Álvaro Castro Estrada

¿Tiene solución el fenómeno de la corrupción?

Álvaro Castro Estrada

En el marco de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el magistrado Álvaro Castro Estrada —propuesto por el titular del Ejecutivo federal como magistrado de Sala Superior, integrante de la Tercera Sección en materia de Responsabilidad Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa— reflexiona sobre el problema de la corrupción y cómo debe combatirse con las herramientas del Derecho disciplinario.

 

¿Cuáles son, en su opinión, las causas de la corrupción?

Uno de los factores más relevantes para explicar la extensión y la frecuencia de la corrupción es la expectativa de impunidad y la ganancia esperada, producto de un acto de corrupción, que conduce a una espiral viciosa, tanto en el sector público como en el privado.

Respecto del sector público, hay quienes han encontrado en la corrupción y la impunidad un modo de vida y fuente de riqueza, en el entendido de que es más conveniente no reprochar a los adversarios si éstos tampoco los reconvienen a ellos.

Esta distorsión del servicio público es y debe ser a todas luces inaceptable, condenable y sancionable, lejos de verla como un “fenómeno normal”.

Para comprender mejor el fenómeno, es indispensable abordar las causas específicas de la corrupción: ausencia de autoridad, debilidad o escasa posibilidad de aplicación de sanciones, bien por falta de reproche legal, por carencia de regulación o por ineficiencia; también por sobrerregulación administrativa o inoperancia de la gestión, y defectos en la organización burocrática que pueden redundar en falta de control interno, entre otros.

El problema trasciende lo moral y se traduce en inercias para permitir, incentivar o no desinhibir que las personas físicas o jurídicas —sea en el ámbito público, sea en ámbito privado— puedan realizar conductas corruptas, llegando al punto de considerar que es más rentable violar la ley que obedecerla. En ese devenir se puede generar una coordinación entre diferentes actores públicos y privados, armando “redes de corrupción”, es decir, organizaciones subrepticias, sofisticadas, simuladoras, ágiles, mutantes, tecnificadas, corruptoras y a veces transnacionales, “de difícil pero no imposible rastreo”. Su identificación, prueba y desarticulación representa un desafío mayor.

 

¿Tiene solución este grave problema?

Para muchos el escenario es francamente desalentador; sin embargo, investigaciones globales revelan que la corrupción puede abatirse y solucionarse. Tenemos casos ejemplares en nuestro continente con los avances logrados en Ecuador, Uruguay y Brasil.

Una primera línea de embate a la corrupción residiría en nuestra fuerza ética, individual y colectiva, que exalte los mejores valores de nosotros mismos, con el convencimiento de que tolerarla nos denigra y repudiarla nos dignifica.

Insisto, la mejor inversión que podemos hacer es en la ética, la cual necesitamos interiorizarla todos, para que nuestro querido país tenga mejores posibilidades de despuntar. La responsabilidad exige convicciones firmes, sin ambages. Es imperioso que las y los servidores públicos de los tres poderes del orden federal y local, intervengan congruente y coherentemente en tan alto propósito y que su trabajo sea trasparente y conocido por la comunidad, porque la desconfianza, lo sabemos, inhibe la acción ciudadana.

 

¿Cuáles son las ventajas del Sistema Nacional Anticorrupción?

Son múltiples. Entre ellas se encuentran: precisar las conductas como delitos y faltas graves integradas a un catálogo único y nacional; dotar como especialidad la impartición de justicia en materia de responsabilidad administrativa; incorporar como sujetos de responsabilidad a los particulares vinculados con faltas graves; establecer el beneficio de reducción de sanciones a quien confiese su responsabilidad, y privilegiar la inclusión de la política de integridad de las personas morales.

Otro de los progresos que vigorizan la cultura de la denuncia es la posibilidad de otorgar medidas de protección a denunciantes o testigos en un procedimiento por faltas administrativas graves o faltas de particulares.

 

¿Qué novedades procedimentales encontramos en el Sistema Nacional Anticorrupción?

En este apartado la persona señalada como responsable de una falta administrativa o de un hecho de corrupción tiene derecho a la presunción de su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su responsabilidad. Esto requiere que la autoridad investigadora actúe con alto grado de profesionalismo para demostrar la existencia de los hechos u omisiones reprochables y, en su caso, acreditar la responsabilidad de los imputados.

