César Astudillo

“La UNAM y el Estado se necesitan mutuamente”

César Astudillo

Haber garantizado el cumplimiento de la legislación de una comunidad universitaria integrada por más de 400,000 personas, adscritas a numerosas dependencias, así como defender los intereses legales de nuestra Máxima Casa de Estudios, no fue una labor sencilla, incluso para un académico tan distinguido como César Astudillo. Una semana antes de dejar su puesto como abogado general de la UNAM —lo desempeño durante los últimos once meses de la gestión de José Narro—, nos comparte los retos que implicó esta responsabilidad.

 

¿Por qué decidió estudiar Derecho?

Estudié la licenciatura en Derecho porque desde temprana edad había estado influenciado, de manera muy significativa, por las labores propias de un jurista. Mi padre es abogado y lo auxiliaba como mensajero para, entre otras actividades, acudir a los tribunales y revisar los acuerdos del juez. Como vivíamos cerca del juzgado, me iba caminando cuando debía presentar un documento y lo iba leyendo. Así fue como comencé a familiarizarme con el Derecho, tanto en su aspecto doctrinal como práctico. 

Transcurridos seis meses de la carrera, me di cuenta de que ser abogado era mi verdadera vocación. Más adelante descubrí mi vocación académica por la investigación cuando visité la Universidad Nacional Autónoma de México. Venía con frecuencia a la UNAM para realizar cursos de verano de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lo cual me dejaría en claro el deseo de continuar preparándome, seguir una trayectoria académica. Por ello decidí hacer estudios de doctorado.

 

¿Cuál es la importancia de la investigación en la formación de un abogado?

Muchísima. Con independencia del campo de ejercicio profesional al que uno quiere dedicarse en el amplio espectro del Derecho, es muy importante tener en claro las herramientas que brinda la investigación. Los abogados más exitosos, los despachos jurídicos más relevantes, son aquellos en donde los abogados tienen un bagaje académico importante. Dichos despachos se caracterizan por integrarse con juristas que no se conforman con ver los problemas por encima, sino que tienen la capacidad de dimensionarlos y analizar a profundidad los temas. Los jueces están ávidos no sólo de recibir la solución tradicional. Requieren soluciones innovadoras, y en esto, la investigación jurídica juega un papel muy relevante.

 

¿Qué implicó haber sido el abogado general de la UNAM?

Implicó una gran responsabilidad y a su vez un compromiso muy importante. El abogado general de la Máxima Casa de Estudios de nuestro país está a cargo de una oficina por la que pasan muchas decisiones sustanciales que se toman en la universidad y eso le da una dimensión trascendente a sus funciones. El abogado general tiene incidencia en tres aspectos principales al interior de la universidad.

En primer lugar, la UNAM, al tener una amplia autonomía, requiere una regulación vasta para normar su vida interior. Requiere reglamentos, lineamentos, reglas y políticas. Requiere una multiplicidad de fenómenos que atiendan las necesidades de la rica y muy diversa comunidad universitaria.

Somos una comunidad muy grande, con más de 345,000 estudiantes a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. Contamos con 39,227 académicos y cerca de 35,000 trabajadores administrativos. Al final, somos una comunidad universitaria conformada por más de 400,000 personas. La Oficina del Abogado General coadyuva en toda la regulación interna porque, aunque no la expida por sí misma, ayuda a elaborarla. Ayuda a que todo el proceso de regulación interna sea compatible con las reglas dadas en el transcurso del tiempo.

En un segundo aspecto, la UNAM tiene convenios de colaboración con los poderes públicos, empresas, así como con instituciones privadas y académicas. Esos convenios son revisados por la Oficina del Abogado General.

En un tercer aspecto, y por tratarse de una comunidad tan grande, con frecuencia se defienden los intereses de la UNAM ante los tribunales, como sucede cuando a alguien se le rescinde su contrato, o porque alguien afirma que no se le otorgó un ascenso al que en su consideración tenía derecho. En general, se tienen una multiplicidad de asuntos en los tribunales donde se defienden los intereses de la institución.

 

Es una labor amplia y compleja...

Así es. El titular debe tener plena claridad de los alcances de la oficina. Debe tener una interlocución permanente con los directores de las distintas facultades, escuelas, institutos y dependencias de la UNAM, para lograr un diálogo que conduzca a resolver los problemas presentados diariamente.

