Lecciones del sismo

Lecciones del sismo

Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México se vieron particularmente afectadas por el sismo del 19 de septiembre, una fecha que parece haberse vuelto trágica. La manera en que gobierno y sociedad unieron esfuerzos, sin embargo, resultó plausible. A diferencia de lo que ocurrió en 1985, no hubo autoridades pasmadas…

No sólo el gobierno y la sociedad han estado trabajando, hombro con hombro, para asistir a las víctimas del terremoto y reconstruir lo que se vino abajo, sino que bancos, empresas, ONG’s y hasta partidos políticos han unido sus fuerzas. Nuestras Fuerzas Armadas —Ejército y Marina— no pudieron haber desempeñado un mejor papel. Los colegios de abogados, por su parte, mostraron su temple y lo mismo el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados que la Barra Mexicana y la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE) ofrecieron servicios y apoyos a los afectados. No sólo asesoría jurídica gratuita sino que abrieron cuentas para canalizar la ayuda.

Imposible librarnos del oportunismo de quienes se empeñaron en sacar raja de la tragedia. Imposible, también, eludir los abusos, los asaltos que se dieron en los embotellamientos del día 19 y los excesos mediáticos, como el de la niña que, dizque atrapada entre escombros, solicitaba auxilio… y que luego resultó no existir. Pero, en general, México ha estado a la altura del desafío.

La catástrofe, pese a lo anterior, debe hacer reflexionar a la comunidad jurídica mexicana acerca de dos temas. El primero, la deficiente legislación regulatoria en materia de uso de suelo y construcciones con la que aún contamos. No es tan deficiente como la que estaba vigente hace 32 años pero —admitámoslo— aún deja mucho que desear.

Ante la voracidad de empresarios y constructores que se afanan por obtener las mayores ganancias a los menores costos posibles, es fácil concluir que al menos la mitad de los inmuebles colapsados o con daños graves no se habrían venido abajo ni habrían quedado tan dañados si nuestra regulación fuera la adecuada. Si se hubiera respetado, al menos, la supervisión de obra.

Los estándares internacionales no se acatan en nuestro país, a veces por la codicia de los constructores y a veces por la rampante corrupción de quienes otorgan permisos sin ton ni son. Esto, en ocasiones, es fácil de advertir, cuando atestiguamos alturas no permitidas o condominios verticales donde sólo debiera haber casas. Pero, a veces, esto no se puede comprobar. Sobre todo, en materia de estructuras y cimentación.

Se siguen amontonando pisos sobre pisos, y en algunas zonas residenciales como las colonias Roma y Condesa de la Ciudad de México, donde ya no cabe un restaurante, un hotel o un edificio de viviendas, se sigue construyendo… Inmuebles como el del Tecnológico de Monterrey o el de la escuela Enrique Rébsamen son ejemplos de esta falta de supervisión… por decir lo menos.

Otra reflexión que tenemos que hacer los abogados es cómo debemos incorporar a la ley los problemas técnicos que se derivan de una catástrofe. No sólo los penales —¿quién es responsable por un homicidio culposo?—, sino los civiles: ¿qué pasa con las personas que perdieron su departamento en el piso 3 o 7? ¿Se puede restituir su propiedad? ¿De qué se es dueño? ¿La alternativa es contar con un seguro contra pérdidas? Suponiendo que una persona haya tenido su propiedad regularizada y estuviera al corriente de sus impuestos, ¿se extinguió el régimen de condominio con la destrucción del inmueble? ¿Es ahora copropietaria de un terreno baldío? Si uno quiere vender su parte para hacer frente a su pérdida, ¿los demás tienen que enajenar también? No es tan fácil hacerlo en estas circunstancias. Los desastres van a seguir sucediéndose y nuestros códigos civiles no prevén nada al respecto…

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Revista El Mundo del Abogado