¿Cuál es su visión de nuestra Carta Magna?

¿Cuál es su visión de nuestra Carta Magna?

Desde sus propias trincheras, destacados abogados reflexionan acerca de nuestra Constitución y de los cambios que debería tener para estar a la altura de las necesidades del México del siglo XXI. 

 

Vicente Fernández Fernández

Una Constitución, además de ser la norma fundamental en la que se sustenta todo el orden jurídico, es un documento político que recoge la idea de nación.

Nuestro texto constitucional se ha ido adecuando a los cambios sociales, económicos y políticos; sin embargo, al ver hacia adelante nos damos cuenta de lo mucho que aún nos hace falta. Y aquí surge la pregunta que tanto se ha lanzado al aire en estos tiempos: ¿es momento de redactar una nueva Constitución? En el fondo podríamos decir que no es necesaria esa nueva Constitución, dado que han sido tantas las reformas y las adiciones que se le han hecho a la actual, que no podemos afirmar que no esté acorde con las condiciones que se viven en México y en el mundo entero (desde luego que siempre habrá cosas por mejorar). Es en la forma, en la estructura, donde sí se vuelve imperativo plantear la posibilidad de elaborar una nueva Constitución, con la finalidad de descargarla de temas y regulaciones que no deberían estar en su seno, sino en leyes secundarias e, incluso, en reglamentos. El vicio de poner todo en la Constitución para cumplir reclamos y caprichos, ha derivado en una Carta Magna excesiva en su texto e incomprensible en su estructura.

 

Segundo García Hinojosa

Una Constitución es una ley fundamental y básica, de un Estado libre, demócrata y soberano. Puede ser escrita o no. Este documento fija los límites y regula las relaciones en la división de poderes, cuya doctrina idearon Montesquieu y Locke e impera en casi todo el mundo.

En lo personal, considero que tenemos una buena Constitución que mejoró con la incorporación de los derechos humanos, pero que tiene varias asignaturas pendientes; sin embargo el tema no es buscar una nueva Constitución; cualquiera de sus deficiencias puede superarse con una adecuada reforma. El hecho de que no contemos con la Constitución idónea no debe llevarnos al engaño de preferir una breve, como la estadounidense, o una no escrita, como la de Inglaterra. Son culturas diferentes. Un país que no practica el respeto a la ley como un valor que privilegie, si no tuviera Constitución escrita sería un caos, un ferrocarril a punto de la tragedia. Coincido con Cicerón en que summum ius, summa iniuria, pero en un país como el nuestro es preferible summum ius.

¿Qué artículo reformaría? El 133. Debido a una desafortunada traducción del inglés (pues es copia de uno de sus preceptos), el legislador tradujo law como “ley”, cuando lo correcto era “derecho”. Esta corrección sería suficiente para aclarar la absurda polémica respecto de la supremacía de los tratados internacionales.

 

Manlio Fabio Casarín León

Tenemos una Constitución que ha perdido su coherencia, su consistencia, su sistematicidad y la claridad de un proyecto de nación, además de que representa un elemento cada vez más ajeno a los intereses y los deseos de los ciudadanos, en virtud de que ha sido cooptada por las fuerzas políticas representadas en los órganos gubernamentales de decisión.

Una de las principales respuestas para resolver paulatinamente la gran cantidad de problemas nacionales constituye el cambio constitucional a través de una reforma integral a la Constitución federal, pero inscrita en clave democrática, no solamente para plantear un profundo rediseño institucional del Estado mexicano —soportado desde luego en los principios del Estado de Derecho y la forma republicana y federal de gobierno— con el objetivo de que pueda cumplir adecuadamente los fines, principios y valores contenidos en sus preceptos, sino ante todo para que la sociedad actual se atribuya la paternidad de este importante ejercicio de renovación constitucional, de tal suerte que, por un lado, se generen esquemas de corresponsabilidad con los órganos de gobierno para cumplir y hacer cumplir el texto fundamental, y que, por el otro, se establezcan las bases para que dicho texto pueda gozar de estabilidad en el tiempo con la posibilidad de su adaptación a circunstancias cambiantes, mediante procedimientos de iniciativa y participación popular claros y efectivos, insertos dentro de su contenido.

 

Luis de la Barreda

La Constitución es la ley de leyes, la ley de mayor jerarquía de un país, y todo el orden jurídico debe estar acorde con sus preceptos. Establece sobre todo la forma de gobierno, los derechos de los gobernados y la garantía de estos derechos. Sus reformas deben ser escasas y espaciadas, y responder a una auténtica necesidad, dado que consagra principios generales.

Nuestra Constitución es adecuada para el siglo XXI aunque no puede negarse que contiene numerosos artículos que deberían ser parte de la legislación secundaria.

El cambio que considero indispensable en la Constitución es el de la figura del arraigo, una anomalía en un régimen democrático que permite que una persona contra la que no hay pruebas para someterla a proceso pueda estar privada de su libertad hasta 80 días.