En el terreno personal, para mí fue un privilegio estar en esta posición. Constituyó un honor ocupar un puesto que ha sido precedido por personajes de la talla de Jorge Carpizo, Diego Valadés y Luis Raúl González, sólo por mencionar algunos. Se trata de personajes que han tenido un paso muy significativo dentro de la UNAM, así como fuera de ella.

 

¿Cuáles son algunas de las metas que se propuso cumplir?

La reorganización permanente de la oficina con el objeto de lograr mayor eficiencia. Se buscó ajustar el tiempo de respuesta a los asuntos, tales como peticiones, oficios y revisiones de contratos. La oficina está diseñada para cumplir metas que probablemente eran las establecidas para la UNAM hace 10 años. Sin embargo, los nuevos retos impuestos por la sociedad y nuestra comunidad universitaria conducen a que probablemente en el mediano plazo sean reformadas en sus alcances y en su dimensión.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que se pasó por un momento muy significativo para la UNAM, al estar la administración del doctor Narro —que desde hace 8 años ocupaba el cargo de rector— en su recta final, por lo que la Oficina del Abogado General estuvo encaminada a acompañarlo en el cierre de su administración. Fue necesario preparar informes finales, informes de fin de gestión, informes de la Oficina del Abogado General y también los denominados libros blancos. Se tuvo, en fin, que preparar una serie de documentos indispensables para poner en contexto a quien resultara nuevo titular de la gestión rectoral.

 

En lo personal, ¿qué ha significado la UNAM para usted?

La UNAM significa muchísimas cosas para mí. Estoy en la UNAM desde hace diez años como investigador. No me imaginaba que 9 años después estaría al frente de una oficina de la relevancia que tiene la del abogado general, y ahora al frente de la Secretaría de Servicios a la Comunidad. La UNAM no sólo me ha brindado la oportunidad de realizarme en lo que yo realmente quería: ser investigador, también me ha dado la oportunidad de ver desde la Oficina del Abogado General y desde la Secretaría de Servicios a la Comunidad, bajo otra óptica, a la misma universidad. Inclusive, metafóricamente hablando, como observas, desde aquí se ve a toda la UNAM y eso es lo que realmente permite concebir su magnitud, su complejidad, su riqueza y también sus problemas. Permite un amplio espectro de visión para ayudar a resolver las cuestiones que se vayan suscitando día a día. La UNAM hasta ahora me ha dado un magnífico campo para mi realización personal y profesional, le estoy muy agradecido por ello y espero continuar aquí.

 

¿Cuál es el futuro de la UNAM?

Sin duda, el futuro de la UNAM viene muy cercano al futuro del país. En la medida que este país le apueste a una educación de calidad, a una educación universal a la que puedan acceder la mayoría de los mexicanos, a una educación pública, en esa medida la UNAM tendrá que redoblar esfuerzos para actuar en consecuencia con esas grandes aspiraciones. La UNAM tiene vocación de evolución, tiene vocación de transformarse, tiene vocación para hacer frente a las nuevas exigencias, pero para ello necesitamos políticas públicas que provengan no sólo de la UNAM, sino que principalmente sean definidas por el Estado. El doctor Narro en estos 8 años de gestión amplió la matrícula de la UNAM en 45,000 espacios. En ese tenor, la universidad siempre ha procurado generar y abrir nuevos espacios y, en consecuencia, necesita de nueva infraestructura, nuevos maestros y nuevos recursos económicos que le permitan hacer frente a esas demandas. Aun cuando la UNAM tenga esta vocación de apertura, necesitamos el acompañamiento del Estado mexicano, del gobierno de la República. Sólo en la medida en que se le den a la UNAM los insumos necesarios, en esa medida podrá cumplir con sus fines. Soy optimista del futuro de la UNAM porque hoy en día la universidad es una de las instituciones educativas con mayor prestigio no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional.

 

¿Cuál es el perfil de un egresado de la UNAM?

Los estudiantes salen con una sólida preparación académica y de conciencia social. La UNAM siempre se ha preocupado porque sus estudiantes no sólo reciban una preparación académica de calidad, sino también fomenta una conciencia social para hacer de ellos personas críticas y socialmente responsables. No nos interesa formar solamente grandes especialistas en ciencias, biología, medicina o en Derecho. Nos interesa que tengan vocación y conciencia social. Deben estar conscientes de que llevan el sello de la universidad y ese sello les imprime el deber de ser socialmente responsables.

 

¿Qué personaje marcó su paso en la UNAM?

