Carlos Alberto Andreucci

Nuevo presidente de la UIBA

Carlos Alberto Andreucci

La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), fundada en 1976 e integrada por más de medio millón de abogados de 22 países, busca garantizar la independencia de la profesión y reforzar el compromiso con el Estado de Derecho, asegurando que la actuación del abogado se rija por los principios de dignidad, independencia y libertad. Su recién nombrado presidente nos habla de los retos que tiene al frente de la asociación.

 

¿Cuál es su trayectoria personal con la abogacía?
No provengo de familia de abogados. Mis padres, descendientes de italianos, se dedicaban a cultivar flores y viveros. Desde pequeño me crié con esa realidad y el comercio. Durante los estudios secundarios me incliné hacia las ciencias sociales y jurídicas y me gradué de abogado en 1975 en la Universidad Nacional de La Plata. En 1976 viaje a España con una beca de estudios y realicé cursos de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Regresé a Argentina en 1977 y decididamente ejercí la profesión de abogado hasta la actualidad, sin discontinuidad, en la especialidad en Derecho administrativo. Terminada en 1983 la dictadura, comencé la carrera docente universitario y tomé clases en la catedra de Derecho administrativo de la Universidad Nacional de La Plata. En 1994 obtuve la titulación universitaria en la especialización de Derecho administrativo y concluí la carrera docente universitaria. Así que desde 1983 ejerzo el profesorado universitario, habiendo cumplido la carrera universitaria desde auxiliar docente ad honorem, profesor adjunto ordinario por concurso hasta profesor titular ordinario por concurso, en la asignatura Derecho administrativo.

¿Y cuál ha sido su vinculación con las agrupaciones o colegios de abogados?
En 1984 me incorporé al Colegio de Abogados de La Plata como director del Instituto de Derecho Administrativo; en 1988 fui electo consejero titular del consejo directivo del Colegio de Abogados de La Plata (CALP) y director del área académica, donde llevé la coordinación de mas de 24 institutos jurídicos de investigación y formación profesional. De 1990 a 1992 fui electo secretario general del consejo directivo del CALP. En 1996 fui electo consejero suplente en el directorio del CALP, durante 1996-2002, y en el año 2000 resulte electo presidente del colegio. En agosto de 2000 fui electo vicepresidente 2 de la Federación Argentina del Colegio de Abogados hasta diciembre de 2001. En 2003 fui electo presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, donde renové mis mandatos de dos años cada vez hasta 2011. En 2012 resulté electo presidente del Consejo de Órdenes y Colegios de Abogados del Mercosur hasta 2014. En 2015 fui designado miembro del Consejo de Presidencia de la Unión Internacional de Abogados (UIA). En mayo de 2017 resulté electo presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados.

Prácticamente toda su trayectoria profesional ha estado cobijada por la colegiación…
La institución colegial me ha permitido desarrollar una vocación de servicio desde la sociedad civil en grandes temas de políticas públicas. Me ha protegido en el ejercicio de la profesión, garantizándome mi independencia y mi libertad.
Concreto la gran idea que don Ángel Ossorio y Gallardo escribió en su libro El alma de la toga de 1919, cuando explica la razón de ser de la colegiación: un abogado individual o aislado es presa fácil de cualquier poder, público o privado, político, económico, racial, religioso o de cualquier índole, lo cual afecta, amenaza o elimina su libertad, su vida, su independencia y el derecho de defensa ciudadano. Pero cuando hay un colegio detrás y el abogado está vinculado a él, nadie puede exterminar o eliminar a todo el conjunto de los colegas, porque al afectar a un abogado se afecta al conjunto, y el colegio actúa en su defensa. Durante la dictadura militar de Argentina muchos consejos directivos de los colegios firmaban habeas corpus solicitando la libertad de los abogados para contrarrestar las fuerzas de la represión. De allí que yo aprecie tanto la bondades de la colegiación legal.

