¿Legalizamos la marihuana?

¿Legalizamos la marihuana?

 

Al proponer la legalización de la marihuana en Quintana Roo, Baja California y otros centros turísticos para, así, reducir la violencia en México, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, se quedó corto. Ante el corredor geográfico donde el cultivo y consumo de marihuana están permitidos —Alaska, Canadá, Washington, Oregon y California—, uno no tiene más remedio que preguntarse por qué hay tanta oposición para que se legalice el consumo de esta planta no sólo en los puntos que señaló De la Madrid sino en todo el país.

“El uso de la hierba es ilegal porque provoca daños a la salud”, declaró contundente el secretario de Gobernación. Pero ¿alguien habrá informado a este servidor público que estragos a la salud también los provocan pan dulce, refrescos, helados, dulces, chocolates, tabaco y, sobre todo, el alcohol? ¿Debemos poner tras las rejas a panaderos y a personas obesas?

En el caso del alcohol, los daños que éste provoca son mucho mayores. ¿Por qué, entonces, ni Gobernación, ni Salud han emprendido una intensa campaña para que se prohíba la producción, distribución y consumo del alcohol? Casi en 40 por ciento de los accidentes de tránsito está involucrado el alcohol, lo mismo que en buena parte de los delitos violentos. Muertes, lesiones y daños materiales se reducirían si se prohibiera el alcohol.

Nadie habla de la prohibición, desde luego, sino de la falta de congruencia del discurso oficial. De hecho, cuando el bien intencionado presidente Woodrow Wilson prohibió el consumo de alcohol en Estados Unidos, a través de la enmienda XVIII constitucional, lo único que logró fue provocar una ola de violencia descomunal. Una década después el presidente Franklin Delano Roosevelt lo autorizó y, mediante la enmienda XXI, anuló la XVIII. La violencia se redujo casi como por arte de magia.

Si realmente interesara tanto a nuestras autoridades la salud de nuestros niños y jóvenes habría que prohibir, desde hoy, alcohol, pan dulce, refrescos, caramelos, chocolates y tabaco. Ante la indiferencia gubernamental de estos productos que generan diabetes, hipertensión, obesidad y cáncer pulmonar, no es sostenible el argumento del secretario de Gobernación.

Una gran cantidad de soldados, marinos, policías, agentes del Ministerio Público, jueces, secretarios de juzgado, magistrados y custodios se dedican a detener, perseguir en los tribunales y poner tras las rejas a quienes sorprenden con más de cinco gramos de marihuana. Su eficiencia no se ha hecho esperar: de cada 10 mujeres que hoy día están en prisión, al menos cuatro llegaron ahí por ser sorprendidas con más marihuana de la que permite la Ley General de Salud. ¿Es razonable?

Los encargados de la seguridad pública y de la seguridad nacional en lugar de dedicarse a combatir homicidios, violación y secuestros están absortos en mantener la clandestinidad de un mercado que rinde enormes beneficios a un puñado de “empresarios” y políticos, pero que cuesta muy caro al resto del país, mientras cientos de mujeres son separadas de sus hijos por haber sido descubiertas con la planta. No hay que decir siquiera lo que esto supone en términos de educación, salud y seguridad.

Es tan obvio el afán de mantener este monopolio ilegal que cuando el tema se llevó a la Suprema Corte los ministros se opusieron a autorizar el consumo de la marihuana (aunque se otorgaron siete amparos que tomaron por sorpresa al bando oficialista) y el argumento constitucional del más conservador de los ministros dejó pasmada a la comunidad jurídica: “No pueden ser constitucionales la siembra y el consumo de marihuana, puesto que la ley prohíbe comprar semillas. ¿Cómo se va a autorizar la siembra de una semilla que está prohibido adquirir?” Para evitar amparos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ya no responde las solicitudes, violando el artículo 8° de la Constitución.

Hasta el propio presidente de México ha sufrido reveses en este esfuerzo: al enviar al Congreso una iniciativa con el fin de autorizar el empleo de la cannabis para uso medicinal y una cantidad significativamente mayor para usos lúdicos, se topó con la pared. El Congreso aprobó el uso medicinal —lo cual sólo repercutirá en que bajen los precios de ciertas medicinas— pero se negó de lleno a autorizar el uso lúdico. La pregunta se repite: ¿a quién se está protegiendo?

Lo único que se conseguirá con la obcecación será que Estados Unidos aumente su turismo a costa del de México y que el país pierda más competitividad de la que ha perdido. Con lo que se obtuviera de la venta y los impuestos de la marihuana podrían financiarse, con holgura, programas de educación, integración familiar y salud pública. Ojalá que la sociedad condicione sus votos a las propuestas que, próximamente, hagan los partidos sobre el tema.

 

Ángel Junquera Sepúlveda
Director

 

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