Sin duda alguna el doctor Jorge Carpizo. Él fue uno de mis profesores y además fue quien me inculco inicialmente el amor por la UNAM. Me permitió forjar con solidez mi pasión por la academia, me transmitió valores, principios y también su vocación por la UNAM. Cuando el señor rector me invitó a formar parte de su equipo como abogado general, sabía que debía aceptar porque tengo una deuda moral con el doctor Carpizo. Él alguna vez me dijo que antes de pensar en colaborar fuera de la UNAM, primero debía colaborar dentro de la universidad en un espacio distinto al cubículo de investigador. Fue así que cuando vino la invitación del entonces señor rector, en buena medida acepté porque tenía esa deuda moral con el doctor Carpizo. Por ello, todas las decisiones que tomé como abogado general las tomé de manera consciente y responsable, con el fin de que la UNAM sea mejor. Día con día trato de aportar lo mejor de mí para afianzar una mejor oficina.

 

Hablando de uno de los temas de su especialidad, ¿cuál es el papel que desempeñan los derechos fundamentales en nuestro país en la actualidad?

Es un papel muy relevante. Lo han jugado siempre, pero hoy más que antes bajo un nuevo planteamiento derivado de la reforma suscitada en el año 2011, y de una resolución muy importante emitida por la Corte en el 2013. Con esto, el sistema constitucional mexicano se ha visto enriquecido de una inyección muy fuerte de derechos. Hasta hace tiempo sólo considerábamos que teníamos los derechos explícitos reconocidos en la Constitución. Hoy, esta reforma, interpretada después por la Corte, extiende sus alcances a un cúmulo de derechos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Hoy estamos en un replanteamiento de la forma de entender los derechos y de cómo ello enriquece nuestro sistema de libertades, lo que fortalece el sistema democrático del país. Hay que reformar leyes y códigos, e implementar políticas para hacerlos efectivos. Hay que reeducar a los jueces, a los magistrados, a los abogados, para dotarlos de las nuevas herramientas necesarias en la interpretación de los derechos en esta nueva dimensión. Es importante efectuar también un ejercicio de socialización y culturalización de estos derechos para que la sociedad se familiarice con los mismos y pueda exigir una protección más eficiente.

 

¿Qué debemos entender por principio pro personae?

El principio pro personae es un principio fundamental a partir del cual debemos concebir hoy a un grupo muy amplio de derechos que se nos reconocen y se nos presentan de manera distinta en diversos instrumentos internacionales. Por ejemplo, el derecho al nombre, a la identidad, a la filiación, a la ciudadanía, a la nacionalidad. Son derechos muy cercanos entre sí y pueden estar reconocidos en la Constitución o en tres o cuatro distintos tratados internacionales. Al encontrarse señalados en distintos instrumentos, su reconocimiento implica una diferencia sustancial. Dicha diferencia sustancial consiste en que puede haber tratados o puede haber disposiciones de la Constitución que reconozcan estos derechos con una mayor extensión, con un mayor alcance, con una protección mucho más amplia o con un bien jurídico tutelado mucho más extenso. Esto significa que los operadores jurídicos están obligados, pero fundamentalmente los jueces, a analizar, cuando tengan que aplicar alguno de estos derechos, el de mayor reconocimiento y protección mucho mayor y, en consecuencia, aplicar ese derecho. Hoy, al tener un conjunto de tratados internacionales que reconocen derechos, se pueden abrigar prerrogativas mucho más amplias. Éste ha sido un cambio muy significativo porque estamos escapando de una interpretación errónea y decimonónica sobre el principio de supremacía como una concepción formal de los derechos.

 

¿Qué debemos de entender por bloque de constitucionalidad?

El bloque de constitucionalidad es la suma de los derechos reconocidos formalmente en el texto constitucional con aquellos que están en esa otra gran fuente reconocida por la Corte. Me refiero a los tratados internacionales, que albergan derechos.

La Suprema Corte ha reconocido que, con independencia de donde se encuentren estos derechos, tienen el mismo valor constitucional y, en ese sentido, su unión conforma todo un bloque, toda una masa de derechos a los que podemos acceder. Anteriormente, esta segunda parte no existía. Los derechos a los que teníamos acceso solamente estaban en la Constitución; sin embargo, ahora estamos incorporando el mismo valor constitucional a una especie de prerrogativas con igual jerarquía a los derechos que se encuentran fuera de la Constitución y se insertan en nuestro sistema jurídico por vía de los tratados internacionales.

