Edgar Bonilla:

"La supervisión a los bancos se basa en riesgos"

Edgar Bonilla:

Evitar la proliferación de operaciones fraudulentas en las instituciones financieras implica una compleja labor de verificación del cumplimiento de la normatividad, intervención oportuna y, en su caso, sanción, aproximadamente 5,000 entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el sistema financiero mexicano. Edgar Manuel Bonilla Del Ángel, vicepresidente jurídico de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos ofrece los pormenores de la actividad que realiza el equipo legal a su cargo.

 

 

Me gustaría que explicaras a nuestros lectores en qué consisten las actividades que realiza el área legal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene una infinidad de funciones, particularmente las de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento en protección de los intereses del público. Esta función se ha vuelto algo cada vez más complejo, pues supervisamos aproximadamente a 5,000 entidades.

La CNBV tiene 10 vicepresidencias, entre las cuales está la vicepresidencia jurídica, que se encarga de solventar los procedimientos de imposición de sanción, emitir opiniones de delito e investigar a las personas físicas y morales que actúen como entidad financiera sin contar con la autorización de la autoridad para realizar operaciones reservadas a dichas entidades. Asimismo, nos encargamos de la defensa de los actos de autoridad que generan las 10 vicepresidencias de la CNBV, desde requerimientos de información y revisión de reportes regulatorios, hasta las visitas de inspección, lo que implica hacer una revisión precisa de qué se hace, cómo se hace y si se cumple con la norma.

 

Por lo que me explicas, el énfasis de las actividades de la vicepresidencia jurídica está en su dimensión sancionadora…

Efectivamente, es la más importante, ya que la facultad punitiva que tiene encomendada debe ejercerse con el fin de garantizar que las penas sean oportunas, eficientes y disuasivas, no solamente para la entidad o para la persona moral o física a la que se sanciona, sino para todo el sistema financiero, incluyendo a las entidades no supervisadas, porque también realizamos una constante verificación de que no se lleven a cabo operaciones reservadas y clausuramos y suspendemos las operaciones de esas entidades.

El proceso sancionador que realiza la CNBV complementa las actividades regulatorias y de supervisión, y tiene por objeto inhibir las conductas que contravienen el sano desempeño del sistema financiero mexicano, permitiendo a la comisión cumplir con su mandato de ley, procurando la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema, en protección de los intereses del público inversionista.

 

Desde que se creó la CNBV, la vicepresidencia jurídica ha jugado un papel muy importante en el desarrollo financiero del país, especialmente en los temas de regulación, que sin duda tienen un impacto más allá de nuestras fronteras. Platícanos de la relevancia de las funciones de la vicepresidencia en el entorno global.

En los últimos 20 años la legislación en materia financiera ha tenido una gran evolución. 2014 representa un parteaguas, que se caracterizó por la emisión de una serie de mejoras regulatorias derivadas de la reforma financiera. La implementación de esta regulación implicó nuevas herramientas para reorganizar y fortalecer las actividades de supervisión y sanción, orientadas a velar por la disciplina del mercado, evitar riesgos sistémicos, desalentar conductas nocivas y promover un desarrollo sustentable (es decir, supervisión basada en riesgo-mayores herramientas para sancionar), lo que nos permite ver cómo están las entidades en su capitalización, cuál es su grado de liquidez y cumplir con reglas internacionales —hay que recordar que México adoptó los Acuerdos de Basilea sobre supervisión y regulación bancaria—.

 

¿Cómo se puede garantizar la transparencia de las operaciones que se llevan a cabo a través del sistema financiero?

Yo creo que la transparencia deriva de un cambio normativo y se da como consecuencia de la cooperación internacional en materia financiera para propiciar la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otros. En particular, la facultad de supervisión otorgada a la comisión incrementó de manera sensible el número de sujetos obligados con motivo de los nuevos sectores a supervisar en esta materia.

Por lo que toca a esta vicepresidencia, te puedo decir que hemos tenido que trabajar al interior de la propia comisión: había un rezago de más de 40,000 procedimientos de sanción que no se habían iniciado en esta materia, dado que no había una estructura adecuada, y a partir de esta administración se determinaron nuevos mecanismos en la forma en que estábamos sancionando. Al día de hoy ya no tenemos sanciones rezagadas pendientes de imponer, sólo estamos trabajando con las recientes que nos envían los supervisores para iniciar los procedimientos correspondientes.