¿Qué es la UIBA?
Hacia 1976 España vivía la transición política luego de la muerte de Franco. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, presidido por Antonio Pedrol Rius, ideó una organización solidaria de la abogacía institucional de los colegios de Iberoamérica que abarcara a España y Portugal, y desde México hasta Argentina, es decir, la totalidad de las abogacías de Iberoamérica que padecían las dictaduras, cooperando para consolidar colegios legales de abogados que con su independencia funcional controlara la matrícula por delegación estatal y deontológicamente por medio de códigos de ética y disciplinarios.
Fue invaluable la asistencia de la UIBA en Iberoamérica en ese trágico periodo, acompañada por el sistema de institucionalización de la Corona española a través del rey Juan Carlos I.
Al restablecerse las democracias en Iberoamérica, la UIBA emprendió la tarea de consolidar las democracias, tarea que evolucionó hacia la consolidación de un Observatorio del Estado de Derecho que midiera el desarrollo y la calidad institucional democráticos de cada uno de nuestros países.
Esa etapa logró informes y conclusiones importantes que permitieron acuerdos de cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y el Secretariado Permanente de las Cumbres de Jefes de Estado de Iberoamérica.
Asimismo, se concretaron diagnósticos realistas de cada país, de su abogacía y del nivel de vigencia de los derechos ciudadanos, lo que permitió que las gestiones colegiales atendieran la realidad.
Así se abrieron programas de cooperación en áreas sensibles como defensa pública, concepción de ciudadanía, defensa de derechos de género y de mujeres, violencia doméstica, niños y juventud.
También se expandió hacia el sistema de arbitraje consolidando lo que hoy es el Centro Internacional de Arbitraje Regional (CIAR), el cual responde a un sistema de arbitraje de idiosincrasia iberoamericana, con idioma español-portugués, inspirando en el derecho propio de Iberoamérica y con tres centros de actividad: el secretariado permanente en Madrid, una sede en Sao Paulo, Brasil, y una en San José, Costa Rica. Esto distribuye la regionalización de manera proporcional, activando a la abogacía de Iberoamérica junto a las cámaras de comercio e industrias y diversos sectores productivos nacionales de los países miembros de Iberoamérica. Ofrece un sistema de arbitraje comercial regional para que los abogados y los empresarios puedan pactar la cláusula arbitral más económica, de manera rápida y confiable, en idioma y sistema jurídico propios. La UIBA ha sido y es un soporte importantísimo en este nuevo esquema iberoamericano.

¿Cuál fue su proyecto para lograr la confianza de sus pares para la elección de la presidencia de la UIBA?
Detectamos la situación de la abogacía de la región, desde que ejercimos la vicepresidencia y hasta que asumimos la presidencia. Lo anterior determinó la necesidad de reformar el estatuto de la UIBA conformando una junta directiva con un presidente, cinco vicepresidencias, un secretariado permanente en Madrid y un tesorero. Es decir, conformamos un equipo de trabajo en toda Iberoamérica: contamos con una vicepresidencia que representa a México y su región en la persona de Alfonso Pérez Cuéllar; una vicepresidencia que representa a Panamá y su zona de influencia en la persona de Juan Carlos Arauz Ramos; una vicepresidencia que representa a Brasil en la organización de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) en la persona de Roberto Antonio Busato, ex presidente de la OAB; una vicepresidencia que representa a Ecuador en la persona de Raúl Izurieta, y una vicepresidencia que representa a Chile en la persona de Luis Ortiz, prestigioso y experto dirigente de abogados. En la secretaría permanente fue electa Sonia Gumpert Melgosa, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La presidencia recayó en mi persona y desde Argentina trabajo para integrar todas las regiones y todas las dirigencias.
A partir de este equipo ideamos 13 comisiones permanentes que abordan diversos temas: administración de justicia, colegiación legal, deontología, incumbencias profesionales, defensa de la defensa, formación profesional, derechos de género, derechos del niño y el adolescente, acceso a la justicia y derechos humanos, arbitraje, protección de datos, jóvenes abogados y relaciones internacionales. Asimismo, se ha constituido la Comisión de Estudios Académicos del Instituto de Estudios de la Abogacía Dr. Antonio Pedrol Rius.
Cada comisión puede ser requerida por un colegio nacional para ser sede institucional en Iberoamérica y trabajar sobre esa temática. Para ello hemos consolidado un sistema de enlace electrónico a distancia para realizar reuniones vía web que supere la gran diversidad territorial y para que, en tiempo real, se analicen los problemas de cada tema. Ya la junta directiva trabaja on line con un programa de enlace directo.
Finalmente, tenemos un compromiso con la calidad institucional de las democracias de la región; con cada abogacía nacional para preservarla de los acechos y las amenazas a su labor. Promovemos la colegiación legal y el cumplimiento de los objetivos de cada una de las comisiones. Nuestro lema es “La UIBA son los colegios y las agrupaciones de abogados”; sin estas organizaciones la UIBA sería una cáscara vacía; de allí la importancia de fortalecer la presencia y la participación institucional.