 

¿Cuál es la diferencia entre bloque de constitucionalidad y parámetro de constitucionalidad?

El parámetro de constitucionalidad es una figura jurídica de naturaleza procesal, y por ser esta su naturaleza se utiliza fundamentalmente dentro de los procesos; lo que básicamente encasilla la figura en una categoría vinculada fundamentalmente al ejercicio jurisdiccional. Se trata de una figura que los jueces utilizan cuando resuelven procesos jurisdiccionales, en cuyo contenido deben dilucidar el alcance de los derechos fundamentales. En cambio, el bloque es una noción utilizada no sólo por los jueces, sino también por los legisladores y los poderes ejecutivos, cuando en el ejercicio de sus funciones públicas diseñan políticas o cuando tienen que crear normas o reformarlas. Así, tenemos que la noción de bloque es mucho más amplia y genérica y la noción de parámetro es mucho más restringida.

 

¿Cómo ha sido en México el reconocimiento del bloque de constitucionalidad?

El reconocimiento del bloque ha surgido fundamentalmente por cuatro aproximaciones de la Suprema Corte, sobre todo cuando ha dilucidado sobre la posición que en la protección y defensa de las libertades fundamentales guardan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La última aproximación es la que permite inferir la existencia de este bloque de la constitucionalidad. Cuando la Corte tiene que decidir cuál es la posición de los referidos tratados pero a la luz de la reforma constitucional de 2011, que como anteriormente referí, es una reforma que viene a reinterpretar el significado de los derechos humanos en nuestro país, se pronuncia en el siguiente sentido: hoy existen dos fuentes primigenias de los derechos humanos, una es de corte constitucional, la otra de corte internacional. Los derechos reconocidos en estos instrumentos tienen exactamente el mismo valor constitucional que otras normas de similar carácter. Lo anterior, ha permitido arribar a una fase de evolución muy importante que permite afirmar la existencia de un bloque de constitucionalidad que nos reconoce una cantidad muy importante de derechos y libertades.

 

¿Qué derechos están exentos de conformar ese bloque de constitucionalidad?

Al respecto, hay todavía algunas dudas, porque la Corte resolvió que los derechos del bloque están en la Constitución y en los tratados internacionales. Cuando escribí un libro sobre el particular hice algunos cuestionamientos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los derechos que se reconocen en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué sucede con los derechos que reconoce la propia SCJN o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es decir, ¿qué sucede con los derechos de fuente jurisprudencial? También me pregunté qué sucede con esos derechos que están en las constituciones de las entidades federativas, a los cuales también se les denomina derechos humanos, derechos fundamentales. En concreto, ¿qué sucede con los derechos sobre los cuales la Corte no se ha pronunciado, ni ha entrado a definir de manera puntual? Son cuestiones que todavía han de dilucidarse en un futuro inmediato.

 

¿Existe un elemento integrador del bloque?

El instrumento integrador del bloque es el artículo primero constitucional. Dicho precepto proporciona el mapa de ruta para unir los derechos explicitados en el texto constitucional con los que están reconocidos en los tratados internacionales. Al final, los instrumentos de interpretación constitucional, el principio pro personae, la interpretación conforme, el principio de ponderación y el de proporcionalidad aportan una racionalidad al bloque.

 

Para finalizar, ¿qué libro ha marcado su vida y considera de lectura indispensable para todo joven que aspire a ser abogado?

Han habido muchos libros importantes para mi formación personal, académica y profesional. A la mente me vienen tres libros de distintos géneros: jurídico, histórico y literario. En el aspecto jurídico, un libro definitorio para que yo decidiera especializarme en Derecho electoral, como puente entre el poder y las instituciones constitucionales, fue El presidencialismo mexicano del doctor Carpizo. En el aspecto histórico, te mencionaría que además de que soy apasionado de la historia italiana, un libro que sin duda alguna he disfrutado mucho ha sido El príncipe de Nicolás Maquiavelo. En el literario está El nombre de la rosa de Humberto Eco. Es un libro que precisamente subraya el valor de los libros como generadores de conocimiento.

 


 

César Iván Astudillo Reyes es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en Derecho constitucional y ciencia política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, y maestro y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito al área de Derecho electoral; director de la Revista Mexicana de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de Derecho parlamentario y Derecho electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.

Desde enero de 2015 hasta noviembre de 2015 fungió como abogado general de la UNAM. Actualmente se desempeña como secretario de Servicios a la Comunidad de la misma institución.

 

 

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