Bernardo González Garza

¿El sistema de justicia penal va en la dirección correcta?

Bernardo González Garza

Aunque la reforma al sistema de justicia penal transita por el camino correcto, es necesario hacer reformas al Código Penal Federal conforme a las necesidades del Código Nacional de Procedimientos Penales, para salvar diversas dificultades operativas que enfrentan quienes velan por la procuración de justicia, afirma Bernardo González Garza, procurador general de justicia de Nuevo León.

 

 

¿Cuáles son los mayores retos del sistema de procuración de justicia en México?

La implementación del sistema penal acusatorio —como todo cambio paradigmático— ha significado una revolución jurídica, mediática y social, que ha conllevado grandes retos, algunos de los cuales se han ido superando; sin embargo, creo que uno de los desafíos que se mantiene en el horizonte es la aceptación social de este nuevo sistema.

Los servidores públicos que intervenimos en la ejecución del sistema de justicia penal acusatorio hemos sido suficientemente capacitados sobre diversos aspectos inherentes al proceso penal, incluido, desde luego, el del respeto a los derechos humanos. Y es justamente este último tema el que ha supuesto una confusión para la población, la cual ha terminado por considerar que el paradigma de los derechos humanos se ha dado en detrimento de la protección que debe asistir a las víctimas de los delitos. No obstante, en realidad se trata de todo lo contrario: la estricta vigilancia del respeto de los derechos humanos implica el aseguramiento de que se verifican las garantías del debido proceso, lo cual es una ganancia para todos. Por lo anterior, pienso que el reto principal sigue siendo permear en la sociedad la importancia de las garantías del debido proceso, con el fin de que se evite la desinformación sobre el sistema penal y se entienda el porqué de las implicaciones y las salidas que existen en este nuevo sistema, así como sobre los criterios en los que se sustentan las actuaciones y las resoluciones relativas a la persecución penal.

 

¿Qué mecanismos específicos ha implementado Nuevo León para combatir la inseguridad?

Desde que asumí el puesto de procurador general de justicia de Nuevo León consideré necesario involucrarme en la investigación de los delitos, no sólo desde mi oficina sino apoyando directamente las labores de investigación, por lo cual he acudido a diversos cateos y aseguramientos que ha realizado esta procuraduría y que han tenido excelentes resultados con detenciones de sujetos activos de diversos delitos y aseguramientos de bienes, objetos y elementos del delito.

Asimismo, la Procuraduría General de Justicia se ha fortalecido orgánicamente mediante la creación de unidades de investigación y centros de orientación y denuncia que permiten tener una mayor cercanía con la ciudadanía y evitan la revictimización de las personas que padecen la comisión de algún hecho delictivo. En materia orgánica, se ha fortalecido la actuación de áreas como la Agencia Estatal de Investigaciones a través de la incorporación a su estructura de la Dirección de Análisis e Información, lo que permitirá que esa agencia desarrolle inteligencia adecuada para apoyar al Ministerio Público en la investigación de los delitos.

Considerando que una de las formas para combatir la inseguridad consiste en contar con conocimientos, experiencia y perfil idóneo para los puestos, también he expedido convocatorias para la contratación y la promoción de elementos ministeriales, peritos y agentes del Ministerio Público.

Finalmente, estando viviendo una época de tecnologías, las cuales han visto incrementado su uso como medio para la comisión de delitos. Por esa razón se creó la Coordinación de Análisis Cibernético, con el fin de analizar la información pública que obra en las plataformas electrónicas y monitorear la información útil para la persecución de los delitos, todo lo anterior con estrictos controles legales que garanticen el respeto a los derechos humanos.

 

¿Crees que ya puede percibirse el impacto de la reforma al sistema de justicia penal?

¡Por supuesto! El sistema de justicia penal ha tenido un impacto muy positivo en cuanto al debido proceso: hoy por hoy, los policías entienden la igualdad que tienen tanto víctima como imputado en cuanto al respeto a sus derechos humanos; han venido a menos los excesos policiales; se entiende y se respeta la cadena de custodia; se garantiza el derecho del imputado a la presunción de inocencia; se garantiza la igualdad procesal de las partes, e, incluso, asuntos penales que antes tardaban meses e incluso años en ser resueltos, hoy son solucionados en poco tiempo con la utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Las víctimas, los imputados y los ofendidos se benefician de los avances que supone este sistema al hacer del enjuiciamiento criminal un proceso más expedito, gracias a los principios de oralidad, inmediatez e inmediación del sistema acusatorio.

 

¿La reforma va por el camino correcto o es necesario hacer ajustes?

