vía de control constitucional deberán tener la fijación clara y precisa del acto reclamado; el análisis sistemático de todos los conceptos de violación o agravios; las consideraciones y fundamentos legales que sustenten el sentido del fallo; en su caso, los efectos de la sentencia estimatoria y, por último, los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión materia de la litis.

Por su parte, el numeral 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establece que las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a cualquier resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas de las pruebas rendidas, así como de las consideraciones aplicables, tanto legales como doctrinarias, y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a consideración del tribunal, fijando, en su caso, el plazo dentro del cual debe cumplirse.

De las disposiciones en comento se advierte que el legislador estableció los requisitos nimos que deben tener las sentencias judiciales, sin que haya contemplado alguna forma en concreto en que los juzgadores de amparo argumenten sus fallos, por lo que en el ámbito de sus funciones y en el ejercicio de su independencia judicial podrán redactar la motivación de sus resoluciones de manera concreta o abundante, lo cual dependerá de muchas circunstancias, tales como los planteamientos hechos por las partes en el juicio, la complejidad del asunto jurídico a analizar, la existencia —o no— de precedentes judiciales, tanto nacionales como internacionales, el marco legal, constitucional e internacional aplicable, estudios doctrinales, etcétera.

En la actualidad, la doctrina,1 el foro, los juzgadores2 e, inclusive, las instituciones judiciales,3 no sólo en México sino en el resto del mundo,4 demandan de los órganos jurisdiccionales la simplificación en la redacción de las sentencias, de manera que se conviertan en documentos jurídicos de fácil lectura que, abarcando todas las cuestiones planteadas, den una solución de fácil comprensn, no sólo para los abogados de las partes, sino para los ciudadanos involucrados en el juicio, de manera que se entienda de manera fácil qué resolv el órgano jurisdiccional y, aún más importante, por qué.

La redacción de fallos de claro entendimiento abona al cumplimiento del principio constitucional de máxima transparencia, en la vertiente judicial, acercando a los tribunales a la ciudadanía, para que conozca cómo resuelven y razonan sus jueces; si bien es cierto que los principales destinatarios de una sentencia son las partes en el proceso, también lo es que, en términos generales, de manera indirecta también interesan a toda la sociedad, pues los precedentes judiciales vinculan al propio órgano jurisdiccional y pueden servir de guía a otros órganos del Estado para resolver casos análogos y, con mayor razón, cuando son emitidas por órganos terminales del Poder Judicial Federal, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, pues la obligatoriedad de su jurisprudencia deriva de la propia Constitución federal.

La motivación de las sentencias de manera precisa y en un lenguaje asequible para un observador razonable encuentra sustento, además, en el artículo 27 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que dispone: Las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas”.

Cuando señalamos que el lenguaje debe ser asequible a un observador razonable nos referimos a que los fallos puedan ser entendidos por el ciudadano promedio, no sólo por los expertos y los operadores del Derecho, lo que da origen a lo que incipientemente se comienza a llamar sentencias ciudadanas. Dicho de otra manera, debe buscarse que el fallo pueda ser comprendido por el justiciable, sin necesidad de que sea traducido” o “interpretado” por su abogado o asesor jurídico.

De todo lo anterior podemos inferir que los juzgadores deben buscar que sus sentencias reúnan los requisitos mínimos que establece la legislación y, en la medida de lo posible, redactar las motivaciones que dan sustento al sentido de la resolución de manera clara y concreta, de fácil comprensión para el destinatario directo, los ciudadanos afectados con la resolucn, así como al destinatario indirecto, la sociedad en general. Ya lo dice el dicho popular: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno.

No obstante lo anterior, el hecho de que una sentencia contenga un estudio bastante abundante, desarrollando ampliamente las premisas que den sustento a sus conclusiones, con múltiples transcripciones, cita de artículos, criterios jurisprudenciales o doctrinales, no convierte en ilegal tal determinacn, ya que, como se dijo al principio, el órgano jurisdiccional, en el ejercicio de su independencia judicial, goza de la más amplia facultad para motivar su resolución de manera concreta y clara o prolija y abundante.

De esta manera, la circunstancia de que el juzgador de amparo haya realizado un amplio estudio en la sentencia combatida, recurriendo a la transcripción de preceptos legales, precedentes judiciales y estudios doctrinales, es el simple cumplimiento de los principios constitucionales de fundamentación y motivacn, que de ninguna manera la convierte en ilegal.

