Necesitamos una ley de seguridad interior

Necesitamos una ley de seguridad interior

Expresaron la urgencia que había de expedir un ordenamiento en materia de seguridad interior y ofrecieron dedicar un periodo extraordinario, en enero pasado, para dotar de un marco jurídico que permitiera establecer certeza respecto de las actividades que pueden desarrollar las fuerzas armadas en apoyo a las autoridades civiles. Pese a este compromiso, los legisladores federales no han cumplido su palabra.

Lejos de esto, han ido inventando un obstáculo tras otro para regatear el trabajo de ambas cámaras, preocupados por privilegiar los intereses de algunos organismos de la sociedad civil que exigen que las fuerzas armadas se replieguen.

Los diputados parecen haber olvidado que son representantes del pueblo, el cual se ve afectado por muchas circunstancias: desde la acción de un meteoro, hasta las cada vez más diversificadas arremetidas de la delincuencia organizada.

Cabría preguntar a esos representantes populares de distritos electorales de Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y otros, ¿por qué dejaron de ejercer su función de representación popular y entraron en un juego inexplicable, escatimando una discusión informada? ¿Por miedo al escándalo mediático? ¿Por no lastimar a las organizaciones que dicen defender los derechos humanos?

Los senadores de los estados mencionados han perdido de vista que representan los intereses de su entidad federativa; no de las OSC, ni de grupos políticos. En principio, su responsabilidad es con su entidad y la población que la habita. ¿De verdad los senadores no se percatan de lo que está sucediendo en sus estados?

No se trata de aprobar una ley por aprobarla, pero sí de discutirla. De discutir, sin tapujos, hasta dónde y hasta cuándo podremos militarizar la seguridad pública: ¿qué mecanismos se van a crear para respetar los derechos humanos? ¿Se va a reglamentar con puntualidad el uso de la fuerza? ¿Qué conviene y qué no en este momento de la historia?

Rehusarse a la discusión sobre una ley de seguridad interior implica negar a la población más desprotegida la seguridad jurídica. Es cierto que permitir la participación de las fuerzas armadas en una ley estaría normalizando una práctica de excepción, pero ¿tenemos alternativa?

 “El ejército no debe hacer lo que hace la policía”, vociferan los idealistas, oenegeros y místicos de los derechos humanos. Al hacerlo salvaguardan, sin proponérselo, quién sabe qué intereses. Si la policía no está capacitada para hacer ese trabajo, ¿quién debe hacerlo? ¿Los maestros? ¿Los médicos? ¿Los propios activistas? Hay que admitir que aún no contamos con una policía capacitada al efecto. Es urgente replantear el tipo de capacitación que se está dando a nuestros cuerpos policiacos. La gendarmería, que tantas ilusiones despertó, parece haber fracasado. No realiza las funciones, conforme se establecieron en su origen. En algunas ciudades, los miembros de la gendarmería se dedican a dirigir el tráfico, y en otras —sobre todo aquellas que tienen malecón—, a echar novio con las estudiantes del lugar.

Si admitimos que debemos recurrir a las fuerzas armadas, así sea una temporada, entonces hace falta una ley de seguridad interior que garantice el actuar de soldados y marinos.

Desde que empezó a hablarse de la ley de seguridad interior, ha existido un importante acopio y uso de recursos económicos y personales para frenar su tránsito legislativo, con argumentos contradictorios en sí mismos. Por una parte, se afirma que la presencia de las fuerzas armadas en actividades de apoyo a la seguridad pública ha generado mayor violencia, inseguridad, deterioro de las instituciones e incremento de homicidios y de actividades ilegales. Por otra, se acepta que no es factible el retiro inmediato de las fuerzas armadas de esos lugares. ¿Debemos conducirnos por la ética de la convicción y dejar que el país se desmorone para ser coherentes o —por el contrario— debemos actuar bajo la ética de la responsabilidad y adoptar las decisiones que exige el momento?

Hemos olvidado el pragmatismo y hemos dejado triunfar intereses que han impedido la aprobación de este ordenamiento jurídico. Quienes se encuentran en la indefensión continuarán pagando el precio que los legisladores están imponiendo a la sociedad. El Congreso está en deuda, no con las fuerzas armadas, no con las instituciones de seguridad pública, sino con el pueblo de México.

Ángel M. Junquera Sepúlveda

Director

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