Creo que va por el camino correcto, pero sí es necesario realizar algunos ajustes que perfeccionen el sistema, como la necesidad de reformar la legislación sustantiva —el Código Penal— conforme a las necesidades de la codificación adjetiva —el Código Nacional de Procedimientos Penales—, ya que a veces pareciera que navegan con lógicas distintas que provocan dificultades operativas para quienes velamos por la procuración de justicia. Sin embargo, pienso que el mayor ajuste que hay que realizar es el relativo al entendimiento total de las reglas del nuevo sistema por parte de los operadores de éste. Una ley puede ser perfecta en el papel, pero imperfecta como consecuencia de las acciones de quienes la ejecutan. Por ello creo que seguirá siendo necesaria la capacitación y la profesionalización de los servidores públicos cuyo trabajo tenga algún tipo de relación con el sistema penal. No obstante, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, que instauró en el orden federal el sistema penal acusatorio, ha estado en constante revisión. Actualmente se discuten reformas de rango constitucional y legal que demuestran ajustes —unos más afortunados que otros—, pero que no deben entenderse como si nos encontráramos en el camino equivocado. Un cambio radical del sistema de justicia necesariamente se enfrenta a resistencias y a atavismos en el seno de las instituciones de justicia y de las figuras procesales y, en consecuencia, a sucesivas reformas que van adecuando las instituciones a la nueva lógica procesal.

 

Háblanos de los operadores del sistema. ¿La policía está trabajando con apego a los derechos humanos?

La policía ha recibido mucha capacitación sobre el respeto a los derechos humanos tanto de la víctima como del presunto responsable, y para muestra está el adestramiento que constantemente brinda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Hoy somos testigos de cómo desde la detención le hacen saber sus derechos a la persona detenida, cosa que antes no se hacía, y ese respeto irrestricto a los derechos humanos es una constante durante toda la actuación de la policía. Sin embargo, debe entenderse que los sistemas pueden ser perfectos, tener bases jurídicas impecables y modos de ejecución idóneos, pero al involucrar el factor humano, como en este caso la intervención del policía, pueden verse mermados por diversos aspectos de índole subjetiva. Qué quiero decir con esto: que en el seno de las corporaciones —como sucede en otras dependencias y en empresas privadas— siempre existen buenos y malos elementos. Y será responsabilidad de los superiores la vigilancia de las actividades del personal a su mando. En este sentido, cuento con una estricta política de cero tolerancia a las violaciones a los derechos humanos y he tomado acciones oportunas al respecto para garantizar los derechos de las personas.

 

¿Los agentes del Ministerio Público realmente se están especializando en la labor de investigación, como elemento clave en la tarea de procuración de justicia?

Claro. Desde 2012, con la implementación del sistema de justicia penal en Nuevo León, la procuraduría ha llevado a cabo numerosos ejercicios de capacitación y profesionalización de sus agentes del Ministerio Público en distintas materias relacionadas con el sistema penal acusatorio: argumentación jurídica, litigación oral, derechos humanos, equidad de género, y muchas otras que inciden en el proceso penal. Como sabemos, la capacitación y la actualización técnica y jurídica deben ser constante. Por eso asumimos el compromiso de continuar capacitando a los agentes del Ministerio Público.

 

¿Consideras que los jueces están a la altura de las expectativas que conlleva el nuevo sistema?

El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que es con el que tenemos un contacto natural y ordinario, ha implementado acciones tendientes a capacitar a sus jueces, así como nosotros hemos hecho lo propio en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, con lo cual puedo advertir que sí cumplen las expectativas del nuevo sistema. Indudablemente, no son pocas las ocasiones en que surgen discordancias de criterio entre los jueces y los agentes del Ministerio Público, pero eso es algo normal por el papel que a cada cual le corresponde desempeñar; de manera que si en ciertos casos existiera la posibilidad de estimar que un juez no actúa conforme a las normas procesales o sustantivas que resultan aplicables, no por ello se desconoce su papel protagónico en el nuevo sistema y la ardua capacitación que han recibido para tal efecto.

 

Se ha dicho que una condición para el éxito del sistema penal acusatorio es un cambio cultural, no sólo en los operadores del sistema sino en toda la sociedad. ¿Cómo hacerlo realidad y no quedarnos en buenas intenciones?

Es difícil entender las nuevas reglas procesales penales de un día para otro; si para el gremio jurídico ha sido difícil aceptar el nuevo sistema, lo es con mayor razón para la población en general.

Lograr la aceptación del nuevo sistema de justicia penal es un trabajo que atañe a los tres órdenes de gobierno, por lo cual es necesario seguir actuando con estricto apego legal y mostrar a la población que el respeto a los derechos es la vía adecuada para lograr la justicia; así como también es necesario que se ejecuten acciones de socialización del sistema acusatorio, principalmente a efecto de hacer ver a la población que la impunidad no es una consecuencia del sistema penal acusatorio, sino de las acciones que de manera arbitraria e ilegal cometan los operadores del sistema.