 

¿Cuáles fueron las repercusiones de la reforma financiera de 2014 en el trabajo de la comisión?

En el ánimo de prevención y transparencia que ha caracterizado a esta administración, se incluyó la obligación para la comisión de que la sanciones que impone se hagan públicas, independientemente de su estado procesal. Adicionalmente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública exige hacer versiones públicas de las resoluciones que pueden ser consultadas a través de nuestro portal de internet.

Las sanciones pueden ser impugnadas a través de los diversos medios de defensa establecidos por la ley, información que también se refleja puntalmente en nuestro portal.

 

¿Cómo está estructurada la vicepresidencia jurídica para cumplir con sus tareas?

A mi cargo tengo tres direcciones generales que son: la Dirección General de Delitos y Sanciones, la Dirección General Contenciosa y la Dirección General de Visitas de Investigación.

La Dirección General de Visitas de Investigación es la que, como su nombre lo indica, lleva a cabo visitas de investigación para supervisar y revisar a los actores que no tienen un permiso para operar. Derivado de esta revisión, se realizan diversos actos de autoridad, los cuales se inician con una visita, se les otorga derecho de audiencia, se emite la suspensión y, en su caso, la clausura del negocio. Si vemos que realiza actividades de las reservadas para ciertos actores, se emite una opinión de delito que, como sabes, es un requisito de procedibilidad que prevé el tipo penal para los delitos financieros.

La Dirección General de Delitos y Sanciones lleva a cabo la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores y también se encarga de efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la emisión de una opinión de delito, que, como ya dijimos, es un requisito de procedibiliadad para los delitos financieros.

La Dirección General Contenciosa tiene a su cargo la representación jurídica y la defensa de los actos de autoridad de la comisión, a través de la resolución de los recursos administrativos que se le presentan o actuando en las instancias judiciales y/o administrativas correspondientes; la defensa o revisión de las sanciones que interponen el recurso directamente; la defensa ante los juicios de amparo; la defensa de asuntos laborales, civiles y mercantiles, y sustancia los procedimientos de revocación y cancelación de registro de las entidades.

 

¿Hacia dónde se dirige la CNBV?

A partir de esta administración, la comisión ha tenido un cambio de timón. Anteriormente la parte de supervisión se hacía con base en una checklist; ahora esa supervisión de las entidades financieras se encuentra basada en riesgos. Por ejemplo, antes de ir a una entidad se hace una radiografía de la misma y se verifica cómo está y qué riesgos puede tener. Pongo un ejemplo: el caso Ficrea, que fue muy sonado a finales de 2014. Fue la primera vez que se detuvo un fraude "piramidal”, porque hubiera podido seguir operando sin ningún problema por lo menos un año más, lo que hubiera equivalido a tener un déficit no de 6,000 millones de pesos, sino de 12,000 millones, y con ello un mayor número de ahorradores afectados por el fraude cometido.

Este cambio de timón a que me refería implica que la supervisión está más enfocada a los riesgos, identificando qué es lo que nos preocupa de ciertas entidades, haciendo visitas de forma más recurrente y apoyándonos más en los reportes regulatorios que nos dan una cantidad de información que nos permite prever cualquier problema que pueda haber en alguna entidad.

 

¿Cuáles fueron los casos emblemáticos que encontraste cuando llegaste a la CNBV, en abril de 2014?

Cuando ingresé a la comisión tuvimos el caso de Oceanografía. Me tocó participar en una parte del tema penal, en la emisión de opiniones de delito y en los procedimientos administrativos de sanción, no solamente a Banamex, sino también a aquellos funcionarios bancarios a quienes les detectamos irregularidades en su actuar.

También participamos en el caso del Banco Bicentenario. Dado que dicha institución incumplió con su índice de capitalización, se determinó la revocación del banco y, en consecuencia, el IPAB tomó el control de la institución financiera y cubrió el seguro de protección a los ahorradores, de dos millones y medio de pesos, aproximadamente.