 

Juan Velásquez

Si pudiera hacerle una reforma a la Constitución, sería… ¡la de que ya no se reformara! Más de 650 reformas desde su promulgación... ¡qué locura!

 

Jaime Inchaurrandieta Sánchez-Medal

La Constitución es el “corazón” del Estado de Derecho; sin un verdadero funcionamiento de aquél no se puede sostener éste.

Sin embargo, nuestra Constitución ha estado muy manoseada, es una combinación de lo moderno y lo anacrónico.

La Constitución debe dejar claro que el primer derecho fundamental y condicional para la existencia de todos los demás derechos es el derecho a la vida, pues, por increíble que suene, hay quienes sostienen que este derecho no está contemplado en el texto constitucional.

 

José Dávalos Morales

Una Constitución es la expresión verbal, escrita o tácita de un pueblo que quiere vivir en comunidad solidaria y con propósitos comunes.

Jorge Carpizo, en su obra La Constitución mexicana de 1917, dice: “La Constitución de un país es un eterno duelo entre ser y deber ser, entre realidad y norma. La Constitución de un país es una perpetua adecuación entre un folleto y la vida”.

En la Constitución de México encontramos una serie de preceptos que no se cumplen, pero que jamás se han cumplido; éstos son ideales dentro de la Carta Magna, pero que poco a poco se van realizando en un afán de adecuar la realidad a la norma.

Salvo pequeñas modificaciones, la Constitución mexicana es adecuada para el siglo XXI. Lo que sucede con nuestra Carta Magna es que en buena medida no se aplica, habiendo posibilidades de hacerlo; no se cumple por indolencia o por perversidad, porque se trata de sacar provecho de su no aplicación.

En materia de trabajo, el poder de las empresas impide avanzar hacia la consecución de un salario mínimo efectivo. El mismo poder del capital impide la aplicación de la justicia del trabajo a través de las juntas de conciliación y arbitraje a las que se ha llevado a una situación fallida. El poder empresarial mantiene la debilidad sindical imperante para evitar verdaderos contratos colectivos y el ejercicio de la huelga.

Una reforma que evitaría la asfixia del artículo 123 constitucional es la derogación del apartado B, con el que se han creado dos clases de trabajadores: los que sirven a las empresas particulares regidos por el apartado A, con derechos mínimos dignos, y los trabajadores segregados que sirven al Estado, con un remedo de libertad sindical, sin negociación colectiva y sin huelga.

 

José María Aramburu Alonso

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestra Ley Suprema que regula la organización, el funcionamiento y la estructura política del Estado mexicano y reconoce los derechos humanos de sus habitantes. La palabra constitución se forma de dos raíces latinas: cum, que significa “conjunto”, unión, y sto-statum, que significa “lo que está de pie, lo que permanece sólido o lo que simplemente se establece”.

Sin embargo, esta Ley Suprema atendió los problemas económicos, políticos y sociales de un porcentaje muy importante de nuestra población de principios del siglo XX. Nuestro Constituyente, al hacer un cuerpo normativo tan extenso y detallado (136 artículos), trató de resolver problemas, contextos económicos y circunstancias sociales específicas de hace más de 100 años, los cuales son totalmente distintos a los de nuestra época, razón por la cual se propicia que cada cambio de administración el titular del Poder Ejecutivo quiera dejar su huella y su política institucional marcada en dicha Norma Suprema; cuando en realidad la Constitución debe ser un documento no muy extenso que debe reconocer los derechos del mexicano y establecer nuestra forma de gobierno.

Por todo lo anterior, valdría la pena considerar la opción de hacer un documento más general y vanguardista, que plasme las necesidades y el contexto económico, social y político que está viviendo el Estado mexicano hoy en día y que sea vigente las próximas décadas, el cual no sea objeto de cientos de reformas como lo estamos viviendo hoy en día.

 

Hugo Italo Morales Saldaña

De acuerdo con la teoría jurídica constitucional, la Carta Magna o Constitución Política de un Estado, se considera el fundamento de validez del orden jurídico estatal.

En otro orden de ideas, dicho documento incluye las normas de mayor jerarquía bajo las cuales se desarrollan legislaciones derivadas (federales, locales, municipales, etcétera), siguiendo las ideas de la pirámide jurídica de Hans Kensel, en cuyo pináculo se encuentra dicho instrumento.

Por su naturaleza colectiva, toda regla de conducta evoluciona de acuerdo con el medio que la rige; luego entonces, las reglas jurídicas siguen este principio y deben actualizarse de manera permanente.

Durante su siglo de existencia, la Constitución de 1917 ha sufrido múltiples reformas por conducto del Poder Constituyente Permanente integrado por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales.