Los buenos resultados han llegado y seguirán llegando, y tendremos que echar mano de los medios de comunicación y de las redes sociales para hacerlos del conocimiento de la población. Se ha ceñido la utilización de estos medios para señalar deficiencias o con el fin de pedir el apoyo de la población para el esclarecimiento de un hecho delictivo. Y debe darse mayor publicidad, respetando el sigilo de las investigaciones y la protección de los datos personales, a los casos exitosos; si no se hace de esa manera, difícilmente la población conocerá los buenos resultados y las bondades del sistema de justicia penal acusatorio.

 

En general, la sociedad expresa desconfianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia. ¿Qué se debe hacer para recuperar esa confianza?

Las acciones para recuperar la confianza de la ciudadanía no constituyen un futurible para nosotros, algo que proyectemos a mediano o largo plazos. Desde que me nombraron procurador general de justicia del estado he concientizado a los servidores públicos de la procuraduría acerca de que nuestra legitimación habrá de obtenerse del éxito de los actos de investigación y persecución que realizamos. Así, atender adecuadamente a quienes acuden a nosotros, actuar con profesionalismo y desarrollar funciones con un alto grado de experticia en nuestros respectivos ámbitos, constituyen algunas acciones que nos están permitiendo recuperar esa confianza.

Esto no se logra de inmediato. Nos hemos enfocado en sensibilizar a los servidores públicos sobre las necesidades de la población, a capacitarlos internamente, a permitir su capacitación por instituciones educativas reconocidas y, finalmente, a fortalecer la estructura orgánica de la procuraduría, medida con la cual se les acerca a la población y se distribuye de mejor manera la carga laboral de aquellos servidores públicos.

Nuestros resultados hablan por nosotros. La gente está retomando la confianza a través de las denuncias y el seguimiento que dan a los procesos en general.

 

¿Qué representa para ti en el plano personal y profesional este trabajo en la procuraduría?

En mis primeros años de ejercicio profesional pude conocer las virtudes y las carencias de las instituciones de procuración de justicia y eso forjó en mí una convicción de que debían llevarse a cabo cambios en el sistema procesal penal, algo que a la postre ocurrió. Ser uno de los procuradores más jóvenes de la historia nuevoleonesa me enorgullece muchísimo, sobre todo porque coyunturalmente coincidió con el rejuvenecimiento del sistema de justicia penal, algo por demás retador, de tal suerte que ambas juventudes se han adecuado perfectamente en beneficio de la sociedad nuevoleonesa.

Creo que se está haciendo una buena labor en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. Y yo estoy cumpliendo con la ciudadanía nuevoleonesa, dándole resultados puntuales que, estoy seguro, trascenderán también a la gestión de quien llegue a sucederme en el cargo. Sin duda, hay muchas áreas de oportunidad, pero estamos viendo a la procuraduría desde una nueva perspectiva que nos permite escudriñar hasta el último rincón en aras de mejorar las prácticas que se vienen dando, y la gente se está dando cuenta de ello.

Cuando abandone el cargo me iré con la frente en alto, esperando afrontar nuevos retos que también beneficien a la ciudadanía y al sistema de impartición de justicia, del cual soy un fiel creyente.

 

¿Cuáles son los principales retos que tienes por delante?

El reto que considero común a todas las procuradurías o fiscalías en México consiste en continuar con la consolidación del nuevo sistema de justicia penal en lo que atañe a la procuración de justicia, lo cual se logrará reafirmando la capacitación y la especialización de los servidores públicos que las conforman. Esto ha sido mi mayor preocupación desde que asumí la responsabilidad de ser procurador de justicia de Nuevo León.

Otro desafío que atiende al diseño institucional propio de nuestra entidad federativa consiste en coadyuvar en la transición de la Procuraduría General de Justicia a una Fiscalía General que es constitucionalmente autónoma. Lo anterior supone un nuevo reto, porque si bien el Ministerio Público es funcionalmente autónomo —esto es, cuando desarrolla sus labores de investigación en las que sólo está supeditado al debido proceso y al principio de legalidad—, en el ámbito administrativo su dependencia del Ejecutivo estatal es clara. Esta dependencia administrativa ya no ocurrirá cuando se integre la Fiscalía General. Y en ese sentido ahora también estamos apuntalando las áreas administrativas de la procuraduría para que eventualmente puedan asumir los importantes retos que les impone la autonomía o no dependencia orgánica de otros poderes.

 


 

Bernardo González Garza es licenciado en ciencias jurídicas por la Universidad Regiomontana; cuenta con especialidades en comercio exterior por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, y en investigación y prueba en el Derecho procesal por la Universidad Castilla-La Mancha, y ha realizado diversos seminarios y cursos sobre delitos financieros, delitos trasnacionales, perfiles criminales y destrezas de litigación oral.

En el sector público se ha desempeñado como abogado en la Coordinación de Asuntos Internos del Municipio de Monterrey, comisionado investigador en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, fiscal adscrito a la Dirección General de Averiguaciones Previas en la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de Nuevo León, consejero jurídico del gobernador de Nuevo León, director general de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, subprocurador del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia y procurador general de justicia de Nuevo León desde el 8 de marzo de 2017.

 

 

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