¿Cuál es su posición frente a la colegiación legal?
Es positiva y básica para que exista una abogacía libre e independiente y un Estado de Derecho serio y real. No hay Estado de Derecho sin abogados libres e independientes, ni abogados libres e independientes sin Estado de Derecho. Ambos se garantizan con la colegiación legal: con colegios fuertes institucionalmente. Lo anterior permite registrar y controlar la matrícula profesional y acompañar una educación ética —deontológica y con base en tribunales de disciplina— que, garantizando los procedimientos regulares y constitucionales de derecho de defensa y debido proceso, verifique y eventualmente sancione incorrecciones en el ejercicio profesional. Es una garantía de la mejor calidad de defensa y de justicia para los ciudadanos.
La colegiación legal cumple una tarea de delegación estatal del denominado “poder de policía de las profesiones” hacia los mismos profesionales (en este caso abogados), quienes se constituyen en un ente con sus propias autoridades, su propio sistema democrático y sus propios recursos.

Una de las críticas a la colegiación es que restringe diversos derechos humanos de los profesionistas, como los de libertad de asociación y libertad de trabajo.
Es interesante aclarar que la colegiación legal no se confronta con el derecho constitucional de la libre asociación, pues es muy común observar esta confusión.
La colegiación legal es un cometido estatal delegado a los profesionales para organizar el registro y el control de una matrícula, y cumple una previsión legal. En la libre asociación se concreta un derecho constitucional que no compite con la colegiación legal, pues en las leyes de la colegiación se garantiza el derecho a la libre asociación de los abogados. Esto permite conformar asociaciones libres de abogados que en muchos casos corresponden a determinadas especialidades: Derecho constitucional, previsional, laboral, tributario, etcétera. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Ferrari vs. Estado Argentino, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) sentenció que la colegiación legal no es inconstitucional porque aunque se argumente que lesiona la libre asociación en virtud de los diferentes intereses jurídicos tutelados. Más bien conforma una garantía ciudadana en el Estado Social de Derecho, pues verifica el registro de profesionales y la calidad de los servicios que brindan a la comunidad. Si no existe la colegiación legal, no podrá concretarse esa garantía a los habitantes pues no hay seguimiento del registro de la matrícula, ni control deontológico ni certificación de la calidad profesional.
Por ello, colegiación legal y libre asociación conviven sin dificultades en la nueva sociedad del Estado social y democrático actual.

¿Cuáles son los desafíos más importantes de la UIBA durante su gestión?
La vigencia y la efectividad de los derechos humanos son esenciales. Hay que trabajar incansablemente sobre el tema.
También hay que destacar que en cada caso profesional que atiende la UIBA hay una realidad humana dolorosa, ansiosa y demandante que necesita ser comprendida y arropada.
El abogado, en cada caso que atiende, recibe un mandato universal, pues con su actuación adquiere validez y vigencia el sistema constitucional: el Estado de Derecho y los derechos humanos. Esto consolida legalidad y constitucionalidad, que es lo que falta en nuestras democracias.
La UIBA debe formar profesionales capacitados en el litigio de asuntos complejos: inseguridad, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, violencia de género, trata de personas, derechos de niños y adolescentes, ancianidad, exclusión, discriminación, derechos de refugiados y migrantes, pobreza, falta de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos; lo cual debe consolidar una ciudadanía y una democracia reales.
Asimismo, debe trabajar en coordinación con todos los colegios y las agrupaciones de abogados; fortalecer el hermanamiento y la familia de la abogacía iberoamericana, y participar en organizaciones internacionales (ONU y OEA, por ejemplo) y regionales de la abogacía.
El principal desafío es construir una estructura sólida para que la abogacía organizada brinde mejores servicios y ofrezca defensas serias y responsables a la ciudadanía. Lo anterior permitirá fortalecer la confianza en la justicia y que la gente sepa que el Derecho es el único sistema pacífico para resolver los conflictos, afianzando la gobernabilidad democrática.


Carlos Alberto Andreucci es abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, con estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y especialidad en Derecho administrativo por la Universidad Nacional de La Plata.
Se ha desempeñado como profesor de Derecho administrativo en diversidades instituciones educativas, como la Universidad Católica de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Austral, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional del Noreste y la Universidad Católica Argentina, y ha sido profesor invitado en cursos de posgrado en las universidades CEU San Pablo y Rey Juan Carlos en Madrid, España.
Ha sido presidente del Colegio de Abogados de La Plata y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Es miembro académico de honor por Argentina de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y miembro académico de la Asociación Argentina de la Magistratura.
En mayo pasado fue nombrado presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA).

 

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