Armando Ríos Piter

¿Qué debemos esperar de las elecciones de 2018?

Armando Ríos Piter

Licenciado en Derecho por la UNAM y economista por el ITAM, el senador independiente Armando Ríos Piter se alza como una de las voces más frescas, plurales y con poder de convocatoria en el escenario político del país. En esta entrevista nos comparte su visión acerca del proceso electoral de 2018, del rumbo por el que debe transitar nuestro país para consolidar un auténtico Estado de Derecho y del papel que los abogados tenemos en esa urgente tarea.

 

Desde tu papel como senador y antes como diputado, ¿qué opinión tienes de nuestro sistema jurídico?

El sistema tiene claroscuros y siempre es importante identificar qué áreas no están funcionando bien y qué áreas hay que mejorar. Yo creo que tenemos un andamiaje legal importante, potente, en distintos ámbitos. El problema principal es que ese andamiaje no se aplica a todos por igual y no beneficia a todos por igual. Creo que ésa es una de las principales críticas que desde la política hay que hacer a nuestro sistema de leyes.

Yo lo he venido diciendo recientemente con más énfasis: creo que el grave problema de México es que no ha logrado consolidar un sistema de justicia que se aplique a todos y a todas por igual. El sistema de justicia se aplica para el que tiene recursos, para el que tiene dinero, para el que tiene poder, para el que tiene palancas, para el que tiene amistades que lo ayuden a recorrer los laberintos de las decisiones legales, y hay grandes segmentos de la población que se quedan afuera por no tener esas palancas, por no tener esos elementos que le dan acceso al poder, por no tener esos recursos, y esto hace que esas personas padezcan decisiones que no siempre son las más justas.

 

Las reformas estructurales que se han dado en este sexenio han sido trabajadas con todos los partidos y han propiciado avances muy importantes. ¿Tú cómo las ves?

Creo que las reformas estructurales tienen distintas aristas. El cambio que se hace a la Constitución en materia de la reforma a la educación me parece un cambio muy positivo y necesario. Es un cambio por el cual yo voté a favor; pero al mismo tiempo, cuando se hizo la ley reglamentaria, me parece que se debió haber generado una dinámica de mucha mayor apertura, de mucho mayor involucramiento, sin tantas prisas, con mayor paciencia política, para poder involucrar a actores y sectores que, aunque tal vez no terminarían estando de acuerdo con la reforma, habrían sido escuchados y tomados en cuenta. Eso fue algo que a mí me preocupó de la ley reglamentaria.

Éste es sólo uno de varios ejemplos de un cambio muy positivo en materia constitucional que dejó aristas pendientes cuando llegaron las leyes reglamentarias.

El cambio en materia de telecomunicaciones también fue muy positivo: quitarle trabas a un sector tan importante donde un actor preponderante no estaba permitiendo una sana dinámica de la libre competencia.

De igual manera, la reforma fiscal, que también apoyé, requiere una revisión en estos momentos. Aunque le dio más recursos al Estado mexicano —lo cual fue muy bueno, especialmente ante la caída de los ingresos petroleros—, hay quejas de que la carga es demasiado pesada y no está permitiendo una dinámica libre.

 

¿Cómo se podrían limar esas aristas?

Creo que el problema es que se cambiaron muchas leyes, se cacarearon muchos cambios, pero nunca se planteó una narrativa común. Nunca se habló acerca de cómo la reforma laboral iba a ser consecuente, congruente, concatenada y coordinada con la reforma educativa; cómo la reforma educativa se iba a entrelazar con la reforma de telecomunicaciones, o cómo la de telecomunicaciones lo iba a hacer con la de competencia. Esto lo comento porque esa falta de narrativa es la que hoy hace que haya críticas o señalamientos a las reformas, porque se ven como cuestiones que no forman parte de un rompecabezas común.

Hay una falta de comunicación importante; se debe trabajar más en construir un discurso y una narrativa que involucre a todos los sectores y eleve la productividad y el crecimiento del país.

 

Con respecto a la reforma penal, hay quienes no terminan de entender que se debe privilegiar la presunción de inocencia y afirman que se va a dejar salir a los reos. ¿Cómo ves esta problemática?

Estoy convencido de que el nuevo sistema de justicia penal va en el camino correcto. Coincido contigo en que la presunción de inocencia y los derechos humanos tienen que ser los soportes de un país que posea una concepción moderna de la impartición y la procuración de justicia. Lo que me preocupa es que el periodo de ocho años que se dio para la implementación de la reforma se utilizó más en inaugurar edificios que en invertir para optimizar las capacidades, tanto de estudiantes de Derecho como de jueces, de ministerios públicos, de una fiscalía que verdaderamente acompañe con investigaciones robustas, de peritos… No se priorizó la inversión en capital humano.