Es indiscutible la necesidad de su revisión total, evitando simples modificaciones parciales; luego entonces se requiere un nuevo documento que analice la situación real de nuestro país, adaptando la Carta Fundamental a las nuevas circunstancias.

 

José Juan Méndez

La Carta Magna debe ser la Ley Fundamental de cada país. Pero no sólo tiene que ser la base reglamentaria con carácter superior a las demás leyes que organizan la vida política, económica y social, sino que también debe establecer con claridad los sentimientos que dan vida e identidad a una nación y definen sus objetivos.

Nuestra Constitución se ha venido transformado, y la actual surge del pacto político de las fuerzas que participaron en la Revolución, incorporando las demandas sociales de esa época, pero también, al funcionar como piedra angular reglamentaria de todo nuestro sistema legal, ha estado sujeta a interminables reformas para establecer una congruencia legal en todo nuestro sistema normativo. En consecuencia, la nuestra nunca ha podido ser una Constitución de principios.

Es necesario precisar que nuestra Constitución actual, si bien cumple 100 años, no ha sido una Constitución estática que se quedó con el texto original de sus 136 artículos. Las reformas de 2011, por ejemplo, evidencian el progreso en materia de derechos humanos que transformó todo nuestro sistema legal. Por su parte, el paquete de reformas estructurales de 2014 refleja la voluntad de dotar a nuestro sistema legal de los elementos que permitan al país asumir los retos actuales.

No obstante, considero que debe existir una reforma que permita tener una Constitución de principios. Es decir, sin lastimar nuestro sistema normativo, debemos aspirar a una Constitución que defina los objetivos que tenemos que perseguir como nación y que éstos sean inamovibles, que se conozcan de manera clara y que constituyan la parte toral de los derechos y las obligaciones de los gobernados, así como de los límites y las responsabilidades de los gobernantes. Y, sobre todo, que exista el pacto social de respetarlos y hacerlos respetar.

 

Luis Rodríguez Manzanera

La Constitución no debe ser una exposición de buenos deseos y de proyectos, planes y programas imposibles de realizar. Y no es la solución a problemas inmediatos, ni puede estar construida con base en ocurrencias ni en momentáneos “acuerdos” políticos; no debe ser fácilmente reformable; no tiene que ser muy extensa ni estar redactada en un lenguaje confuso; tampoco puede ser un código penal (y menos con normas que recuerdan el llamado Derecho penal del enemigo), ni procesal penal, ni electoral, ni... etcétera.

Lo ideal sería elaborar una Constitución adecuada para el siglo XXI, pero teniendo en cuenta los resultados de las leyes “nacionales” o “generales” más recientes (víctimas, ejecución penal, justicia penal para adolescentes), su ineficacia y su contradicción respecto de las normas internacionales, creo que lo más sensato sería mejorar la ya existente.

La reforma que yo propongo consistiría en adelgazar, traducir y ordenar el texto constitucional: adelgazarlo, procurando sacar las disposiciones que en realidad deben ser objeto de legislación secundaria; traducirlo, al español, simplificando hasta donde sea posible su redacción, y ordenarlo, como ya lo han propuesto diversos juristas, para darle mayor coherencia.

 

Ricardo Sodi Cuéllar

Las constituciones como normas fundamentales deben facilitar la función gubernativa y tutelar los derechos fundamentales de los gobernados. Adecuarse a las cambiantes circunstancias de las sociedades que regulan es una necesidad para mantener su vigencia y su regularidad aplicativa.

En torno a nuestra Constitución, observo varios fenómenos. La simulación o el “gatopardismo” constitucional implica que varias instituciones y figuras de participación ciudadana están plasmadas en el texto constitucional, pero los requisitos para hacerlas operativas las vuelven prácticamente nugatorias. En efecto, la iniciativa popular (artículos 35, fracción VII, y 71, fracción IV) y la consulta popular (artículo 35, fracción VIII) son un ejemplo de lo anterior.

En este sentido, también las reformas al artículo 122 relacionadas con la creación de la Ciudad de México. Antes de las reformas el Distrito Federal ya era una entidad federativa, asiento de los poderes federales, y contaba con autoridades que ejercían funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Después de la reforma sigue siendo igual, solamente que cambian los nombres. Todo cambia pero para quedar igual.

Un fenómeno diferente es el de la hiperregulación constitucional. La necesidad de materializar pactos políticos en reformas constitucionales eleva a rango constitucional lo que técnicamente debería corresponder a leyes secundarias y reglamentarias de la Constitución.

Finalmente, se incorporan figuras contrarias a las convenciones internacionales suscritas por México, como el arraigo penal; el derecho de audiencia previo a la expulsión de extranjeros está bloqueado por artículos transitorios constitucionales, y hay diversos artículos inoperantes y obsoletos cuya presencia en el texto fundamental ya no se justifica, como los artículos 117, 118 y 120.

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Revista El Mundo del Abogado