¿Qué debemos hacer para combatir la corrupción?

¿Qué debemos hacer para combatir la corrupción?

Juan Velásquez

Ninguna ley sirve para combatir la corrupción si no se aplica. El problema se llama impunidad, que en México es de 99 por ciento de los delitos que se cometen, esto es, que solamente uno de cada 100 se castiga. El mayor ejemplo que alienta la corrupción es el de la autoridad, muchas veces corrupta y otras más miedosa de aplicar la ley, pues teme que se le califique de autoritaria y represiva. Si la ley se hiciera cumplir, aun coercitivamente, que es precisamente la característica de la ley, la corrupción disminuiría. Que la ley se respete es lo que se necesita por principio. 

 

Vicente Fernández Fernández

La legislación ya prevé sancionar las conductas llevadas a cabo por los servidores públicos y los particulares; sin embargo, una deficiencia que el modelo aún conserva es la relativa a la legitimación que pueda tener el ciudadano que realiza una denuncia. Cuando una persona realiza una denuncia ante los órganos internos de control, o contralorías, pueden darse varias posibilidades: desde que la autoridad no haga nada hasta que lleve a cabo un procedimiento administrativo que concluya con una resolución absolutoria. En esos casos el ciudadano que hizo la denuncia debería tener legitimación para controvertir esas determinaciones en una vía jurisdiccional. Dicha legitimación para impugnar las decisiones de la autoridad debe darse no sólo en los procedimientos de responsabilidad administrativa, sino también en aquellos de naturaleza penal. El fenómeno de la corrupción puede romperse cuando se le reconoce al ciudadano la legitimación para impugnar cualquier resolución que se emita en cualquier mecanismo del Derecho sancionador.

Diego Valadés

Las medidas punitivas para combatir la corrupción son funcionales siempre que se tenga en cuenta el contexto institucional en el que se aplican. En el caso de México se pasa por alto que el problema es muy profundo por el deterioro institucional que padecemos. Será poco lo que se pueda avanzar si no se corrigen problemas como la extrema concentración del poder político y la ausencia de controles por parte de los órganos de representación política. En las democracias bien diseñadas se cuenta con este tipo de controles, que sujetan a los titulares de los altos cargos a un escrutinio sistemático y continuo por parte de los congresos o parlamentos.

El presidencialismo mexicano está en crisis y sus efectos se acentúan en el ámbito de los gobiernos locales, muchos de los cuales pueden ser considerados cacicazgos. Es indispensable pensar en los remedios políticos para la corrupción; en esencia, adoptar formas parlamentarias de responsabilidad política y de control.

Segundo García

Estoy seguro de que las medidas que se deben tomar deberán dividirse en dos tipos en cuanto a inmediatez y temporalidad: a corto y a largo plazos. Las primeras, como medio de disuasión deben ser punitivas, es decir, castigar a todo aquel que cometa un ilícito (por ejemplo, podemos considerar lo que los gobernantes electos recientemente han prometido hacer con sus antecesores que hubiesen delinquido); éstas, obvio, serían a corto plazo. A largo plazo habría necesidad de llevar a cabo una reingeniería en todo el país; acabar con la poca valentía de nuestros gobernantes que cuando aparentemente han logrado una reforma que era absolutamente elemental (como la educativa, por ejemplo) no han podido implementarla y muestran una cobardía total y absoluta permitiendo que los pseudomaestros los reten y los enfrenten, ganándoles la batalla.

La exhibición de los maestros valientes que querían cumplir con su deber de enseñar, humillados y vejados ante sus propios conciudadanos, es uno de los botones de muestra más vergonzantes que jamás hayan tenido lugar en un país que pugne por la superación educativa. La educación —ya hace tiempo lo decía Confucio— es la base para el florecimiento y el progreso de un país. Tarea difícil, sin duda, pero vale la pena asumirla.

José Juan Méndez

Crear y concretar órganos certificadores anticorrupción obligatorios, conformados por personas con reconocimiento ético y ajenas a los intereses políticos, que puedan precalificar, monitorear, supervisar y calificar las actividades que requieran recursos públicos. De esta manera se condicionaría la entrega de recursos a esta certificación.