Ese mismo año, en noviembre, llevamos a cabo la intervención gerencial de Ficrea que, como es del dominio público, estaba defraudando a sus ahorradores, por lo que se determinó decretar la intervención y, posteriormente en diciembre de ese mismo año, revocar su autorización.

En 2015 nos enfocamos a la defensa de todos estos procesos. En el caso de Ficrea todavía tenemos juicios: se presentaron por parte de los ahorradores más de 90 juicios de amparo, de los cuales ya tenemos resueltos aproximadamente 78 en favor de los intereses de la comisión. También se iniciaron procedimientos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual resolvió recientemente que la CNBV actuó en cumplimiento al marco jurídico que la regula y en el ámbito de sus atribuciones y facultades en protección de los inversionistas y ahorradores.

En 2016 tuvimos el caso de OHL. Se trata de la sanción más alta que se le ha impuesto históricamente a una emisora bursátil por un tema de interpretación de las normas internacionales de contabilidad. En este caso se sancionó no solamente a la emisora sino también a varios de sus funcionarios.

 

El caso de las vivienderas también fue muy importante…

Las vivienderas, como Homex, Urbi y Sare, ya salieron de su complejo proceso; algunas inclusive ya volvieron a cotizar en la bolsa. Fue un proceso muy largo: revisamos que efectivamente se cumplieran todos los acuerdos derivados del concurso mercantil y que la información que están proporcionando al público inversionista sea la correcta hacia el mercado.

 

A diferencia del pasado, hoy vemos a las empresas que están en problemas someterse a un concurso mercantil, buscando la oportunidad de conservar empleos y retomar el camino si cayeron en un bache. Antes sólo había gente presa o perseguida, pero ningún interés por el mercado o los inversionistas. ¿Cómo explicarías esto?

Es una pregunta compleja. En el caso de las vivienderas, independientemente de los problemas económicos que tuvieron, creo que las inmobiliarias en México tienen mucho potencial económico dado el Plan Nacional de Desarrollo que ha determinado el presidente, y derivado de eso creo que hay inversionistas que le ven futuro a la vivienda en México.

 

Hoy tenemos ejemplos claros de desarrollo con los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibras) o con los certificados de capital de desarrollo (Cecades), ¿no te parece?

Así es, hay una gran cantidad de instrumentos nuevos en el mercado bursátil que han salido en los últimos meses y que han sido útiles para todo el mercado. Creemos que el mercado bursátil debe crecer más, sobre todo hoy en día con la creación de la nueva bolsa que, que como seguramente sabes, está en proceso de autorización.

 

Platícanos qué es esta nueva bolsa.

Es un nuevo integrante del sistema financiero, que está en proceso de autorización, lo que es una buena señal del potencial económico del país. Aprovechando las oportunidades existentes, nuevos inversionistas consideraron oportuno crear una nueva bolsa. Se tenía la falsa creencia que la Bolsa Mexicana de Valores era la única que podía operar en México, lo cual no es cierto; es un actor más del sistema financiero. Esta nueva bolsa generará una sana competencia con la existente en beneficio de los posibles inversionistas.

 

Va a generar competencia y a terminar con un monopolio, que fue uno de los principios políticos que presentó el presidente en su campaña. De hecho, en países que ya tienen un desarrollo pleno existen varias bolsas.

Así es, creemos que esto es bueno para el mercado bursátil porque hay muchas oportunidades que no se han explotado como deberían explotarse. Debemos fomentar el crecimiento del mercado de valores, que tiene un gran potencial en nuestro país.

 


 

 

Edgar Manuel Bonilla Del Ángel es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con una maestría en Derecho internacional y comparado por la University of Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. Tiene un curso de Management Programs for Lawyers por la Yale School of Management en New Haven Connecticut, Estados Unidos, un diplomado de Seguridad Nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), un curso de Derecho comparado por la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, España; un diplomado en Análisis Político y un seminario de Alta Administración Municipal, ambos por el ITESM.

Se ha desempeñado como director general de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y como director dentro de la firma Deloitte (Galaz, Yamazaqui, Ruiz Urquiza, S.C.).

En la Procuraduría General de la República fue director de Extradiciones, director de Análisis Jurídico Internacional y director de Asistencia Jurídica Internacional.

 

 

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