Tengo muchas imágenes de funcionarios tomándose fotografías en edificios nuevos, pero muy poca información respecto de qué capacitaciones se impartieron y cuánta inversión se hizo en capital humano.

Por otro lado, hace falta explicar la reforma a la gente. Ahí noto otro gran pendiente.

En síntesis, creo que vamos por el camino correcto, pero la forma en que se ha desahogado el tema no ha tenido la profundidad ni la responsabilidad que se requieren. Porque desafortunadamente en la política mexicana, en especial con respecto a los funcionarios, nadie quiere asumir responsabilidades.

 

Esto me lleva a pensar en otro gran flagelo que padece nuestra sociedad: la corrupción. Estamos frente a un cambio que no se termina de dar porque nos hace falta el fiscal anticorrupción. ¿Qué piensas de esto?

Ésa es otra prueba más de que falta voluntad política. Existe un nuevo andamiaje jurídico que, me parece, es potente y positivo, y hay que ir evaluando cómo se desenvuelve. Creo que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción tiene pesos y contrapesos, instancias que pueden estar cada una haciendo su trabajo y complementándose y mejorándose, o nivelando a otras instancias. Sin embargo, los dientes de la Fiscalía Anticorrupción no están completamente afilados porque aún no se ha nombrado al personaje, hombre o mujer, que esté al frente de ella, lo que evidencia la falta de intención real de que el sistema funcione. A mí me ha tocado como senador presionar para que este sistema esté completo, y lo que he visto de parte de los grupos parlamentarios es desdén. Se ha pateado la lata, se ha reconocido que no se cumplen los perfiles pero no se ha querido decir públicamente. Esto debilita la capacidad de combatir la corrupción y debilita al sistema, que debería tener en la fiscalía uno de los grandes instrumentos para garantizar que en este flagelo no haya impunidad. Necesitamos que verdaderamente se persiga el delito, porque muchas veces se cumple con la parte administrativa, pero la dimensión penal no funciona.

 

Estamos transitando por el último tramo del sexenio. Veremos algunas situaciones complejas para el gobierno que concluye y oportunidades para quienes buscan la presidencia de la República, como es tu caso. ¿Cómo ves este tránsito al proceso electoral?

Estamos viviendo momentos inéditos. Creo que en la historia reciente del país difícilmente podemos encontrar tantos escándalos recurrentes, uno detrás del otro. Esto tiene que ver con muchas condiciones; obviamente, con la corrupción, con la terrible impunidad, con la forma en que ven el poder distintos actores —no necesariamente de un solo partido— en diversos órdenes de gobierno. Lo que se está evidenciando es el fin de una etapa de nuestro sistema político, el fin de la época del presidencialismo que durante muchas décadas fue lo que le dio coherencia, certidumbre y cohesión a nuestra vida cotidiana.

Estos escándalos recurrentes que enardecen, irritan y molestan a la gente, nos abren dos opciones: la primera, que la ciudadanía se involucre, participe y esté comprometida en un proceso de cambio; la segunda, que se genere una terrible apatía y lleguemos a soluciones que no necesariamente son las mejores, como elegir al candidato “menos malo” y no precisamente al mejor.

En ese contexto, yo he decidido participar porque creo que hay que involucrarnos en una verdadera transformación del país. Veo las elecciones de 2018 como el fin de un ciclo y la oportunidad de construir algo nuevo, con mucha mayor participación ciudadana, mucha mayor rendición de cuentas, mucha mayor transparencia, mucha mayor honestidad en términos de las capacidades que deba demostrar quien sirva a la gente desde el servicio público.

 

¿Qué opinión tienes sobre el árbitro electoral?

Veo un Instituto Nacional Electoral que ha sido rebasado en muchos contextos; de igual manera, a una FEPADE que, al no tener instrumentos, también se ha visto rebasada. Creo que los recientes laboratorios de Coahuila y el Estado de México evidenciaron que no hubo capacidad de prevenir, de sancionar, de evitar que se desbordaran las cosas. Y ahí tenemos los resultados. ¿Quién ganó? Quien tuvo más excesos, quien gastó más, quien regaló más tinacos. Veo una autoridad que en este momento nuevamente debe tomar las riendas y el control.

Estamos instalados en una “tinacocracia”, como yo la llamo, que involucra a los partidos políticos, a las campañas y, obviamente, al INE. Esa “tinacocracia” está descrita por seis C que reflejan la corrupción actual que tanto lástima al país: campañas políticas; compra de votos con diversos enseres; clientelas políticas o electorales que reciben esos bienes; compadres, que son quienes financian las campañas y se quedan con la quinta C: contratos de obra pública o contratos de servicios, y, finalmente, el crimen organizado.