Ernesto Canales

Una reforma a nuestro sistema legal, que contribuiría de manera significativa a disminuir la tasa de impunidad en los delitos relativos a la corrupción, consistiría en autorizar a los investigadores ministeriales, estatales y federales el acceso a toda la base de datos depositados en instituciones públicas. Me refiero a información fiscal, bancaria, de transacciones financieras, patrimonial, de registros vehiculares, contratos, convenios y concesiones con entidades públicas de cualquier nivel, antecedentes policiacos o de inteligencia de seguridad, e inclusive judiciales, en su concepción más amplia, etcétera.

Desde luego este acceso estaría limitado a agentes certificados y para uso exclusivo en investigaciones oficiales tendientes a fincar responsabilidades penales de corrupción, que cumplan con todos los requisitos de legitimidad, de acuerdo con la opinión de un juez penal de control. Cualquier uso indebido de la información obtenida con base en este procedimiento merecería, en su caso, duras penas.

Sin duda, una reforma en este sentido tendría el efecto, primero, de proveer a los ministerios públicos de pruebas duras, tan necesarias en los procedimientos del sistema acusatorio y, segundo, de agilizar los procesos penales para que sean más eficientes en el combate a la corrupción. Con el régimen actual esta información está vedada o es de difícil obtención, lo que abona a una evidente protección de los delincuentes.

Miguel Carbonell

Para combatir la corrupción se requiere que las instancias encargadas de investigar a los funcionarios involucrados sean autónomas o que se permita a la ciudadanía ejercer directamente la acción penal, como sucede en otros países. Si revisamos las historias de éxito en Italia o en Colombia, por citar solamente dos ejemplos emblemáticos, veremos que las fiscalías funcionaron de manera autónoma y los jueces se encargaron de sacudir a sus corruptas clases políticas.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales está prevista la acción penal de particulares, pero sólo por delitos menores, lo cual es ridículo y mezquino. Deben estar ahí previstos los delitos de corrupción cometidos en el servicio público. Necesitamos, por lo tanto, que los casos de corrupción lleguen ante los tribunales y que mediante juicios públicos se impongan las sanciones previstas por la ley.

También necesitamos incentivar las denuncias, de modo que los “denunciantes anónimos” por ley puedan obtener beneficios económicos si el Estado les quita su patrimonio a los funcionarios corruptos.

Y además de las sanciones penales o administrativas sería bueno contar con una sociedad civil atenta a los desfalcos que se cometen cotidianamente, que además esté dispuesta a manifestar sin tregua su desprecio hacia los funcionarios corruptos. Que todo funcionario corrupto sepa que cuando termine su encargo no podrá vivir en el país porque donde se pare será insultado y menospreciado por los ciudadanos. Eso también sería una sanción social que valdría la pena considerar. Basta ya de ver a ex funcionarios multimillonarios comiendo como si nada en los mejores restaurantes del país y paseando por nuestras calles con gran cinismo. Que se vayan o que se arriesguen a ser reprendidos por la ciudadanía.

José Dávalos

La medida más adecuada para combatir la corrupción es vivir honestamente, lo cual, en primer lugar, deben hacer los servidores públicos. En una escalera la basura comienza a barrerse de arriba hacia abajo. Es sorprendente el interés de varios conciudadanos nuestros por legislar, legislar y legislar contra la corrupción. 

Sergio García Ramírez

Durante mucho tiempo se ha “cultivado” e incluso “celebrado” la corrupción. Creo que también llevará mucho tiempo erradicarla de nuestra cultura y de nuestras costumbres. Pero hay que comenzar (o reanudar) esta tarea. En primer término, actuar a través de la educación de niños y adolescentes. En segundo (o bien, otra vez, en primero), remover normas, procedimientos y usos que alientan a los ciudadanos a resolver sus problemas —muchos problemas— por medios irregulares en vez de hacerlo por vías legítimas. En tercero (o también, otra vez, en primero), mediante el ejemplo de funcionarios y dirigentes sociales, no sólo con formidables discursos, sino con no menos formidables comportamientos. Y recordar la “protesta” que se rinde al asumir un cargo público: "Si no lo hiciereis, que la nación os lo demande”. Que así sea, lo que implica resolver el gravísimo problema de impunidad, factor de conductas indebidas que con frecuencia son las más rentables, porque “pese a todo, nada pasa”. Elevemos nuestras preces (que son el recurso más realista al alcance de nuestros sueños) para que el Sistema Nacional Anticorrupción logre el milagro. 

