El procurador agarra al toro por los cuernos

El procurador agarra al toro por los cuernos

El pasado 15 de febrero, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, hizo un diagnóstico institucional ante los miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a quienes presentó, también, su plan de trabajo frente a la institución.
Su inquietud principal fue el desorden y la confusión que priman en el sistema de procuración de justicia en el país. De los sistemas, si debemos ser precisos, pues a la fecha contamos con 32 modos distintos de investigar y consignar los delitos.
Promulgado el Código Nacional de Procedimientos Penales y las tres leyes que unificaron el proceso penal, los medios alternativos a las penas, la ejecución de éstas y la justicia para adolescentes, el caos sigue absorbiendo recursos financieros, promoviendo la duplicidad y garantizando la impunidad.
“Hoy estamos en la etapa de consolidación”, arguyó el procurador, “y la etapa de consolidación implica que dónde vivas o dónde naciste no haga diferencia al procurar justicia”. El derecho de acceso a la justicia es un derecho humano. No se puede ejercer de un modo distinto en Yucatán y en Sonora.
Destacó asimismo que la visión del sistema penal no debe ser —no puede ser— pensar que todo se resuelve poniendo a las personas tras las rejas. Las experiencias internacionales exitosas revelan que la conciliación y la mediación dan mejores resultados a largo plazo. En los países donde han funcionado, se reducen los índices de resentimiento y se habla de una cultura de la paz.
“Tenemos que insistir y generar una cultura de entender que las nuevas herramientas en materia penal no son para encarcelar, sino para solucionar un conflicto”, dijo Cervantes: “Que retorne la paz que había antes del conflicto, para lo cual se crearon instrumentos constitucionales y legales. Privilegiemos los medios alternativos, los criterios de oportunidad y los juicios abreviados... Aquí hay una ventana de oportunidad importante”.
Lo que hizo, en suma, fue convocar al cambio cultural. Esto, desde luego, es más difícil que reformar la Constitución o promulgar un par de leyes. Pero el procurador sabe de lo que habla. A diferencia de muchos de sus predecesores, burócratas honestos cuya mayor virtud era su destreza para verificar que los expedientes estuvieran integrados correctamente, Raúl Cervantes es un político de cepa —fue diputado y senador— con una sólida formación académica. Por añadidura, posee amplia experiencia como negociador y litigante.
En su comparecencia ante sus antiguos colegas anunció que se ha invitado a la UNAM, al CIDE y al INACIPE, así como a otras 14 universidades, a organizar mesas de discusión con un propósito concreto: homologar los desordenados mecanismos de procuración de justicia. Que se establezcan estándares idénticos en cada estado a la hora de investigar y consignar. Debe quedar claro, de una vez por todas, cuándo se debe ir a juicio y cuándo se debe evitar. Cuándo vale la pena echar a andar la maquinaria punitiva y cuándo no.
“Debemos generar política pública de criterios de oportunidad”, dijo, y concluyó: “¿Qué significa esto? Que el proceso no sea un elemento de generación de impunidad sino todo lo contrario: una oportunidad de generar cohesión social a través de la procuración de justicia porque, insisto, no todo merece ir a juicio. Hay que generar una cultura de resolución y reparación del daño, a la víctima, que es el mandato constitucional”.
La visión del procurador se enfrentará, no lo dudemos, a la resistencia cultural —“me golpeó: debe ser encarcelado”— y a la actividad incansable de algunos litigantes, que viven de los pleitos: de generarlos y de ampliarlos. Pero la apuesta de Cervantes vale la pena. Apoyémoslo.

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Revista El Mundo del Abogado