¿De veras queremos un fiscal general independiente?

¿De veras queremos un fiscal general independiente?

Pocas simulaciones han resultado tan lastimosas para México como las que se han llevado a cabo en algunas entidades federativas, donde se declara que ya no habrá procurador de justicia sino un fiscal independiente. Se le cambia el nombre al cargo y todo sigue igual: el gobernador nombra y remueve cuando le viene en gana.

Cuando, alguna vez, el fiscal de Chiapas advirtió al recién elegido gobernador que no podría removerlo del cargo puesto que había sido elegido por un periodo transexenal, el gobernador no sólo lo removió sino que lo mandó a prisión. En los casos en que el fiscal “independiente” ha permanecido en su cargo es porque es amigo del nuevo gobernador —como lo era del saliente— y no porque la estructura política le permita permanecer ahí.

La referencia viene a colación a raíz del escándalo que han hecho algunas ONG’s para exigir que se nombre a un titular impoluto, preparado y apartidista en la nueva Fiscalía General de la República y que, por ningún motivo, vaya a designarse a alguien cercano al presidente de la República. La exigencia es entendible —muchas de estas ONG’s reciben fondos del extranjero para decir lo que dicen— pero en un sistema presidencial como el nuestro su demanda resulta ingenua.

Por la historia, la política y la economía, por el modo en que está distribuido el poder en México, no es viable pensar en una fiscalía independiente, como no lo es pensar que un dedo pulgar actúe independientemente de una mano. Si el fiscal no depende del presidente, ¿de quién va a depender entonces? ¿De las ONG’s que lo apoyaron para llegar? ¿Del parlamento? El presidente de la República llega a su cargo por el voto popular. Tiene un bono democrático. El fiscal, no. Si éste responde a una facción y, eventualmente, se enfrenta al presidente, que tiene bajo su mando a la policía y al ejército, ¿cómo va a imponer su voluntad?

En América Latina los fiscales independientes, dentro los regímenes presidenciales, sólo han provocado desorden y han sido instrumentos para que unos grupos ajusten cuentas con otros. No más. En Estados Unidos, por otra parte, cada vez que algún grupo exige investigar a un presidente, no se recurre al fiscal que éste designó sino a uno especial. William Clinton lo tuvo en el caso de Mónica Lewinsky y Donald Trump lo tiene por el caso ruso.

Eso sí podría funcionar en México. No el pretendido fiscal independiente. Ya estamos saturados de los pretendidos “órganos constitucionales autónomos”. Aun así, no es lo mismo formular una recomendación, como lo hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ejercer el ius puniendi, esencia misma del Estado. Un poder judicial independiente funciona porque es reactivo: sólo atiende lo que le envía el Ejecutivo. ¿Vamos a tener un fiscal activo, como un cuarto poder? Al rato se exigirá una policía y un ejército independientes…

Ricardo Anaya, presidente del PAN, ha declarado que ni él ni su partido permitirán el pase automático de procurador a fiscal. Pero ¿qué no el PRI y el PAN aprobaron el artículo transitorio que determina que el procurador en el cargo se volvería fiscal en cuanto se creara la fiscalía? El que sugirió que esto no se hiciera así —qué paradoja— fue el actual procurador general de la República, quien se dijo dispuesto a concursar por el cargo y —hay que decirlo— ha hecho un papel excelente hasta ahora. Hacía tiempo que no teníamos un procurador tan eficaz.

“Sí —dicen algunos—, pero si se le elige fiscal general, no se atreverá a ir contra el presidente o contra alguno de los que hoy son sus colegas en el gabinete. ¿Cómo vamos, entonces, a garantizar que tantos corruptos sean castigados?” La pregunta es oportuna y la respuesta no es tan complicada: si se quiere ir contra el presidente o contra su gabinete, hay varios caminos.

El más cómodo es ejercer presión sobre el presidente en turno. Otro, que este presidente, en su afán de legitimarse y sin ninguna presión, decida enviar a prisión a algunos de los políticos corruptos de su propio partido. Incluso, entablándoles juicio político en caso de que éstos ya sean senadores.

La última —y la más complicada— es que se vote por un presidente que esté dispuesto a enviar a prisión a cuantos hayan saqueado al país. A un político con sed de revancha. En este último caso, Ricardo Anaya deberá tener cuidado con lo que pide, porque más de uno de sus correligionarios podría sucumbir ante los afanes justicieros de este hipotético mandatario.

 

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Revista El Mundo del Abogado