Ricardo Sodi

Los dos ejes que deben marcar el rumbo del combate a la corrupción deben ser la transparencia y la simplificación administrativa. Lamentablemente, la corrupción no se combate con más leyes ni con leyes más restrictivas, sino creando en los servidores públicos la conciencia del actuar ético y responsable en el manejo de los asuntos públicos. Apliquemos y respetemos las leyes existentes, abatiendo la impunidad y la simulación. Fortalecer la legitimidad de las instituciones de la República es un imperativo de Estado y la mejor manera de combatir la corrupción y el manejo indebido de los asuntos nacionales. Lo anterior solamente se logrará con una actuación responsable y acertada de los servidores públicos. Se debe predicar con el ejemplo, ante el cual las palabras sobran.

Manlio Fabio Casarín León

Algunos aspectos que a mi juicio se deben revisar para lograr soluciones efectivas en la prevención y el combate a la corrupción son los siguientes:

1)Definir desde la Constitución General las bases esenciales para la creación de un verdadero estatuto de la función pública en los tres niveles de gobierno; lo anterior no sólo implica expedir códigos deontológicos sino además estandarizar las reglas y los principios en torno del acceso, permanencia (servicio civil), remoción, actuación y profesionalización de funcionarios, servidores y empleados públicos, así como de sus remuneraciones (razonables, proporcionales y adecuadas), incompatibilidades para desempeñar simultáneamente otros cargos, y responsabilidades y sanciones propias de la función pública (incluyendo la prohibición y el castigo de prácticas de nepotismo). 2) Replantear el título cuarto de la Constitución a efecto de acotar significativamente el fuero de los legisladores y la inmunidad procesal de los demás funcionarios y servidores públicos en los tres niveles de gobierno, además de incorporar al titular del Ejecutivo federal como sujeto de responsabilidades políticas, penales y administrativas. 3) Fortalecer los órganos internos de control de dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno, a través de su designación por concurso público, abierto y transparente, con una duración en el cargo que trascienda los periodos de gobierno. 4) Otorgar a la Auditoría Superior de la Federación el rango de órgano constitucional autónomo, con amplias facultades de investigación pero también de sanción en el ámbito administrativo, incluso con la posibilidad de ejercer la acción penal pública ante órganos judiciales, tratándose de la comisión de delitos en materia de corrupción. 5) Incorporar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a la esfera formal del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que conozca de las sanciones administrativas impuestas por la Auditoría Superior de la Federación (diseñada con autonomía constitucional) y aquellas atribuibles a los órganos internos de control de dependencias y entidades, incluyendo la Secretaría de la Función Pública. 6) Garantizar la plena independencia y efectividad de la Fiscalía General de la República mediante la creación, en su estructura orgánica, de una junta de gobierno (con independencia del fiscal general), a efecto de que el titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción sea designado y removido por la máxima autoridad colegiada del órgano constitucional autónomo, con base en un concurso público, abierto y transparente, para que funcione de manera adecuada. 7) Incorporar en el ordenamiento jurídico mexicano la acción por omisión legislativa, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia —si fuere el caso— vincule a las entidades federativas y a los municipios para que cumplan en tiempo y forma con la armonización legislativa plasmada tanto en las reformas constitucionales como en las “leyes generales” expedidas por el Congreso de la Unión.

Alberto Mansur

El Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes que conforman el paquete aprobado por el Congreso de la Unión es muy poco, y demasiado tarde. Por lo que hace a la Ley 3de3 que ha generado revuelo en la prensa y medios electrónicos, la exigencia de la iniciativa ciudadana de hacer público todo el patrimonio de los funcionarios y sus seres cercanos era un exceso, pero iba en la dirección correcta. La declaración de conflicto de intereses no sólo debe ser pública y de fácil acceso, sino que debe ser motivo de excusa inmediata y automática para conocer de un tema en el que pueda haber intereses cruzados. La declaración de ingresos y sus fuentes debe estar disponible para consulta. Finalmente, me parece siniestro el disparate de exigir a aquellos entes privados obligaciones similares, y la aprobación de ello no es más que un acto de revanchismo político por parte de los legisladores.

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Revista El Mundo del Abogado