Más aún, los presuntos responsables no estarán obligados a confesar su responsabilidad ni a declarar en su contra; por lo tanto, su silencio no será considerado prueba ni indicio de su responsabilidad.

Por su lado, las juzgadoras y los juzgadores, para llegar a la verdad, podrán valerse de cualquier persona o documento y de la obligación de éstas de prestarles auxilio en su función; interrogar libremente a los testigos; solicitar la colaboración del Ministerio Público federal o de las entidades federativas para determinar la autenticidad de documentos; la inspección para el esclarecimiento de los hechos, y ordenar la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria. Todo lo cual se encuentra previsto en la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

¿Qué aspectos deben fortalecerse en la operación del Sistema Nacional Anticorrupción?

Estoy plenamente convencido de que si la ciudadanía observa que las autoridades cumplen la ley; que existe la posibilidad de denunciar y ser atendido; si el funcionario que faltó a su deber es sancionado, y que la ley se aplica sin distingos, crecerá en más ciudadanos el respeto por la ley y sus instituciones.

Igualmente, es pertinente resaltar la necesidad de reforzar acciones en aras de dignificar el servicio público y de reconocer a quienes no son corruptos; lo mismo para precisar facultades y atribuciones en reglamentos interiores y manuales de organización; evitar dispersión o ambigüedad en los tramos de autoridad; profesionalizar a las autoridades investigadoras; revisar el marco legal de las adquisiciones y la obra pública para restringir las excepciones y la discrecionalidad en su aplicación; suscitar el acompañamiento de la sociedad en las tareas de gobierno, y respetar el interés social.

En sede jurisdiccional, y estrechamente vinculado con lo expuesto, es el constante estudio riguroso de la ley y sus principios, porque con eso se fortalecen las cualidades de las magistradas y los magistrados que tienen la alta responsabilidad de “decir el derecho”, y los provee de herramientas necesarias para esa delicada actividad. Entre éstas, la de actuar con autonomía y discernir las faltas administrativas sin cortapisas, con base en el principio de “verdad material”, siempre con pleno respeto a los derechos humanos y a los principios de coherencia, exhaustividad y objetividad. Es así como se abona a la contundencia de sus resoluciones.

 

¿Qué perfil debe tener el servidor público que desarrollará actividades jurisdiccionales?

Para contribuir a satisfacer las actuales exigencias de la sociedad de erradicar la corrupción, es pertinente mencionar los siguientes elementos para configurar un comportamiento esperado de la autoridad jurisdiccional: honestidad, es decir, conducirse ejemplarmente, tanto en lo personal como en la función resolutora; integridad moral, que entraña consistencia institucional, profesional, familiar y personal; independencia, que representa conservar la neutralidad y resistir presiones, así como conocimiento del contexto socioeconómico que permita evaluar el impacto de sus decisiones.

Considero que debe ser así porque los tribunales están facultados y obligados a dictar sus decisiones atendiendo a la ley, la jurisprudencia obligatoria y los principios generales del Derecho, que sintetizan las aspiraciones de justicia de la sociedad.

 

¿Cuál es el papel del Tribunal Federal de Justicia Administrativa?

En el caso particular del fortalecimiento institucional, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene la nueva encomienda de sancionar las responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y de particulares por actos vinculados con este tipo de faltas, en el marco de un moderno y fortalecido Derecho disciplinario. Y el tribunal, con más de 80 años de prestigio y experiencia, tiene el reto de mantener en alto la mística de respaldar con trabajo firme su irrestricta autonomía en la determinación de sus fallos.

En este caso, el poder disciplinario tiene como objeto vigilar el adecuado desempeño de la función pública y cumplir esencialmente una tarea preventiva y resarcitoria de daños y perjuicios a la hacienda pública de la Federación y de las entidades federativas. El objetivo último de la acción represiva del Estado es que la infracción no se actualice y evitar que ese acontecimiento riesgoso se produzca.