Este modelo se puede ver en Iguala o en Ayotzinapa con el PRD; en Tláhuac con Morena; en cualquiera de los estados del PRI donde los ex gobernadores están sujetos a proceso, o en Sonora, con un gobernador panista tras las rejas. Todo esto evidencia cómo está funcionando México en la actualidad.

 

¿Y en este escenario qué puede hacer el INE?

Debe tener mucha claridad en la forma en que están funcionando las elecciones, convertirse en autoridad y generar acción preventiva.Y esto también lo tiene que hacer la FEPADE.

 

¿Qué opción vislumbras para acabar con el esquema de las seis C's que mencionas?

Si hay hartazgo, irritación y molestia a la hora de votar, tendremos un resultado que derive en la elección de un solo hombre fuerte que domine de manera vertical el esquema político. Por eso yo creo más en la participación ciudadana, que puede hacer posible una evolución de nuestro sistema político. Tal vez el 2018 signifique la mayoría de edad de nuestra joven democracia, que comenzó en el año 2000 con Vicente Fox.

 

¿Cuál es tu apuesta?

Ningún actor político hoy garantiza una mayoría. Lo que se necesita es una mayor capacidad de construir, de hacer política, de proyectar visiones económicas, culturales y sociales que precisamente entiendan que México es un gran país, que tiene un caleidoscopio en colores, con gran pluralidad, con muchas regiones. Mi apuesta es gobernar a través de coaliciones, que sean el preludio de una visión cada vez mucho más parlamentaria.

 

¿Cómo deben participar los abogados en este proyecto?

Estoy convencido de que éste es el momento de los abogados. Si nosotros tuviéramos una sola posibilidad en el nuevo momento mexicano, en el 2018, me parece que ésta se resumiría en consolidar el Estado de Derecho, en fortalecer un verdadero sistema de justicia en el que quepan todos los mexicanos y las mexicanas, y ahí, si hay un ejército que puede darnos eso, es el ejército de los abogados y las abogadas del país, que entiendan que donde existe la impunidad, donde existe el dinero, donde existe la corrupción, donde existen las palancas y los intereses, no hay posibilidad de que 120 millones de personas tengan las mismas oportunidades y de que la ley sirva de manera igual para todos.

Durante 200 años hemos tenido un Estado de Derecho con claroscuros. Tenemos que construir cuanto antes un Estado de Derecho pleno para que todos los mexicanos podamos tener las mismas oportunidades; para contar con fiscalías que verdaderamente investiguen y para dar una adecuada capacitación a nuestros jueces con el objetivo de que decidan verdaderamente y asuman su responsabilidad. No podemos seguir teniendo a un presidente de la Corte con la titularidad del Consejo de la Judicatura; debe haber una separación de esas instancias si realmente queremos detener la corrupción y tener una carrera judicial que privilegie la justicia.

Los abogados y las abogadas que día a día están en la trinchera, en los juzgados, en los despachos, pueden darnos muchas luces sobre cómo debe evolucionar nuestro sistema de justicia.

 

¿Qué piensas de la colegiación obligatoria de los abogados?

Yo creo que es una de nuestras grandes carencias: no contamos con entes supervisores que garanticen la calidad del ejercicio de la abogacía y obviamente la colegiación obligatoria es parte de un circuito que no tenemos todavía cubierto. Cuando hablamos de que los abogados se conviertan en un ejército hablamos de prestigiar todavía más la carrera.

 

Finalmente, ¿qué opinas de la elección de los ministros de la Corte?

Es un tema que se debe revisar. El modelo que se tiene hoy desafortunadamente genera terribles distorsiones. Es un modelo en el cual las ternas que envía el Ejecutivo ya tienen un primer sesgo preocupante de cercanía, de falta de independencia, y en el que, después, la supervisión supuestamente autónoma que debería hacer el Senado, se termina respondiendo a intereses más que a garantizar que el personal que esté al frente de la impartición de justicia no actúe con sesgos. El modelo que tenemos el día de hoy no le está dando certidumbre a los ciudadanos acerca de que los nuevos ministros sean los mejores y que trabajarán sin caer en componendas.

 

 


 

Armando Ríos Piter es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con maestría en seguridad nacional en la Universidad de Georgetown y estudios de maestría en administración pública en la Universidad de Harvard.

Ha ocupado los cargos de coordinador técnico en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público José Ángel Gurría de 1998 a 2000, subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria de 2003 a 2005, secretario de Desarrollo Rural de Guerrero y diputado federal en la LXI Legislatura. Actualmente es senador independiente por Guerrero.

 

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