En otro orden de ideas, el quejoso alega que el juzgador de amparo dictó la sentencia que recurre sin valorar las pruebas que exhibió la autoridad responsable anexas a su informe justificado y que hizo suyas mediante escrito presentado ante el A quo el 4 de noviembre de 2015.

Aduce que con las pruebas ofrecidas acredita que la realización de las obras y las adecuaciones constructivas en el municipio por el periodo 2006-2009, en el que fungió como tesorero municipal de *****, fueron ordenadas por el cabildo, aunado a que la solicitud para ejercer los recursos y el cálculo de las cantidades a pagar fueron realizadas y autorizadas por el entonces director de Obras Públicas.

Dice que de dichas probanzas se advierte que el tesorero municipal (aquí recurrente) fue instruido por el cabildo del ayuntamiento, así como por el presidente municipal de ***** para realizar las gestiones necesarias tendientes a liberar los recursos económicos que permitieran la ejecución de diversas obras, con lo que acredita que actuó bajo instrucciones del superior jerárquico, lo que actualiza la eximente de responsabilidad consistente en la obediencia jerárquica; agrega que con esas pruebas se demuestra que fue el director general de Obras Públicas quien solicitó y autorizó el pago de los anticipos de obras.

 

Los argumentos son inoperantes

En efecto, el solicitante de amparo se limitó a señalar que durante la tramitación del sumario de derechos fundamentales ofrec diversas pruebas, las cuales no fueron objetadas por la autoridad responsable; inclusive, que en el acuerdo de 5 de noviembre de 2015, así como en la audiencia constitucional, se tuvieron por ofrecidas y desahogadas las citadas documentales, dada su especial naturaleza.

No obstante lo anterior, el solicitante de amparo no especificó cuáles fueron las pruebas que no valoró el juez de amparo, es decir, no precisó, por ejemplo, mediante qué oficio o acta de cabildo, agregada en autos, el ayuntamiento o el presidente municipal de ***** le hayan instruido, en su carácter de tesorero municipal, a realizar las gestiones necesarias tendientes a liberar los recursos económicos que permitieran la ejecución de diversas obras. Tampoco precisó con qué documentales se demuestra que fue el director general de Obras Públicas quien solicitó y autorizó el pago de los anticipos para la realización de las obras y las adecuaciones constructivas en el municipio de *****.

En ese orden de ideas, tomando en consideración que el recurso de revisión tiene por objeto analizar la legalidad de la sentencia impugnada y que sólo se pueden valorar las pruebas que hubiesen sido rendidas ante el juez de amparo, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 81, 88 y 93, fracción VII, de la Ley de Amparo; atendiendo, además, al principio establecido por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que señala que el que afirma está obligado a probar, no basta que el recurrente diga que en autos existen algunas pruebas que dan sustento a su pretensión y no fueron valoradas en la sentencia de primera instancia, sino que, atendiendo a la causa de pedir, por lo menos tiene la obligación de señalar cuál es, en concreto, ese material probatorio (documentales, testimoniales, periciales o inspecciones judiciales) al que se refiere.5

Sin que este órgano de control constitucional esté facultado para realizar una revisión oficiosa de las documentales que obran en autos, ya que no se da ninguno de los supuestos previstos por el artículo 79 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, a efecto de suplir la queja deficiente.

El hecho de que el agraviado refiera que las pruebas que, a su parecer, corroboran su dicho se encuentran dentro del procedimiento administrativo seguido en su contra, o en la auditoría respectiva, es insuficiente para tener por satisfecha la carga procesal de señalar las pruebas cuyo estudio omit el juzgador de amparo, ya que, se insiste, debió particularizar a qué prueba se refería.

Expuesto lo anterior, se impone confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 77, 80, 81, fracción I, inciso e, y 84 de la Ley de Amparo, y por el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

primero. Se confirma la sentencia recurrida.

segundo. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ***** en contra del acto reclamado al Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México.

 

Notifíquese; previo cuaderno de antecedentes que se forma, devlvanse los autos al tribunal colegiado de origen para los efectos conducentes y háganse las anotaciones en el libro electrónico que al efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

Así lo resolv este tribunal colegiado auxiliar, por unanimidad de votos de los magistrados, presidente Rodrigo Mauricio Zerón de Quevedo, Darío Carlos Contreras Favila y Carlos Alfredo Soto Morales, siendo ponente el tercero de los nombrados.