Como gran visión, tratándose de faltas graves, merced a la reciente “jurisdiccionalización del Derecho disciplinario”, la imposición de sanciones la realizará la Tercera Sección de la Sala Superior y salas especializadas en responsabilidad administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo propio se hará en los tribunales correspondientes en las entidades federativas.

En este ámbito, una de las tareas más urgentes es demostrar que es más beneficioso acabar con la corrupción, que seguir tolerándola y entender también que el objetivo del Derecho administrativo sancionador, como diría el doctor Alejandro Nieto, no es la protección del autor de la infracción, sino su castigo con respeto a las garantías que como ciudadano de un Estado Democrático de Derecho se merece. Sin embargo, es crucial retomar el enfoque original del Derecho administrativo y reencauzar el auténtico camino de esta rama del Derecho que, sin pasar por alto los derechos de las y los servidores públicos y particulares vinculados, reconozca su inspiración en el interés público y el general, articulados desde la administración, no en función del infractor.

 

¿Cómo incide la sociedad civil en el Sistema Nacional Anticorrupción?

Es trascendental la participación de una sociedad tan solidaria como la nuestra, que tiene la fuerza para sobreponerse a la corrupción que mina la sana convivencia social, el potencial de las políticas públicas y los beneficios del gasto público; porque los ciudadanos saben que la corrupción es indignante; eclipsa los esfuerzos democráticos; traiciona la moralidad pública e individual; igual inhibe la productividad, la competitividad y la inversión; afecta nuestra imagen internacional, y, por ende, obstaculiza el crecimiento y el desarrollo económicos.

Debemos reconocer que el estado de las cosas no ha sido muy alentador. No obstante, algo significativo ocurre en el nuevo entramado de la función pública: la participación de la sociedad civil organizada, tanto en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción como en el Comité de Participación Ciudadana que tiene la facultad de proponer al comité coordinador del mismo, a través de su participación en la comisión ejecutiva, para su consideración, proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan, lo cual es cardinal en este empeño.

Además, la sociedad civil, vaso comunicante con el sector privado para generar conciencia sobre la corresponsabilidad en el fenómeno de la corrupción, representa un verdadero contrapeso a las distintas instituciones públicas en la materia.

 

¿Qué debe distinguir al Sistema Nacional Anticorrupción de todo lo que se ha venido haciendo con anterioridad en la materia?

La ética es presupuesto indispensable de eficiencia y funcionalidad de la administración pública y la ley la herramienta idónea para combatir, cada quien, desde su trinchera, la corrupción y la impunidad en nuestro país.

La buena administración, el Estado de Derecho y la ética, son aspectos esenciales de la calidad de la democracia. No es exagerado afirmar que en el eficaz combate a la corrupción nos jugamos la viabilidad de nuestras instituciones y la legitimidad de nuestro régimen democrático.

Servir es una oportunidad de ser mejores. Los principios éticos que acompañan las actividades públicas hacen posible situar el conocimiento al servicio de la sociedad, que ha depositado su confianza en las mujeres y los hombres de las instituciones de gobierno.

El perfeccionamiento de las instituciones públicas comienza en cada uno de nosotros. La cultura de servicio es el espacio que nos permite pensar, sentir y actuar con espíritu renovado y humanístico en favor de la comunidad.

Buena parte de la ciudadanía está convencida —según revelan las encuestas— de que quienes deben hacer valer la ley no sólo no lo hacen, sino que son los primeros en transgredirla; piensan que es válido desobedecer la ley si ésta es injusta o no les favorece, y opinan que las leyes son injustas y están hechas para beneficiar a los poderosos. A estos pronunciamientos contestamos con claridad y firmeza: no habrá intocables en la lucha contra la corrupción.

 


Álvaro Castro Estrada es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Cursó diplomados en “Planeación y administración pública” y “Análisis y evaluación de políticas públicas”, ambos en la Universidad Iberoamericana, así como sobre “La cuestión religiosa. Actualidad y retos futuros”, organizado por la UNAM, El Colegio Mexiquense y la Universidad Hebraica. Cuenta con estudios de maestría en Derecho constitucional y administrativo, y es doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública: director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (1994-2000); director general de Asociaciones Religiosas en la Secretaría de Gobernación (2001-2006); subsecretario del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2006-2010), y magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Actualmente se desempeña como magistrado de la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

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