Con fundamento en el artículo 188, primer párrafo, de la Ley de Amparo, firman los magistrados, ante la secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

 

Magistrado presidente Rodrigo Mauricio Zerón De Quevedo

Magistrado Darío Carlos Contreras Favila

Magistrado Carlos Alfredo Soto Morales

Secretaria de Acuerdos María de Lourdes Villegas Priego

 

 

Notas

 

* Magistrado del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región.

1 anse los siguientes estudios: Roberto Lara Chagoyan, El discurso narrativo de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 24, en http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/24/r24_4.pdf. Consultada el 19 de mayo de 2016.

2 Al efecto se pueden consultar los ensayos publicados por los ministros José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo, ambos titulados Simplificación de la estructura de las sentencias de amparo”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 21, en http://www.ijf.cjf.gob.mx/Rev21.aspx; el artículo del magistrado de circuito Juan José Olvera López, Obesidad en la justicia”, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3228/26.pdf; el trabajo del magistrado de circuito José Juan Trejo Orda, La sentencia lógica jurídica, publicada también por el IIJ-UNAM, en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3066/21.pdf (todas las páginas citadas se consultaron el 19 de mayo de 2016).

3 Destacan, por su importancia, el Manual de redacción jurisdiccional para la primera sala de la Suprema Corte de Justicia (2012), en http://www.teever.gob.mx/files/manual_de_redaccion_jurisdiccional.pdf.

4 En este apartado se puede consultar el reporte del grupo de trabajo Justicia y lenguaje claro: por el derecho a comprender la justicia de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana (2015), en http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=1521992&folderId=1396636&name=DLFE-7016.pdf, así como el Manual judicial de lenguaje claro y accesible a los ciudadanos, editado por el Poder Judicial del Perú, en https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7b17ec0047a0dbf6ba8abfd87f5ca43e/MANUAL+JUDICIAL+DE+LENGUAJE+CLARO+Y+ACCESIBLE.pdf?MOD=AJPERES (ambas páginas consultadas el 19 de mayo de 2016).

5 Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 172/2009, registro 166033, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, noviembre de 2009, p. 422, del siguiente rubro y texto: agravios en amparo en revisión. cuando se impugna la omisión de valorar alguna prueba, basta con mencionar cuál fue ésta para que el tribunal estudie la alegación relativa, siendo innecesario exponer su alcance probatorio y cómo trascendió al resultado del fallo. Conforme a los artículos 150 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto de aquélla, la admisión de pruebas en amparo indirecto está sujeta a que no se trate de la confesional por posiciones, a que no contraríen la moral ni el derecho y a que sean pertinentes. Así, una vez admitidas las probanzas de las partes, se presumen relacionadas con la litis constitucional y el juez de distrito (o el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o la autoridad que conozca del amparo) debe valorarlas en la sentencia, sen deriva de los numerales 77, fracción I, y 79, ambos de la ley de la materia, y cuando omite hacerlo comete una violación que vincula al afectado a impugnarla en los agravios que formule en el recurso de revisión, en términos del artículo 88, primer rrafo, de la misma ley, ya que de lo contrario, atento al principio de estricto derecho previsto en el diverso 91, fracción I, de la propia legislación, salvo los casos en que opera la suplencia de la queja deficiente, el tribunal revisor no estará en aptitud de examinar la omisión cometida y subsanarla en su caso. Ahora bien, acorde con la jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 69/2000, de rubro: agravios en recursos interpuestos dentro del juicio de amparo. para que se estudien basta con expresar en el escrito relativo, respecto de las consideraciones que se controvierten de la resolución impugnada, la causa de pedir, así como con el principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el juzgador aplica el derecho, se concluye que el recurrente tiene la carga procesal mínima de impugnar la omisión referida, mencionando en los agravios expresados en la revisión cuál fue la prueba omitida, pues ello es suficiente para demostrar racionalmente la infracción alegada; luego, exigir al recurrente que además precise cl es el alcance probatorio del medio de convicción eludido y de qué modo trascendal resultado del fallo, como presupuesto para que el revisor analice el agravio relativo, so pena de considerarlo inoperante, constituye una carga procesal excesiva y conlleva materialmente denegación de justicia, al erigirse en un obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción, en desacato al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

 

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